Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Las restricciones a la libertad de expresión aumentaron. Una nueva ley de nacionalidad facultó a las autoridades para retirar la ciudadanía a quienes criticaran al sultán o al Estado, a la vez que se detenía y encarcelaba a activistas y manifestantes por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión. La libertad de prensa se vio aún más restringida por nuevas normativas sobre medios de comunicación que otorgaban a las autoridades estatales amplios poderes de censura y vigilancia. Aunque se establecieron unas normas mínimas para emplear a trabajadores y trabajadoras domésticos, la mano de obra migrante, en particular la del sector doméstico, siguió atrapada en el abusivo sistema de patrocinio conocido como kafala, por lo que sufría explotación sin contar apenas con protección jurídica. Las mujeres y las niñas continuaron siendo víctimas de discriminación por motivos de género, incluso en virtud de la nueva ley de nacionalidad, y carecían de protección frente a la violencia de género en el ámbito familiar.

Libertad de expresión y de asociación

El 11 de febrero, el sultán de Omán ratificó una nueva ley de nacionalidad que permitía a las autoridades retirar la ciudadanía omaní a quienes “ofendieran” verbal o físicamente a la nación o al sultán o pertenecieran a un grupo, partido u organización que abrazara principios o creencias “perjudiciales para los intereses” de Omán, imprecisa disposición que podía utilizarse para silenciar la oposición y restringir la expresión de opiniones.

Continuaron las citaciones, detenciones y procesamientos de activistas, voces críticas con el gobierno y participantes en protestas pacíficas.

El 8 de abril fue detenido el activista Talal al Salmani tras haber criticado al gobierno en una concentración pacífica. Dos días después lo condenaron al pago de una multa por “participar en una concentración ilegal” y a un año de prisión por “difundir noticias que podían menoscabar el prestigio del Estado”. En mayo, el Tribunal de Apelación de Mascate confirmó su sentencia condenatoria, pero le redujo la pena de prisión a tres meses por cada cargo, los cuales debía cumplir de manera simultánea. Fue puesto en libertad el 6 de agosto.

El 8 de agosto citaron para su interrogatorio a Salem bin Salam al Salti, que fue sometido a desaparición forzada por un periodo aún no confirmado al concluir el año. Según informaron los medios de comunicación y una ONG omaní, su citación estaba relacionada con unos comentarios en las redes sociales en los que había criticado al gobierno por su política sobre el desempleo.

El 18 de junio, las autoridades detuvieron al escritor Mohammed Ali al Barami, quien dos días antes había publicado en la plataforma X unos comentarios en los que tachaba el sistema de gobierno de “corrupto”. El 28 de julio, el Tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Salala lo condenó a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 5.000 riales omaníes (unos 13.000 dólares estadounidenses) y ordenó el cierre de sus cuentas en las redes sociales por “uso de redes de información y tecnologías de la información para publicar contenidos perjudiciales para el orden público”.

Libertad de prensa

En septiembre, el Ministerio de Inteligencia publicó el Reglamento Ejecutivo para la aplicación de la Ley de Medios de Comunicación, aprobada en diciembre de 2024 y que aumentaba las atribuciones del Estado para restringir la libertad de prensa, al otorgar a las autoridades amplios poderes para controlar los contenidos de los medios de comunicación y conceder licencias a periódicos, cadenas de radio y televisión, agencias de noticias, profesionales de los medios de comunicación y editoriales. La Ley también otorgaba amplios poderes para suspender actividades sin aprobación judicial, imponer medidas de vigilancia a periodistas y empresas de medios de comunicación y limitar el uso autorizado de cuentas en redes sociales a profesionales omaníes del ámbito de la información.

Derechos de las personas migrantes

A pesar de las promesas oficiales de abolirlo, el sistema de patrocinio conocido como kafala siguió vigente, lo que expuso a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes, en particular del sector doméstico, a sufrir abusos. Las entidades patrocinadoras continuaron ejerciendo control sobre ellos mediante la confiscación ilegal de su documentación y la restricción de su libertad de circulación y de elección de empleo, sin que las autoridades ofrecieran protección suficiente a quienes huían de la explotación.

En septiembre, al menos 11 trabajadores migrantes indios fueron abandonados a su suerte después de que la empresa que los empleaba les retuviera el salario de cuatro meses, se negara a pagarles las horas extras y les confiscara los pasaportes cuando protestaron.

El 13 de octubre, el Ministerio de Trabajo emitió la Decisión Ministerial n.º 574/2025, que introducía normas para establecer requisitos mínimos de empleo en el sector doméstico, como periodos de descanso semanales y permisos anuales, bajas por enfermedad, horas de trabajo y períodos de descanso regulados o prohibición del trabajo forzoso y de la retención de pasaportes.

Pese a que estos cambios habían sido muy esperados, no contribuyeron a modificar de manera significativa el desequilibrio de poder entre las entidades empleadoras y la población trabajadora migrante. Su implementación no quedó clara, ya que gran número de migrantes que trabajaban en el servicio doméstico siguieron sufriendo abusos, malas condiciones de trabajo y de vida, impago de salarios, exceso de horas de trabajo, restricciones a la libertad de circulación y confiscación ilegal de pasaportes.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Omán siguió sin contar con una legislación exhaustiva para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia de género en el ámbito familiar. Seguía sin haber una ley específica que tipificara expresamente como delito los malos tratos en el seno de la familia. Las leyes vigentes en materia de divorcio, matrimonio y herencia continuaron afianzando prejuicios sexistas y favoreciendo sistemáticamente a los hombres.

La nueva ley de nacionalidad aprobada en febrero discriminaba a las mujeres, al restringir su capacidad para transmitir la nacionalidad omaní a su descendencia y a sus cónyuges, si eran extranjeros, en pie de igualdad con los hombres, y al imponer condiciones más estrictas a su descendencia si estaban casadas con extranjeros. Esta situación seguía perpetuando la desigualdad de género y ponía a los niños y niñas en riesgo de apatridia.