Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno prometió una investigación sobre su gestión de la pandemia de COVID-19 y recortó significativamente una prestación social que recibían seis millones de personas. Se violaban sistemáticamente los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Un nuevo proyecto de ley sobre la función policial ponía en grave peligro el derecho de reunión pacífica y el derecho a no sufrir discriminación. Suscitaron preocupación un proyecto de ley sobre revisión judicial y una revisión de la Ley de Derechos Humanos. En ciertas zonas de Irlanda del Norte seguía sin haber acceso adecuado a servicios de aborto. Persistió la falta de rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado en Irlanda del Norte y por la complicidad británica en el programa de detenciones secretas dirigido por Estados Unidos. La decisión judicial que bloqueaba la extradición de Julian Assange a Estados Unidos fue anulada en apelación. Las condiciones de detención en Escocia no cumplían las normas básicas.
La pandemia de COVID-19 empeoró durante el año, con bruscos aumentos de los casos y una presión considerable sobre los hospitales. El gobierno impuso un confinamiento nacional el 5 de enero y el Parlamento renovó en dos ocasiones los poderes de excepción asociados a la COVID-19. La mayoría de las restricciones impuestas para combatir la pandemia se levantaron en julio y agosto. A finales de diciembre, el número de contagios diarios de COVID-19 superaba todos los registros anteriores y volvieron a imponerse algunas restricciones en Gales, Escocia e Irlanda del Norte.
En diciembre, el país registraba la segunda mayor tasa de muertes por COVID-19 de Europa. Debido a la pandemia, la esperanza de vida de los varones disminuyó por primera vez desde que empezó a registrarse el dato. Al concluir el año, el 82,4% de la población mayor de 12 años ya había recibido la pauta completa de vacunación contra la COVID-19. Reino Unido disponía al final del año de un gran excedente de dosis vacunales que no había redistribuido lo suficiente a países de ingresos bajos y medianos bajos con necesidad de vacunas.1
En mayo, el primer ministro anunció que la investigación pública independiente sobre la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 no comenzaría hasta el segundo trimestre de 2022. Familias afectadas, sindicatos, personal sanitario y otros grupos exigieron al gobierno la inmediata apertura de esa investigación.
Según un informe de un mecanismo regulador independiente publicado en marzo, la orden de no iniciar reanimación cardiopulmonar se utilizó de forma generalizada durante la pandemia. Las personas mayores y las personas con discapacidad no recibieron el apoyo suficiente ni la información adecuada antes de que se ejecutaran tales órdenes.
En octubre, el gobierno retiró el incremento de 20 libras esterlinas a la semana de las prestaciones sociales que recibían 6 millones de personas desempleadas o con ingresos bajos que se había introducido en abril de 2020 en respuesta a la pandemia. Se calculaba que este recorte abocaría a la pobreza a 500.000 personas dado el aumento constante del precio de los alimentos y de la energía.
Ante el número cada vez mayor de personas que cruzaban en barco el canal de La Mancha para solicitar asilo en Reino Unido, el gobierno introdujo cambios en las normas de inmigración y propuso nueva legislación que pondría más trabas para solicitar asilo en Reino Unido. El proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras contenía disposiciones que penalizaban a las personas solicitantes de asilo en función de cómo llegaban al país y cuándo solicitaban asilo, así como reformas que criminalizaban aún más a este colectivo. El proyecto de ley corregía la discriminación que privaba a muchas personas británicas de sus derechos de ciudadanía, pero también incluía disposiciones que permitían al gobierno privar a una persona de la nacionalidad británica sin previo aviso.
El Ministerio del Interior anunció un aumento del número de vuelos fletados por el gobierno para llevar a cabo deportaciones colectivas a partir de julio. Quienes viajaban en estos vuelos a menudo eran objeto de deportación sin haber tenido acceso a asesoramiento jurídico adecuado y sin que se hubieran examinado debidamente sus solicitudes.
El gobierno no protegió lo suficiente a la población afgana que huía de la crisis de derechos humanos de Afganistán. Además del plan existente para personas afganas que trabajaban para el gobierno británico, el gobierno había anunciado en agosto un programa de reasentamiento de gente de esa nacionalidad; no obstante, a finales de octubre reconoció que el programa todavía no estaba funcionando pese a la urgencia de la crisis.2 Según datos oficiales, a fecha de septiembre sólo se había concedido protección a 484 de las 1.055 personas afganas sobre cuyas solicitudes de asilo se había tomado una decisión en lo que iba de año.
