Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La policía usó reiteradamente fuerza excesiva. El uso de la detención preventiva prolongada e indefinida se intensificó en el marco de las restricciones por la COVID-19. La violencia de género continuó siendo generalizada y las personas LGBTI sufrían discriminación. Había escasez de suministros de vacunas contra la COVID-19. Las prospecciones de petróleo y de gas suponían una amenaza para el medioambiente y los medios de vida de los pueblos indígenas. Una comisión recomendó al gobierno promulgar legislación para proteger el derecho a las tierras ancestrales. Se implicó al presidente en denuncias de corrupción.
En abril, unos agentes de policía agredieron a un hombre con discapacidad antes de arrestarlo junto a su cuñada por infringir las normas del toque de queda por la COVID-19 en la localidad de Khorixas. En junio, un policía disparó e hirió a tres detenidos en espera de juicio en la comisaría de Rundu. En agosto, un agente de policía disparó y mató a dos hombres, uno de ellos un policía, en la localidad de Lüderitz.
El uso de la detención preventiva prolongada e indefinida se intensificó como consecuencia de las restricciones por la COVID-19. Se aplazaron las vistas judiciales de varias personas detenidas al imponer las autoridades penitenciarias el confinamiento en las prisiones. Las condiciones de reclusión en centros de detención y calabozos policiales seguían siendo precarias.
El nivel cuatro de confinamiento por la COVID-19 hizo especialmente difícil la vida a las mujeres y las niñas obligadas a aislarse con sus maltratadores. En febrero, el presidente del Tribunal Supremo anunció que las causas judiciales de violencia de género en el ámbito familiar habían aumentado drásticamente en 2020. Persistía el matrimonio precoz y, en enero, se denunció que una pareja había casado a su hija de 4 años con un hombre de 25 cuando la niña tenía sólo 2.
Las personas LGBTI siguieron sufriendo discriminación generalizada. En abril, una mujer transgénero fue acusada por la policía de falsear su identidad para evitar ser procesada, y fue sometida a acoso transfóbico mientras estaba bajo custodia.
En julio, Namibia sufrió una tercera ola de contagios de COVID-19 agravada por los insuficientes suministros de vacunas y la lenta aceptación de la vacuna. Durante la pandemia, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva se vio aún más obstaculizado.
En enero, la Comisión de Investigación sobre las Reclamaciones de Derechos a las Tierras Ancestrales y Restitución publicó un informe que respaldaba la restitución de derechos a las tierras ancestrales. La Comisión concluyó que las reclamaciones de restitución de tierras exigidas por grupos y personas se enmarcaban en el concepto más amplio de reparaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y, por consiguiente, recomendó al Parlamento que promulgara una ley sobre reclamación y restitución de tierras ancestrales en los siguientes dos años y con la condición de que el proceso y su resultado fueran coherentes con los derechos consagrados en la Constitución y con el derecho internacional y de los derechos humanos.
En agosto, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO expresó preocupación por que se estaban expidiendo licencias de prospección petrolífera a la empresa minera con sede en Canadá ReconAfrica en zonas ecológicamente sensibles de la cuenca del río Okavango, en el noreste de Namibia. Esto sucedió tras la confirmación del gobierno de que habían concluido con éxito las operaciones de perforación en el pozo 6-1. Durante el año, la población local y activistas ambientales organizaron varias peticiones y otras protestas contra la perforación, pero ésta continuó. Las operaciones amenazaban el frágil ecosistema y los medios de vida de los pueblos indígenas locales.
En abril se implicó al presidente en unas denuncias de corrupción relacionadas con el lucrativo sector de la pesca. Se acusó a altos cargos de participar impunemente en prácticas corruptas.
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