Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se mantuvo la cuota anual de reasentamiento, pero el gobierno dejó claro que podría emplear su competencia para devolver a solicitantes de asilo a otros “países seguros”. El Parlamento adoptó una nueva ley que obligaba a las empresas de mayor tamaño a garantizar que respetaban los derechos humanos y unas condiciones de trabajo dignas en todas su operaciones y cadenas de suministro. Se anunciaron planes para redefinir la violación como relación sexual no consentida.
En julio, el gobierno anunció que iba a detener todas las deportaciones a Afganistán.
El nuevo gobierno, elegido en septiembre, mantuvo la cuota anual de reasentamiento prometida de aceptar a 3.000 personas refugiadas. Sin embargo, también anunció que sopesaría la posibilidad de emplear el “margen de maniobra” que le daba la legislación vigente para “remitir” a personas solicitantes de asilo a los denominados “países seguros” fuera de Europa si éstas habían llegado a Noruega a través de dichos países. Esto implicaba que podría privar a solicitantes de asilo de su derecho a solicitar y recibir asilo en Noruega, lo que supondría un grave retroceso en la práctica nacional de protección de las personas refugiadas.
En junio, el Parlamento adoptó una ley sobre la diligencia debida de las empresas basada en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y en las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico para Empresas Multinacionales. La legislación exigía a las empresas de mayor tamaño (aproximadamente 9.000) ejercer la diligencia debida con respecto a los derechos humanos y a unas condiciones de trabajo dignas en relación con sus propias operaciones, su cadena de suministro y todas las relaciones comerciales en su cadena de valor. Obligaba a las empresas a hacer públicas anualmente sus conclusiones principales —así como las medidas preventivas adoptadas para evitar impactos adversos— y a responder a consultas concretas en un plazo de tres semanas.
En octubre, el nuevo gobierno anunció su intención de reformar el Código Penal y definir las relaciones sexuales no consentidas como violación en consonancia con el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por Noruega en 2017.
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