Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades tomaron medidas para responder a la pandemia de COVID-19 y promover el derecho a la salud. Se indultó a 10 niñas y mujeres por delitos relacionados con el aborto. Continuaron las violaciones del derecho a un juicio justo, a la libertad de expresión y a la privacidad, así como las desapariciones forzadas, las denuncias de tortura y el uso excesivo de la fuerza. Se enjuició y condenó a personas sospechosas de genocidio.
En julio se creó el Ministerio de Unidad Nacional y Participación Ciudadana, para sustituir al Fondo de Apoyo y Asistencia a Supervivientes del Genocidio, la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio, la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación, y la Comisión Nacional Itorero.
También en julio se desplegaron fuerzas armadas en Mozambique para luchar contra un grupo armado conocido localmente como Al Shabaab. Junto con sus homólogas mozambiqueñas, las fuerzas ruandesas recuperaron varias ciudades clave en la provincia de Cabo Delgado (nordeste de Mozambique).
El gobierno siguió imponiendo restricciones para reducir la propagación de la COVID-19, entre ellas el toque de queda en todo el país, pruebas masivas y confinamientos localizados en enero, febrero y julio en Kigali y otros distritos. Al final de septiembre, Ruanda era uno de los tan sólo 15 países africanos que cumplían el objetivo global del 10% de vacunación. En diciembre, el 40% de la población del país estaba totalmente vacunada.
En julio, el presidente Kagame indultó a 10 niñas y mujeres que cumplían penas de prisión por delitos relacionados con el aborto. El aborto seguía siendo ilegal en la mayoría de los supuestos, aunque el Código Penal de 2018 había introducido excepciones para los casos de violación, incesto o matrimonio forzado.
Paul Rusesabagina fue declarado culpable de delitos de terrorismo en septiembre, tras un juicio y un periodo previo al juicio empañados por graves violaciones del derecho a un proceso equitativo. Junto con otras 20 personas, fue juzgado en relación con unos ataques de las Fuerzas Nacionales de Liberación, grupo al que había apoyado con anterioridad. Tras su traslado ilícito de Dubai a Kigali el 28 de agosto de 2020, estuvo desaparecido cuatro días, tiempo durante el cual, según sus abogados, fue torturado. Después permaneció recluido en régimen de incomunicación durante tres días. Durante las primeras seis semanas de detención, no se permitió al abogado designado por la familia acceder a él; en lugar de eso, durante ese tiempo Paul Rusesabagina estuvo representado por dos abogados pro bono. Las autoridades penitenciarias inspeccionaron y confiscaron documentación privilegiada y confidencial que el acusado había entregado a sus abogados. Esta práctica continuó a pesar de una sentencia judicial según la cual los documentos relacionados con el caso no debían ser confiscados (aunque otros documentos no relacionados con el caso podían ser inventariados previamente por las autoridades penitenciarias). Esa sentencia fue la única medida adoptada por el tribunal para intentar reparar las violaciones del derecho a un juicio justo. Desde el 12 de marzo, Paul Rusesabagina no asistió a las vistas judiciales porque consideró que no se respetaría su derecho a un juicio justo.1
Varias personas activas en blogs y YouTube fueron detenidas y enjuiciadas. Yvonne Idamange fue detenida en febrero tras publicar un vídeo en el que afirmaba que el presidente había muerto y pedía a la gente que marchara hasta la oficina presidencial, y también criticaba las medidas de confinamiento y las políticas relacionadas con la conmemoración del genocidio. Yvonne Idamange fue declarada culpable en septiembre y condenada a 15 años de prisión por cargos como “incitación a desórdenes públicos”, “eliminación o denigración de pruebas o información relativas al genocidio” y “publicación de rumores”.
El profesor Aimable Karasira fue detenido en mayo tras haber sido citado reiteradamente por la Oficina Ruandesa de Investigación y acusado formalmente de negación y justificación del genocidio, incitación a la división y fraude. Superviviente del genocidio, Aimable Karasira había publicado vídeos en los que sostenía que unos soldados del Frente Patriótico Ruandés habían matado a miembros de su familia en 1994.
En octubre, se detuvo a seis personas, entre ellas el periodista Theoneste Nsengimana y miembros del partido político de oposición DALFA-Umurinzi (Desarrollo y Libertad para Todos), acusadas de “propagar rumores para causar malestar entre la población”. Dos días antes, Theoneste Nsengimana había publicado un vídeo en el que aparecía una mujer pidiendo que se celebrara el “Día de Ingabire” (llamado así por Victoire Ingabire, dirigente de DALFA-Umurinzi) para honrar a las figuras de la oposición encarceladas, secuestradas y asesinadas.
