Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Los modestos avances del gobierno de transición en la mejora de la situación de los derechos humanos sufrieron un importante retroceso tras el golpe de Estado militar de octubre. Las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva e incluso letal, así como de otras medidas represivas tales como presuntos casos de violencia de género, para combatir las protestas y la oposición al golpe de Estado. Al menos 53 personas murieron y centenares resultaron heridas en las manifestaciones que siguieron al golpe de Estado. Las autoridades militares utilizaron la detención arbitraria prolongada y detuvieron a decenas de activistas y civiles dirigentes del ámbito político, a quienes recluyeron en régimen de incomunicación. Los servicios de Internet y telecomunicación se vieron interrumpidos regularmente, y hubo ataques contra periodistas. Siguieron sin cumplirse las promesas previas de investigar y enjuiciar los delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Las autoridades de seguridad siguieron sin proteger a la población civil de la región occidental de Darfur frente a los ataques ilegítimos de las milicias en los que murieron cientos de civiles. Aunque el gobierno aumentó el gasto en salud, los hospitales carecían de recursos esenciales. Las mujeres protestaron contra el aumento de la violencia de género y las leyes discriminatorias. Llegó al país una nueva oleada de personas refugiadas que huían del conflicto en la región etíope de Tigré.
Tras el derrocamiento del expresidente Omar al Bashir en 2019, un acuerdo de reparto del poder entre líderes militares y civiles permitió la formación de un gobierno de transición. El gobierno logró algunos avances en materia de reformas pendientes desde hacía tiempo, como la criminalización de la mutilación genital femenina y la reforma de las leyes relativas al castigo corporal.
Sin embargo, las continuas luchas de poder entre las partes militar y civil del gobierno por cuestiones tales como las reformas en los sectores económico y de seguridad terminaron estallando, y el 25 de octubre el ejército tomó el poder, disolvió el gobierno civil e impuso un estado de emergencia nacional.
El 21 de noviembre, el ejército firmó un acuerdo por el que se reinstauraba en su cargo al primer ministro derrocado, pero ese acuerdo no sirvió para distender la crisis. A pesar de las iniciativas para poner fin a la crisis, con la ONU como mediadora, el resentimiento de la población hacia las acciones militares fue en aumento.
Se introdujeron reformas económicas fundamentales que permitieron que Sudán obtuviera de instituciones financieras internacionales 20.500 millones de dólares estadounidenses en concepto de alivio de la deuda. Muchas organizaciones internacionales suspendieron los programas de ayuda económica después del golpe de Estado, lo que puso en peligro los recientes avances.
Las fuerzas de seguridad siguieron usando fuerza excesiva, y en ocasiones letal, contra manifestantes. El 11 de mayo mataron por disparos al menos a dos manifestantes e hirieron a decenas de personas en una protesta convocada en la capital, Jartum, para reclamar justicia en relación con un ataque de las fuerzas de seguridad a manifestantes pacíficos en junio de 2019, en el que más de 100 personas murieron y cientos resultaron heridas 1 (véase infra, “Derecho a verdad, justicia y reparación”).
La violencia de las fuerzas de seguridad aumentó notablemente tras el golpe de Estado militar de octubre, y cientos de miles de personas salieron a las calles en frecuentes protestas. Todas las secciones de los aparatos de seguridad, incluidos el ejército, la policía y la Fuerzas de Apoyo Rápido, participaron en la violenta represión y dispersión de las protestas.2 Al menos 53 personas murieron y centenares resultaron heridas en las manifestaciones. Según la información recibida, las fuerzas de seguridad sometieron a las mujeres a violencia de género para contrarrestar su creciente participación en las protestas, incluidas dos violaciones denunciadas en diciembre.
El gobierno adoptó algunas medidas positivas para permitir la justicia y la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos, al ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas el 10 de agosto.
Sin embargo, los autores de violaciones de derechos humanos seguían gozando de impunidad. Más de un decenio después de que la Corte Penal Internacional hubiera emitido la orden de arresto contra Omar al Bashir, Ahmad Harun y Abdel Raheem Muhammad Hussein, el gobierno de transición continuaba sin cumplir su obligación de transferir a estos tres hombre al tribunal de La Haya para que respondieran a los cargos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos en Darfur.
El Comité Nacional de Investigación, nombrado en octubre de 2019 para investigar un brutal ataque en el que las Fuerzas de Apoyo Rápido, el Servicio de Inteligencia y Seguridad Nacional y la policía habían matado a más de un centenar de manifestantes y sometido a otras personas que se manifestaban a violencia sexual y tortura y otros malos tratos en Jartum en junio de ese mismo año, aún no había publicado sus conclusiones. Al concluir el año nadie había rendido cuentas.
Los modestos avances obtenidos en la mejora de la protección de los derechos humanos durante un periodo de casi tres años desde el derrocamiento de Omar al Bashir sufrieron un importante retroceso tras el golpe de Estado militar de octubre. A pesar del compromiso contraído por el primer ministro en noviembre de investigar los homicidios de quienes protestaban por la toma del poder, no se observaron indicios de avance alguno en este asunto.
El 10 de julio, Muammar Musa Mohammed Elgarari y Mikhail Boutros Ismail Kody, activistas de la oposición y miembros del Grupo Movimiento por el Futuro, fueron puestos en libertad bajo fianza tras haber estado recluidos en detención arbitraria prolongada sin cargos desde 2020. Habían estado recluidos en una comisaría de policía de Jartum Norte por acosar a miembros del Comité para la Eliminación del Empoderamiento establecido para disolver el anterior partido gobernante, Partido del Congreso Nacional, y confiscar sus bienes.
