Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La invasión en gran escala de Ucrania emprendida por Rusia en febrero constituyó una violación de la Carta de las Naciones Unidas y un acto de agresión, que es un crimen de derecho internacional. Las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques indiscriminados que causaron miles de víctimas civiles, y abundaban los indicios de otros crímenes, como tortura, violencia sexual y homicidios ilegítimos. Los ataques a infraestructuras civiles también dieron lugar a violaciones de los derechos a la vivienda, la salud y la educación. Se aprobó una nueva ley sobre medios de comunicación que otorgaba facultades excesivas al órgano estatal ucraniano que los regulaba. La nueva legislación prometida sobre uniones civiles al parecer incluía las relaciones entre personas del mismo sexo. La guerra agravó las desigualdades que ya sufrían las mujeres en un contexto en el que, según informes, habría aumentado la violencia de género. Persistía la represión de la disidencia y de quienes defendían los derechos humanos en la Crimea ocupada por Rusia.
Información general
El 24 de febrero, Rusia lanzó una invasión militar en gran escala sobre Ucrania desde varios lugares, incluida la vecina Bielorrusia. Las fuerzas rusas llegaron hasta las afueras de la capital, Kiev, y conquistaron territorio en el este y el sur del país antes de ser repelidas entre feroces combates. Al final de 2022, las fuerzas rusas se habían retirado de gran parte de los territorios que habían capturado durante el año, aunque conservaban el control de extensos territorios en el este, sudeste y sur de Ucrania, incluida la península de Crimea.
La guerra tuvo inmensas repercusiones para la población civil ucraniana. La ONU documentó cerca de 18.000 víctimas civiles en el año, incluidas al menos 6.884 muertes, en su mayoría por el uso de armas explosivas con efectos en amplias superficies. El número real probablemente era muy superior.
Casi ocho millones de personas ucranianas —en su mayoría mujeres, menores y personas de edad avanzada— huyeron del país. Era la mayor población refugiada en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Se calculaba que había casi siete millones de personas desplazadas dentro de Ucrania.
En septiembre, Rusia anunció la anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas parcialmente ocupadas.
La vida pública, política y civil de Ucrania estuvo dominada por la guerra. La Ley Marcial, declarada el 24 de febrero, continuaba en vigor al terminar el año. Las autoridades ucranianas adoptaron varias medidas para reducir la influencia política, cultural y mediática de Rusia en el país, como el bloqueo de varios recursos digitales rusos. Al menos 11 partidos políticos fueron prohibidos por sus presuntas actividades de sedición y vínculos con las autoridades rusas.
En mayo, una de las dos iglesias ortodoxas principales, la iglesia ortodoxa ucraniana —que, a diferencia de la iglesia ortodoxa de Ucrania, se había mantenido formalmente subordinada al Patriarcado de Moscú—, reformó sus documentos estatutarios para eliminar todas las cláusulas de subordinación pertinentes, aunque su relación con Moscú continuó siendo ambigua. Sin embargo, en diciembre, las autoridades se comprometieron a prohibir sus actividades en Ucrania, abrieron una investigación sobre sus acciones presuntamente subversivas y llevaron a cabo registros en iglesias y monasterios de todo el país.
El Banco Mundial pronosticó una contracción de la economía ucraniana de alrededor del 45% e informó de que el índice de pobreza del país se había multiplicado por 10, pues estaban sumidos en ella casi medio millón de menores de edad. En diciembre, una representante del Banco Mundial situó los cálculos más actualizados del coste de la reconstrucción entre 500.000 y 600.000 millones de euros. El índice de paro superaba el 30% al final del año.
La invasión de Ucrania por Rusia desencadenó una crisis generalizada de derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento. Las fuerzas rusas llevaron a cabo ataques indiscriminados con armas explosivas que tenían efectos sobre amplias superficies y causaron miles de víctimas civiles. El 30 de septiembre, un ataque ruso con misiles contra un convoy humanitario en Zaporiyia mató al menos a 25 civiles.1 Las fuerzas rusas también ocuparon grandes extensiones de territorio y negaron a civiles el acceso a ayuda humanitaria. Cuando Ucrania recuperó el control de algunos territorios, salieron a la luz numerosos indicios de privación ilegal de libertad, tortura, violencia sexual, homicidios ilegítimos y otros crímenes cometidos por las fuerzas rusas.