En julio, el Proyecto Pegasus reveló que el teléfono de Carine Kanimba, hija de Paul Rusesabagina, estaba infectado con el programa espía Pegasus de NSO Group. Se creía que Ruanda era cliente de dicha empresa. Se habían seleccionado más de 3.500 números de teléfono, pertenecientes a activistas, periodistas, oponentes políticos, políticos extranjeros y diplomáticos de interés para Ruanda, entre otros, como objetivos potenciales del programa espía.2
En marzo, una comisión francesa, establecida para examinar archivos estatales relacionados con el papel y la implicación de Francia en Ruanda entre 1990 y 1994, publicó su informe final. La Comisión Duclert concluyó que, aun sin ser cómplice en el genocidio, Francia tenía responsabilidades por su ceguera ante la preparación de un exterminio de ese tipo y su lentitud a la hora de romper con el régimen responsable de tales hechos. El presidente Macron reconoció la responsabilidad de Francia y pidió perdón al pueblo ruandés. En abril, el Informe Muse, encargado por el gobierno de Ruanda, fue más lejos y afirmó que Francia tenía una “gran responsabilidad por haber hecho posible un genocidio previsible”.
En marzo, el fiscal del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales presentó una segunda acta de acusación formal modificada contra Félicien Kabuga, reconocido como principal financiador del genocidio de 1994. Kabuga fue acusado de genocidio, incitación y conspiración para cometer genocidio y tres cargos de crímenes de lesa humanidad: persecución por motivos políticos, exterminio y asesinato.
En julio, la Sala Especial del Tribunal Superior para Crímenes Internacionales y Transnacionales de Ruanda declaró culpable de genocidio a Jean-Claude Iyamuremye y lo condenó a 25 años de prisión. Jean-Claude Iyamuremye estaba acusado de haber sido dirigente de la milicia Interahamwe en Kicukiro durante el genocidio.
La presunta genocida Beatrice Munyenyezi fue extraditada de Estados Unidos a Ruanda en abril para ser juzgada. Ese mismo mes, Marcel Hitayezu, sacerdote ruandés que vivía en Francia, fue detenido por cargos de genocidio. Otro presunto genocida, Venant Rutunga, fue extraditado de Países Bajos en julio. En septiembre, dos jueces de instrucción de París ordenaron que Philippe Hategekimana fuera juzgado en Francia por genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos. En octubre, Oswald Rurangwa, condenado por genocidio, fue deportado de Estados Unidos a Ruanda.
Théoneste Bagosora, excoronel del ejército, murió en septiembre en Malí, donde cumplía una condena de 35 años de prisión por el papel que había desempeñado en la organización del genocidio.
Ruanda se retractó de sus compromisos anteriores y rechazó las recomendaciones recibidas durante el proceso de Examen Periódico Universal (EPU) relativas a ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En dos ediciones anteriores del EPU, primero había apoyado y después había apoyado provisionalmente las recomendaciones relativas a ratificar la Convención.3
Se informó de presuntas desapariciones forzadas, y quedaron sin resolver desapariciones ocurridas en años anteriores. En mayo, el solicitante de asilo y exdirector de radio ruandés Cassien Ntamuhanga fue detenido por la policía de Mozambique, que siempre negó tener conocimiento de su detención. Según informaciones sin confirmar, Cassien Ntamuhanga —que había recibido una sentencia condenatoria en Ruanda junto con Kizito Mihigo (véase “Derecho a la vida”) y se había fugado de la prisión en 2017— fue entregado a la embajada de Ruanda en junio.
No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre la muerte bajo custodia del popular músico Kizito Mihigo en 2020 a pesar de los reiterados llamamientos de la sociedad civil.4
En septiembre murió bajo custodia el popular rapero Joshua Tusyishime, también conocido como Jay Polly. Lo habían detenido en abril por celebrar una fiesta en su domicilio infringiendo la normativa sobre la COVID-19.
Aunque en 2020 el presidente y el ministro de Justicia habían condenado públicamente el uso de fuerza excesiva por agentes de policía concretos, y se habían comprometido a hacer rendir cuentas a los culpables, continuaron los informes de uso de fuerza excesiva y en ocasiones letal por parte de la policía, por ejemplo en la aplicación de las restricciones relacionadas con la COVID-19.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
