Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las prematuras declaraciones del gobierno que anunciaban el fin de la transmisión de la COVID-19 y su rígido control de la información publicada menoscabaron las medidas para proteger la salud pública durante la pandemia. Las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar continuaban encontrando obstáculos para acceder a la justicia. La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y el número de casos denunciados seguía siendo inferior al real. Las autoridades restringieron indebidamente la libertad de expresión, lo que dio lugar a la imposición de largas penas de prisión por cargos de motivación política a activistas de la oposición y personas que criticaban al gobierno.
El 28 de abril estalló un conflicto armado por un tramo en disputa de la frontera de Tayikistán con Kirguistán; el desencadenante fue un enfrentamiento por el acceso al agua entre habitantes de la zona a ambos lados de la frontera. Las autoridades tayikas afirmaron que, en el momento del cese de la violencia, el 1 de mayo, 19 personas habían muerto y 87 habían resultado heridas en el lado tayiko. En julio, el gobierno anunció su disposición a aceptar 100.000 personas refugiadas procedentes de Afganistán. En agosto, los medios de comunicación informaron de que 2.000 habían transitado por Tayikistán y ya estaban todas reasentadas en terceros países. En septiembre, el ministro del Interior manifestó que Tayikistán no tenía la infraestructura necesaria para acoger un gran número de personas refugiadas. Otras 200 personas de nacionalidad afgana intentaron entrar en Tayikistán en septiembre, pero sólo 100 —mujeres y menores de edad— fueron admitidas.
Las autoridades sometieron a un control férreo toda la narrativa relacionada con la pandemia de COVID-19, minimizando sus efectos reales; esto hizo que las medidas adoptadas para controlar su propagación y proteger la salud pública fueran tardías y menos eficaces. El 26 de enero, el presidente declaró ante el Parlamento que no había más casos de COVID-19 en Tayikistán. Según información publicada en medios de comunicación, el personal médico sufría presiones para no diagnosticar la enfermedad y al menos un médico fue despedido tras dar positivo en una prueba. El 21 de junio, la Oficina del Primer Ministro anunció que se habían detectado varios casos y afirmó que la culpa era de la población que no respetaba las medidas de protección.
Se estableció la vacunación obligatoria de toda la población adulta, pero no se informó de cómo se iba a hacer cumplir dicha obligación. Al final del año se habían administrado más de 4 millones de dosis vacunales. En septiembre, el gobierno anunció que se habían registrado 17.000 casos de COVID-19 y 124 muertes desde el principio de la pandemia; sin embargo, medios de comunicación independientes aseguraban que estas cifras eran muy superiores según la información de que disponían.
Las sobrevivientes de violencia sexual seguían encontrando numerosos obstáculos para acceder a ayudas, protección y justicia. La Ley sobre Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Familiar de 2013 permitía a las sobrevivientes denunciar los abusos ante agentes encargados de hacer cumplir la ley, pero no obligaba a los organismos pertinentes a tomar medidas adecuadas para investigar las denuncias, dictar órdenes de protección y abrir causas penales. Se estaba debatiendo en el Parlamento un nuevo borrador de Código Penal que incluía un artículo que penalizaba expresamente la violencia de género intrafamiliar. Sin embargo, no abordaba todas las formas de violencia, en particular la violencia psicológica y la violación y la agresión sexual dentro el matrimonio.
En febrero entró en vigor un plan de acción que formaba parte de una nueva estrategia para reformar el sistema de justicia penal. El plan preveía la vigilancia independiente de los centros de detención, así como la mejora de los mecanismos de denuncia para las personas recluidas en centros penitenciarios y la introducción de mecanismos de investigación sobre muertes bajo custodia.
El número de casos de tortura y otros malos tratos denunciados ante las autoridades seguía siendo muy reducido. En marzo, el equipo de asistencia jurídica de la ONG Coalición contra la Tortura informó de que había documentado al menos 38 casos de tortura y otros malos tratos en 2020 y señaló que representaban una mínima parte del número real de casos.
En junio, tres agentes de policía fueron condenados a entre 10 y 13 años de prisión por la tortura en 2017 de Hasan Yodgorov, quien había “confesado” un asesinato tras ser torturado por la policía con palizas y descargas eléctricas durante varios días en Tursunzoda (oeste de Tayikistán). Estuvo 6 meses en detención previa al juicio, hasta que en mayo de 2018 quedó en libertad al retirarse los cargos contra él cuando fue detenido otro sospechoso. Hasan Yodgorov denunció la tortura al día siguiente de su liberación. En virtud de una amnistía, dos de los agentes de policía se beneficiaron de una reducción de condena.
Las autoridades continuaron reprimiendo a activistas de la oposición y a personas críticas con el gobierno imponiéndoles largas penas de cárcel por cargos de motivación política, solicitando con frecuencia su extradición del país de exilio y hostigando a sus familiares en Tayikistán y en el extranjero.
El 13 de enero, Sadi Rakhmatov, cuñado de Sharofiddin Gadoev, líder adjunto del Grupo 24 —movimiento de oposición política arbitrariamente prohibido—, fue liberado en Grecia tras permanecer dos meses en detención porque las autoridades tayikas lo habían incluido en una lista de personas buscadas por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Said Rakhmatov había sido acusado en Tayikistán de “facilitar mercenarios”, delito penado con 15 años de prisión.
El 25 de marzo desapareció Izzat Amon (también llamado Izatullo Kholov), abogado independiente y presidente del Centro Tayiko de Moscú. Dos días después, el Ministerio del Interior tayiko anunció que estaba detenido en la capital, Dushambé, tras su extradición desde Rusia. Izzat Amon había criticado repetidamente al gobierno tayiko por no proteger los derechos de la población migrante de su país en Rusia. En octubre, el Tribunal Municipal de Dushambé lo condenó a nueve años de prisión por fraude.
El 1 de junio, Mirzo Hojimuhammad, exmiembro del Partido del Renacimiento Islámico de Tayikistán, prohibido arbitrariamente, fue condenado a cinco años de prisión por “pertenencia a una organización extremista prohibida”. Llevaba dos años ejerciendo de médico en Rusia y había vuelto a Tayikistán de visita en febrero. Fue sometido a restricciones de viaje y, en mayo, arrestado. Según informes, su declaración de culpabilidad se basó en comentarios no especificados que había publicado en redes sociales. En 2020 había ofrecido una entrevista a un medio de comunicación en la que criticaba la respuesta tardía de las autoridades a la pandemia de COVID-19.
En enero, el periodista independiente Daler Sharipov quedó en libertad una vez cumplida su condena. En abril de 2020 había sido declarado culpable de “incitar a la discordia religiosa” y condenado a un año de prisión por difundir y publicar extraoficialmente su disertación sobre el islam.
En octubre se redujo en cuatro años la pena impuesta al abogado Buzurgmekhr Yorov en virtud de una amnistía decretada con motivo del 30 aniversario de la independencia del país. Había sido condenado a 28 años de prisión por representar a varios miembros del prohibido Partido del Renacimiento Islámico.
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