Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La situación de los derechos humanos en toda China siguió empeorando. Activistas y abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. Se separó a miles de niños y niñas uigures de sus progenitores. En Hong Kong, la Ley de Seguridad Nacional permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial, y hubo avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.
El 10 de junio, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular aprobó una ley para responder a las sanciones extranjeras en un contexto de creciente presión internacional contra las violaciones de derechos humanos perpetradas en todo el país.
Ante el declive cada vez mayor de las tasas de natalidad, el gobierno exigió que se redujera el número de abortos que no fueran “médicamente necesarios” y promulgó una ley que permitía a las parejas tener hasta tres hijos.
Continuó la intensa represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades arrestaron y recluyeron durante largos periodos a un gran número de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos injustificables, ampliamente definidos y vagamente formulados. Según los informes, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos fueron torturados y sometidos a otros malos tratos durante su detención, sin tener acceso a sus familiares o asistencia letrada de su elección ni a mecanismos que garantizaran un juicio justo. Con frecuencia las autoridades continuaron controlando, hostigando e intimidando a las personas tras su liberación y restringiendo su libertad de circulación.
Seis años después de la oleada de represión sin precedentes contra abogados, abogadas y defensores y defensoras de los derechos humanos, la llamada “Represión 709”, con varias redadas coordinadas en todo el país, un gran número de profesionales de la abogacía continuaba en prisión o bajo estricta vigilancia.
El 9 de mayo, el famoso defensor de los derechos humanos Yu Wensheng, detenido desde enero de 2018 y condenado a cuatro años de prisión en junio de 2020, finalmente pudo recibir una visita de su esposa e hijo en la prisión de Nanjing. Según su esposa, parecía estar desnutrido y su salud había empeorado.1
El jurista Xu Zhiyong y el exabogado de derechos humanos Ding Jiaxi obtuvieron permiso para hablar con sus abogados en enero tras un largo periodo de detención en régimen de incomunicación. Ambos revelaron que los habían torturado manteniéndolos atados varios días a una silla de hierro (“silla del tigre”) con las extremidades retorcidas durante más de 10 horas diarias. En octubre fueron acusados formalmente de “subvertir el poder del Estado”.2
La pareja de Xu Zhiyong, la defensora de los derechos humanos Li Qiaochu, fue detenida de nuevo el 6 de febrero. El 15 de marzo fue acusada de “incitar a la subversión del poder del Estado” por reclamar que liberaran a Xu Zhiyong y que mejorara el trato que recibía. La salud mental de Li Qiaochu se deterioró durante el periodo en que estuvo recluida.3
Formalmente detenida en 2017, la abogada de derechos humanos Li Yuhan, que había defendido a otros abogados y abogadas de derechos humanos, fue juzgada el 20 de octubre por “fraude” y por “provocar peleas y crear problemas”.
El ex preso de conciencia y defensor de los derechos humanos Gao Zhisheng, voz fundamental para los más vulnerables durante muchos años cuyo paradero y situación seguían sin conocerse con certeza desde agosto de 2017, continuó desaparecido.
El defensor de los derechos humanos Yang Maodong (que escribía bajo el pseudónimo de Guo Feixiong) desapareció el 29 de enero, a la mañana siguiente de iniciar una huelga de hambre en el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghái para protestar contra la prohibición de las autoridades de que viajara a Estados Unidos para visitar a su esposa, gravemente enferma.4
El 16 de abril, el abogado de derechos humanos Chang Weiping fue acusado oficialmente de “subversión del poder del Estado”, seis meses después de que unos policías lo detuvieran por dar a conocer detalles de la tortura que había sufrido cuando había estado detenido en enero de 2020. Al concluir el año, permanecía detenido en régimen de incomunicación en el Centro de Detención Comarcal de Feng.5
El escritor y crítico del gobierno Yang Hengjun fue juzgado a puerta cerrada en mayo. Al concluir el año, aún no se había dictado sentencia. Tras permanecer detenido más de 36 meses en los que fue sometido a interrogatorios y malos tratos durante cientos de horas, continuó negando todas las acusaciones de espionaje.
