Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Continuó la represión de quienes criticaban al gobierno. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil y violaron el derecho a la libertad de expresión. Se prohibieron algunas protestas y las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva contra quienes se manifestaban de forma pacífica desafiando la prohibición. Persistieron la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas. El acceso a alimentos y a atención de la salud seguía siendo precario para gran parte de la población.
En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 11 de abril, una plataforma llamada Wakit Tama (“ha llegado la hora”), integrada por partidos de la oposición, sindicatos y ONG, se movilizó para protestar contra un proceso electoral que consideraban no transparente y no inclusivo. A partir de abril, el Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad (FACT), un grupo armado chadiano radicado en Libia, lanzó varios ataques en el norte y el oeste del país. Antes de que la comisión electoral anunciara oficialmente su reelección para un sexto mandato, el presidente Idriss Déby Itno murió por las heridas sufridas durante una visita a la zona de combate. Su muerte dio lugar al establecimiento de un consejo militar de transición dirigido por su hijo, Mahamat Idriss Déby.
En junio, Baradine Berdeï Targuio, presidente de la Organización Chadiana de Derechos Humanos, fue puesto en libertad condicional. Detenido el 24 de enero de 2020, cumplía una condena de tres años de prisión tras una publicación en Facebook en la que afirmaba que el presidente Idriss Déby estaba enfermo. Estuvo detenido en régimen de incomunicación durante casi siete meses antes de ser acusado formalmente en agosto de 2020 de quebrantamiento de la seguridad nacional, posesión ilegal de armas, agresión y lesiones. No se aclararon las condiciones de su excarcelación.
El secretario general de la Convención Chadiana para la Defensa de los Derechos Humanos, Mahamat Nour Ibedou, que secundó a la coalición Wakit Tama en varias manifestaciones contra el régimen, sufrió acoso de las autoridades judiciales. Fue citado a comparecer en varias ocasiones por su participación en las manifestaciones y en marzo fue detenido durante una protesta contra la candidatura de Idriss Déby para un sexto mandato. Quedó en libertad sin cargos después de estar tres días detenido. Lo citaron de nuevo en julio tras presentar el Ministerio de Seguridad Pública una acusación en relación con una declaración en la que Mahamat Nour Ibedou había denunciado las condiciones de reclusión de miembros del FACT.
Entre enero y mayo, las autoridades chadianas negaron a la población el derecho de protesta pacífica al prohibir sistemáticamente las concentraciones aduciendo que probablemente alterarían el orden público. Estas prohibiciones no fueron acatadas por manifestantes que protestaron primero contra el proceso electoral y después contra el establecimiento del gobierno de transición. Las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas pacíficas.
En febrero, al menos 14 manifestantes fueron detenidos en la capital, Yamena, y acusados de “agresión y lesiones voluntarias, alteración del orden público y destrucción de bienes del Estado”.1 Quedaron en libertad unos días después. Ese mismo mes, las fuerzas de seguridad atacaron la vivienda de un miembro de la oposición política porque presuntamente se había negado a responder a varias citaciones de los tribunales.2 Según las ONG locales de derechos humanos, este ataque se saldó con la muerte de dos familiares suyos que estaban en el interior de la casa.
En abril y mayo, al menos 16 manifestantes murieron en Yamena y en la ciudad de Moundou, en el sur del país, durante las protestas organizadas por la coalición Wakit Tama.3 Además, hubo decenas de heridos y al menos 700 manifestantes fueron detenidos. Muchos de los detenidos quedaron en libertad inmediatamente después de las protestas. Varias personas declararon que habían sido atacadas con armas letales por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuando se manifestaban. Las autoridades anunciaron la apertura de una investigación judicial sobre estos incidentes. Un agente de policía que presuntamente disparó su arma fue suspendido de empleo. Al terminar el año seguía sin disponerse de información sobre los avances de la investigación.
En mayo, el gobierno de transición autorizó una manifestación en apoyo de las autoridades, mientras que otra organizada por la plataforma Wakit Tama fue prohibida.
Continuaron la discriminación y la violencia generalizadas contra las mujeres y las niñas. En junio, las mujeres protestaron en las calles contra la violencia sexual y la cultura de impunidad para los autores de este tipo de actos, tras la violación en grupo de una niña de 15 años que fue filmada y compartida en redes sociales.
La matriculación de niñas en las escuelas de enseñanza secundaria siguió disminuyendo, y pasó del 31% en 2017 al 12% en 2021, según el Foro Económico Mundial. (La matriculación de niños en la enseñanza secundaria era del 25% en 2021.) Una de las causas era el cierre de centros escolares en todo el país en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19, periodo durante el cual varias organizaciones observaron una tasa mayor de matrimonios precoces y forzados.
Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la inseguridad alimentaria y la malnutrición afectaban a 5,5 millones de personas en Chad, a 1,7 millones de ellas de forma severa. La situación seguía siendo precaria en las provincias donde las actividades de grupos armados dañaban las cosechas y obligaban a la población a trasladarse. Además, 1,7 millones de personas —entre ellas niños, niñas y mujeres embarazadas y lactantes— se veían afectadas por emergencias de salud.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud chadiano, en el país estalló una epidemia de sarampión, con 264 casos confirmados y 15 muertes. Las provincias del sur fueron las más afectadas, y la baja cobertura de la vacunación amenazaba con provocar otro brote.
Durante el año se confirmaron al menos 350.000 casos de malaria, con 546 muertes, según el Comité Técnico Nacional de Lucha contra las Epidemias. Los hospitales estaban desbordados por el número de casos y no podían tratar a todos los pacientes debido a la escasez de camas. El Ministerio de Salud desinfectó varios distritos de Yamena y distribuyó mosquiteras tratadas con insecticidas.
Hasta diciembre, Chad había registrado 6.185 casos de COVID-19 y 184 muertes. El número de personas vacunadas ascendía a 367.000, pero sólo 80.663 habían completado la pauta de vacunación (para una población de aproximadamente 17 millones). Chad se benefició de la iniciativa COVAX y lanzó su campaña de vacunación en junio en Yamena, Moundou y Abéché. En octubre, la OMS informó de que había 63 puntos de vacunación en el país.
En agosto, el expresidente Hissène Habré murió en Senegal. El 27 de abril de 2017, la Sala de Apelaciones de las Salas Africanas Extraordinarias de Dakar había confirmado la declaración de culpabilidad y la cadena perpetua impuesta a Hissène Habré por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y tortura, incluida la esclavitud sexual, y le había condenado a pagar aproximadamente 150 millones de dólares estadounidenses en concepto de indemnización a las víctimas. Además, se ordenó al Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas creado por la Unión Africana que procediera a la localización, seguimiento, congelación y embargo de sus bienes, así como que recabara y obtuviera contribuciones voluntarias de los Estados y otras partes interesadas. A pesar de estos anuncios alentadores, al terminar el año las víctimas no habían sido indemnizadas.
Según los abogados de las víctimas, seguía sin implementarse una orden judicial de 2015 que había concedido el pago conjunto de indemnizaciones por parte del Estado chadiano y 20 cargos del gobierno de Hissène Habré condenados por asesinato y tortura.
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