En los territorios ocupados por Rusia, las autoridades rusas inhabilitaron o interrumpieron los canales de comunicación ucranianos —por ejemplo, sustituyendo redes de telefonía móvil por otras propias— y persiguieron a la población local que informaba sobre ataques en los territorios ocupados, incluso recurriendo al secuestro, la prisión ilegal y la tortura. Se tuvo noticia de ejecuciones extrajudiciales de civiles. En Bucha, por ejemplo, Amnistía Internacional investigó cinco presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la ocupación rusa en marzo.2
Debido a las restricciones de las comunicaciones y a la falta de acceso de personal observador y medios de comunicación independientes a los territorios ocupados por Rusia, fue difícil verificar los informes de ataques militares atribuidos a las fuerzas ucranianas, incluidos los que causaron víctimas y daños en infraestructuras civiles.3 Autoridades y medios de comunicación estatales rusos acusaban periódicamente a Ucrania de llevar a cabo ataques ilegales; se demostró que algunas de estas acusaciones eran falsas. Las autoridades rusas atribuyeron a las fuerzas ucranianas la destrucción del teatro de Mariúpol el 16 de marzo, a pesar de las pruebas concluyentes de que este edificio, en el que se refugiaban cientos de civiles, había sido atacado deliberadamente por la fuerza aérea rusa.4
Se sometió a malos tratos y posible ejecución extrajudicial a prisioneros de guerra. Las fuerzas rusas y las que actuaban a sus órdenes privaron mayoritariamente de acceso a ayuda humanitaria a los prisioneros en su poder. En agosto, la ONU anunció una misión de investigación sobre el ataque perpetrado en julio en Olenivka que causó la muerte de decenas de prisioneros de guerra ucranianos en manos de fuerzas asociadas a Rusia, pero fue imposible su despliegue en el lugar de los hechos. Ucrania negó haber llevado a cabo el ataque y dijo que había sido una masacre deliberada de prisioneros a manos de sus captores.
Los vídeos y fotografías que circulaban en redes sociales mostraban torturas y otros malos tratos a los prisioneros, así como posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituían crímenes de guerra. En julio salieron a la luz grabaciones en vídeo de un soldado ruso castrando a un prisionero ucraniano antes de matarlo. Según la información recibida, los servicios rusos interrogaron al presunto perpetrador y descartaron el vídeo como falso, aunque fue verificado de manera independiente a través de una investigación de fuente abierta.
Ucrania recibió llamamientos para que se investigaran los abusos y homicidios de prisioneros. En noviembre se publicaron en redes sociales fotos y vídeos de una posible ejecución extrajudicial: al menos 10 soldados rusos que se habían rendido aparecían en un vídeo vivos y tumbados boca abajo y en una grabación aérea posterior se veían sus cadáveres. Ucrania abrió una investigación, pero no había hecho públicas sus conclusiones al finalizar el año.
En junio, en contravención del derecho internacional humanitario, un “tribunal” separatista de la zona de Donetsk ocupada por Rusia declaró a tres miembros de las fuerzas regulares ucranianas —un marroquí y dos británicos— “culpables” de ser mercenarios extranjeros y participar en las hostilidades, y los “condenó” a muerte.5 En julio, las autoridades rusas afirmaron que ya habían acusado a 92 prisioneros de guerra ucranianos de “crímenes contra la paz y la seguridad” y que tenían previsto juzgarlos ante un “tribunal internacional” en la ciudad ocupada de Mariúpol, privándolos así de su derecho a un juicio justo.6
En Mariúpol y otros lugares, las autoridades rusas deportaron y trasladaron a la fuerza a civiles desde zonas ocupadas de Ucrania en lo que constituían crímenes de guerra y probables crímenes de lesa humanidad.7 Estas operaciones fueron acompañadas de un proceso de selección denominado “filtrado” durante el cual algunas personas civiles fueron sometidas a tortura y otros malos tratos, como palizas, descargas eléctricas y amenazas de ejecución. A otras las privaron de comida y agua, y las recluyeron en condiciones peligrosas y de hacinamiento. En algunos casos se separó a menores de edad de sus progenitores. Tras su traslado forzoso o deportación, las personas de más edad o con discapacidad y las menores no acompañadas, huérfanas o separadas de sus familias carecían a menudo del derecho legal, los medios económicos o el apoyo necesario para salir de Rusia o de las zonas ocupadas por este país.
El 2 de marzo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció una investigación sobre la situación en Ucrania tras recibir remisiones de 39 Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte, aún no ratificado por Ucrania. La investigación seguía abierta al final del año. El 4 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de establecer una comisión de investigación internacional independiente.
