Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Todas las partes en el conflicto armado lanzaron ataques indiscriminados que se cobraron la vida de centenares de civiles. Se reprimió el derecho a la libertad de expresión, y dos periodistas fueron víctimas de homicidio y varios más (tanto hombres como mujeres)sufrieron palizas, amenazas, hostigamiento, intimidación y detención arbitraria. La respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 continuó siendo insuficiente, y, hasta diciembre, sólo se había vacunado al 5,1% de la población. El personal sanitario estaba especialmente expuesto al riesgo de contagio y sus condiciones de trabajo eran deficientes e inseguras. Cientos de miles de personas tuvieron que desplazarse. En Somalilandia, las autoridades siguieron censurando a periodistas y a personas con opiniones críticas, y llevaron a cabo grandes desalojos y traslados forzosos de personas en la localidad de Las Anod.
La intensificación de las tensiones políticas entre las autoridades federales, las autoridades regionales y los líderes de la oposición alcanzó nuevas cotas, lo que dio lugar al aplazamiento de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Las luchas políticas internas entre el presidente de Somalia y su primer ministro impidieron la implementación de reformas judiciales, constitucionales y de derechos humanos necesarias. El desacuerdo público entre ambos políticos sobre la desaparición, al parecer forzada, de una agente de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, por sus siglas en inglés) amenazaba con generar divisiones políticas incluso en el seno de las fuerzas de seguridad.
En mayo se celebraron en Somalilandia las muy demoradas elecciones parlamentarias y municipales para elegir a 82 miembros de la Cámara de Representantes y a concejales de 21 distritos. El 5 de junio, la oposición obtuvo 52 de los 82 escaños del Parlamento. Ninguno de esos puestos lo ocupó una mujer, un hecho que continuaba debilitando las voces de las mujeres en el ámbito legislativo.
Todas las partes en el conflicto armado siguieron cometiendo con impunidad crímenes de derecho internacional. Según la ONU, entre febrero y julio hubo 536 víctimas civiles (241 personas muertas y 295 heridas), de las cuales el 68% se debieron a ataques indiscriminados del grupo armado Al Shabaab y el resto se atribuían a fuerzas de seguridad del Estado, milicias de los clanes, y fuerzas internacionales y regionales como la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).
Al Shabaab lanzó ataques reiterados contra la población y contra infraestructuras civiles, incluidos restaurantes y hoteles. Ese grupo armado también llevó a cabo homicidios selectivos de personas presuntamente vinculadas al gobierno y de periodistas, entre otras víctimas. El 2 de marzo, un atentado suicida con automóvil bomba perpetrado por miembros de Al Shabaab contra el popular restaurante Luul Yemeni de la capital, Mogadiscio, se cobró la vida de al menos 20 personas e hirió a otras 30. El 25 de septiembre, al menos 8 personas perdieron la vida en otro ataque similar en Mogadiscio. Entre las víctimas mortales se encontraba Hibaq Abukar, asesora sobre asuntos relativos a mujeres y derechos humanos de la oficina del primer ministro.
El 10 de agosto salieron a la luz denuncias de que unos soldados de la AMISOM habían perseguido y matado a siete civiles en un ataque de represalia contra Al Shabaab en la localidad de Golweyn (región de Baja Shabelle). El 21 de agosto, la AMISOM declaró que había creado una comisión para investigar el incidente. El 21 de octubre, dicha comisión hizo públicas sus conclusiones, en las que admitió que “las siete personas fallecidas eran civiles y la conducta del personal implicado había infringido las reglas de intervención de la AMISOM”. El 13 de noviembre, la AMISOM anunció que un consejo de guerra ugandés celebrado en Mogadiscio había declarado culpables de los homicidios a cinco soldados de Uganda, y que las penas —dos de ellos habían sido condenados a muerte, y los otros tres a 39 años de cárcel— se cumplirían en Uganda.
El 12 de julio, una mujer anunció en los medios de comunicación que su hija de 25 años, Ikran Tahlil Farah, que era agente de la NISA, llevaba desaparecida desde el 26 de junio, día en que unas personas no identificadas que viajaban en un automóvil la habían secuestrado frente a su residencia, en Mogadiscio. Sus familiares denunciaron reiteradamente que detrás del secuestro y la desaparición había agentes de la NISA, ya que se la habían llevado de un lugar seguro cercano a la bien vigilada jefatura de la NISA, donde sólo podían acceder visitas controladas y el personal de la agencia. El 2 de septiembre, los medios de comunicación estatales anunciaron que Ikran Tahlil Farah había sido secuestrada y asesinada por Al Shabaab, una afirmación que fue desmentida inmediatamente por el grupo.