Se siguió recluyendo a las personas solicitantes de asilo en condiciones inhumanas, incluso en antiguos cuarteles militares, donde hubo brotes de COVID-19.3
En junio, las autoridades fiscales decidieron no presentar cargos contra quienes habían participado en las protestas del movimiento Black Lives Matter en Belfast y Derry-Londonderry en junio de 2020. El Servicio de Policía de Irlanda del Norte también tomó medidas para devolver el importe de las 72 multas impuestas a estas personas por incumplir las restricciones por la COVID-19.
El proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales limitaba drásticamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, entre otras cosas ampliando las facultades de la policía para prohibir, limitar o restringir indebidamente las protestas “ruidosas” o “problemáticas”, creando los nuevos delitos de “encadenarse” y “llevar material para encadenarse”, y permitiendo que los tribunales impusieran amplias restricciones a manifestantes individuales. También incluía sanciones penales para quienes incumplieran involuntariamente las condiciones impuestas por la policía a las protestas y elevaba las penas para los organizadores que no las respetaran.4 Más de 350 organizaciones condenaron este proyecto de ley y miles de personas participaron en manifestaciones.
En marzo, la policía hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza para disolver una vigilia en la capital, Londres, celebrada mayoritariamente por mujeres, en memoria de Sarah Everard, violada y asesinada por un agente de policía. La policía alegó que la reunión infringía la normativa sobre la COVID-19.
En febrero, una coalición de 17 organizaciones hizo un llamamiento al boicot de la revisión de la estrategia del gobierno para prevenir la radicalización (Prevent) después de que William Shawcross fuera nombrado su presidente a pesar de su historial de comentarios islamófobos.5
En marzo, la Comisión sobre Desigualdades Raciales y Étnicas, establecida por el gobierno tras las protestas de Black Lives Matter en 2020, publicó un informe en el que descartaba la existencia de racismo institucional en Reino Unido y argumentaba que había un “uso reiterado e inapropiado del término ‘racismo’ para calificar toda desigualdad observada”. El Grupo de Trabajo de Expertos en Personas de Ascendencia Africana, de la ONU, dijo que el informe “replanteaba los estereotipos y clichés racistas presentándolos como hechos, tergiversando datos y aplicando erróneamente estudios y datos estadísticos para llegar a resultados concluyentes”.
El proyecto de Ley de Policía, Delincuencia, Imposición de Penas y Tribunales contenía disposiciones que ampliaban las facultades policiales de parada y registro con las nuevas Órdenes de Reducción de Violencia Grave y penalizaban “residir sin autorización en un vehículo ubicado en un terreno”. La nueva obligación legal de reducir la violencia grave facultaba a la policía y a los ministerios para recabar en organismos públicos información sobre personas, en detrimento de las salvaguardias existentes sobre el intercambio de datos. El gobierno reconoció que estas disposiciones probablemente afectarían de manera desproporcionada a los hombres negros y a las comunidades gitana, romaní y nómada.
En junio, un agente de policía fue declarado culpable del homicidio de un hombre negro, Dalian Atkinson, en 2016. El agente le había aplicado su arma Taser durante 33 segundos y le había pateado la cabeza dos veces. Según datos publicados en agosto por la Oficina Independiente para la Conducta Policial, las armas Taser se usaban con frecuencia desproporcionada contra personas negras, que tenían más probabilidades de sufrir descargas prolongadas a manos de la policía.
En noviembre, el gobierno de Irlanda del Norte acordó establecer una investigación pública independiente, además de otras medidas diseñadas junto con las sobrevivientes, sobre los “hogares para madres y bebés”, las Lavanderías de la Magdalena y las casas de trabajo en funcionamiento desde 1922 hasta 1990. Muchas mujeres y niñas que quedaban embarazadas fuera del matrimonio eran enviadas a estas instituciones y eran sometidas a detención arbitraria, trabajo forzado, malos tratos, y obligadas a entregar a sus bebés en adopción.6
En julio, el gobierno anunció su intención de abordar el legado del conflicto en Irlanda del Norte. Su plan incluía la prescripción de todos los delitos relacionados con el conflicto y el fin de toda acción judicial penal, civil y pesquisidora relacionada con ese periodo, lo que en la práctica suponía una amnistía por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto.
