Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que se había cometido una violación de la libertad de reunión pacífica. Un histórico informe de la ONU reveló que en Suiza había racismo sistémico. Se estudió una nueva ley sobre la violación, pero no se había aprobado aún. Seguían tramitándose varias iniciativas para reformar la ley sobre el aborto. El Parlamento adoptó medidas significativas aunque insuficientes dirigidas a reforzar la acción climática. La guerra en Ucrania puso de manifiesto deficiencias en el sistema de asilo vigente. Un nuevo anteproyecto de ley proponía otorgar al Servicio Nacional de Inteligencia amplios poderes de vigilancia.
Información general
Continuaron los esfuerzos por crear una nueva institución nacional de derechos humanos en 2023.
En septiembre, Suiza ratificó una reforma del artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) que declaraba que hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil se consideraría un crimen de guerra tanto en guerras civiles como en conflictos armados internacionales.
En marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió, en la causa Communauté genevoise d’action syndicale v. Switzerland, que se había cometido una violación del derecho a la libertad de reunión pacífica. La causa se remitió a la Gran Sala.
El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes, de la ONU, concluyó que el racismo era sistémico en Suiza. Recomendó la prohibición expresa de la aplicación de perfiles raciales, así como la creación de mecanismos civiles e independientes de queja con facultades de supervisión y autoridad disciplinaria sobre la policía en cada cantón.
En octubre, el gobierno suizo remitió al Parlamento un anteproyecto de ley que prohibía cubrirse el rostro; la propuesta había recibido el respaldo del 51,2% de los votantes en un referéndum de 2021.
En junio, el Parlamento otorgó al Consejo Federal el mandato imperativo de elaborar un plan de acción nacional para ayudar y proteger mejor a la población frente a los delitos de odio contra las personas LGBTI.
El 1 de julio, entraron en vigor las nuevas normativas que legalizaban el matrimonio civil entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.
En marzo, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad concluyó que Suiza había violado los derechos de alrededor de 1,8 millones de personas con discapacidad, sobre todo debido a la ausencia de una estrategia integral para aplicar la Convención relativa a los derechos de las estas personas. El Comité recomendó la ratificación del protocolo facultativo de la Convención sobre quejas individuales.
El Parlamento no concluyó sus deliberaciones sobre una nueva disposición penal sobre la violación. Aunque el Consejo de los Estados había optado en junio por el modelo conocido como “no significa no”, el Consejo Nacional aprobó el modelo “sólo sí significa sí”, que estaba en consonancia con la observación final del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer según la cual la definición de violación debía basarse en la ausencia de consentimiento. Estaba previsto que el proyecto de ley volviera al Consejo de los Estados en marzo de 2023.
En mayo, una integrante del partido Verde presentó una iniciativa parlamentaria para reformular el aborto y considerarlo una cuestión de salud pública. Seguían tramitándose dos iniciativas distintas presentadas en diciembre de 2021 por miembros del Partido Popular Suizo para restringir el acceso al aborto.
En abril se remitió por la vía rápida a la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos la causa Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland, en la que un grupo de mujeres de edad avanzada alegaba que su salud se había visto afectada negativamente por la actuación deficiente de Suiza a la hora de combatir el cambio climático.
En septiembre, el Parlamento adoptó una propuesta para consagrar en la ley el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y definir nuevas medidas para distintos sectores e industrias. Debía entrar en vigor en 2023 previa aprobación en referéndum.
A raíz de la invasión rusa de Ucrania, Suiza aplicó un régimen de protección temporal similar al de la Directiva de la Unión Europea. El rápido apoyo a las personas que huían de Ucrania contrastaba marcadamente con las deficiencias en las normativas aplicadas a las personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades admitidas de forma provisional.
La llegada de personas refugiadas ucranianas provocó el aplazamiento de varios proyectos de mejora de las condiciones de vida en los centros de asilo federales.
La Comisión Nacional de Prevención de la Tortura criticó el uso de instrumentos de inmovilización parcial durante las devoluciones, el hecho de que no se tuvieran adecuadamente en cuenta los derechos de las personas menores de edad y la realización obligatoria de pruebas para detectar la COVID-19 a las personas que iban a ser devueltas.
El comité de asuntos jurídicos del Senado decidió empezar la labor de incluir la prohibición del trabajo forzoso de manera explícita en la legislación de diligencia debida vigente.
Los proyectos de reforma de la Ley Federal sobre el Servicio de Inteligencia fueron muy criticados por ampliar los ya extensos poderes de los servicios de inteligencia a expensas de derechos fundamentales.
En septiembre, el Parlamento de la ciudad de San Galo votó a favor de prohibir la vigilancia biométrica en los espacios públicos.
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