Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La impunidad por la tortura seguía siendo endémica. La violencia de género continuó siendo generalizada, aunque una nueva ley eliminó obstáculos jurídicos para el enjuiciamiento de personal militar y policías por violencia de género en el ámbito familiar. Continuaron los ataques homófobos por parte de grupos que defendían la discriminación y la violencia. La investigación de ataques contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos era lenta y a menudo ineficaz. Un anteproyecto de ley sobre los servicios de seguridad preveía facultades de vigilancia adicionales sin salvaguardias jurídicas. Continuó la represión de la disidencia y de defensores y defensoras de los derechos humanos en la Crimea ocupada. Seguían sin investigarse las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas por las dos partes en el conflicto del este de Ucrania.
La economía se recuperó parcialmente tras las pérdidas de 2020 ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y el conflicto en curso en la región de Dombás. Persistía la preocupación por la corrupción: los Papeles de Pandora —una memoria filtrada de datos de operaciones secretas en paraísos fiscales— mencionaba al presidente como exbeneficiario de empresas radicadas en paraísos fiscales (offshore) junto a otros 37 políticos ucranianos. En octubre, el Parlamento sustituyó al portavoz a raíz de que éste se opusiera a la aprobación por la vía rápida de legislación para limitar la influencia de los oligarcas. En diciembre, se declaró al expresidente Petro Poroshenko sospechoso penal en un caso de traición al Estado.
Las vacunas contra la COVID-19 tuvieron una distribución amplia y gratuita, pero su aceptación era baja, pues sólo se había vacunado a una quinta parte de la población adulta en el territorio controlado por el gobierno.
En mayo, el Parlamento reformó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para ajustarlos al derecho penal internacional ampliando las definiciones de la agresión, los crímenes de lesa humanidad y otros crímenes de guerra específicos; eliminando su prescripción, y estableciendo la jurisdicción universal. Sin embargo, al terminar el año, el presidente no había sancionado dichos cambios, y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional continuaba sin ratificarse.
Fuerzas gubernamentales y grupos armados respaldados por Rusia en Dombás se intercambiaron reiteradas acusaciones de violaciones del alto el fuego. Rusia se negó a ampliar el mandato de la Misión Especial de Observación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en dos pasos fronterizos bajo su control y acumuló repetidamente tropas cerca de la frontera con Ucrania, lo que suscitaba preocupación por la posibilidad de una invasión rusa. El territorio de Crimea continuó bajo ocupación rusa.
Se registraron algunos avances en procesamientos relacionados con las muertes acontecidas durante las protestas del Euromaidán en 2014, incluido el juicio contra varios titushki (agentes que trabajaban para la policía) y unos cuantos exagentes de policía (algunos de ellos in absentia). No obstante, a la mayoría de las víctimas de abusos policiales durante dichos eventos les seguía resultando difícil obtener justicia.
La impunidad por torturas y otros malos tratos en general seguía siendo endémica. Las investigaciones de denuncias más recientes continuaron siendo lentas y a menudo ineficaces. La Fiscalía General informó de la apertura de 79 nuevos casos de presunta tortura y de 1.918 de presuntos abusos de superioridad por agentes encargados de hacer cumplir la ley desde enero hasta diciembre, lo que dio lugar a que se acusara a 51 personas de los correspondientes delitos.
En enero, dos hombres jóvenes fueron agredidos en la región de Zhytomyr por una multitud que los acusaba de robar un automóvil. Un agente de policía llegó al lugar, se unió a los agresores y sometió a uno de los jóvenes a un simulacro de ejecución con su pistola. En julio, la fiscalía presentó ante los tribunales cargos de tortura contra el agente de policía y otros tres hombres; a otro agente de policía se lo acusó de falso testimonio.
En marzo, la Fiscalía General informó de que, hasta ese momento, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había fallado en favor de la parte demandante y contra Ucrania en 115 casos relativos a que las condiciones de reclusión constituían tortura y otros malos tratos, de los que 71 estaban bajo supervisión del Comité de Ministros del Consejo de Europa y seguían sin abordarse; 120 casos estaban pendientes de una decisión.
En mayo, en el caso Debelyy and Others v. Ukraine, el TEDH resolvió que la policía ucraniana había sometido a los tres demandantes —Andrey Debelyy, Roman Korolev y Oleksandr Rafalsky— a tratos inhumanos y degradantes.