En agosto, el fundador de la ONG Gangsha Funeng, Cheng Yuan, y dos miembros de su personal, Liu Yongze y Wu Gejianxiong, fueron condenados a entre dos y cinco años de prisión en un juicio secreto por defender los derechos de grupos marginados y personas vulnerables.
El 5 de noviembre, familiares del activista laboral Wang Jianbing y la activista del movimiento #MeToo Sophia Huang Xueqin recibieron notificaciones de arresto del Departamento de Seguridad de Guangzhou que informaban de la detención de ambos por “incitar a la subversión del poder del Estado”.
El gobierno adoptó medidas extremas para impedir comunicaciones libres, investigaciones independientes e informes precisos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang) y la Región Autónoma del Tíbet (Tíbet). Con contadas excepciones de viajes orquestados por el Estado, se restringió estrictamente el acceso a las regiones de minorías étnicas, así como los viajes hacia y desde ellas, sobre todo si se trataba de periodistas y organizaciones de derechos humanos. La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos continuó solicitando visitas sin lograr ningún avance tangible.
El gobierno continuó aplicando políticas de amplio alcance que limitaban de manera estricta las libertades de las personas musulmanas en Xinjiang. Estas políticas violaban un gran número de derechos humanos, como los derechos a la libertad y la seguridad personales, a la privacidad, a la libertad de circulación, opinión y expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la participación en la vida cultural y a la igualdad y la no discriminación. Estas violaciones de derechos humanos fueron perpetradas de manera generalizada y sistemática hasta el punto de que se convirtieron en un aspecto inexorable de la vida cotidiana de millones de personas uigures, kazajas y de otras minorías étnicas predominantemente musulmanas en Xinjiang.
Desde 2017, bajo el pretexto de una campaña contra el “terrorismo”, el gobierno había cometido abusos masivos y sistemáticos contra las personas musulmanas que vivían en la región. Lejos de ser una respuesta legítima a la supuesta amenaza terrorista, la campaña puso en evidencia una clara intención de atacar colectivamente a sectores de la población de Xinjiang basándose en la religión o la etnia, y de utilizar la violencia extrema, la intimidación y la detención masiva arbitraria para erradicar las creencias religiosas islámicas y las prácticas etnoculturales de los grupos musulmanes de etnia túrquica. Cientos de miles de personas de grupos étnicos predominantemente musulmanes fueron encarceladas. Otros cientos de miles —según algunos cálculos, más de un millón— fueron recluidas en campos de internamiento, que el gobierno denominaba centros de “formación” o “educación”, donde eran sometidas a prácticas de adoctrinamiento forzado interminables, tortura física y psicológica, y otros malos tratos. Los métodos de tortura utilizados durante los interrogatorios y como castigo eran palizas, descargas eléctricas, posturas en tensión, privación de sueño, suspensión de la pared, temperaturas extremadamente frías, así como la reclusión en régimen de aislamiento y el uso ilegal de instrumentos de coerción como la inmovilización en una silla de hierro (“silla del tigre”).
A pesar de que el gobierno había anunciado en diciembre de 2019 que había cerrado los campos de internamiento y que todos los residentes se habían “reincorporado a la sociedad”, siguió habiendo pruebas creíbles de que muchas personas internadas en Xinjiang habían sido trasladadas y permanecían recluidas. Un gran número de familias continuó informando de la desaparición de familiares, que se creía que estaban detenidos.6
Entre octubre de 2019 y mayo de 2021, Amnistía Internacional reunió pruebas concluyentes de que el gobierno chino había cometido al menos los siguientes crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento u otras privaciones estrictas de la libertad física, tortura y persecución.
