Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La violencia de género contra mujeres y niñas se intensificó. Los enjuiciamientos por asesinato y otros ataques violentos contra personas con albinismo sufrieron continuas demoras. El derecho a la salud se vio menoscabado por las denuncias de corrupción que afectaban al uso de fondos de ayuda por la COVID-19, y la escasez de vacunación. A pesar de las medidas adoptadas para descongestionar las prisiones, el hacinamiento continuó y las condiciones eran deficientes. El Tribunal Supremo de Apelación declaró inconstitucional la pena de muerte.
Dos millones de personas en zonas rurales y 610.000 en las ciudades de Lilongwe, Blantyre, Mzuzu y Zomba sufrían inseguridad alimentaria aguda.
A pesar de las numerosas intervenciones para frenar la violencia contra las mujeres, especialmente en las escuelas, aumentaron los casos de abusos sexuales, físicos y emocionales, sobre todo contra mujeres y niñas. La policía registró unos 250 de casos de este tipo cada mes.
Las personas con albinismo eran objeto de asesinato y otros ataques violentos y mutilaciones. En febrero, unos hombres no identificados asesinaron a Dayton Saidi en Mangochi; ese mismo mes, unos asaltantes no identificados intentaron secuestrar a una niña de 12 años en Machinga. En agosto se encontró el cadáver de Ian Muhamba, de 20 años, en Blantyre, y se detuvo a dos sospechosos por su muerte. Los enjuiciamientos contra los presuntos autores de este tipo de delitos sufrieron continuas demoras.
Los casos de corrupción denunciados incidían en la capacidad de las personas para acceder a los servicios de salud. Hubo algunos cargos gubernamentales implicados en la administración indebida de los fondos de ayuda por la COVID-19. En febrero de 2021 se encargó un informe de auditoría sobre los fondos para la lucha contra la COVID-19 durante 2020, que se publicó en abril. En él se reveló que varios funcionarios del gobierno y empleados del sector privado habían malversado aproximadamente 1,3 millones de dólares estadounidenses de dichos fondos. En abril, la policía detuvo a 64 personas por presunto uso indebido de fondos de la COVID-19, y el presidente destituyó al ministro de Trabajo tras su imputación por la mala administración de esos fondos.
La campaña de vacunación comenzó en marzo con 512.000 dosis. En mayo, el Banco Mundial aprobó una subvención de 30 millones de dólares para ayudar a Malawi a adquirir más vacunas. Miles de personas no pudieron ser vacunadas contra la COVID-19 cuando, en junio, las autoridades sanitarias cerraron más de la mitad de los centros de vacunación del país debido a la escasez de vacunas. En agosto, unas 455.000 personas habían recibido su primera dosis, y al menos 139.000 habían recibido la vacunación completa.
La situación de las prisiones era de hacinamiento crónico, y las condiciones eran deficientes. Las instalaciones estaban muy deterioradas y el acceso a servicios básicos era insuficiente. En abril, el exceso de población penitenciaria pasó del 260% de la capacidad de las prisiones al 186% gracias al Programa Chilungamo (una iniciativa para mejorar la justicia y la rendición de cuentas en el país). Sin embargo, en la prisión de Chichiri, la mayor de la Región del Sur, seguía alojándose a más de 200 hombres en celdas con capacidad para 60 personas.
En abril, el Tribunal Supremo de Apelación falló que la pena de muerte era inconstitucional y contraria al derecho a la vida garantizado en la Constitución. El Tribunal ordenó la celebración de nuevas vistas de determinación de la pena para todas las personas en espera de ejecución. Sin embargo, tras la jubilación del presidente del Tribunal Supremo, Dunstain Mwaungulu, en agosto, los jueces restantes dictaron una sentencia que calificaron de perfeccionada y que revocaba la declaración de inconstitucionalidad de la pena de muerte.
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