Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las fuerzas de seguridad mataron a decenas de manifestantes de etnia pamiri al reprimir con violencia las protestas y lanzar una “operación antiterrorista” en el este del país. Se detuvo y condenó en juicios injustos a activistas, dirigentes locales, periodistas y titulares de blogs. Muchas de estas personas denunciaron haber sido torturadas. El acceso a la información, incluido el acceso a través de los medios de comunicación y de Internet, continuaba fuertemente restringido. La violencia de género en el ámbito familiar seguía siendo generalizada y las víctimas rara vez obtenían justicia o apoyo. Se siguió deteniendo y deportando a personas refugiadas afganas.
Información general
La vida económica y política de Tayikistán seguía fuertemente controlada por el presidente, en el trigésimo año de su gobierno, y por sus familiares.
Durante unos enfrentamientos transfronterizos que tuvieron lugar en septiembre entre Tayikistán y Kirguistán, más de 100 personas, entre ellas decenas de civiles, perdieron la vida de manera violenta, y se destruyeron casas, escuelas y mercados.
En mayo, tras meses de represión selectiva dirigida por el gobierno central, las tensiones de larga data en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, en el este del país, entre estas autoridades y la población pamiri —pequeña minoría étnica no reconocida perteneciente a la comunidad islámica chií ismailí— desencadenaron nuevas protestas. Las autoridades las reprimieron brutalmente y el 18 de mayo lanzaron una “operación antiterrorista” en la que, durante varias semanas, decenas de pamiris perdieron la vida de manera violenta. Fueron detenidas más de 200 personas.
La cifra oficial proporcionada por el gobierno en mayo era inicialmente de 21 personas muertas en la “operación antiterrorista” realizada en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, aunque según fuentes no oficiales las personas fallecidas fueron más del doble. Las circunstancias de muchas muertes, a falta de información independiente de Tayikistán, dieron lugar a denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Destacados activistas, dirigentes locales informales, poetas, líderes religiosos y periodistas fueron objeto de detención arbitraria.
Varios miembros importantes de la diáspora pamiri en Rusia fueron secuestrados y reaparecieron bajo custodia en Tayikistán. Al terminar el año, la mayoría de las personas detenidas habían sido condenadas a largas penas de prisión en juicios injustos, normalmente por supuesta pertenencia a una organización criminal y por tratar de subvertir el orden constitucional. Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de algunas de las personas detenidas, lo que hacía temer que hubieran sido sometidas a desaparición forzada.
La represión de importantes influencers, dirigentes locales y activistas pamiris fue acompañada de un ataque general contra el legado cultural de esa etnia. Tras los disturbios de mayo y junio, las autoridades cerraron y confiscaron propiedades de varias organizaciones locales vinculadas a la red de desarrollo Aga Khan que trabajaban en los ámbitos de la educación, el desarrollo económico y la instrucción religiosa.
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. Los pocos medios de comunicación independientes que quedaban, personas defensoras de los derechos humanos y titulares de blogs fueron objeto de la dura represión que siguió a las protestas en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán.
El 17 de mayo, los periodistas Mullorajab Yusufi y Anushervon Aripov, que trabajaban para el servicio tayiko de Radio Free Europe y para el medio informativo regional Current Time, fueron golpeados brutalmente por unos agresores no identificados en la capital, Dushambé, poco después de entrevistar a la reputada periodista pamiri y activista de derechos humanos Ulfatkhonim Mamadshoeva sobre lo sucedido en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán.
Al día siguiente, la propia Ulfatkhonim Mamadshoeva fue arrestada y acusada de “pedir públicamente el derrocamiento del orden constitucional”. En diciembre fue condenada a 21 años de prisión en un juicio injusto celebrado a puerta cerrada. Tras su arresto, las autoridades ordenaron a Asia-Plus, la agencia de noticias privada para la que trabajaba, que dejara de cubrir los hechos ocurridos en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán. Otros medios de comunicación denunciaron coacciones similares.
El 19 de mayo fue arrestado el bloguero y periodista pamiri Khushruz Jumayev (conocido en Internet como Khush Gulyam). Fue condenado en diciembre a ocho años de cárcel por cargos opacos relacionados con los hechos que tuvieron lugar en mayo en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán.