El gobierno impidió que millones de residentes de Xinjiang pudieran comunicarse libremente. Las personas residentes en el extranjero a menudo no pudieron obtener información sobre sus familiares en Xinjiang. La campaña de detención masiva combinada con la represión sistemática impidió que uigures que estaban estudiando o trabajando fuera del país pudieran volver para hacerse cargo de sus hijos. Continuó siendo casi imposible que estos niños y niñas salieran de China para reunirse con sus progenitores en el extranjero. Algunas personas denunciaron que sus hijos habían sido enviados a “campos de huérfanos” donde se les prohibía hablar en su lengua materna o comunicarse con sus familias.
En febrero, varias mujeres que habían estado detenidas denunciaron que habían sufrido o presenciado violencia sexual, incluidas violaciones, en “centros de reeducación” de Xinjiang. Las autoridades chinas no informaron de ninguna investigación sobre estas denuncias. En lugar de ello, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a las mujeres de mentir, de tener un “carácter inferior” y una “vida privada caótica”, o de ser “holgazanas”, de cometer adulterio y de padecer enfermedades de transmisión sexual. El gobierno también compartió datos médicos privados de las mujeres en una conferencia de prensa.
El empresario uigur del sector tecnológico Ekpar Asat fue declarado culpable de “incitar al odio y la discriminación étnica” y condenado a 15 años de prisión, sin que se tuviera constancia de la celebración de un juicio. Según las informaciones facilitadas por su familia, había permanecido recluido en régimen de aislamiento desde enero de 2019 en condiciones que habían causado el deterioro de su salud.7
Weilina Muhatai, de etnia kazaja, y sus dos hijos, Muheyati Haliyoula y Parisati Haliyoula, continuaban desaparecidos desde agosto de 2020. Podrían haber sido detenidos por su activismo en favor de su marido y padre, Haliyoula Tuerxun, que había sido encarcelado. Tras su desaparición, otros familiares recibieron la noticia de que Haliyoula Tuerxun había muerto bajo custodia en diciembre de 2020.
Después de su estancia en un centro hospitalario, la uigur Mahira Yakub fue devuelta al Centro de Detención de Yining, en Xingjiang, a finales de noviembre de 2020, donde siguió sin poder acceder a sus familiares o a asistencia letrada de su elección. Había desaparecido en abril de 2019, y fue inculpada en enero de 2020 por “dar apoyo material a actividades terroristas” tras transferir dinero a sus padres en Australia para comprar una casa.8
Las autoridades chinas continuaron presionando a otros gobiernos para que devolvieran a China a uigures residentes en el extranjero. Idris Hasan fue detenido en el aeropuerto de Casablanca el 19 de julio tras volar a Marruecos desde Turquía. Tras permanecer detenido más de cinco meses, continuó corriendo peligro de extradición a China, donde podría ser sometido a detención arbitraria y prolongada y sufrir tortura y otros malos tratos.
El monje tibetano Rinchen Tsultrim fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión en un juicio secreto por “incitar a la secesión” tras haber expresado sus opiniones políticas en su cuenta de las redes sociales. Estaba en régimen de incomunicación desde el 1 de agosto de 2019, y sus familiares se enteraron del juicio, del delito que se le imputaba y de su paradero por una respuesta de las autoridades chinas a los órganos de expertos en derechos humanos de la ONU en agosto de 2021.
Continuaron los estrictos controles y restricciones a la libertad de expresión online. El 8 de febrero, las autoridades chinas bloquearon Clubhouse, aplicación de audio utilizada por miles de personas en China y otros lugares para debatir sobre diferentes temas, entre ellos Xinjiang y Hong Kong. El 1 de noviembre entró en vigor la Ley de Protección de Datos Personales, que regulaba todavía más el ciberespacio e imponía requisitos de localización de datos más estrictos. La red social LinkedIn, propiedad de Microsoft, cerró su versión en chino debido a “la existencia de un entorno operativo mucho más complejo y de más requisitos que cumplir en China”.
