Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Todas las partes en el conflicto de Somalia seguían cometiendo impunemente violaciones graves del derecho internacional humanitario. Al Shabaab intensificó sus ataques ilegítimos contra la población civil. El conflicto, unido a la grave sequía causada por la falta de precipitaciones, dio lugar al desplazamiento de más de 1,8 millones de personas y a una nueva oleada de crisis humanitarias. Las poblaciones internamente desplazadas sufrían graves violaciones de derechos humanos, y las mujeres y las niñas estaban particularmente expuestas a sufrir violencia de género. El gobierno aumentó el presupuesto de salud, pero los servicios médicos seguían siendo deficientes y el acceso a agua, saneamiento y alimentos era sumamente insuficiente. Se restringió la libertad de expresión y se atacó, golpeó, arrestó arbitrariamente y procesó a periodistas. Se suspendieron varios medios de comunicación. En Somalilandia, las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.
Información general
En mayo, tras un prolongado proceso electoral, el Parlamento somalí eligió presidente a Hassan Sheij Mohamud, y éste, en junio, designó primer ministro a Hamza Abdi Barre. En agosto se formó un nuevo Consejo de Ministros.
En abril, tras un periodo de 15 años, la Misión de la Unión Africana en Somalia fue sustituida por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia; el cambio se formalizó mediante una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que establecía estrategias para transferir responsabilidades en materia de seguridad al ejército y la policía de Somalia para finales de 2024.
Los efectos de la guerra en Ucrania —que restringieron las importaciones de alimentos—, la crisis climática y las consecuencias económicas de la COVID-19, unidos a la ausencia de precipitaciones durante cuatro estaciones de lluvia consecutivas, crearon una condiciones humanitarias desesperadas.
La población civil continuó sufriendo las peores consecuencias del conflicto entre el gobierno y sus aliados internacionales, por un lado, y Al Shabaab, por el otro. Durante el año resultaron muertos o heridos cientos de civiles. No había justicia ni rendición de cuentas por las violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Según la ONU, entre febrero y mayo hubo 428 víctimas civiles (167 muertas y 261 heridas), de las cuales el 76% se debieron a ataques ilegítimos de Al Shabaab y el resto se atribuían a fuerzas de seguridad del Estado, milicias de los clanes, y fuerzas internacionales y regionales.
El 23 de marzo, 6 personas —5 de ellas extranjeras— murieron en un ataque de Al Shabaab al recinto de SafeLane Global dentro del aeropuerto internacional de Aden Adde, en la capital, Mogadiscio. Ese mismo día, el grupo armado lanzó dos ataques mortales en la localidad de Beledweyne, a unos 300 kilómetros al norte de Mogadiscio. La ONU afirmó que los ataques se habían saldado con al menos 156 víctimas, 48 de ellas mortales —incluida la destacada diputada Amina Mohamed Abdi— y 108 heridas.
En mayo, el nuevo gobierno declaró que iba a dar prioridad a la seguridad y a combatir a Al Shabaab. El grupo armado respondió aumentando los ataques indiscriminados y selectivos, incluidos los asesinatos.
El 19 de agosto, Al Shabaab llevó a cabo un complejo ataque contra el Hotel Hayat en Mogadiscio, que se saldó con al menos 30 personas muertas y más de 50 heridas. Tras lograr acceder al famoso hotel empleando bombas y disparando, los atacantes asediaron el edificio durante más de 30 horas. El primer ministro prometió rendición de cuentas y afirmó que quien hubiera desatendido su responsabilidad respondería de sus actos, pero al terminar el año no se había abierto investigación judicial alguna. El 29 de octubre, Al Shabaab perpetró dos atentados con vehículos bomba, uno contra el edificio del Ministerio de Educación y otro en el cruce de un concurrido mercado de Mogadiscio. Murieron más de un centenar de personas y resultaron heridas más de 300.1
Las escasas precipitaciones durante cuatro estaciones de lluvia consecutivas, unidas al impacto de la guerra en Ucrania en las importaciones de alimentos, provocaron una terrible crisis humanitaria en el país. Según la ONU, 7,8 millones de personas —la mitad de la población— necesitaban ayuda humanitaria para sobrevivir. Más de 3 millones de cabezas de ganado, de las que dependían para subsistir las familias que se dedicaban al pastoreo, murieron principalmente a causa de la sequía. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, Somalia dependía de Rusia y Ucrania para obtener más del 90% de su suministro de trigo, pero la guerra entre ambos países interrumpió el abastecimiento y, simultáneamente, el aumento del precio de los combustibles —también consecuencia de la guerra— causó un considerable incremento del precio de los alimentos que afectaba desproporcionadamente a las personas más expuestas a sufrir discriminación, como las personas internamente desplazadas, las que se dedicaban a la agricultura de subsistencia y las que vivían en zonas afectadas por conflictos. Se confirmaron niveles catastróficos de inseguridad alimentaria en algunas zonas del país, con más de 213.000 personas en condiciones de hambruna. Más de 1,5 millones de niños y niñas, incluidos bebés, estaban expuestos a desnutrición aguda, y era probable que 386.400 niños y niñas estuvieran gravemente malnutridos. Hasta septiembre habían muerto 730 niños y niñas en centros de nutrición de todo el país. Al mismo tiempo, Al Shabaab restringía el acceso de ayuda humanitaria en las zonas bajo su control, lo que agravaba la crisis.
