Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La falta de capacidad del sistema de salud y la información insuficiente sobre los programas de vacunación limitaron el acceso de la población a atención sanitaria adecuada. La violencia de género siguió siendo generalizada y aumentó el número de ataques violentos contra mujeres acusadas de brujería. Los proyectos de explotación de recursos y de infraestructura y la destrucción del medioambiente tuvieron efectos negativos en las vidas y los medios de subsistencia de los pueblos indígenas. La violencia continuada entre comunidades provocó decenas de muertes. Hubo casos de detención arbitraria y brutalidad policial.
El gobierno y los líderes de Bougainville llegaron a un acuerdo sobre el calendario para terminar de establecer las condiciones de secesión de esta región autónoma de Papúa Nueva Guinea tras el referéndum de independencia celebrado en 2019. En aplicación del acuerdo, Bougainville asumirá la soberanía independiente en 2027.
En octubre, tras un nuevo repunte de contagios de COVID-19, varios hospitales de al menos tres provincias informaron de escasez de suministros médicos y personal sanitario.
Menos del 3% de la población había recibido la pauta de vacunación completa contra la COVID-19 al concluir el año. Las autoridades no lograron combatir de manera eficaz la reticencia generalizada a la vacunación ni proporcionar información precisa y oportuna sobre el virus y el programa de vacunación en los idiomas y los formatos adecuados para llegar a todos los segmentos de la población.
El personal sanitario fue atacado por la población y siguió corriendo un riesgo elevado de contraer la COVID-19. En octubre, en la ciudad de Lae, el personal sanitario que estaba administrando vacunas contra la COVID-19 y la polio fue apedreado.1
La policía no protegió debidamente a las mujeres contra la violencia, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad. A lo largo del año hubo ataques violentos contra mujeres acusadas de brujería. En marzo, una mujer y su hija de 19 años fueron agredidas físicamente y arrojadas desde un puente por miembros de la comunidad en Goroka, tras ser acusadas de brujería después de que el marido de la mujer muriera de COVID-19. Las organizaciones locales de derechos humanos informaron del aumento de los casos de violencia relacionados con la brujería y de violencia de género en el ámbito familiar en el contexto de la pandemia.
El Comité Parlamentario Especial sobre Violencia de Género nombrado en 2020 inició sus audiencias en mayo, que se aplazaron hasta 2022.
En junio, alumnos de la Universidad de Papúa Nueva Guinea trataron de impedir una protesta de alumnas y trabajadoras ante los numerosos casos de acoso sexual denunciados en la universidad. Los periodistas que cubrían los acontecimientos también fueron atacados, pero no hubo lesiones graves.
En enero, miembros de los pueblos indígenas de la provincia de Nueva Irlanda organizaron una sentada para protestar contra el impago por parte del gobierno de una indemnización acordada por la construcción del aeropuerto de Kavieng en sus tierras.
En julio, miembros de los llamados “encantadores de tiburones”, un pueblo indígena también de la provincia de Nueva Irlanda, organizaron un festival cultural para protestar contra los efectos que provocaban las explotaciones de minerales y metales de los fondos marinos en sus medios de vida y su cultura. El gobierno rechazó adherirse al creciente número de Estados, organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil que pedían la prohibición de la minería de los fondos marinos.
Continuó la violencia entre comunidades, que se saldó con el fallecimiento de 38 personas en dos incidentes distintos, uno en febrero en la provincia de Hela y otro en abril en las Tierras Altas Orientales. La ausencia de efectivos policiales con recursos adecuados agravó las dificultades a la hora de hacer frente a la violencia y a otras cuestiones de orden público en áreas remotas.
El 31 de julio, el Tribunal Supremo revocó las órdenes dictadas en 2017 por el Tribunal Nacional que habían suspendido provisionalmente las ejecuciones; estaba pendiente el establecimiento de procedimientos de indulto en aplicación de la Constitución.
En abril, la policía agredió y detuvo al abogado Laken Lepatu Agilio después de que éste denunciara al gobernador de la provincia de Enga por corrupción. Las acusaciones de corrupción estaban relacionadas con un plan de indemnización que tenía que pagar la mina de oro de Porgera, de propiedad canadiense, por casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por policías y personal de seguridad privada en la mina que incluían desalojos forzosos, violación y otros actos de violencia sexual. Posteriormente se aplicaron medidas disciplinarias contra un agente de policía por la detención arbitraria del abogado.
En octubre, los gobiernos de Papúa Nueva Guinea y Australia finalizaron el acuerdo sobre tramitaciones extraterritoriales entre los dos países. Sin embargo, no quedó claro cuáles serían las medidas de protección o las opciones de reasentamiento para las 88 personas refugiadas y las 36 personas solicitantes de asilo que permanecían en Papúa Nueva Guinea al concluir el año.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
