Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El presidente refrendó con su firma la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Abolición de la Pena de Muerte. La policía usó fuerza excesiva contra manifestantes y otras personas. El gobierno no protegió los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Seguía prevaleciendo la violencia sexual y de género. La ciudadanía de Sierra Leona denunció el deficiente saneamiento existente en los hospitales, y se registraban altas tasas de mortalidad materna e infantil.
En enero, 246 personas presas —entre ellas el opositor político Alfred Paolo Conteh— quedaron en libertad en aplicación de un indulto presidencial. Se intensificaron las medidas restrictivas para controlar la pandemia de COVID-19. Sierra Leona aceptó 216 de las 274 recomendaciones formuladas en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU.
El 23 de julio, el Parlamento votó por unanimidad a favor de la abolición de la pena de muerte para todos los delitos y aprobó el proyecto de Ley de Abolición de la Pena de Muerte, que el presidente refrendó con su firma el 8 de octubre.
El 12 de abril, estudiantes del Instituto de Administración y Gestión Públicas participaron en una protesta contra la publicación por parte de la institución de una lista incompleta de personas graduadas en la que se omitían los nombres de cientos de personas que reunían los requisitos para aparecer en ella. La policía dispersó violentamente a quienes se manifestaban, y golpeó y arrancó la camisa a una mujer.
Tres días después, un agente de policía mató de un disparo a un joven en Hastings por una disputa privada sobre la propiedad de la tierra. Tras una investigación interna, cinco agentes fueron despedidos y el agente que disparó contra el joven fue detenido y acusado de asesinato.
Se presentaron recomendaciones al Ministerio del Interior para reforzar la Junta Independiente de Denuncias contra la Policía como base para la adopción por el Parlamento de una propuesta de ley para regular la violencia policial.
Durante el proceso de Examen Periódico Universal, el gobierno aceptó la recomendación de promulgar una ley para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos. Al terminar el año, el proceso legislativo a tal efecto aún no había comenzado.
Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito en virtud de la Ley sobre Delitos contra la Persona y conllevaba una pena máxima de cadena perpetua. Las personas LGBTI siguieron sufriendo discriminación y estigma, y el gobierno rechazó todas las recomendaciones formuladas durante el proceso del EPU relativas a la protección de sus derechos y su dignidad.
El matrimonio precoz y forzado y la mutilación genital femenina seguían siendo prácticas generalizadas. Según un informe de la organización Save the Children publicado en marzo, Sierra Leona ocupaba el puesto número 18 en la lista de países con las tasas más altas de matrimonio precoz del mundo. El informe también afirmaba que las niñas, al llegar la pubertad, solían unirse a sociedades secretas —como la “Sociedad Bondo”— en las que la mutilación genital femenina formaba parte del proceso de iniciación.
La Iniciativa Rainbo (una organización nacional de lucha contra la violencia sexual) registró 1.691 casos de violencia sexual y de género —la mayoría contra mujeres, y de los que 1.522 fueron casos de agresión sexual y 169 de agresión física— que habían tenido lugar en las ciudades de Freetown, Bo, Makeni, Kenema y el distrito de Kono entre enero y junio. En julio, la ministra de Género y Asuntos de la Infancia reafirmó el compromiso del gobierno de acabar con ese tipo de violencia antes de 2030.
En octubre, el gobierno presentó en el Parlamento el proyecto de Ley sobre Empoderamiento de Género, que tenía como objetivo aumentar el acceso de las mujeres a oportunidades de financiación y reservar para mujeres el 30% de los escaños parlamentarios y los puestos del gabinete ministerial.
La mortalidad materna e infantil seguía siendo alta. La ciudadanía de Sierra Leona usó las redes sociales para denunciar el deficiente saneamiento existente en el Hospital Connaught (principal hospital de derivación) y el Hospital de Maternidad Princess Christian, dos de los principales hospitales públicos de Freetown. El 13 de abril, el personal médico residente anunció una huelga para reclamar, entre otras cosas, un entorno laboral limpio en el Hospital Connaught y el suministro de agua corriente para el Princess Christian.
Con un número limitado de plantas de oxígeno en el país, los hospitales se esforzaron por responder a la tercera ola de COVID-19. Al final de septiembre, más de 396.505 personas adultas habían recibido la primera vacuna contra la COVID-19 y más de 89.902 habían recibido una segunda dosis.
Los servicios de salud mental no cubrían las necesidades de quienes sufrían traumas derivados del reciente conflicto ni de las personas supervivientes del ébola que vivían con las secuelas del virus. La falta de gasto público, el insuficiente apoyo de donantes y la escasez de profesionales de la salud mental cualificados, entre otros factores, impedían que estas personas recibieran una atención adecuada. Sólo había dos psiquiatras en ejercicio y un psiquiatra invitado para dar servicio a toda la población.1
En julio, un informe del comité especial restringido al que el Parlamento había encomendado investigar la presunta contaminación del río Taia/Jong reveló que la causa de la contaminación del agua eran las numerosas actividades mineras a lo largo del río Pampana y sus afluentes en el distrito de Tonkolili, y en el río Hugy en la jefatura de Valunia (distrito de Bo) que finalmente desembocaban en el río Taia/Jong. El informe reveló además que las actividades mineras tenían efectos negativos para la agricultura, la pesca y el suministro de agua potable. Las enfermedades transmitidas por el agua causaron 17 muertes. El comité recomendó la suspensión de todas las actividades mineras artesanales e ilegales en la región.
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