Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La República Checa era el tercer país de la Unión Europea con más personas refugiadas ucranianas registradas y el que tenía la cifra más elevada per cápita. Cientos de personas refugiadas romaníes de Ucrania fueron objeto de trato discriminatorio. Suscitaron preocupación los comentarios discriminatorios realizados por el defensor público de los Derechos (defensor del Pueblo). Miles de mujeres romaníes que habían sido esterilizadas ilegalmente en el pasado seguían sin ser plenamente indemnizadas. La esterilización seguía siendo un requisito para el reconocimiento jurídico del cambio de género. Persistía la preocupación por un acuerdo para poner fin a una larga disputa sobre la ampliación de la mina de carbón de Turów, cerca de la frontera entre la República Checa y Polonia.
Información general
No se avanzó hacia la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul).
A fecha 31 de octubre, la República Checa había concedido protección temporal a 453.725 personas refugiadas de Ucrania. El país siguió registrando nuevas llegadas, pero el número disminuyó considerablemente a partir de marzo. De las personas refugiadas que entraron en el país, el 47% eran mujeres y el 33%, menores de edad. La República Checa era el país del mundo con el número más elevado de personas ucranianas desplazadas per cápita. Sin embargo, miles de personas que habían recibido el estatuto de protección temporal regresaron posteriormente a Ucrania. La República Checa, conforme a la decisión de la UE, amplió la protección temporal a las personas refugiadas ucranianas hasta marzo de 2023, aunque redujo la ayuda económica.
Las personas romaníes ucranianas sufrían racismo sistémico y también individual al llegar a la República Checa, pues se las obligaba a esperar mucho más tiempo para obtener protección temporal que a otras personas que también la habían solicitado. En abril y mayo, cientos de personas quedaron varios días abandonadas a su suerte en estaciones de tren tras su llegada a Praga y Brno, ya que no se las reconocía como refugiadas. Las autoridades les negaron ayuda durante varias semanas.
El defensor público de los Derechos, Stanislav Křeček, continuó haciendo comentarios discriminatorios contra las personas romaníes. Culpaba de los problemas en los barrios y los asentamientos informales que sufrían exclusión social a sus habitantes, afirmando que éstos no habían tratado de cambiar su situación. Dijo que no tenía el deber de defender los derechos humanos, sino el de proteger a la ciudadanía de las decisiones injustas de las autoridades. En agosto, en una actuación sin precedentes, despojó de todas las responsabilidades del cargo a su adjunta, que posteriormente dimitió.
Las mujeres romaníes que habían sido obligadas o forzadas a someterse a esterilización seguían a la espera de reparación tras la aprobación en agosto de 2021 de una ley basada en las recomendaciones del anterior Examen Periódico Universal que otorgaba a las mujeres esterilizadas sin su consentimiento entre el 1 de julio de 1966 y el 31 de marzo de 2012 una indemnización de 300.000 coronas checas (aproximadamente 12.000 euros). Sólo fueron indemnizadas 30 de 260 solicitantes.
Los ataques a personas LGBTI rara vez se consideraban crímenes de odio, pues la legislación no reconocía los crímenes de odio contra estas personas.
No se modificó la legislación checa que estipulaba que cualquier persona que quisiera obtener el reconocimiento legal de cambio de género debía someterse a esterilización.
Aunque las parejas homosexuales tenían la opción de formalizar uniones civiles, todavía no se les permitía contraer matrimonio. Se volvió a presentar ante el nuevo Parlamento un proyecto de ley que reconocía el matrimonio igualitario, que en 2018 no había obtenido los votos necesarios, pero al concluir el año todavía no se había debatido.
El castigo corporal a niños y niñas seguía siendo legal, en contra de los llamamientos de la ONU y del Consejo de Europa a favor de su prohibición, y el gobierno apenas hizo nada para combatir su aplicación o promover prácticas de crianza alternativas no violentas.
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos publicó los detalles de un acuerdo entre el gobierno checo y un hombre romaní que había presentado una demanda por segregación escolar al haber sido escolarizado de niño en una escuela especial por su etnia y no por sus capacidades. El gobierno acordó pagarle una indemnización de 4.000 euros.
La República Checa continuó suministrando a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos armas cuyo destino probable era la comisión o facilitación de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en el conflicto de Yemen.
Los gobiernos de la República Checa y de Polonia acordaron en febrero poner fin a una larga disputa, que había llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2021, sobre la ampliación de la mina de carbón a cielo abierto de Turów, situada en el lado polaco de la frontera. El Tribunal ordenó a Polonia detener la extracción porque contribuía al aumento de emisiones de carbono y contaminaba el agua de pueblos checos cercanos a la frontera polaca. Los grupos ambientales criticaron duramente el acuerdo gubernamental por su falta de transparencia, y las personas que residían en la zona seguían temiendo la falta de acceso a agua potable.
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