El 17 de noviembre, un tribunal neerlandés declaró in absentia a dos nacionales rusos y uno ucraniano afines a la “República Popular de Donetsk” culpables del asesinato de las 298 personas —entre pasaje y tripulación— del vuelo MH17 de Malaysian Airlines derribado cuando sobrevolaba Ucrania oriental en julio de 2014.
La guerra de agresión de Rusia impuso a la población ucraniana penalidades inmensas y deliberadas que causaron un deterioro extraordinario de sus niveles de vida, vivienda, salud y educación.
En la segunda mitad del año, Rusia intensificó sus ataques contra infraestructuras civiles esenciales, incluidas instalaciones eléctricas y de suministro de agua, lo que agravó de manera significativa e intencionada las dificultades económicas. Sus ataques con misiles y drones cuando se avecinaban los meses más fríos provocaron graves daños en al menos el 40% de las infraestructuras energéticas de Ucrania, causando apagones masivos que, de forma regular y simultánea, privaron de electricidad a varios millones de personas ucranianas, interrumpieron servicios esenciales como la asistencia médica y la educación, y afectaron al suministro de calefacción y agua con temperaturas bajo cero. Hubo ocasiones en que el 80% de la población de Kiev se vio privada de agua corriente.
Según la Escuela de Economía de Kiev, a finales de octubre, más de 126.700 casas y 16.800 bloques de pisos de todo el país habían sido destruidos o gravemente dañados. El Ministerio de Salud ucraniano informó en diciembre de que 1.100 centros sanitarios habían sufrido destrozos y 144 habían sido destruidos.
En julio se aprobaron dos leyes que socavaban los derechos laborales y que afectaban, según cálculos, al 70% de la fuerza laboral de Ucrania. Las autoridades ucranianas las presentaron como medidas necesarias en tiempo de guerra. Ya se habían propuesto varias disposiciones parecidas en 2020 y 2021, pero se habían retirado ante la oposición de los sindicatos y las críticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La primera de estas leyes legalizaba la firma de contratos de cero horas con hasta el 10% de la plantilla de una empresa, sujetos a un mínimo garantizado de 32 horas remuneradas al mes. La segunda eximía a las empresas con un máximo de 250 trabajadores de respetar diversas protecciones establecidas en el Código de Trabajo, incluidos acuerdos colectivos negociados por los sindicatos. Muchas disposiciones iban a seguir en vigor mientras el país estuviera bajo la ley marcial.
El porcentaje de personas mayores entre las víctimas mortales y heridas de la guerra era desproporcionado; las mayores de 60 años representaban el 34% de las muertes de civiles cuya edad se conocía. Las personas de más edad, sobre todo si sufrían alguna enfermedad o discapacidad, normalmente no podían acceder a refugios particulares o colectivos ni ser evacuadas de las zonas afectadas por el conflicto. En las zonas ocupadas, donde las fuerzas rusas impedían el transporte de ayuda humanitaria, estas personas no tenían acceso a medicamentos ni a servicios médicos. Además, las que se veían obligadas a desplazarse tenían dificultades para acceder a alojamiento, ya que los albergues temporales eran en gran medida físicamente inaccesibles, y sus pensiones, cuya cuantía no les permitía superar el umbral de pobreza, les impedían acceder al mercado de vivienda privada. Después de febrero, al menos 4.000 personas mayores fueron alojadas en centros estatales desbordados —como residencias— en condiciones deficientes, mientras otras siguieron viviendo en casas dañadas sin electricidad, calefacción ni agua.8
En marzo, un decreto presidencial fusionó los canales de televisión nacionales con contenido informativo y analítico significativo en una plataforma unificada de noticias que emitía contenidos comunes las veinticuatro horas. Obligatoria al principio, esta disposición se relajó más adelante.
El 13 de diciembre se aprobó una ley sobre los medios de comunicación que ampliaba las competencias ya excesivas del Consejo Nacional de Radio y Televisión —órgano oficial regulador de estos medios— para hacer advertencias, multar, retirar la licencia y suspender la actividad de cualquier medio de comunicación, así como bloquear temporalmente sin orden judicial el acceso a recursos digitales no informativos.
Las presiones de la guerra impulsaron una solidaridad mayor con algunos grupos antes marginados. Personas que se declaraban abiertamente gays, lesbianas y transgénero dijeron sentirse bienvenidas y respetadas en las fuerzas ucranianas como voluntarias o reclutas, lo que contrastaba enormemente con 2014, cuando comenzaron los combates en Ucrania oriental y se rechazaba la presencia de personas LGBTI en las fuerzas ucranianas.
