Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
La policía siguió utilizando fuerza excesiva contra manifestantes. Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia amenazaba con restringir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y el derecho a la privacidad. Persistía la práctica del matrimonio a edad temprana. Los resultados de una encuesta mostraban que la mayoría de la población de Namibia creía que la violencia de género era una práctica habitual en sus comunidades. El Parlamento celebró consultas públicas sobre peticiones de despenalización del aborto. Los derechos de las personas LGBTI eran objeto de restricciones. Las actividades de empresas mineras amenazaban con dañar el medioambiente y menoscabar los derechos de los pueblos indígenas.
El 13 de mayo, unos agentes de la Fuerza de Policía de Namibia hicieron uso de fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos en la capital, Windhoek, donde comerciantes locales protestaban después de que las autoridades destruyeran productos falsificados que les habían confiscado. La policía disparó gas lacrimógeno y balas de goma contra la multitud y causó heridas a manifestantes. Un periodista de la Radiotelevisión de Namibia (NBC) resultó herido en una pierna por una bala de goma.
En febrero, el Instituto de Investigación sobre Políticas Públicas planteó su preocupación por el proyecto de Ley de Transacciones Electrónicas y Ciberdelincuencia, que se presentó en el Parlamento ese mismo mes y que, en caso de ser aprobado, podría restringir el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión y el derecho a la privacidad. En concreto, se plantearon motivos de preocupación en relación con las disposiciones que permitirían dictar órdenes de registro secretas y arbitrarias y concederían poderes excesivos al ministro de Información y Tecnología de la Comunicación.
En marzo, UNICEF informó de que en Namibia había 64.200 niñas y mujeres que se habían casado cuando tenían menos de 18 años, y 15.500 de ellas antes de cumplir los 15. Según ese mismo organismo, el 38% de las mujeres y niñas encuestadas que habían contraído matrimonio a edad temprana en Namibia denunciaron que habían sufrido violencia de género, incluida violencia sexual, dentro del matrimonio.
En marzo, la red de investigación Afrobarómetro hizo públicos los resultados de una encuesta que mostraba que el 57% de la población de la Namibia creía que la violencia de género era una práctica habitual en sus comunidades. En diciembre se informó del caso de una mujer de 32 años a la que su pareja sentimental había matado con un hacha.
En junio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó que el gobierno modificara la Ley sobre Aborto y Esterilización (Núm. 2 de 1975), anterior a la independencia del país, para despenalizar el aborto en todos los casos, y reconoció que su tipificación como delito era una forma de violencia de género contra las mujeres. En octubre, atendiendo a peticiones de organizaciones de mujeres para que se despenalizara el aborto, el Comité Permanente sobre Igualdad de Género, Desarrollo Social y Asuntos de Familia del Parlamento celebró consultas públicas con miras a modificar la ley.
En enero, el Tribunal Superior de Namibia desestimó solicitudes de cónyuges de personas de ciudadanía namibia que intentaban regularizar su situación migratoria basándose en matrimonios con personas del mismo sexo contraídos fuera del país. El tribunal falló que la legislación de Namibia no reconocía su estado civil y, aunque expresó su solidaridad con la situación de las parejas, afirmó que debía atenerse a lo dispuesto en una sentencia anterior del Tribunal Supremo.
En julio, el Tribunal Superior desestimó una solicitud urgente, presentada por varias organizaciones, en la que se le pedía que impidiera la continuidad de las actividades de prospección de la empresa minera canadiense Reconnaissance Energy Namibia en las regiones de Kavango Oriental y Kavango Occidental. Una serie de activistas y organizaciones conservacionistas llevaban desde 2020 impugnando las perforaciones que la empresa realizaba en busca de petróleo. Los pueblos indígenas y las comunidades locales siguieron expresando preocupación por la posible disminución de la capa freática y la pérdida de productos de gran valor derivados de la fauna y flora silvestre como consecuencia de esas actividades.
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