Activistas, periodistas ciudadanos y defensores y defensoras de los derechos humanos arriesgaron sus vidas al ofrecer información vital, sin censura y de primera mano sobre el brote de COVID-19, por lo que sufrieron el hostigamiento y las represalias del gobierno, incluida la detención. La exabogada Zhang Zhan, que había sido condenada a cuatro años de prisión en diciembre de 2020 por informar sobre el brote de COVID-19 en la ciudad de Wuhan a principios de ese año, inició una huelga de hambre parcial para protestar por su encarcelamiento. Su salud había empeorado y su vida corría peligro. El periodista ciudadano Chen Qiushi fue liberado más de 600 días después de su detención en febrero de 2020. Seguía sin conocerse el paradero del periodista ciudadano Fang Bin, desaparecido en febrero de 2020 tras informar sobre el brote de COVID-19.
China continuó siendo el mayor verdugo del mundo, aunque siguió considerando los datos sobre ejecuciones y condenas de muerte secreto de Estado e impidiendo su escrutinio independiente.
El 10 de agosto, tras un nuevo juicio que duró un día, se aumentó a pena de muerte la pena de prisión del canadiense Robert Schellenberg, declarado culpable de tráfico de drogas. El juicio coincidió con un conflicto diplomático entre Canadá y China.
Como en años anteriores, el seguimiento realizado por Amnistía Internacional parecía indicar que se había impuesto la pena de muerte principalmente para castigar el asesinato y los delitos de drogas, entre los 46 delitos para los que seguía siendo aplicable esta pena. Muchos de ellos eran actos no violentos que no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos” establecido en el derecho y las normas internacionales. Dos uigures exfuncionarios del Estado fueron condenados a muerte en Xinjiang, donde se tenía constancia de que en años anteriores se había utilizado la pena de muerte en secreto en juicios manifiestamente injustos.
La Administración Nacional de Radio y Televisión de China, máximo organismo regulador del país, ordenó a las emisoras prohibir la aparición de “maricas” (hombres afeminados) en la televisión, como continuación de la campaña nacional para “limpiar” Internet de la representación de personas LGBTI. Las nuevas normas incluían cerrar contenidos considerados “nocivos” para la juventud y que fomentaban la “caótica” cultura de los fans. En julio, las autoridades cerraron decenas de cuentas de redes sociales de organizaciones LGBTI. En un comunicado de septiembre, la Administración Nacional de Radio y Televisión describía los papeles no tradicionales asignados en razón del género y a las personas LGBTI como “anormales” y “vulgares”.
A lo largo del año, las autoridades desplegaron rápidamente el régimen jurídico de seguridad nacional en Hong Kong, extendiendo aún más la aplicación de la definición de “poner en peligro la seguridad nacional”, excesivamente amplia, para restringir de manera desproporcionada los derechos humanos. En marzo, la asamblea legislativa china aprobó una decisión para reducir los escaños elegidos directamente en las elecciones al Consejo Legislativo de Hong Kong y permitir que la policía de seguridad nacional investigara todas las candidaturas antes de que se presentaran a las elecciones. En octubre, el Consejo Legislativo aprobó una ley que permitía al gobierno censurar las películas que considerara que “ponían en peligro la seguridad nacional”.
La Ley de Seguridad Nacional aprobada en 2020 permitió que se cometieran violaciones de derechos humanos sin precedentes desde la creación de la Región Administrativa Especial de Hong Kong en 1997. Tras la promulgación de la Ley, hubo un rápido deterioro en Hong Kong del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como de otros derechos humanos.9 Al menos 61 organizaciones de la sociedad civil se disolvieron en respuesta a la amenaza generada por la Ley, entre ellas el mayor sindicato de Hong Kong y el grupo organizador de las principales protestas pacíficas. El 6 de enero, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, se detuvo a 55 personas, la mayoría de ellas activistas y legisladores prodemocracia, lo que acarreó de hecho la destrucción de la oposición política en Hong Kong.