La violencia y la discriminación por motivos de género —en particular contra las mujeres— y la violencia de género en el ámbito familiar continuaron siendo generalizadas. Aunque los servicios de apoyo a las supervivientes y las medidas políticas y legislativas concebidas para combatir la violencia de género en el ámbito familia habían mejorado en los años anteriores, seguían siendo insuficientes. No se avanzó en la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).
Desde enero hasta diciembre, las autoridades iniciaron 2.432 investigaciones penales sobre violencia de género en el ámbito familiar, incriminaron a 2.176 presuntos autores de delitos y remitieron 2.136 casos a los tribunales. Desde enero hasta junio se iniciaron procedimientos administrativos contra 54.890 personas por violencia de género en el ámbito familiar.
En julio se promulgó una nueva ley que eliminaba los obstáculos jurídicos que en la práctica habían eximido al personal militar y a los agentes de policía de procesamientos administrativos y penales por violencia de género en el ámbito familiar; también reforzaba las disposiciones sobre las que se basaban las órdenes de protección de emergencia. La ley ampliaba a seis meses la imprescriptibilidad de la violencia de género en el ámbito familiar como delito administrativo e introducía nuevas penas que incluían trabajo obligatorio y detención durante hasta 10 días.
No obstante, la investigación sobre las denuncias de la teniente Valeria Sikal —que en 2018 fue la primera exsoldado ucraniana que denunció acoso sexual por un mando dentro de las fuerzas armadas— no fue efectiva y se retrasó más debido a su remisión a la Oficina de Investigación del Estado de la región de Khmelnitsky, donde no se llevó a cabo ninguna actividad de investigación más.
Un anteproyecto de ley presentado en el Parlamento en mayo propuso ampliar la definición de crímenes de odio para que abarcara los delitos motivados por la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, durante el año continuaron los ataques homófobos de grupos que defendían la discriminación y la violencia, y los perpetradores raras veces rendían cuentas.
En marzo, cuatro hombres embadurnaron de barro el centro comunitario de la ONG Sphere; en agosto, la fachada del centro fue vandalizada con pintadas homófobas.
Al menos cuatro ataques de ese tipo tuvieron lugar sólo en mayo. El 27 de mayo, una multitud rompió la ventana del lugar en el que el grupo KyivPride había organizado la proyección de una película, y lanzó al interior una bengala y un bote de gas. La policía abrió investigaciones penales sobre “vandalismo”, pero no calificó el incidente de crimen de odio.
El 29 de mayo, una turba atacó el centro comunitario del grupo LGBTI Insight en la capital, Kiev. Ese mismo día, en Odesa, una muchedumbre irrumpió en una conferencia feminista de la dirigente feminista de Insight Olena Shevchenko y la paró; en otro lugar de la ciudad, siete hombres enmascarados lanzaron piedras contra la oficina de la asociación LGBTI LIGA y dañaron una de sus cámaras de seguridad. La policía se negó a abrir una investigación penal sobre ninguno de los dos incidentes hasta que un grupo de activistas presentó una denuncia de inacción policial.
Continuaron gozando de impunidad los seis autores del ataque en 2018 contra la defensora de los derechos humanos Vitalina Koval en el que le arrojaron pintura roja que le causó quemaduras químicas en los ojos. En marzo, un tribunal resolvió que los cargos contra dos mujeres agresoras de “daños físicos leves” habían prescrito y archivó el procedimiento penal correspondiente. Estaba pendiente una investigación paralela sobre un crimen de odio (“violación de la igualdad de la ciudadanía”), pero aparentemente se había estancado. Nunca se formuló cargo alguno contra los cuatro agresores.
Los medios de comunicación eran, generalmente, libres y diversos, aunque algunos de ellos fueron atacados selectivamente por las autoridades en relación con sus políticas editoriales, percibidas como prorrusas, y acusados por el Servicio de Seguridad de Ucrania de librar una “guerra informativa” contra Ucrania.
El Consejo de Defensa y Seguridad Nacional (órgano consultivo del Estado) introdujo las denominadas “sanciones personales” contra el parlamentario Taras Kozak, cuyo objetivo eran los activos comerciales de éste, entre los que figuraban tres cadenas de televisión a las que se les retiró la licencia de emisión. Dicha decisión, aprobada por el presidente, concitó críticas por su carácter extrajudicial y su focalización arbitraria en empresas de medios de comunicación, así como por la aplicación contra un ciudadano ucraniano y sus empresas —radicadas en Ucrania— de una ley dirigida a sancionar a entidades comerciales extranjeras.
Continuó el procedimiento penal contra el periodista y expreso de conciencia Vasil Muravitskyi. El riesgo de encarcelamiento o de sufrir daño físico a manos de grupos que abogaban por la discriminación y la violencia lo obligaron a huir de Ucrania.