Para responder a esta situación, el gobierno federal creó el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y designó a un representante presidencial especial para abordar la situación creada por la sequía. El representante coordinó los esfuerzos locales e internacionales y trató de conseguir ayuda y solidaridad para las personas más afectadas. Los actores humanitarios internacionales también incrementaron la ayuda alimentaria, médica y de otro tipo brindada a las comunidades afectadas. Con todo, su financiación era muy inferior a lo que se necesitaba para mitigar la crisis.
La poblaciones internamente desplazadas seguían sufriendo graves abusos y violaciones de derechos humanos. Más de 1,8 millones de personas se vieron desplazadas por la sequía y el conflicto. Entre enero y agosto, 188.186 personas fueron objeto de desalojo forzoso en todo el país, y la mayoría de ellas formaban parte de poblaciones internamente desplazadas.
La mayoría de las personas desplazadas eran de edad avanzada, niños y niñas, y mujeres, incluidas embarazadas y madres lactantes. La falta de alojamiento adecuado e intimidad en los hacinados asentamientos para personas internamente desplazadas aumentaba la vulnerabilidad de mujeres, niños y niñas a sufrir violaciones de derechos humanos como la violencia por motivos de género, incluidas violaciones y agresiones físicas.
En julio, Al Shabaab también llevó a cabo ataques militares en gran escala a lo largo de la frontera con Etiopía, lo que dio lugar al desplazamiento de la población local.
Persistía la violencia sexual contra mujeres y niñas. Algunos ataques estaban relacionados con el conflicto y, entre febrero y mayo, la ONU informó de 4 incidentes de ese tipo que habían afectado a 3 mujeres y a una niña de 15 años, entre ellas una mujer internamente desplazada y una mujer embarazada que habían sido violadas y asesinadas.
La persistente sequía aumentó la vulnerabilidad de la población internamente desplazada ante la violencia de género. Las mujeres y las niñas corrían un peligro mayor de sufrir violencia y abusos sexuales al recorrer grandes distancias para llevar agua a sus familias.
El Parlamento Federal no aprobó los proyectos de ley sobre delitos sexuales ni sobre mutilación genital femenina.
El acceso a servicios básicos de salud seguía siendo deficiente. La grave sequía que afectaba a la mitad de la población dio lugar a un aumento de los casos de malnutrición y a brotes de enfermedades, y más personas afrontaban dificultades para acceder a agua potable, saneamiento y alimentos adecuados. Según la OMS, la cifra de posibles casos de cólera y sarampión aumentó considerablemente en comparación con los años anteriores. La COVID-19 continuó suponiendo un importante desafío; hasta septiembre se habían confirmado 27.020 casos y 1.361 muertes relacionadas con el virus desde el inicio de la pandemia. Hasta el 28 de agosto, sólo el 14% de la población había recibido la pauta de vacunación completa y se habían administrado más de 4,5 millones de dosis de vacunas contra esa enfermedad. El gobierno incrementó el presupuesto del sector sanitario hasta 58,5 millones de dólares estadounidenses (en 2021 había sido de 33,6 millones), lo que constituía el 6% del presupuesto total de 2022 y suponía un aumento respecto a la media del 2% destinada a sanidad durante los últimos cinco años.
Se restringió la libertad de expresión. En ocasiones las fuerzas de seguridad atacaban a periodistas, quienes, además, sufrían amenazas, hostigamiento, intimidación, palizas, detenciones arbitrarias y procesamientos. Las autoridades del estado de Somalia Sudoccidental causaron lesiones a 9 periodistas y suspendieron temporalmente 2 medios de comunicación. Las autoridades del centro y el sur de Somalia y las de Puntlandia restringieron el acceso de periodistas a información relacionada con las elecciones. Las fuerzas de seguridad, incluidos miembros de la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad, impidieron a periodistas cubrir los actos de campaña de la oposición e informar de las denuncias de mala praxis electoral generalizada.
El 16 de febrero, unos agentes de policía del distrito de Kahda, de Mogadiscio, agredieron a los periodistas Ismail Mohamed Muse y Mohamed Hassan Yusuf, de Somali Cable TV, y Aweys Mohamud Jila’ow y Mohamud Bari, de Five Somali TV. Los cuatro estaban informando de los ataques perpetrados por Al Shabaab en varios lugares de la ciudad la noche anterior. En las redes sociales se vieron fotos de ellos con los ojos vendados y tumbados en el suelo boca abajo con las manos y las piernas atadas a la espalda. Todos quedaron en libertad sin cargos ese mismo día.
