Txad

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica siguieron restringidos, y las autoridades prohibieron varias protestas con el pretexto de mantener el orden público. Un periodista fue asesinado y otros recibieron amenazas. No se abrió investigación alguna tras la muerte de un líder de oposición durante un asalto de las fuerzas de seguridad a la sede de su partido; posteriormente, fueron detenidos 25 de sus familiares sin que se les brindara acceso a asistencia letrada. Las condiciones de reclusión seguían incumpliendo las normas internacionales de derechos humanos. La violencia de género seguía siendo generalizada.

Información general

El 6 de mayo, Mahamat “Kaka” Déby fue declarado oficialmente vencedor de las elecciones presidenciales, lo que puso fin al periodo de transición iniciado en abril de 2021 tras la muerte del presidente Idriss Déby.

Hubo inundaciones en varias ciudades del país, que provocaron cientos de muertes y el desplazamiento de miles de personas.

Continuaron los conflictos entre pastores y agricultores en un contexto de presión creciente sobre los recursos naturales, agravada por la falta de pastos en el norte del país y el crecimiento demográfico en el sur.

Libertad de expresión y de reunión

El gobierno impidió repetidamente las manifestaciones, alegando que estaba prohibido protestar contra el aumento del costo de la vida. En junio se prohibió una manifestación de graduados y graduadas que protestaban por haberse incumplido las promesas que les habían hecho en relación con puestos de trabajo en el sector público.

En marzo, el Sindicato de Periodistas de Chad hizo pública una declaración en la que destacaba el aumento de las amenazas contra periodistas e instaba a las autoridades a tomar medidas para garantizar la seguridad de quienes ejercían el periodismo y de sus familias, tras el asesinato del periodista Idriss Yaya, su esposa y su hijo de cuatro años cometido el 1 de ese mes en el pueblo de Djondjol, cerca de Mangalmé. Idriss Yaya, que trabajaba para una emisora de radio en Mongo, había recibido múltiples amenazas antes de su asesinato, probablemente relacionadas con sus informaciones sobre la escalada de los conflictos comunales en la región. El 2 de marzo fueron detenidas nueve personas en relación con esos homicidios.

El 7 de agosto, unos hombres armados y enmascarados detuvieron a Badour Oumar Ali, redactor jefe del principal portal de noticias de Chad, Tchadinfos.com, y lo condujeron a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional. El periodista quedó en libertad sin cargos 24 horas después. El incidente, enmarcado en una tendencia más amplia de acoso e intimidación a los medios de comunicación, se produjo tras la suspensión temporal del sitio web a finales de julio.

En septiembre fue detenido y expulsado del país Reed Brody, abogado de derechos humanos húngaro-estadounidense conocido por su trabajo en apoyo de las víctimas de la represión durante la presidencia de Hissène Habré. Su expulsión tuvo lugar cuando se disponía a asistir a una conferencia en la que se pedía al Estado que indemnizara plenamente a las víctimas del régimen anterior y en la que el abogado iba a presentar su libro sobre el enjuiciamiento de Hissène Habré.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En febrero murió tiroteado Yaya Dillo, líder de la oposición, durante una irrupción de las fuerzas de seguridad en la sede del Partido Socialista Sin Fronteras (PSF), que encabezaba. Los disparos se produjeron después de que se acusara a simpatizantes del político de atacar la Agencia de Seguridad Nacional y de intentar asesinar al presidente del Tribunal Supremo. Succès Masra, primer ministro del gobierno de transición, anunció la puesta en marcha de una comisión internacional de investigación para determinar responsabilidades por la muerte de Dillo. Sin embargo, al finalizar el año la investigación no había avanzado.

Derecho a un juicio justo

Tras la muerte de Yaya Dillo (véase supra), 25 de sus familiares —también activistas del PSF y entre los que había tres menores de 18 años— fueron detenidos y permanecieron cinco meses recluidos sin comparecer ante un juez. Estuvieron encarcelados en la prisión de alta seguridad de Koro Toro, a 600 km de donde residían (Yamena), sin acceso a asistencia letrada ni atención médica.¹

Durante las audiencias judiciales llevadas a cabo por tribunales ambulantes en la prisión de Koro Toro del 2 al 4 de julio, se absolvió a 10 de esas personas por falta de pruebas, aunque no se las puso en libertad, y se condenó a 14 a una pena de 10 años de prisión. Una persona permaneció detenida en Yamena sin que se formularan cargos contra ella. El 23 de septiembre fue detenido también en Yamena el secretario general del partido. En noviembre y diciembre, todas las personas detenidas, salvo el secretario general, fueron puestas en libertad, sin que se diera explicación alguna.

Derechos de las personas detenidas

En agosto, Human Rights Watch publicó un informe en el que ponía de manifiesto las violaciones graves de derechos humanos asociadas a la reclusión de las personas detenidas durante las protestas de Yamena en octubre de 2022. Algunas personas que habían estado detenidas describían la angustia sufrida durante el trayecto hasta la prisión de Koro Toro, sometidas a transporte en condiciones de hacinamiento y a deshidratación grave; así como el trato inhumano, incluidas palizas y falta de atención médica, que habían sufrido una vez en la prisión.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Según el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial para 2024, Chad ocupaba el puesto 144 de 146 países en cuanto a igualdad de género. La Unidad de Conexión e Información de las Asociaciones de Mujeres informó en junio de que la dificultad de las mujeres para acceder a tierras, sobre todo en el contexto de las herencias, contribuía a afianzar las desigualdades.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas registró 1.310 casos de violencia de género en Chad entre enero y junio, y 794 entre julio y septiembre. Los casos implicaban sobre todo violencia física y psicológica, pero también hubo un número significativo de casos relacionados con negación de recursos, agresión sexual, violación y matrimonio forzado. Las organizaciones que trabajaban en ese ámbito subrayaron que la cifra real probablemente era más alta debido a los casos que no se denunciaban.

Derechos económicos, sociales y culturales

El aumento del costo de la vida desató un descontento generalizado. En respuesta, las autoridades aplicaron medidas de apoyo a la población más vulnerable. El 11 de marzo, dos meses antes de las elecciones presidenciales y coincidiendo con el inicio del Ramadán, el gobierno anunció la gratuidad del agua y la electricidad hasta finales de año, con una cobertura mensual de hasta 300 kilovatios/hora por hogar. El anuncio, que se produjo en medio de continuos cortes de electricidad en muchos barrios, llegó acompañado de reducciones del 50% en los impuestos al transporte.

En septiembre, Acción contra el Hambre informó de que en Chad había al menos 3,4 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria crítica, de las cuales aproximadamente 620.000 eran población refugiada que huía del conflicto de Sudán. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) concluyó que sólo se había recibido el 50% de los 1.120 millones de dólares estadounidenses necesarios para ayuda humanitaria.