Tras la toma del poder por el ejército en octubre, las autoridades de seguridad detuvieron y recluyeron arbitrariamente a decenas de líderes políticos civiles, entre ellos miembros del gabinete y el primer ministro Hamdok, que estuvo recluido durante dos días antes de ser puesto bajo arresto domiciliario durante casi un mes. Otros presos políticos, que habían permanecido recluidos casi un mes en régimen de incomunicación sin acceso a sus familias ni a asistencia letrada, quedaron en libertad tras el acuerdo del 21 de noviembre. Sin embargo, las fuerzas de seguridad siguieron deteniendo y acusando a manifestantes.
El derecho a la libertad de expresión fue objeto de graves restricciones. A partir del 25 de octubre, Internet y las telecomunicaciones sufrieron reiteradas interrupciones que limitaron la capacidad de la población de acceder a información oportuna y exacta, lo que vulneraba su capacidad de expresar opiniones políticas y restringía la información sobre violaciones de derechos humanos.
Las autoridades militares también atacaron a la prensa que informaba de las protestas contra el ejército. El 30 de diciembre, las fuerzas de seguridad atacaron los locales de dos emisoras de televisión en Jartum, agrediendo a periodistas y lanzando gas lacrimógeno en sus oficinas, después de que retransmitieran imágenes de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad contra manifestantes.
La retirada prematura de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) en diciembre de 2020, y la reiterada falta de protección por parte de las fuerzas de seguridad sudanesas permitieron que persistiera la violencia indiscriminada contra la población civil, especialmente en el estado de Darfur Occidental. Los miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido participaron en algunos ataques de milicias contra civiles.
En enero de 2021, al menos 163 personas —entre ellas 3 mujeres y 12 niños y niñas— murieron y 217 resultaron heridas durante un ataque por venganza de unas milicias contra el campo de Krinding situado en El Geneina, capital del estado de Darfur Occidental y lugar de residencia de miles de personas de etnia masalit internamente desplazadas.3
El 3 de abril, unos hombres armados, supuestamente árabes, desencadenaron cuatro días de mortífera violencia cuando dispararon contra tres hombres de etnia masalit, y a Saber Ishaq, de 28 años, y a Arbab Khamis, de 47. Además, el tercer hombre, Abdulhafiz Yahia Ismaeil, de 53 años, resultó herido de gravedad. Según el Comité de Médicos del Estado de Darfur Occidental, al menos 144 personas murieron y 232 resultaron heridas durante los enfrentamientos.
También en Darfur Occidental, 200 personas murieron a consecuencia de las luchas intercomunitarias entre octubre y noviembre, según el Colegio de Abogados de Darfur.
El gasto público en salud fue considerablemente mayor que en años anteriores. El Ministerio de Economía asignó 99.000 millones de libras sudanesas (unos 242 millones de dólares estadounidenses), es decir el 9% del presupuesto, al sistema de atención de la salud para medicamentos vitales, el tratamientos para la COVID-19, la rehabilitación y construcción de hospitales rurales y centros de salud reproductiva y de otro tipo, y programas de nutrición y salud.
Sin embargo, en plena tercera ola de COVID-19 en el primer semestre del año, los hospitales hicieron frente a múltiples desafíos, como la falta de medicinas y oxígeno y la escasez de médicos y otro personal sanitario debido a los bajos salarios y las deficientes condiciones laborales. Entre marzo de 2020 y mayo de 2021, 89 profesionales de la medicina sudaneses, entre ellos 11 mujeres, murieron tras contraer la COVID-19.
El país siguió haciendo frente a escasez de vacunas contra la COVID-19. El 3 de marzo, Sudán recibió más de 800.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca del mecanismo COVAX, y el 9 de ese mismo mes comenzó su programa de vacunación mediante el Plan Nacional de Despliegue y Vacunación para Vacunas contra la COVID-19, organizado por el gobierno. El plan dio prioridad en primer lugar al personal sanitario de primera línea en todo Sudán y a las personas mayores con comorbilidades. Al terminar el año, Sudán había recibido 5,25 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, y 1,23 millones de personas habían recibido la pauta de vacunación completa (lo que representaba el 2,8% de una población de aproximadamente 43,85 millones de personas), según cifras gubernamentales. En 2021 hubo 47.443 casos confirmados de COVID-19 y 3.340 muertes relacionadas con la enfermedad, según el Ministerio de Salud.
El 8 de abril, cientos de mujeres se unieron a una manifestación en Jartum para protestar contra el aumento de la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia de género en el contexto de las restricciones asociadas a la COVID-19, y para denunciar las leyes discriminatorias y las restricciones patriarcales sobre los derechos de las mujeres. Entre las restricciones resaltadas figuraban las leyes que prohibían a las mujeres trabajar fuera de su domicilio sin permiso de su esposo o padre, además de la desigualdad en el hogar y en el centro de trabajo. Las manifestantes lanzaron el Manifiesto Feminista, elaborado en abril después de dos años de consultas con diversas organizaciones populares de mujeres y personas defensoras de los derechos de género. El Manifiesto instaba a las autoridades a eliminar los numerosos obstáculos legales para la igualdad y a cuestionar las normas sociales existentes que permitían la opresión de las mujeres y las niñas.
Ese mismo mes, el Consejo de Ministros ratificó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (con reservas a los artículos 2, 16 y 29.1) y el Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los Derechos de la Mujer en África (Protocolo de Maputo).
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Sudán seguía albergando a una de las poblaciones refugiadas más numerosas de África, con una mayoría de personas procedentes de Sudán del Sur entre los más de 1,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo. El país también albergaba al menos a 55.000 personas refugiadas que habían huido del conflicto en la región etíope de Tigré en 2021.
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