Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se expresó preocupación por la independencia de las cadenas de radiodifusión públicas. El Parlamento votó a favor de un proyecto de ley para indemnizar a los miles de mujeres romaníes que habían sido esterilizadas ilegalmente en el pasado. Las autoridades negaron que la policía fuera responsable de la muerte de un hombre romaní durante una intervención policial contra él.
Durante el año, el gobierno adoptó medidas socioeconómicas de apoyo a las personas afectadas por la pandemia de COVID-19, incluida una indemnización de 14 días de sueldo para quienes debían someterse a cuarentena obligatoria.
Las autoridades restringieron el derecho a la libertad de reunión pacífica en respuesta a la COVID-19. En diciembre de 2020, el Parlamento declaró el estado de emergencia, que se prolongó hasta el 11 de abril. Durante ese periodo, las reuniones estuvieron limitadas a un máximo de 500 personas. La decisión desencadenó en enero protestas con el eslogan “Abramos la República Checa”.
Se expresó preocupación por la independencia de las cadenas de radiodifusión públicas. En marzo, la Unión Europea de Radiodifusión manifestó que había observado un aumento de la politización del consejo de administración de la televisión checa. En mayo, Reporteros sin Fronteras expresó su preocupación por el riesgo de que aumentara la presión política sobre la empresa de radiodifusión pública tras la elección de nuevos miembros del consejo de la televisión checa.
Los niños y niñas romaníes seguían sufriendo segregación discriminatoria en los centros escolares.
Un hombre romaní llamado Stanislav Tomáš murió durante una intervención policial contra él en la localidad de Teplice el 19 de junio. Según imágenes de vídeo de su detención, publicadas por el servidor de noticias Romea.cz, tres agentes de policía hicieron uso de la fuerza contra él. En el vídeo se veía a Stanislav Tomáš tendido en el suelo mientras uno de los agentes le presionaba el cuello con las rodillas durante toda la intervención.1 El 26 de julio, la Inspección General de la Policía informó a Amnistía Internacional de que la policía había intervenido ante “su conducta cada vez más agresiva, que se había vuelto contra el agente de policía encargado de la intervención”. El ministro del Interior declaró en julio que la autopsia establecía una sobredosis de drogas como posible causa de la muerte, y que la policía no le había impedido respirar ni le había cortado la circulación sanguínea. En diciembre, la adjunta de la Defensora Pública de los Derechos (adjunta de la Defensora del Pueblo) publicó su investigación sobre el caso, cuya conclusión era que los agentes de policía habían cometido errores importantes durante la intervención. En concreto, señalaba que la policía no se había asegurado de que sus métodos coercitivos no causaran daños desproporcionados.
En julio, el Senado votó a favor de un proyecto de ley para indemnizar a los miles de mujeres romaníes que habían sido esterilizadas ilegalmente por las autoridades entre 1966 y 2012.2 Las sobrevivientes de estas esterilizaciones ilegales podrían optar a una indemnización de 300.000 coronas checas (11.800 euros), que debían solicitar a través del Ministerio de Salud en un plazo de tres años a partir del 1 de enero de 2022, fecha de entrada en vigor de la ley.
En agosto, el Tribunal Constitucional revocó una reforma de la legislación sobre prestaciones sociales basándose en que era discriminatoria y excluía ciertas categorías de residentes. La reforma permitía a los municipios declarar zonas de “conducta socialmente patológica”, cuyos residentes tenían prohibido solicitar determinadas ayudas a la vivienda. Las ONG habían criticado la reforma porque consideraban que afectaba de manera desproporcionada a romaníes y personas sin recursos.
En enero, el Tribunal Constitucional rechazó una propuesta de un tribunal regional para reformar una ley que impedía reconocer las adopciones en el extranjero realizadas por parejas del mismo sexo residentes en la República Checa. La ley sólo permitía adoptar a las parejas casadas.
En abril, la cámara baja del Parlamento aprobó en primera lectura un proyecto de ley que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Parlamento no siguió debatiendo el proyecto de ley antes de las elecciones de octubre.
Cinco años después de haber firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), la República Checa aún no lo había ratificado. En marzo, la plenipotenciaria gubernamental para los derechos humanos declaró que, tras las elecciones parlamentarias de octubre, el nuevo gobierno decidiría si proponía la ratificación al Parlamento.
En agosto, el gobierno aceptó a 170 personas afganas como parte de las operaciones de la República Checa de evacuación desde Afganistán. También en agosto, el ministro del Interior afirmó que la prioridad del gobierno era garantizar que la tensión en Afganistán no provocara “otra ola de migración” y evitar “una crisis en las fronteras exteriores de la Unión Europea”.
En septiembre, durante la campaña para las elecciones parlamentarias, el entonces primer ministro, Andrej Babiš, utilizó vallas publicitarias con mensajes contra la inmigración que decían: “Los defenderé de los inmigrantes ilegales. Hasta mi último aliento.”
El gobierno continuó negándose a participar en toda iniciativa de reubicación de personas refugiadas dentro de la Unión Europea y el programa de reasentamiento permaneció “congelado”.
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