Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se impusieron nuevas restricciones a las actividades de las ONG, y las personas que participaban en actos de protesta contra actividades mineras y otros proyectos de desarrollo urbanístico y de infraestructura corrían peligro de ser encarceladas en aplicación de una ley propuesta. Las autoridades no protegieron a las comunidades dedicadas al pastoreo de la degradación ambiental provocada por las operaciones mineras. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron actos de intimidación y fueron objeto de investigaciones policiales. Aunque se estableció un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, siguieron llegando informes sobre torturas y otros malos tratos infligidos a personas detenidas.
Se siguió debatiendo en el Parlamento un anteproyecto de ley que, de aprobarse, restringiría las actividades legítimas de las ONG. Había sido presentado ante el Parlamento en 2021 y proponía la creación de un organismo de supervisión de las ONG, el Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil. Sin embargo, el amplio mandato de este organismo y los imprecisos términos en que estaban redactadas sus atribuciones suponían un riesgo de injerencias indebidas en los asuntos internos de las ONG y permitirían someterlas a engorrosos requisitos administrativos. Además, el anteproyecto de ley contenía disposiciones que prohibían actividades legítimas y limitaban la financiación de las ONG.
En mayo, el gobierno presentó un proyecto de reforma del Código Penal que preveía penas de prisión para quienes obstruyeran las actividades mineras y otros proyectos de desarrollo urbanístico y de infraestructura. Este proyecto de ley fue elaborado tras las manifestaciones que tuvieron lugar en la capital, Ulán Bator, protagonizadas por pastores de toda la región de Gobi, que protestaban contra las actividades mineras y reivindicaban la protección de sus derechos sociales y económicos.
Las operaciones de extracción de carbón y otros minerales llevadas a cabo en la región de Gobi destruyeron pastos, contaminaron aguas subterráneas y agotaron otros recursos hídricos. Además, provocaron la erosión del suelo, con las consiguientes repercusiones negativas para la salud y los medios de vida de las comunidades de la región dedicadas al pastoreo.
El gobierno concedió permisos de explotación minera sin consultar adecuadamente al respecto a las comunidades dedicadas al pastoreo afectadas, y no garantizó que las personas desplazadas o afectadas de cualquier otra forma por las actividades mineras recibieran indemnizaciones y alojamientos apropiados, ni que tuvieran acceso a servicios y protección social esenciales.
El gobierno puso en marcha campañas de desprestigio contra personas que defendían los derechos humanos, a algunas de las cuales calificó de espías para países extranjeros, mientras que a otras las criticó por obstruir los planes nacionales de desarrollo.
Asimismo, las autoridades hicieron uso de investigaciones penales para obstruir el trabajo de defensores y defensoras de los derechos humanos. En agosto, la Agencia General de Inteligencia abrió una investigación contra Sukhgerel Dugersuren por “cooperación ilegal con un organismo o agente de inteligencia extranjero”, en represalia por su trabajo de denuncia de los abusos contra los derechos humanos y la degradación ambiental consecuencia de proyectos de explotación minera e infraestructuras.
Al no existir salvaguardias adecuadas, al menos 47 familias de Ulán Bator quedaron sin hogar a causa de proyectos de reurbanización. Promotores privados confiscaron tierras para urbanizarlas sin consentimiento y sin facilitar indemnizaciones adecuadas a las personas afectadas.
En julio, el gobierno estableció un mecanismo nacional para la prevención de la tortura. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mongolia informó de casos de tortura y otros malos tratos de personas detenidas, en ocasiones con el fin de obligarlas a “confesar”.
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