Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Una investigación encargada por el gobierno sobre malos tratos a solicitantes de asilo por personal de seguridad privada en los centros de asilo federales halló algunos casos de uso excesivo de la fuerza e hizo recomendaciones de reforma. El Parlamento endureció el control de las exportaciones de armas a países en situación de conflicto. Activistas que habían protestado con tácticas que implicaban desobediencia civil fueron condenados a prisión. Tras una votación popular se reconoció el derecho al matrimonio igualitario de las parejas del mismo sexo. Sin embargo, otros dos referéndums confirmaron las draconianas leyes antiterroristas y la prohibición de llevar velo integral en público.
En septiembre, tras una campaña de 20 años de la sociedad civil, el Parlamento aceptó una propuesta del gobierno para crear una institución nacional de derechos humanos. Los detalles de su estatuto y financiación aún no se habían redactado, y estaba previsto que iniciara su trabajo en 2023.
La investigación de Amnistía Internacional puso al descubierto los abusos cometidos por personal de seguridad privada contra residentes de los centros de asilo federales y señaló deficiencias sistémicas en la gestión de estos centros.1 Un total de 14 personas solicitantes de asilo entrevistadas, 2 de ellas menores, describieron abusos que incluían palizas y privación de asistencia médica. El gobierno encargó investigaciones internas y externas que señalaron el uso desproporcionado de la fuerza en al menos 3 de los 7 casos examinados. La investigación externa aconsejaba revisar la privatización de los servicios de seguridad, pero no incluía recomendaciones explícitas de proteger a quienes denunciaban irregularidades y crear un mecanismo de quejas independiente.2
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU concluyó que Suiza había infringido 10 artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño al deportar a una madre y su hijo a Bulgaria.3
En septiembre, el Parlamento aprobó una ley para regular la exportación de armas que prohibía las transferencias a Estados en situación de conflicto armado interno y a Estados que cometieran violaciones de derechos humanos graves y sistemáticas.
El 1 de abril, la policía disolvió un campamento de protesta cerca de Eclépens. Se presentaron cargos contra 43 de las 150 personas activistas ambientales que habían sido detenidas provisionalmente. La imposición de penas de prisión a algunas personas que habían protestado mediante actos de desobediencia civil constituyó una restricción indebida de sus derechos a la libertad de expresión, de conciencia y de reunión pacífica.4
El Parlamento continuó revisando las disposiciones del Código Penal sobre la violación sexual. El proceso de consulta pública reveló una movilización sin precedentes en favor de una nueva ley sobre la violación basada en el consentimiento.
En marzo se aprobó en referéndum por un estrecho margen la prohibición del velo integral pese a la preocupación expresada de que la prohibición discriminaba a una comunidad religiosa en concreto y vulneraba derechos de las mujeres, así como su libertad de expresión y religiosa.
En un referéndum celebrado en septiembre, una gran mayoría de la población se pronunció a favor de reconocer el derecho al matrimonio igualitario de las parejas del mismo sexo, que incluía el acceso a donaciones de esperma para las parejas lesbianas.5
Tras el rechazo el año anterior por la mayoría de los cantones de la iniciativa Empresas Responsables, el Parlamento aprobó una contrapropuesta mucho más débil centrada principalmente en informes no económicos. La legislación, que entraría en vigor en enero de 2022, fue criticada por la sociedad civil y no parecía probable que garantizara plenamente el respeto de los derechos humanos por las empresas suizas.6
En junio, el país votó a favor de una nueva legislación antiterrorista que otorgaba a la policía federal amplios poderes, en su mayoría sin supervisión judicial y sin garantías del debido proceso. Las medidas, que incluían el uso de grilletes, órdenes de prohibición de contacto, zonas prohibidas y el arresto domiciliario preventivo, podían dar lugar a violaciones del derecho a la libertad y a la seguridad, del derecho a un juicio justo y de los derechos de la infancia, ya que muchas eran aplicables a partir de los 12 años de edad.7
En noviembre hubo un avance positivo en la protección del derecho a la intimidad con la presentación de mociones en los parlamentos locales de Zúrich y Lausana para pedir la prohibición del uso de tecnologías de reconocimiento facial.8
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