Quedó claro que las salvaguardias de derechos humanos previstas en la Ley de Seguridad Nacional no tuvieron en la práctica ninguna utilidad. Con arreglo a la Ley, se restringió —e incluso se criminalizó— de manera desproporcionada la expresión pacífica de opiniones políticas. La fiscalía, en la presentación de cargos, utilizó como pruebas incidentes previos a la entrada en vigor de la Ley, lo que contradecía el principio jurídico de irretroactividad. Según el artículo 42 de la Ley de Seguridad Nacional, a las personas sospechosas de violar esta ley no se les concedería la libertad bajo fianza salvo que hubiera “suficientes razones para creer que no continuar[ía]n cometiendo actos que p[usiera]n en peligro la seguridad nacional”. Esto, que de hecho suponía invertir la presunción en favor de la concesión de la libertad bajo fianza, violaba los principios básicos de los derechos a un juicio justo y a la libertad y seguridad personales.
Entre el 1 de julio de 2020 y finales de 2021, la policía detuvo u ordenó la detención de al menos 161 personas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Al menos 82 de ellas fueron acusadas formalmente, de las cuales 60 estaban en prisión preventiva al concluir el año.
Las autoridades recurrieron a otras leyes represoras, como la Ordenanza de Orden Público, para procesar y encarcelar a activistas por participar en reuniones pacíficas y ejercer su derecho a la libertad de expresión. La policía continuó utilizando la COVID-19 como excusa para prohibir arbitrariamente las reuniones pacíficas.
A lo largo del año, 24 activistas fueron condenados a entre 4 y 16 meses de prisión por “reunión no autorizada” debido a su participación en la vigilia anual que se celebraba cada año en Hong Kong para conmemorar la represión del 4 de junio de 1989 en la plaza de Tiananmen. La activista y abogada de derechos humanos Chow Hang-tung fue acusada de “incitar a otros a participar deliberadamente en una concentración prohibida” tras publicar en las redes sociales una nota pidiendo a la gente que conmemorara esa fecha de manera privada. Aunque la policía permitió la organización de otros actos de gran escala al aire libre, prohibió la vigilia con velas del 4 de junio por segundo año consecutivo.
La policía de seguridad nacional utilizó los amplios poderes que le confería la Ley de Seguridad Nacional para investigar a activistas y organizaciones de la sociedad civil. A partir de agosto, envió cartas a las organizaciones de la sociedad civil exigiéndoles información como, por ejemplo, datos personales de sus miembros, personal y organizaciones asociadas, así como de sus finanzas y actividades. Miembros de la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los Movimientos Democráticos Patrióticos de China (la Alianza) y del Frente Civil de Derechos Humanos fueron acusados en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional tras negarse a cumplir con esas peticiones.
Las autoridades actuaron contra los grupos de la sociedad civil que contaban con un amplio apoyo y con capacidad para movilizar a la ciudadanía. El mayor sindicato de docentes de la ciudad, el Sindicato Profesional de Enseñantes de Hong Kong, y el mayor grupo de derechos laborales en favor de la democracia, la Confederación Sindical de Hong Kong, cesaron en su actividad en agosto y setiembre, respectivamente, ante la “enorme presión” de las autoridades. La policía acusó tanto a la Alianza como al Frente Civil de Derechos Humanos de ser un “agente extranjero” y de “connivencia con fuerzas extranjeras”. La policía utilizó la vigilia del 4 de junio como prueba de que la Alianza “ponía en peligro la seguridad nacional”. El 6 de septiembre, la Alianza y cuatro de los miembros de su comité que habían dimitido hacía poco fueron acusados de incitar a la subversión. La policía también congeló los activos de la Alianza. En octubre, Carrie Lam, jefa del ejecutivo de Hong Kong, ordenó que se suprimiera a la Alianza del Registro de Empresas basándose en que el objetivo de la organización de terminar con el liderazgo de partido único en China era una amenaza a la seguridad nacional.