En julio se presentó una petición en favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo respaldada por más de 25.000 firmas, lo que obligó a dar una respuesta presidencial. En agosto, el presidente Zelenski afirmó que apoyaba la medida, pero señaló que era necesaria una reforma constitucional, lo cual era imposible durante la ley marcial. En su lugar, prometió nueva legislación sobre la inscripción en registro de las uniones civiles, dando a entender que se extendería a las parejas del mismo sexo.
Personas trans con un documento de identidad cuya mención relativa al sexo era incorrecta dijeron que habían sido interceptadas —y en ocasiones acosadas— al intentar salir del país debido a una disposición de la ley marcial que prohibía la salida a varones de entre 18 y 60 años.
Las mujeres fueron asumiendo progresivamente roles antes dominados por los hombres, sobre todo en las fuerzas armadas, pero seguían teniendo escasa representación en las estructuras políticas y de toma de decisiones.
Se agravaron algunas desigualdades existentes. Según ONU Mujeres, más de un tercio de las familias sostenidas por mujeres en las zonas de conflicto tenían dificultades para obtener suficiente comida.
El conflicto tuvo asimismo consecuencias importantes para la salud materna. Los ataques rusos contra centros médicos y redes eléctricas, y la escasez de personal con formación redujeron en gran medida los servicios disponibles, y hubo un marcado incremento de nacimientos prematuros.
Muchas de las personas que trabajaban con víctimas de violencia de género en el ámbito familiar informaron de un aumento de la violencia de género y una reducción de los servicios disponibles.
Se denunciaron crímenes de guerra de violación y agresión sexual en las zonas ocupadas por Rusia. Sin embargo, su documentación entrañaba dificultades para las autoridades y las ONG por múltiples razones, entre ellas la desconfianza de las sobrevivientes y el estigma social asociado.
En julio, Ucrania ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) y se convirtió en miembro de pleno derecho el 1 de noviembre.
La guerra tuvo efectos devastadores en el medioambiente al consumir enormes cantidades de combustibles fósiles, destruir hábitats, causar incendios forestales y contaminar el aire, el agua y el suelo de Ucrania con sustancias tóxicas.
Además, la actuación de Rusia en las hostilidades hizo crecer el temor de un incidente nuclear. Tras tomar el control de la central nuclear de Zaporiyia el 4 de marzo, Rusia apostó en su interior tropas y armamento militar. Hubo reiterados informes de ataques con mortero y otras explosiones en las inmediaciones de los que cada parte culpó a la otra, y varias infraestructuras sufrieron destrozos. En septiembre, los seis reactores ya estaban apagados. Al final del año se estaba negociando el establecimiento de una zona desmilitarizada alrededor de la central bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
En noviembre, los ataques rusos contra la red eléctrica general de Ucrania dieron lugar al apagado de emergencia de todos los reactores nucleares del país. Los peligros inherentes de apagar y reiniciar repetidamente los reactores nucleares llevaron al OIEA a calificar la situación de “inestable, problemática y potencialmente peligrosa”.
A diferencia de otros territorios ocupados por Rusia, Crimea —anexionada ilegalmente en 2014— no se vio afectada enseguida por la guerra, aunque sufrió ataques ocasionales de Ucrania contra diversos objetivos, desde embarcaciones hasta aeropuertos, y una explosión que causó la destrucción parcial del puente que unía la península a Rusia.
Continuó la represión ejercida por las autoridades de facto sobre los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, con represalias continuas contra activistas y miembros destacados de la comunidad tártara crimea, personas con ideas favorables a Ucrania y miembros de grupos religiosos minoritarios. Las expresiones culturales y musicales ucranianas estaban penalizadas en la práctica y se impusieron multas o detención administrativa a varias personas por interpretar canciones ucranianas en actuaciones privadas.
Los equipos de defensa de las víctimas de procesos judiciales de motivación política fueron objeto de registros ilegales, arrestos arbitrarios, fuertes multas y detención administrativa. El 15 de julio, la abogada Lilya Gemedzhi y los abogados Rustem Kyamilev y Nazim Sheikhmambetov fueron inhabilitados como aparente represalia por defender a activistas tártaros crimeos.9
En septiembre, el preso de conciencia Nariman Dzhelyal, el más destacado de los exmiembros del Mejlis del Pueblo Tártaro Crimeo —órgano representativo que había sido prohibido arbitrariamente— fue declarado culpable de cargos falsos de sabotaje y condenado a 17 años de prisión. También se impusieron largas penas de prisión a sus coacusados.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