El 27 de abril, unos agentes de policía impidieron a un grupo de periodistas acceder al hangar de Afisyoni, en Mogadiscio, donde se estaba eligiendo al nuevo presidente del Parlamento.
El 15 de julio, unos agentes de los servicios de inteligencia del estado de Somalia Sudoccidental detuvieron arbitrariamente al periodista Hassan Ali Daud, de Arlaadi Media Network, y lo recluyeron en un lugar no revelado. Lo arrestaron después de que informara sobre el presunto maltrato infligido a algunos legisladores del estado de Somalia Sudoccidental por personal de seguridad en Baidoa. El periodista quedó en libertad sin cargos al cabo de 19 días.
El 21 de agosto, un agente de policía de la Unidad Haramacad disparó a corta distancia al periodista de M24 TV Ahmed Omar Nur y le hirió en la mejilla mientras éste cubría el ataque al Hotel Hayat (véase supra, “Ataques ilegítimos”). Según el Sindicato de Periodistas de Somalia (SJS, por sus siglas en inglés) —sindicato y grupo de incidencia de medios de comunicación locales—, tras el incidente fueron arrestados dos agentes de la Haramacad, pero posteriormente quedaron en libertad por orden de su comandante.
El 8 de octubre, el Ministerio de Información emitió una directiva que prohibía la “difusión de ideologías extremistas tanto en los medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales”. Varios defensores de la libertad de prensa, incluido el secretario general del SJS, Abdalle Ahmed Mumin, expresaron públicamente preocupación por el impacto de la directiva en la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas. A Abdalle Mumin lo arrestaron posteriormente en el aeropuerto internacional de Aden Adde y le impidieron viajar a Nairobi. Lo acusaron de varios delitos tipificados en el Código Penal, incluidos los de “desprecio a la nación o el Estado” e “instigación a desobedecer la ley”. Lo pusieron en libertad con fianza el 22 de octubre, pero le prohibieron viajar al extranjero hasta que el tribunal emitiera el fallo sobre su caso.
Las autoridades de Somalilandia incrementaron la represión del derecho a la libertad de expresión. Se detuvo arbitrariamente y se enjuició a periodistas. Se suspendieron al menos cuatro medios de comunicación y se cerró el acceso a Internet para silenciar la información sobre las protestas contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales.
El 13 de abril, la policía de Somalilandia arrestó al menos a 15 periodistas que estaban informando sobre un tiroteo ocurrido en la prisión central de Hargeisa ese mismo día. El 19 de abril se puso en libertad a 12 de ellos, pero las autoridades mantuvieron recluidos a Mohamed Abdi Ilig, director de MM Somali TV; Abdijabar Mohamed Hussein, periodista de Horn Cable TV, y Abdirahman Ali Khalif, de Gobonimo TV. El 23 de mayo, el Tribunal Regional de Marodi Jeeh, en Hargeisa, condenó a Mohamed Abdi Ilig y Abdijabar Mohamed Hussein a un año y cuatro meses de prisión por “publicación de noticias falsas”, y absolvió a Abdirahman Ali Khalif. El 2 de julio, los dos periodistas condenados quedaron en libertad en virtud de un indulto presidencial.
También el 23 de mayo, el Tribunal Regional de Apelación de Marodi Jeeh condenó al periodista y activista social Abdimalik Muse Oldon, que permanecía detenido desde agosto de 2021, a 2 años de prisión y al pago de una multa de 3 millones de chelines de Somalilandia (372 dólares estadounidenses). Abdimalik había sido acusado de “difusión de información falsa y propaganda contra la nación” y de “difamación criminal”. Quedó en libertad el 22 de diciembre, tras cumplir su condena de cárcel.
El 11 de agosto, antes de que se celebraran unas protestas previstas que habían organizado políticos de la oposición en toda Somalilandia, las autoridades presuntamente ordenaron a los proveedores de servicios de telecomunicaciones que cerraran el acceso a Internet. El cierre duró nueve horas y afectó a la capacidad de los periodistas y de otras personas de comunicarse libremente e informar sobre las protestas.
El 11 de agosto, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que protestaban contra el aplazamiento de las elecciones presidenciales en las ciudades de Hargeisa, Burao y Erigavo. Según la organización local Centro de Derechos Humanos, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 5 personas e hirieron a decenas, y la policía arrestó a más de 200 manifestantes, entre ellos periodistas e integrantes de la oposición política. En septiembre se hicieron públicas las conclusiones de una investigación del Comité Permanente de Ética de la Cámara de Representantes de Somalilandia sobre los sucesos acontecidos el 11 de agosto. El Comité concluyó que las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza excesiva contra los manifestantes, pero al terminar el año no se había detenido ni llevado a nadie ante los tribunales en relación con los actos ilegítimos perpetrados contra los participantes en las protestas.
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