El 25 de octubre, Amnistía Internacional anunció el cierre de sus dos oficinas en Hong Kong por los peligros y las restricciones que entrañaba la Ley de Seguridad Nacional.10
El gobierno de Hong Kong intensificó aún más el control de la libertad de expresión en los medios de comunicación, en Internet y en las escuelas y universidades. A partir de enero, las autoridades ordenaron a los proveedores de servicios de Internet que suspendieran el acceso a los sitios web que supuestamente “ponían en peligro la seguridad nacional”. En julio, la policía detuvo a cinco logopedas acusándolos de conspirar para distribuir material sedicioso tras publicar éstos libros infantiles en los que se describía la represión del gobierno desde 2019. Posteriormente, el gobierno revocó la inscripción del sindicato de logopedas en el registro de organizaciones. En agosto, cuatro estudiantes universitarios fueron acusados de hacer “apología del terrorismo” tras la aprobación de una moción en una reunión del consejo del sindicato de estudiantes para llorar la muerte de un hombre que se había suicidado después de apuñalar a un agente de la policía.
Las autoridades continuaron deteniendo, acusando y encarcelando a personas únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación. El 6 de enero, la policía detuvo a 55 integrantes de la oposición política en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional por convocar y participar de forma autoorganizada en unas “primarias” para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020, que luego se aplazaron. De todas las personas detenidas, 47 fueron acusadas de “conspiración para la subversión”. En virtud de esa misma ley, el Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito impusieron duras condenas a personas que habían ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. El activista Ma Chu-man fue declarado culpable de “incitación a la subversión” y condenado a cinco años y nueve meses de prisión por corear eslóganes, publicar en las redes sociales y conceder entrevistas. El activista estudiantil Tony Chung fue condenado a tres años y siete meses de prisión por cargos falsos de sedición y blanqueo de dinero.
Apple Daily, el único diario prodemocrático de Hong Kong, tuvo que cesar en su actividad el 24 de junio después de que, en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, la policía arrestara a su fundador, Jimmy Lai, a cinco altos directivos y a dos miembros del personal de redacción. La policía acusó al periódico de “connivencia con fuerzas extranjeras” por publicar artículos instando a países extranjeros a imponer sanciones a autoridades chinas y hongkonesas. Posteriormente, las autoridades chinas bloquearon 18 millones de dólares de Hong Kong (2,32 millones de dólares estadounidenses) de activos propiedad de empresas vinculadas a Apple Daily. El 29 de diciembre, altos directivos y miembros de la junta directiva de Stand News fueron arrestados por “publicaciones sediciosas”, una disposición arcaica de la era colonial que se había modificado por última vez en la década de 1970. Agentes de la policía de seguridad nacional irrumpieron en las oficinas del periódico online y las autoridades confirmaron el bloqueo de activos por valor de más de 61 millones de dólares de Hong Kong (aproximadamente 7,8 millones de dólares estadounidenses). Stand News cesó en su actividad ese mismo día.
El gobierno hizo una gran restructuración de la emisora pública de radio y televisión de Hong Kong (RTHK) y eliminó todos los vídeos de su archivo online, descartó a presentadores y presentadoras que criticaban al gobierno y canceló programas que no seguían la línea oficial.
El gobierno no concedió los mismos derechos a las parejas del mismo sexo en Hong Kong y continuó reconociendo los derechos de las uniones entre personas del mismo sexo de manera fragmentaria. En marzo, un hombre gay que había enviudado presentó un recurso judicial contra el gobierno al no ser reconocido como familiar de su difunto marido, lo que le impedía identificar su cadáver y organizar el funeral. Posteriormente, retiró la impugnación, ya que el gobierno aclaró que no había ninguna distinción entre las parejas del mismo sexo y las parejas heterosexuales con respecto a las políticas relacionadas con estos asuntos. En junio, el Tribunal Superior decretó que la política de subvenciones para vivienda constituía discriminación por motivos de orientación sexual, y que las parejas del mismo sexo debían poder ser propietarias de una vivienda de protección oficial.
A pesar de haber puesto en marcha un grupo de trabajo interdepartamental sobre reconocimiento de género en 2014 y haber llevado a cabo una consulta en 2017, el gobierno de Hong Kong no hizo avance alguno en la redacción de una ley de identidad de género.
La Asociación para el Desarrollo y el Deporte Gay de Taiwán decidió que no iba a enviar a ningún equipo a Hong Kong para su participación en los Juegos Gay de 2023 por los riesgos asociados a la Ley de Seguridad Nacional.
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