Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

La muerte de varios presos puso de relieve las inhumanas condiciones de reclusión, y la impunidad de la tortura y otros malos tratos generalizados era casi total. Se impusieron largas penas de prisión a figuras políticas de la oposición, ex cargos públicos y periodistas por cargos dudosos tras juicios injustos. El abogado de derechos humanos Buzurghmehr Yorov seguía cumpliendo una larga condena a pesar de la indignación internacional. Aunque se despenalizó la acción de dar “me gusta” a comentarios críticos en redes sociales, la libertad de expresión continuaba sometida a fuertes restricciones y hubo enjuiciamientos de periodistas. Continuaba la persecución de la minoría pamiri. Las autoridades tomaron medidas para expulsar a personas refugiadas afganas. Aumentaron los casos de violencia de género en el ámbito familiar. Persistía la falta de acceso a agua y saneamiento.

Información general

En febrero, la OSCE canceló la misión de observación de las elecciones parlamentarias que tenía previsto realizar el mes siguiente debido a la “falta de garantías por parte de las autoridades de Tayikistán de que el personal observador fuera acreditado y pudiera desempeñar su trabajo” y expresó su preocupación por la falta de imparcialidad y por la integridad general del proceso electoral.

La economía siguió dependiendo en gran medida de las remesas que enviaba la diáspora, especialmente los trabajadores y trabajadoras migrantes en Rusia, y continuó creciendo, aunque a un ritmo más lento, según cálculos, pasando del 8,4 en 2024 al 7,5% en 2025.

Derecho a la vida

Las malas condiciones de reclusión, incluida la ausencia de tratamiento médico adecuado, fueron, al parecer, la causa de la muerte de varios presos, y afectaban especialmente a quienes habían sido procesados por motivos políticos o condenados tras juicios injustos y parecían señalados para recibir peor trato.

Cinco activistas pamiris —Kulmamad Pallaev, Bogsho Imatshoev, Aslan Gulobov, Muzaffar Davlatmirov y Eronsho Makhmadrakhimov—murieron bajo custodia entre enero y julio. No se tuvo constancia de ninguna investigación efectiva sobre las circunstancias de sus muertes.

Zubaidullo Rozik, disidente y exmiembro destacado del Partido del Resurgimiento Islámico de Tayikistán, murió en prisión el 24 de septiembre mientras cumplía 25 años de condena por cargos de motivación política.

En octubre, Saidazam Rakhmonov falleció a la semana de ser arrestado, presumiblemente, por sospechas de extremismo o terrorismo. La familia denunció que su cadáver presentaba marcas de golpes y quemaduras eléctricas. Las autoridades aseguraron que se había suicidado.

Impunidad

Seguían sin abordarse las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley. A pesar de la evidencia de tortura y otros malos tratos generalizados y continuados en los centros penitenciarios —que incluían palizas, negación de la asistencia médica necesaria y detención prolongada en régimen de incomunicación—, los informes indicaban que en 2025 sólo había sido procesado y condenado por cargos de tortura un funcionario.

Incumpliendo las obligaciones de Tayikistán en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, las autoridades no arrestaron al presidente ruso Vladimir Putin durante su visita al país en octubre como exigía la orden de detención dictada por la Corte.

Detención arbitraria y juicios injustos

El 5 de febrero se impusieron penas de hasta 27 años de prisión a ocho personas, entre las que había destacadas figuras políticas de la oposición y ex altos cargos públicos, por traición al Estado y tentativa de toma violenta del poder. El juicio se celebró a puerta cerrada y las autoridades no hicieron pública ninguna prueba de culpabilidad ni de conspiración.

El 29 de septiembre, 12 organizaciones internacionales de derechos humanos pidieron a las autoridades tayikas que pusieran en libertad al abogado de derechos humanos Buzurghmehr Yorov, encarcelado arbitrariamente desde 2015 por su trabajo. Al final del año no se había recibido ninguna respuesta oficial y Yorov continuaba cumpliendo su condena de 23 años.

Libertad de expresión

En mayo se despenalizó la acción virtual de dar “me gusta” a publicaciones digitales que “justificaran o incitaran al terrorismo o el extremismo”. Sin embargo, la libertad de expresión continuaba sometida a restricciones indebidas y la crítica pública de las autoridades estaba prohibida en la práctica.

El 10 de enero, un tribunal de la ciudad de Kulob condenó a Ahmad Ibrohim, redactor jefe del diario semanal independiente Payk, a 10 años y cuatro meses de prisión por dudosos cargos de soborno, extorsión y extremismo. La causa fue clasificada secreta y el juicio se celebró en el centro de detención preventiva.

La periodista Rukhshona Khakimova fue una de las personas declaradas culpables el 5 de febrero del cargo de motivación política de traición al Estado, tras un juicio a puerta cerrada ante el Tribunal Supremo (véase supra). Fue condenada a ocho años de prisión y sus ahorros bancarios fueron confiscados. Medios de comunicación informaron de que, según fuentes confidenciales, su enjuiciamiento estaba relacionado con una investigación inédita que había realizado sobre la influencia de China en Tayikistán.

Discriminación

Persistía la discriminación y persecución de miembros de la minoría pamiri en la Provincia Autónoma de Alto Badajshán. Sus lenguas, prácticas culturales e identidad religiosa seguían restringidas o negadas, y su aspiración a una autonomía real, reprimida. Los dirigentes y activistas comunitarios que habían sido detenidos arbitrariamente y encarcelados tras las protestas mayoritariamente pacíficas de 2021 y 2022 continuaron en prisión y no se beneficiaron de la amnistía anunciada por el presidente en marzo. Aún no se habían investigado las violaciones de derechos humanos —incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales— cometidas por los servicios de seguridad durante las protestas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En julio, el Comité de Estado para la Seguridad Nacional llevó a cabo redadas selectivas de personas refugiadas afganas, miles de las cuales habían huido a Tayikistán cuando los talibanes tomaron el poder en Afganistán. Las autoridades afirmaron que habían descubierto que varias de esas personas habían cometido diversas infracciones, y amenazaron con deportarlas. Algunas de ellas recibieron SMS anónimos que les ordenaban salir de Tayikistán en un plazo de 15 días. En varios casos, las autoridades se llevaron a familias enteras y, probablemente, las devolvieron a Afganistán.

Violencia contra mujeres y niñas

Persistían la violencia de género en el ámbito familiar y el matrimonio a edad temprana. Según datos estadísticos oficiales, en la primera mitad de 2025, el número de casos de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito familiar creció alrededor del 15% respecto al año anterior.

La violencia de género intrafamiliar no existía como delito diferenciado, por lo que las sobrevivientes tenían menos acceso a justicia y reparación.

Muchos refugios para víctimas de violencia de género intrafamiliar dependían en gran medida de la ayuda exterior y, según informes, estaban sufriendo las consecuencias del cierre de los programas financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Derecho al agua

Las autoridades aprobaron un plan para invertir unos 300 millones de dólares estadounidenses en mejorar el acceso a agua potable. Estaba previsto que la mayor parte del dinero proviniera de donantes internacionales.

Según datos oficiales, el 59% de la población no tenía acceso a un sistema centralizado de tuberías y el 8% no tenía acceso alguno a fuentes de agua locales. La situación era especialmente grave en las zonas rurales, donde el 76% de la población carecía de suministro centralizado de agua. Además, el 85% de la población, incluida la práctica totalidad de los habitantes de zonas rurales, no tenía sistema de alcantarillado.