Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Continuó restringiéndose el derecho a la libertad de reunión pacífica, y se estaba investigando el uso excesivo de la fuerza por agentes encargados de hacer cumplir la ley. Se reprimió el derecho a la libertad de expresión de las personas que criticaban al gobierno o que se alineaban con la oposición. Se adoptaron varias leyes para impulsar los derechos de las mujeres. Aunque se hicieron esfuerzos para descongestionar las prisiones, hubo denuncias de tortura en un centro de detención. Empeoró el nivel de inseguridad alimentaria. Se reforzó la regulación jurídica del sector minero.
Información general
La reforma constitucional seguía en marcha, y también seguía su curso la inscripción de votantes para preparar las elecciones presidenciales de 2023. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reevaluó la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona y le otorgó la categoría A.
El derecho de reunión pacífica continuaba restringido. Las reuniones espontáneas estaban penalizadas en virtud de la Ley de Orden Público (parte III, artículo 17). En julio, la policía arrestó a más de 50 personas que participaban en una protesta pacífica, que no contaba con la autorización de las autoridades, contra el elevado costo de la vida y de los combustibles. Estas personas fueron amonestadas y puestas en libertad unos días después.
La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona inició una investigación pública sobre la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con las violaciones de derechos humanos cometidas entre 2015 y 2021, incluidos el uso excesivo de la fuerza y las conductas sexuales impropias. La Comisión celebró vistas públicas sobre las denuncias, pero al terminar el año no había publicado sus conclusiones.
El 10 de agosto, las protestas contra el elevado costo de la vida se tornaron violentas en la capital (Freetown) y en el norte, y en ellas murieron 27 manifestantes y 6 agentes de policía, según información publicada en medios de comunicación. El presidente designó un comité compuesto por 15 personas para investigar el incidente, pero su informe no estaba disponible al concluir el año.
Al finalizar el año seguía pendiente en el Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado la revisión de la normativa de 2013 de la Junta Independiente de Denuncias contra la Policía. Dicha revisión estaba estudiando recomendaciones como base para una propuesta de ley que reforzaría la Junta con miras a regular la violencia policial.
En febrero, el portavoz adjunto del partido opositor Congreso de Todo el Pueblo fue arrestado por incitación y permaneció detenido durante dos días tras declarar en la radio que la ciudadanía de Sierra Leona debía asegurarse de votar para desalojar del poder en 2023 al partido gobernante.
En mayo, la Asociación de Periodistas de Sierra Leona acusó al gobierno de utilizar el delito de incitación para reprimir la libertad de expresión.
En julio, un hombre y una mujer pertenecientes a la oposición política fueron arrestados por incitación a celebrar una protesta ilegal, tras participar en una manifestación contra el elevado costo de la vida. Quedaron en libertad sin cargos tras pasar cuatro noches bajo custodia.
Según las últimas estadísticas de UNICEF disponibles, el 83% de las niñas y las mujeres (de entre 15 y 49 años) habían sufrido mutilación genital femenina, y el 30% de las mujeres (de entre 20 y 24 años) habían contraído matrimonio antes de los 18 años. En junio, la ministra de Género y Asuntos de la Infancia declaró que el gobierno modificaría la Ley de Derechos de la Infancia para ilegalizar el matrimonio precoz forzado y la mutilación genital femenina de menores de edad. En julio, una practicante de la mutilación genital femenina fue acusada de homicidio involuntario en la localidad de Moriba cuando una mujer de 21 años falleció un día después de haberla sometido a dicha práctica.
En agosto se promulgó la Ley de Derechos Consuetudinarios sobre la Tierra, que otorgaba a las mujeres igual derecho a poseer y utilizar tierras de su familia. Ese mismo mes se presentó la Ley de la Comisión Nacional de Tierras, que establecía una comisión que adoptaría un enfoque de género en relación con la administración de la tierra.
En septiembre, el presidente firmó la entrada en vigor de la Ley sobre la Elección Pública de 2022, que disponía que un tercio de las candidaturas al Parlamento debían ser de mujeres.
En noviembre, el Parlamento aprobó el Proyecto de Ley de Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer, que incluía una disposición que establecía que el 30% de los cargos del gobierno, y de las empresas con al menos 25 personas empleadas, debía reservarse a mujeres.
Durante el año regresaron a la escuela 800 niños y niñas en todo el país, incluidas niñas embarazadas, niñas que habían abandonado la escuela a causa de problemas por su embarazo, y niños y niñas con necesidades especiales, que vivían en zonas remotas o que pertenecían a familias pobres.
En un esfuerzo por descongestionar las prisiones en todo el país, el poder judicial celebró una Semana Judicial nacional, tras la cual para el 4 de febrero se había dejado en libertad bajo fianza a 374 personas detenidas y se habían retirado los cargos que pesaban contra 234.
En junio, la Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona solicitó realizar una visita al centro de detención conocido como “Benghazi”, en Freetown, donde presuntamente se sometía a tortura y otros malos tratos a los detenidos que hubieran criticado al presidente, pero al terminar el año la solicitud no había sido aprobada.
En agosto, un estudio sobre la seguridad alimentaria realizado por el Ministerio de Agricultura con el Programa Mundial de Alimentos reveló que la inseguridad alimentaria había empeorado y que más de un millón de personas sufrían hambre severa.
En marzo, el Ministerio de Minas y Recursos Minerales pidió por escrito a la empresa Meya Mining que respondiera a las conclusiones de Amnistía Internacional relativas a las repercusiones que las operaciones de la empresa en el distrito de Kono tenían en los derechos humanos.1
En agosto, el gobierno promulgó la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2022, cuyo propósito era tratar de mejorar los beneficios socioeconómicos de los proyectos mineros para el país e incrementar la transparencia de la gestión del sector.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