En noviembre, el dueño del periódico independiente Kyiv Post suspendió su publicación con efecto inmediato. Los miembros del personal anunciaron que habían sido despedidos por su periodismo independiente. Algunos comentaristas dijeron que la decisión se había debido a la presión ejercida sobre el propietario.
La investigación de ataques —incluidos homicidios— contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos era lenta y a menudo ineficaz. Continuaron las vistas judiciales en el caso de gran repercusión contra tres personas acusadas de colocar el vehículo con explosivos que mató al periodista de origen bielorruso, ruso y ucraniano Pavlo Sheremet (Pavel Sharamet) en julio de 2016. Diversos comentaristas y periodistas pusieron en duda la credibilidad de la investigación. Las personas acusadas negaron los cargos e insistieron en que éstos tenían motivación política. En enero se hicieron públicos indicios que sugerían que el homicidio había sido planificado por las autoridades de Bielorrusia.
El destacado exiliado bielorruso Vital Shyshou, director de la Casa Bielorrusa en Ucrania, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev la mañana del 3 de agosto. Previamente, se había quejado a sus colegas de que los servicios de seguridad bielorrusos le habían estado siguiendo y amenazando con represalias.1 Las autoridades investigaron su muerte por considerarla sospechosa, aunque no se había informado de ningún resultado al terminar el año.
Aunque el derecho a la libertad de reunión pacífica se disfrutaba generalmente sin restricciones, activistas LGBTI y de otro tipo que eran blanco de ataques de grupos violentos dependían de la voluntad de las autoridades de querer proteger a las personas que se manifestaban pacíficamente durante sus concentraciones y después de éstas.
El 8 de marzo, unos contramanifestantes violentos atacaron a las personas que participaban en la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Kiev. Tras la concentración, unos hombres sin identificar empujaron e insultaron a activistas de los derechos de las mujeres y trataron de quitarles sus pancartas. Las activistas lo denunciaron ante la policía, que se negó a iniciar actuaciones hasta que intervinieron profesionales de la abogacía. Al concluir el año seguía en curso una investigación formal.
Desde julio hasta septiembre se celebraron concentraciones anuales en apoyo a los derechos LGBTI en varias ciudades, como Krivói Rog, Odesa, Járkov y Kiev. Se desarrollaron de manera pacífica bajo la protección efectiva de la policía, a pesar del clima imperante de intimidación y ataques homófobos y del riesgo de sufrir agresiones al abandonar las concentraciones. El 30 de julio, activistas LGBTI celebraron un acto del Orgullo frente al despacho presidencial en Kiev.
En julio, el gobierno aprobó una estrategia nacional hasta 2030 para abordar la discriminación contra la comunidad romaní. Con todo, la pandemia de COVID-19 tenía un impacto desproporcionado sobre esta comunidad, ya que muchos de sus miembros dependían de la economía informal para obtener unos ingresos que eran irregulares.
No se investigaron de manera efectiva los ataques cometidos en el pasado contra personas romaníes, como la destrucción de un campamento y la violencia física contra romaníes en el parque de Lysa Hora, en Kiev, en agosto de 2018. En agosto, la Fiscalía General informó a Amnistía Internacional de que había anulado la decisión de detener la investigación, pero no se tuvo noticia de ningún avance más.
Se aprobó en su primera lectura un proyecto de ley para la reforma del Servicio de Seguridad de Ucrania. Aunque el proyecto de ley abordaba algunas de las cuestiones que hacía mucho que suscitaban preocupación —por ejemplo, la eliminación de la función investigadora del Servicio de Seguridad de Ucrania antes de 2025—, confirmaba los amplios poderes de arrestar, detener e interrogar a personas, y el uso de fuerza letal sin introducir mecanismos de rendición de cuentas nuevos ni más efectivos. El proyecto de ley también confería a dicho organismo facultades adicionales de vigilancia, incluida la interceptación y almacenamiento de información y comunicaciones públicas y privadas de personas y organizaciones, sin las debidas salvaguardias jurídicas para prevenir el abuso y garantizar el derecho a la privacidad. También le daba la facultad de bloquear recursos de Internet, en algunos casos, de manera extrajudicial.
Las autoridades de facto continuaron reprimiendo la libertad de expresión y cualquier atisbo de disidencia. Se reprimió a los medios de comunicación libres, y las personas que trabajaban para ellos sufrieron graves represalias.
