Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El gobierno siguió deteniendo y enjuiciando a activistas, a personas críticas y a quienes se manifestaban pacíficamente. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban sin gozar de protección suficiente contra la explotación. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. La pena de muerte continuó en vigor.
Las autoridades prosiguieron con su política de “omanización” para sustituir la mano de obra extranjera por nacionales omaníes. En mayo, el sultán anunció órdenes para crear hasta 32.000 puestos de trabajo en el sector público tras las protestas contra el desempleo.
En junio, Omán, que tenía la campaña de vacunación contra la COVID-19 más lenta del Golfo, aceleró el ritmo de inmunización. El Ministerio de Salud anunció que las personas con discapacidad podrían recibir la vacuna en casa.
El gobierno amplió hasta finales de agosto un plan de amnistía en virtud del cual los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación ilegal podían salir libremente del país sin tener que enfrentarse a responsabilidades penales y obligaciones económicas.
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. En febrero, el Servicio de Seguridad Interna detuvo a cuatro activistas ambientales —Ahmed Issa Qatan, Salem Ali al Maashani, Amer Bait Saeed y Salem Tabuk— que habían publicado unos comentarios en Twitter en contra de una decisión del gobierno que prohibía el pastoreo de camellos en las llanuras de la gobernación de Dhofar, como preludio a la construcción de complejos residenciales. El Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Salalah condenó a Salem Ali al Maashani a dos meses de prisión condicional y al pago de una multa; a Ahmed Qatan, a seis meses de prisión condicional y al pago de una multa, y a Salem Tabuk, a dos meses de prisión y al pago de una multa, por “publicar información que menoscaba[ba] el orden público”. Amer Saeed fue absuelto.
En marzo, Omán bloqueó la aplicación de red social Clubhouse aduciendo que “carecía de la licencia correspondiente”. La aplicación había adquirido relevancia durante el confinamiento y se había popularizado entre activistas.
En julio, las fuerzas de seguridad detuvieron al ciberactivista Gaith al Shebli, que había iniciado debates en Twitter sobre el ateísmo, la religión y la libertad de expresión. Al menos otras dos personas, un hombre y una mujer, fueron detenidas por interactuar con él en Twitter y, posteriormente, puestas en libertad tras comprometerse por escrito a abandonar esa actividad. En agosto, las autoridades detuvieron a Khamis al Hatali por publicar un vídeo en Internet en el que criticaba al sultán y lo llamaba “opresor”.
En diciembre, el Ministerio de Información cerró el programa radiofónico “All Questions” tras una entrevista con un miembro de la Asamblea Consultiva que criticó la actuación del presidente de ésta.
Las autoridades respondieron con detenciones y uso de la fuerza a las protestas contra el desempleo y el deterioro de las condiciones económicas que tuvieron lugar en mayo y junio. En mayo hubo protestas en varias ciudades, incluidas Sohar y Salalah. En vídeos publicados en Internet se mostraba una fuerte presencia de fuerzas de seguridad y militares disparando gas lacrimógeno contra manifestantes y deteniendo a decenas de personas. A muchas se las puso en libertad ese mismo día, pero a otras se las mantuvo bajo custodia durante varios días, entre ellas el activista Ibrahim al Baluchi. Quedaron finalmente en libertad tras ser obligadas a firmar promesas de no participar en nuevas manifestaciones.
En agosto, las autoridades detuvieron a Talal al Salmani después de que solicitase autorización para celebrar una manifestación para pedir el cierre de los establecimientos de venta de bebidas alcohólicas y de que publicase un vídeo sobre ello en Internet. En octubre fue condenado a seis meses de prisión condicional por un juzgado de primera instancia y puesto en libertad.
Se siguió negando a las mujeres el pleno disfrute de sus derechos en la ley y en la práctica. Cuando se sometió al Examen Periódico Universal, en enero, Omán rechazó las recomendaciones de retirar sus reservas a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incluidas las relativas a otorgar a las mujeres los mismos derechos que a los hombres con respecto a la nacionalidad de los hijos e hijas, el matrimonio, el divorcio y otros asuntos de familia. También rechazó las recomendaciones de penalizar la violación conyugal.
Además, en el informe Mujer, Empresa y el Derecho del Banco Mundial para 2021, que evalúa las oportunidades económicas de las mujeres, Omán recibió una puntuación de 35,5 sobre 100, inferior a la media regional. El informe señaló que, en Omán, las mujeres se encontraban especialmente desfavorecidas en cuanto a movilidad, parentalidad y matrimonio.
Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación y abusos —entre ellos, condiciones de vida precarias, trabajo forzoso y trata de personas— a causa de la falta de protección. Las personas migrantes empleadas en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, soportaban largas jornadas laborales, reclusión domiciliaria e impago de salarios.
Durante el proceso del Examen Periódico Universal, Omán rechazó las recomendaciones de ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
En junio, el gobierno hizo extensiva su campaña de vacunación contra la COVID-19 a la población trabajadora migrante, que antes tenía que pagar por la vacuna.
Los tribunales continuaron imponiendo la pena de muerte. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.
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