Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
Los tribunales británicos declararon ilegítimo el acuerdo establecido con Ruanda para reubicar en este país a quienes solicitaban asilo en Reino Unido. Continuaron las restricciones de los derechos a la libertad de expresión y de asociación. Paul Rusesabagina fue puesto en libertad en marzo tras recibir un indulto presidencial. Se enjuició a funcionarios de prisiones por presunta tortura. Más de un centenar de personas murieron en inundaciones y corrimientos de tierras, y se reubicó a personas residentes de zonas de alto riesgo sin indemnizarlas por ello. Se suspendió indefinidamente el juicio a Félicien Kabuga, presunto financiador del genocidio. Varios sospechosos de genocidio fueron detenidos, extraditados o condenados por tribunales ruandeses y en virtud de la jurisdicción universal.
Información general
En su informe de junio, el Grupo de Expertos de la ONU sobre la República Democrática del Congo (RDC) confirmó la participación de la Fuerza de Defensa de Ruanda en el conflicto que tenía lugar en el este de RDC, incluidas acciones directas y apoyo al grupo armado M23 (véase el apartado sobre República Democrática del Congo). Ruanda rechazó el informe.
Dos altos cargos de República Democrática del Congo, ambos citados en el informe de los expertos de la ONU, fueron sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos, respectivamente.
En septiembre, Estados Unidos incluyó a Ruanda en la lista de países cómplices de utilizar o reclutar niños y niñas soldados, en relación con el respaldo de Ruanda al M23.
Aunque las relaciones con República Democrática del Congo siguieron deteriorándose, la relación de Ruanda con Burundi mostró al principio del año señales de mejora. Sin embargo, las relaciones entre ambos países volvieron a deteriorarse en diciembre, cuando el presidente de Burundi acusó a Ruanda de respaldar a un grupo armado (véase el apartado sobre Burundi). Las elecciones parlamentarias se aplazaron hasta 2024 para hacerlas coincidir con las presidenciales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En enero, refiriéndose a las personas refugiadas de República Democrática del Congo, el presidente Kagame dijo que “[el gobierno] no pod[ía] seguir acogiendo a personas refugiadas si, más tarde, se [lo] responsabiliza de algún modo por ellas o incluso se lo insulta[ba] al respecto”. Desde finales de 2022 habían llegado a Ruanda 13.643 personas refugiadas y solicitantes de asilo que huían de los combates que se libraban en el este de República Democrática del Congo.
Continuaron las apelaciones judiciales en Reino Unido contra el acuerdo para reubicar en Ruanda a personas que solicitaban asilo en ese país (véase el apartado sobre Reino Unido). En junio, el Tribunal de Apelación decidió que el acuerdo era ilegítimo porque Ruanda no era un país seguro para quienes solicitaban asilo, puesto que las deficiencias en el proceso de asilo de Ruanda conllevaban el peligro de que se devolviera a las personas a un Estado de origen donde se exponían a sufrir persecución u otros malos tratos. El ministro del Interior de Reino Unido presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que lo resolvió en noviembre confirmando la decisión del Tribunal de Apelación. En diciembre, Ruanda y Reino Unido firmaron un nuevo tratado y en el Parlamento británico se presentó un proyecto de ley sobre “la seguridad de Ruanda”.
Libertad de expresión y de asociación
John Williams Ntwali, periodista de investigación que informaba sobre cuestiones relativas a los derechos humanos, murió en enero en circunstancias sospechosas. La policía declaró que éste había perdido la vida en un accidente de tráfico en la capital, Kigali, el 18 de enero, y que se había detenido al conductor implicado en la colisión. El día anterior a su muerte, Ntwali había comentado a otro periodista que le preocupaba su seguridad.1 A pesar del gran interés que suscitó el caso, el juicio oral del conductor se celebró sin la presencia de observadores independientes; el conductor fue declarado culpable de homicidio sin premeditación y lesiones corporales no intencionadas. En la sentencia escrita faltaban detalles significativos, incluido el lugar exacto del accidente; no se hacía referencia a ninguna prueba visual de la policía de tráfico que decía haber acudido al accidente, y las referencias a un informe médico eran ambiguas.2
Los partidos políticos de oposición Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi) y Plataforma Ruandesa para la Democracia (RPD) permanecieron sin registrar. Poco después de haber creado la RPD en 2021, el periodista Christopher Kayumba había sido acusado de violación, cargo del que fue absuelto en febrero de 2023. En noviembre fue declarado culpable y condenado a dos años de prisión (uno de ellos condicional), tras un recurso de la fiscalía.