En julio, el gobierno presentó también el proyecto de Ley de Revisión Judicial y Tribunales, cuyas disposiciones reducirían la probabilidad de que las víctimas obtuvieran, a través de impugnaciones judiciales, recursos efectivos por violaciones de derechos humanos, y eliminarían la debida supervisión de las decisiones de ciertos tribunales que afectaban especialmente a solicitantes de asilo y migrantes.
En octubre concluyó la revisión de la Ley de Derechos Humanos de 1998 encargada por el gobierno. A continuación, el gobierno propuso cambios de gran alcance en la Ley que debilitarían considerablemente la protección de los derechos humanos en el país, ya que se desviaban más de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ponían mayores trabas para presentar reclamaciones en materia de derechos humanos, entre otras cosas.
El hecho de que aún no se ofrecieran unos servicios de aborto con plena contratación y financiación en Irlanda del Norte con arreglo al nuevo marco legislativo precarizó el acceso a la asistencia médica y creó una “lotería de códigos postales” para quienes necesitaban servicios de aborto farmacológico temprano. Un centro de salud suspendió estos servicios como consecuencia de la falta de contratación. En julio, el ministro para Irlanda del Norte dio instrucciones al Departamento de Salud norirlandés de proporcionar servicios de aborto antes del 31 de marzo de 2022.
En abril se aprobó la Ley de Operaciones Exteriores (Personal en Servicio Activo y Veteranos) de 2021, que introducía restricciones sobre las actuaciones judiciales relacionadas con operaciones militares en el extranjero, establecía plazos para presentar demandas civiles contra el Ministerio de Defensa e introducía una presunción contraria al procesamiento por delitos cometidos más de cinco años antes, exceptuando determinados delitos graves.
En febrero, Mustafa al Hawsawi, recluido en Guantánamo, presentó una denuncia ante el Tribunal sobre Competencias Indagatorias en relación con la complicidad de Reino Unido en la tortura y otros malos tratos que había sufrido en un centro de detención secreta de la CIA entre 2003 y 2006. En abril, otro detenido de Guantánamo, Abu Zubaydah, formuló una petición ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria en contra de Estados Unidos, Reino Unido y cinco países más.
El gobierno estadounidense recurrió la decisión de rechazar su solicitud de extradición de Julian Assange dictada por un tribunal británico en enero. Estados Unidos amplió con éxito el alcance de su apelación en agosto. En diciembre, el Tribunal Superior estimó el recurso de apelación y ordenó la extradición de Assange, aceptando las garantías diplomáticas ofrecidas por Estados Unidos de que no sería recluido en régimen de aislamiento. Assange recurrió la decisión a finales de diciembre y solicitó su revisión por el Tribunal Supremo británico.7 Assange se enfrentaba a su enjuiciamiento en Estados Unidos por la publicación de documentos a los que había tenido acceso en el marco de su trabajo en WikiLeaks.
En mayo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las atribuciones del gobierno británico para interceptar datos de comunicaciones de forma indiscriminada no contenían garantías suficientes frente a los abusos y, por tanto, violaban el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.8
En septiembre, el Tribunal sobre Competencias Indagatorias falló a favor de la activista Kate Wilson, que había sido engañada para tener una relación sexual prolongada con un policía de incógnito que espió sus actividades políticas pacíficas y las de sus colegas. Kate Wilson había sufrido trato inhumano y degradante, discriminación sexual y violaciones de su derecho a la vida privada y familiar y a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En abril y mayo continuó la presentación de pruebas en una investigación pública sobre policías infiltrados en grupos ambientales y de justicia social, incluidos los testimonios de otras mujeres que habían sido engañadas para tener relaciones sexuales.
En agosto, el Mecanismo Nacional de Prevención emitió un informe sobre los problemas persistentes en los centros de detención de Escocia, como el hacinamiento y la reclusión bajo custodia policial durante más de 24 horas.
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