Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se aprovecharon las restricciones impuestas por la COVID-19 para restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. El personal de salud fue víctima de amenazas y agresiones por protestar por sus deficientes condiciones laborales. Las autoridades no abordaron de manera adecuada las denuncias de tortura.
A lo largo del año se celebraron más de 200 protestas, sobre todo contra el impacto que tuvieron sobre los medios de vida de la población las medidas tomadas por el gobierno en respuesta a la pandemia de COVID-19.
Se aprovecharon las restricciones impuestas para frenar la propagación de la COVID-19 —que prohibían las manifestaciones— como excusa para dispersar protestas pacíficas de manera arbitraria y, en ocasiones, violenta. Se detuvo, recluyó y multó a algunas de las personas que organizaron las protestas.1
La pandemia de COVID-19 puso en evidencia carencias de larga data del sistema de salud. Las autoridades hostigaron al personal de salud de primera línea, que también fue agredido por pacientes frustrados y desesperados. El primer ministro respondió con amenazas a las protestas por el trato dispensado al personal de salud, que se quejaba, entre otras cosas, de condiciones laborales deficientes y agotamiento.
En muchos casos, el personal sanitario siguió trabajando pese a sus problemas de salud, por temor a perder sus puestos de trabajo. En octubre, aproximadamente uno de cada cinco trabajadores de la salud se había contagiado de COVID-19.
El cierre de las escuelas, decretado por el gobierno en respuesta a la COVID-19, repercutió gravemente en el acceso a la educación de los hijos e hijas de familias dedicadas al pastoreo y de los niños y niñas que vivían en zonas rurales o áreas con acceso limitado o nulo a Internet y a la televisión. Las escuelas volvieron a abrir en septiembre tras casi dos cursos académicos.
En julio entró en vigor la Ley sobre la Condición Jurídica de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, que vino a consolidar una serie de salvaguardias jurídicas para éstos, pero que también contenía disposiciones interpretables que podían utilizarse para coartar de manera arbitraria sus voces o exponerlos a ser procesados. Los activistas en favor de los derechos, incluidos los pastores que trabajaban en cuestiones relacionadas con los derechos ambientales y la tierra, y los defensores y defensoras continuaron sufriendo amenazas, intimidación y persecución judicial por sus actividades legítimas.2
No se avanzó en el establecimiento de un mecanismo nacional para la prevención de la tortura, cuya creación estaba prevista en la reforma de 2020 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Mongolia, pese a que el país había aceptado las recomendaciones de su Examen Periódico Universal a ese respecto.
Las personas que habían sobrevivido a la tortura y las familias de las víctimas seguían sin poder acceder a reparaciones plenas y efectivas. Las investigaciones sobre las denuncias de tortura eran habitualmente deficientes y, por regla general, los presuntos responsables no comparecían ante la justicia. Según las estadísticas publicadas en octubre por la Fiscalía General, se habían revisado 53 presuntos casos de tortura, pero sólo en 3 de ellos se habían emprendido acciones judiciales.
El gobierno continuó bloqueando el establecimiento de “organizaciones de representantes de la ciudadanía“, previsto en la Ley de Reurbanización con el fin de garantizar la participación de las comunidades en las decisiones relacionadas con proyectos que afectaran a sus tierras y sus viviendas. En octubre, el Tribunal Supremo desestimó la causa de Davaanyam Puntsag y su familia, que habían sido desalojados por la fuerza en 2018 cuando un promotor inmobiliario demolió su vivienda, situada en el barrio de Bayangol de la capital, Ulán Bator.
Los comentarios discriminatorios que el vicealcalde de Ulán Bator publicó en Internet en septiembre provocaron un aumento de las amenazas y del discurso de odio contra las personas, el activismo y las organizaciones LGBTI.
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