La indignación pública llevó al primer ministro a cambiar al director de la NISA, que posteriormente fue nombrado asesor de Seguridad Nacional por el presidente. El primer ministro remitió el caso de la desaparición a la fiscalía militar para que lo investigara. El 21 de noviembre, el fiscal jefe anunció que las investigaciones preliminares no habían hallado indicios de implicación de la NISA en la presunta desaparición de Ikran Tahlil Farah.
Dos periodistas murieron de manera violenta y otros sufrieron palizas, amenazas, hostigamiento e intimidación, detenciones arbitrarias y procesamiento como medio para acallarlos.
El 22 de febrero, la policía de Puntlandia arrestó al periodista independiente Ahmed Botan Arab en Bosaso después de que éste publicara en Facebook entrevistas a residentes de esa localidad que comentaban el discurso del presidente de Puntlandia sobre la actualidad política regional y el estancamiento de la implementación de un acuerdo electoral entre los dirigentes regionales y federales. Ahmed Botan Arab fue recluido en la comisaría de policía de Bosaso y quedó en libertad sin cargos dos días después, tras la intervención de los ancianos de su clan.
El 1 de marzo, el periodista independiente Jamal Farah Adan murió por los disparos de unos hombres armados no identificados en un comercio en la localidad de Galkayo (región de Mudug). Al Shabaab reivindicó la autoría del homicidio. Antes de morir, Jamal Farah Adnan afirmó haber recibido amenazas anónimas, y aseguró que un miembro de ese grupo armado había atentado contra su vida. El 6 de marzo, el presidente de Puntlandia dijo que las autoridades habían arrestado a unos sospechosos en Galkayo y que se estaban investigando las circunstancias del homicidio. Al terminar el año no se habían hecho públicas las conclusiones de las investigaciones.
El 20 de noviembre, el periodista radiofónico Abdiaziz Mohamud Guled —también conocido como Abdiaziz Africa— murió en un atentado suicida con explosivos, y dos de sus colegas resultaron heridos. Al Shabaab reivindicó la autoría del homicidio.
El 3 de marzo, un tribunal militar de Puntlandia condenó al periodista independiente Kilwe Adan Farah a tres meses de cárcel. El periodista había sido arrestado y recluido en diciembre de 2020 por los servicios de inteligencia de Puntlandia —un día después de que cubriera las protestas en la localidad de Garowe contra la presunta mala gestión de la moneda local por parte del gobierno—, y estaba acusado de cinco delitos, entre ellos “publicación de noticias falsas” y “desprecio de la nación o el Estado”. Kilwe Adan Farah fue excarcelado de la Prisión Central de Garowe el 22 de marzo gracias a un indulto presidencial.
El 3 de julio, en la localidad de Balad Hawo (región de Gedo), unos agentes de la NISA arrestaron al periodista de Star Media Network Mohamud Mohamed Sheikh, también conocido como Lafagari. Al día siguiente lo trasladaron al centro de detención de Dollow, donde permaneció recluido tres días antes de quedar en libertad sin cargos y sin recibir explicación alguna sobre los motivos de su arresto y reclusión.
El 5 de septiembre, unos agentes de las fuerzas policiales de Somalia golpearon a un grupo de periodistas que cubrían una manifestación en Mogadiscio y les confiscaron sus equipos. Tras el incidente circuló en las redes sociales un vídeo en el que se veía a la policía golpear y arrastrar por el suelo a Bashir Mohamud, productor de Goobjoog Media.
La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto una serie de deficiencias previas del sistema público de salud en Somalia. Hasta agosto, según cifras del gobierno, 15.294 personas se habían infectado con el virus y 798 habían fallecido desde el inicio de la pandemia. No obstante, habida cuenta de la escasa capacidad para realizar pruebas de detección y la infranotificación y el subregistro de muertes, se creía que la cifra de fallecimientos podía ser mucho más elevada. Durante los cuatro años anteriores se había destinado a sanidad el 2% del presupuesto, frente al 31% destinado al sector de la seguridad.