El 10 de marzo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia arrestó al periodista independiente Vladyslav Yesypenko, acusado de espiar y transportar munición. El 18 de marzo, un canal de televisión estatal ruso en Crimea emitió una “admisión” en la que Vladyslav Yesypenko reconocía que había compartido sus grabaciones periodísticas con los servicios de inteligencia ucranianos. Se le negó el acceso a asistencia letrada independiente durante 27 días, hasta la celebración de una vista judicial en la que denunció que sus captores habían colocado una granada en su automóvil y que había sido sometido a tortura y otros malos tratos para obtener su “confesión” en vídeo.
Según entidades de observación de los derechos humanos, el acceso a al menos 27 medios de comunicación digitales estaba completamente bloqueado en Crimea, y también el acceso a sitios web de organizaciones prohibidas arbitrariamente en Rusia por ser consideradas “extremistas”, como el Mejlis (asamblea representativa) del Pueblo Tártaro de Crimea y los Testigos de Jehová; cualquier asociación con estas organizaciones constituía delito.
En abril, un tribunal impuso una multa a Bekir Mamutov, activista y redactor jefe del periódico en lengua tártara de Crimea Qirim, por “abusar de la libertad de prensa”, en aplicación del Código de Infracciones Administrativas ruso. Bekir Mamutov había publicado el informe de 2020 del secretario general de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Crimea, en el que se mencionaba al Mejlis, pero no había agregado el aviso obligatorio que imponía la legislación rusa de que dicha organización se consideraba “extremista” en Rusia.
También se enjuició y encarceló a otras voces críticas en Crimea. En septiembre, Nariman Dzhelyal, activista en favor de los derechos de las personas tártaras de Crimea que había sido el miembro más destacado del prohibido Mejlis que quedaba en Crimea, fue detenido en relación con unos presuntos daños a un gasoducto.
Los defensores de los derechos humanos tártaros de Crimea y presos de conciencia Emir-Usein Kuku y Server Mustafayev seguían encarcelados en Rusia, al igual que otras decenas de víctimas de procesamientos de motivación política llevados a cabo por las autoridades de facto de Crimea, a menudo en condiciones inhumanas y degradantes.
No se investigó efectivamente ni un solo caso de desaparición forzada desde 2014, cuando comenzó la ocupación del territorio por parte de Rusia. Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada.
La represión de la disidencia y las restricciones impuestas a la sociedad civil persistieron en los territorios del este de Ucrania controlados por grupos armados respaldados por Rusia. La misión de vigilancia de los derechos humanos de la ONU en Ucrania informó de la ausencia de los servicios y el apoyo necesarios para las personas supervivientes de violencia de género en el ámbito familiar, y señaló los riesgos personales, incluido el de sufrir arresto y enjuiciamiento, que afrontaban quienes ejercían el activismo en favor de los derechos de las mujeres. También informó de detenciones arbitrarias, detención prolongada en régimen de incomunicación y encarcelamientos ilegítimos en curso de mujeres y hombres por parte de las autoridades de facto. A la misión se le negó el acceso a lugares de detención en territorios no controlados por el gobierno a pesar de “las denuncias generalizadas y fidedignas de tortura y otros malos tratos en varios centros”. La misión informó asimismo de al menos nueve casos de detención arbitraria de civiles por parte de agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania.
Seguían sin investigarse numerosas violaciones —denunciadas anteriormente— del derecho internacional humanitario por ambas partes en el conflicto.
No hubo avance alguno para que se hiciera justicia para las víctimas de desaparición forzada, tortura y detención ilegítima a manos del Servicio de Seguridad de Ucrania en el este del país desde 2014 hasta 2016, y se continuó negando oficialmente la utilización de cárceles secretas. Una investigación en curso todavía no había identificado a un solo presunto perpetrador.
La constante falta de información independiente y de acceso a los territorios controlados por grupos armados en Dombás obstaculizó los intentos de controlar los contagios de COVID-19. El gobierno de Ucrania proporcionó vacunas gratuitas a quienes cruzaban la línea del conflicto, por ejemplo, en centros de vacunación en puestos de control. Sin embargo, las autoridades de facto continuaron imponiendo arbitrariamente restricciones a viajar a territorios controlados por el gobierno. También reconocieron que dependían exclusivamente de las vacunas suministradas por Rusia, cuyas entregas, según informes, eran muy insuficientes. En septiembre, según los informes, el aumento de pacientes que requerían cuidados intensivos desbordó los servicios médicos locales, que también sufrían una gran escasez de personal y suministros médicos.
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