Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.
Un abogado negro obtuvo reparación del Estado por la discriminación étnica sufrida a manos de la policía. Se presentó un proyecto de ley que proponía reducir la reclusión en régimen de aislamiento en los establecimientos penitenciarios. El Parlamento aprobó finalmente una definición jurídica de violación basada en el consentimiento. Las comunidades sami seguían siendo excluidas de las decisiones que afectaban a sus derechos sobre las tierras.
Discriminación
En noviembre, el Tribunal Municipal de Oslo concedió una indemnización al abogado negro Awon Amidu por la discriminación étnica sufrida en relación con los reiterados controles policiales injustificados a los que se le sometió entre 2015 y 2020. La acción judicial se basaba en una decisión de la Defensoría de Igualdad y Antidiscriminación de 2021 que consideró que la policía había discriminado a Amidu por razones étnicas.
Trato cruel, inhumano o degradante
En agosto, el gobierno presentó un proyecto de ley para reducir la reclusión en régimen de aislamiento en los establecimientos penitenciarios y establecer un mínimo de ocho horas al día fuera de la celda para la población reclusa.
La propuesta vino precedida de un informe que criticaba las condiciones penitenciarias, publicado en marzo por la defensora del Pueblo Parlamentaria, y de los motivos de preocupación expresados desde hacía tiempo por órganos de la ONU y del Consejo de Europa.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En una votación histórica, el Parlamento aprobó en junio una definición jurídica de violación basada en el consentimiento que armonizaba la disposición legal con las normas de derechos humanos. La definición entró en vigor en julio.
Derechos de los pueblos indígenas
En junio, el Parlamento aprobó una nueva Ley de Minerales que no incluía disposiciones para garantizar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación con proyectos de prospección o extracción de minerales en sus tierras ancestrales. Por tanto, esta legislación no tenía en cuenta los motivos de preocupación sobre el uso de la tierra planteados en marzo por el Mecanismo de Expertos de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como las inquietudes expresadas constantemente por las comunidades sami y otras organizaciones de la sociedad civil.1
Derecho a un medioambiente saludable
En noviembre se celebró en el Tribunal de Apelación de Borgarting la vista de un recurso interpuesto por organizaciones ambientalistas contra el Estado noruego que impugnaba la aprobación de los planes de desarrollo de tres proyectos petrolíferos en el mar del Norte basándose en que no se habían evaluado debidamente sus efectos climáticos globales. El tribunal falló a favor de las demandantes, pero no suspendió las operaciones en los yacimientos petrolíferos. En diciembre, el Estado recurrió el fallo.
Rendición de cuentas de las empresas
El fondo soberano noruego fue objeto de un escrutinio cada vez mayor en relación con sus inversiones en empresas que operaban en Territorio Palestino Ocupado o tenían alguna relación con el genocidio de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada.
En junio, una mayoría parlamentaria votó a favor de una propuesta para prohibir las actividades comerciales y empresariales con esas empresas.
En agosto, la entidad gestora del fondo, Norges Bank Investment Management, de propiedad estatal, retiró sus inversiones en seis empresas vinculadas a Cisjordania y la Franja de Gaza ocupada.
En noviembre, el Parlamento votó a favor de permitir que el gobierno revisara el marco ético del fondo y hasta entonces dejó en suspenso las propuestas de desinversión por razones éticas. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la medida.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Noruega redujo drásticamente su cuota anual de reasentamiento de personas refugiadas a sólo 500 en 2025, frente a las 1.000 reasentadas en 2024 y al máximo de 2.000 alcanzado en 2022. El gobierno adujo el gran número de personas refugiadas huidas de Ucrania que había recibido el país hasta 2023, pero con su decisión ignoró los llamamientos de organizaciones de la sociedad civil a aumentar la cuota, así como la cifra orientativa de 5.000 propuesta por el ACNUR.
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