Derecho a un juicio justo
Paul Rusesabagina, condenado en 2021 por cargos relacionados con el terrorismo en un juicio que se había visto empañado por numerosas violaciones del derecho a un proceso equitativo, salió de prisión en marzo, tras unas negociaciones celebradas entre los gobiernos de Ruanda y Estados Unidos. En 2022 había escrito al presidente Kagame para solicitar el indulto, comprometiéndose a mantenerse al margen de la política ruandesa. En julio de 2023, Rusesabagina publicó un vídeo en el que describía a la población de Ruanda como “prisionera en su propio país”.
Tortura y otros malos tratos
En agosto fueron detenidos nueve funcionarios y exfuncionarios de la prisión de Rubavu —incluido el exdirector—, acusados de torturar a reclusos; al finalizar el año seguían en detención en espera de juicio, lo que contrastaba con la inacción registrada ante denuncias previas de tortura y otros malos tratos.
Derecho a un medioambiente saludable
En mayo, al menos 115 personas perdieron la vida en las inundaciones y los corrimientos de tierras que tuvieron lugar en el oeste y norte de Ruanda. En previsión de lluvias más intensas de lo habitual hacia final de año, el ayuntamiento de Kigali repitió el llamamiento a las 3.131 familias que vivían en zonas de alto riesgo de inundaciones y corrimientos de tierra para que se trasladaran antes de la estación de lluvias (normalmente entre septiembre y noviembre). En agosto, el alcalde de Kigali notificó que no habría ayudas a disposición de la población residente, política que, de aplicarse, violaría su derecho a la vivienda. Sin embargo, era posible que las personas consideradas demasiado vulnerables para reubicarse recibieran una indemnización.
En junio, el gobierno lanzó la Estrategia Revisada de Crecimiento Verde y Resiliencia Climática, en apoyo al objetivo de Ruanda de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 38% antes de 2030. Los objetivos formulados incluían lograr la seguridad energética y un abastecimiento de energía con bajas emisiones de carbono, la sostenibilidad del uso de la tierra y la gestión de los recursos hídricos, y una protección social para reducir la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Para aplicar la estrategia se necesitarían 2.000 millones de dólares estadounidenses anuales, de los que 700 millones procederían de los presupuestos del gobierno; la financiación adicional se obtendría de fuentes tales como los fondos para el clima, el sector privado y los socios para el desarrollo.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En agosto, los jueces de apelación del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MRITP) ordenaron que se suspendiera indefinidamente el juicio contra Félicien Kabuga, de 90 años, presunto financiador principal del genocidio. En junio, el tribunal había decidido que Kabuga no reunía las condiciones para ser juzgado debido a su estado de salud, pero había propuesto un “procedimiento de determinación alternativo” que se rechazó en la apelación.
El sospechoso de genocidio Fulgence Kayishema fue detenido en Sudáfrica en mayo, acusado de 54 cargos de violación de la legislación nacional. Fue detenido de nuevo en agosto mediante una nueva orden de captura que permitía su extradición a Tanzania para ser juzgado por el MRITP.
El sospechoso de genocidio Théoneste Niyongira fue deportado de Malawi a Ruanda en junio.
En febrero, la Sala de Delitos Internacionales del Tribunal Superior de Ruanda condenó a 25 años de prisión por cargos de genocidio a Jean Twagiramungu, extraditado de Alemania en 2017. En marzo, el Tribunal de Apelaciones de Ruanda confirmó la condena a cadena perpetua de Ladislas Ntaganzwa, declarado culpable de cargos de genocidio en 2020.
Sylvestre Gacumbitsi, condenado por genocidio, murió en septiembre en Malí mientras cumplía una pena de 30 años impuesta por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Aloys Simba, a quien el MRITP había concedido la libertad anticipada, murió en Benín en julio.
Se produjeron avances en varias causas de genocidio tramitadas en Europa en virtud del principio de jurisdicción universal. En junio, el Tribunal de lo Penal de París declaró a Philippe Hategekimana, expolicía militar, culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad y lo condenó a cadena perpetua. Pierre Kayondo, exprefecto de Kibuye, fue detenido en septiembre en Francia y acusado de complicidad en genocidio y crímenes de lesa humanidad. Pierre-Claver Karangwa fue detenido en Países Bajos en octubre; en junio, el Tribunal Supremo de Países Bajos había denegado su extradición a Ruanda por dudas acerca de las garantías de un juicio justo. En diciembre, Seraphin Twahirwa y Pierre Basabose fueron declarados culpables de genocidio y crímenes de guerra en Bélgica. También en diciembre, un tribunal de París declaró a Sosthène Munyemana culpable de cargos de genocidio y lo condenó a 24 años de prisión.
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