La respuesta del gobierno a la pandemia fue totalmente insuficiente. Prácticamente no se disponía de capacidad para llevar a cabo pruebas diagnósticas, ni para tratar y gestionar los casos de COVID-19, y el acceso de los pacientes a las instalaciones médicas seguía siendo muy limitado. Durante la mayor parte del año, un único hospital de Mogadiscio se ocupó de todos los casos relacionados con la COVID-19 de todas las regiones del centro y el sur del país, que carecían de medicamentos esenciales y equipos básicos, como respiradores y oxígeno. Desde agosto, dos hospitales más, también de Mogadiscio, pudieron hacerse cargo de pacientes de COVID-19. El acceso a traslados de emergencia y servicios de ambulancia en Mogadiscio y los estados regionales era prácticamente inexistente, y la ciudad tan sólo contaba con dos ambulancias que funcionaban de manera gratuita para pacientes de COVID-19 y prestaban servicio a casi 3 millones de personas.1
El acceso a las vacunas era muy limitado. Sólo el 5,1% de la población tenía la pauta completa de la vacuna en diciembre, momento en el cual se habían utilizado casi todas las vacunas donadas por China y a través de COVAX. La limitada concienciación de la ciudadanía, agravada por la falta de información pública sobre el virus, contribuyó a la reticencia a vacunarse de la población, incluido el personal sanitario.
Un gran número de profesionales de la salud contrajeron la COVID-19. Estas personas hicieron frente a múltiples dificultades durante la pandemia y arriesgaron su salud y su vida. Algunas de ellas afirmaron no haber recibido formación adecuada para tratar a pacientes con COVID-19 ni sobre el impacto en su propia salud. Además, sus jornadas laborales se prolongaron, y en muchos casos hubo retrasos en el pago de sus salarios.
Las consecuencias de la sequía y las inundaciones causadas por el cambio climático, del conflicto y de la pérdida de medios de vida exacerbaron la prolongada crisis humanitaria. A los más de 2,6 millones de personas que ya se habían desplazado internamente en los años anteriores se sumaron otras 573.000 que huyeron de sus hogares entre enero y agosto, según la ONU. Más del 70% de ellas huían del conflicto, incluidas alrededor de 207.000 que estaban desplazadas temporalmente en Mogadiscio a causa de la violencia relacionada con las elecciones de abril. Aproximadamente la mitad de todas las personas desplazadas en 2021 eran mujeres y niñas que afrontaban un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y acoso. La asistencia humanitaria dirigida a la mayoría de las personas afectadas se vio restringida por la inseguridad, lo que limitó gravemente el acceso de esa población a alimentos, agua, saneamiento, vivienda y atención médica.
Las autoridades de Somalilandia restringieron severamente la libertad de expresión, especialmente la de las personas que presuntamente promovían la unificación con Somalia. La organización local Centro de Derechos Humanos denunció que 42 personas habían sido arrestadas en la localidad de Borama, y 15 en la de Las Anod, el 26 de junio y el 16 de julio, respectivamente, por vestir ropa confeccionada con la bandera de Somalia. Todas ellas quedaron en libertad sin cargos.
El 19 de agosto, las autoridades de la localidad de Burao arrestaron arbitrariamente al periodista independiente Abdimalik Muse Oldon por segunda vez en dos años. Abdimalik Muse Oldon permanecía detenido en relación con un altercado con el presidente en las redes sociales en el que afirmó que la dirección de la Universidad de Barwaaqo difundía el cristianismo. El 12 de octubre fue acusado de delitos entre los que figuraban “difundir información falsa y propaganda contra la nación” y “difamación criminal”. Al terminar el año, su juicio no había concluido y él permanecía detenido. El periodista había sido excarcelado en 2020 gracias a un indulto presidencial tras haber cumplido un año de una pena de tres años y medio de prisión impuesta por cargos relacionados con las críticas al presidente que había publicado en Facebook.
Los días 2 y 3 de octubre, las autoridades de Somalilandia desalojaron forzosamente y aprehendieron a más de 7.000 hombres, mujeres, niños y niñas de Las Anod y sus alrededores (región de Sool) y los trasladaron a lugares situados en Puntlandia. El gobierno de Somalilandia afirmó que las personas desalojadas eran “forasteras” del sur de Somalia que suponían una amenaza para la seguridad de Somalilandia. Algunas de esas familias llevaban 20 años viviendo en Las Anod y desde entonces habían perdido sus propiedades, activos comerciales y medios de vida. Según la ONU, la mayoría de las personas desplazadas llegaron en un primer momento a Galkayo (Puntlandia) —para dirigirse sobre todo a Hirshabelle y Banadir (estado de Somalia Sudoccidental)—, y necesitaban protección y ayuda humanitaria con urgencia. Las autoridades de Somalilandia no dieron aviso a las familias ni les permitieron llevar consigo sus pertenencias.
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