Durante el año, otros activistas afrontaron también juicios injustos: por ejemplo, una docena de miembros de la Comisión 44, grupo independiente de abogados y defensores de los derechos humanos creado para investigar el homicidio en noviembre de 2021 de un activista, suceso que desencadenó protestas en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán. Shaftolu Bekdavlatov y Khujamri Pirmamadov fueron condenados a 18 años de prisión cada uno por organizar un grupo delictivo y recibir ayuda económica del extranjero. El director de la Asociación de Abogados Pamiris, Manuchehr Kholiknazarov, fue condenado a 15 años de cárcel el 9 de diciembre.
Periodistas y titulares de blogs también hicieron frente a procesamientos por informar de manera crítica sobre cuestiones no relacionadas con la Provincia Autónoma de Alto Badajshán. El 15 de junio, Daler Imomali y Avazmad Gurbatov (también conocido como Abdullo Gurbati), periodistas y defensores de los derechos humanos que habían estado informando ampliamente sobre violaciones de derechos sociales y económicos, fueron arrestados poco después de informar sobre la demolición de viviendas en Dushambé.
El 4 de octubre, Avazmad Gurbatov fue condenado en un juicio celebrado a puerta cerrada a 7 años y medio de prisión por los cargos falsos de agresión a un agente de policía y pertenencia a la organización política Grupo 24, prohibida arbitrariamente. En otro juicio, celebrado 2 semanas después, Daler Imomali fue condenado a 10 años de prisión por los cargos igualmente inverosímiles de evasión fiscal, difusión de información falsa y pertenencia a Grupo 24.
Internet estuvo cerrado totalmente los primeros meses del año en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán, y el resto del año sólo funcionó de manera intermitente y parcial. En todo el país se mantenían restricciones estrictas.
Seguía estando muy extendida la práctica de la tortura y otros malos tratos, tanto como medio de intimidación como para la obtención de “confesiones”. La población reclusa continuó denunciando desatención y abusos, tales como palizas, falta de acceso a alimentos y agua, y frío y humedad en las celdas.
Mientras se hallaba detenido en espera de juicio tras ser arrestado en julio, el bloguero Abdusattor Pirmuhammadzoda, que había sido despedido de una emisora de radio estatal por criticar al gobierno en 2020, logró sacar clandestinamente una carta en la que denunciaba haber sido objeto de graves palizas, descargas eléctricas y tortura psicológica, incluidas amenazas a su familia, para obtener una “confesión”. Fue condenado a siete años de cárcel en noviembre.
En junio, cuando se dirigía a un concierto en un parque público de Dushambé, Elobat Oghalykova fue arrestada por ir ataviada con un vestido negro de duelo por la muerte de unos de sus hijos, práctica tradicional que se había prohibido en 2017. Le propinaron una paliza en la comisaría del distrito de Spitamen y tuvo que ser hospitalizada. Cuando presentó una denuncia, la amenazaron con 15 días de detención por desobedecer a un agente de policía.
Según diversos indicadores publicados durante el año, incluido el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, la brecha de género en Tayikistán era la mayor de todos los países de Asia central y una de las mayores del mundo.
Según una encuesta publicada en junio por la Iniciativa Spotlight, de la Unión Europea y la ONU, el 77,3% de las personas encuestadas consideraban que la violencia contra las mujeres estaba muy extendida en Tayikistán y el 34% (de ambos géneros) creían que era justificable golpear a una pareja que se hubiera negado a obedecer. El informe complementario ponía de relieve muchos problemas de larga data: un marco jurídico débil; el alcance limitado y la financiación inadecuada de los servicios de protección, y las actitudes estereotípicas de los proveedores de servicios públicos, incluidos los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Al terminar el año no se había aprobado el proyecto de Código Penal presentado en el Parlamento en 2021, que tipificaba como delito la violencia de género en el ámbito familiar.
En agosto, el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, expresó preocupación por que se seguía deteniendo y deportando a personas afganas refugiadas. Sólo en agosto y septiembre, el ACNUR documentó decenas de casos. Miembros de la comunidad refugiada afgana, conformada por cerca de 14.000 personas, denunciaron que las expulsiones forzadas se estaban llevando a cabo sin seguir ningún procedimiento y sin justificación lógica.
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