Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno declaró un estado de emergencia por violencia de género intrafamiliar. Las autoridades reprimieron el derecho a protestar de los defensores y defensoras ambientales. La pobreza infantil aumentó. La cámara legislativa presentó proyectos de ley que, de ser aprobados, darían lugar a violaciones de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
La Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez de Puerto Rico hizo público en marzo un informe que señalaba que la pobreza infantil había aumentado un 62,7% durante los dos años anteriores, en gran medida debido a la temporada de huracanes de 2017 y la pandemia de COVID-19. En los primeros nueve meses de 2021, el gobierno recibió 10.390 denuncias de abuso infantil, 3.167 casos más que en el mismo periodo del año anterior. Hasta noviembre, el número de casos remitidos había aumentado a 12.109.
En agosto, un estudio de Ayuda Legal Puerto Rico denunció que, casi cuatro años después de la destrucción provocada por los huracanes Irma y María, el problema de la vivienda aún no se había solucionado y la población seguía residiendo en casas de techos temporales de lona (toldos azules). Según otro informe, relacionado con el plan de acción para los fondos de mitigación, entre 15.000 y 18.000 viviendas todavía tenían techos de lona azul. Los datos oficiales indicaban que se habían reparado o reconstruido 1.640 casas.
De acuerdo con la información de la Oficina de Administración de los Tribunales, hasta agosto se habían registrado 676 casos de desalojo en el archipiélago sin que se ofreciera alojamiento alternativo adecuado.
En enero, el gobernador declaró un estado de emergencia por violencia de género y ordenó medidas para prevenirla y erradicarla. Hasta mayo se habían presentado 511 demandas por violencia de género intrafamiliar, lo que suponía un aumento brusco con respecto al mismo periodo de 2020. En septiembre, el gobernador firmó la Ley 40, que reconocía el feminicidio y el transfeminicidio como delitos y establecía criterios para catalogar como tales ciertos homicidios. Durante el año se registraron 53 homicidios de mujeres por motivos de género, 7 casos menos que los documentados en 2020, según la organización de la sociedad civil Observatorio de Equidad de Género.
Al concluir el año no se había aprobado ninguno de los siete proyectos de ley debatidos que podrían limitar el derecho al aborto. Las autoridades aprobaron un currículo educativo que introducía el concepto de la perspectiva de género y que estaba previsto que se impartiera en las escuelas a partir de 2022. Su implementación desató protestas.
El gobierno invirtió recursos en la creación del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático para ayudar a definir políticas públicas sobre este fenómeno. El Departamento de Recursos Naturales expidió varios permisos de construcción —presuntamente con irregularidades de procedimiento— que amenazaban los sistemas costeros y marinos, además de poner vidas en peligro por el aumento del nivel del mar y el riesgo de huracanes. La cámara legislativa consideró la posibilidad de promover una ley que pudiera limitar en última instancia la construcción excesiva en las zonas costeras puertorriqueñas.
La Oficina del Monitor Federal publicó en marzo un informe en el que se concluía que diversas unidades policiales habían incumplido los requisitos de la Reforma de la Policía —establecida en 2013— en relación con el uso de la fuerza y los procedimientos internos.
En junio, un informe de la ONG Kilómetro 0 señaló que al menos 23 personas habían muerto como consecuencia de la violencia policial en los dos años anteriores.
En septiembre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunció violaciones de derechos civiles cometidas contra los defensores y defensoras ambientales. El Departamento de Policía trató de reprimir las protestas con medidas tales como desplegar las fuerzas de seguridad y detener a ambientalistas de forma arbitraria.
En junio, la Oficina Federal de Investigación detuvo a tres hombres en relación con la muerte de Alexa, una mujer transgénero asesinada en 2020. En julio, los defensores y defensoras de los derechos humanos denunciaron operaciones selectivas efectuadas por la policía municipal contra establecimientos frecuentados por personas LGBTI. En agosto, el gobierno federal ordenó que se protegiera en las escuelas a los estudiantes transgénero y con otras identidades sexuales. La cámara legislativa presentó varios proyectos de ley que amenazaban la dignidad y los derechos de las personas LGBTI al prohibir los tratamientos hormonales y excluir a las atletas trans de los deportes femeninos; al concluir el año no se había aprobado ninguno de ellos. El Senado rechazó un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión. Al finalizar el año se estaba tramitando en el Senado un proyecto de ley para crear una carta de derechos de las personas LGBTI.
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