Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se obligó a rendir cuentas a cargos públicos del gobierno anterior. Las condiciones de las personas detenidas y presas seguían sin ajustarse a las normas internacionales. Hubo discursos de odio dirigidos contra minorías étnicas y personas LGBTI, así como contra mujeres y niñas, que estaban desprotegidas frente a la violencia de género. Persistía la discriminación contra la población romaní y la de etnia albanesa.
Los esfuerzos del país para ingresar en la Unión Europea fueron bloqueados por Bulgaria, en una disputa sobre el idioma, la cultura y la falta de reconocimiento de la etnicidad búlgara por Macedonia. Esto, junto al hecho de que no se adoptaran reformas internas y a los malos resultados de las elecciones municipales, contribuyó a la dimisión de Zoran Zaev en diciembre.
Continuaron las investigaciones sobre presuntos delitos graves —que incluían violaciones de derechos humanos— cometidos por ministros y otros cargos del gobierno anterior.
En febrero, Sašo Mijalkov, exjefe de la policía secreta, y 10 exagentes y exempleados de la policía fueron declarados culpables de delitos derivados de las escuchas ilegales generalizadas que habían salido a la luz en 2015.
En junio, el anterior presidente del Parlamento y dos ministros fueron declarados culpables por su papel en la organización del asalto al Parlamento en abril de 2017, en el que resultaron heridas 100 personas, entre ellas varios miembros del Parlamento.
En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos archivó dos denuncias de muertes en prisión en circunstancias sospechosas en 2017, después de que el gobierno acordara pagar 12.000 euros a los progenitores de un hombre romaní y a la hermana de otro. En ambos casos se sospechaba que había habido malos tratos.
En mayo, a raíz de su visita al país en 2020, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura señaló la inveterada práctica de la policía de maltratar a las personas detenidas y de cometer otras violaciones de sus derechos. Asimismo criticó que las autoridades persistieran en no abordar fallos sistémicos en las cárceles, como los malos tratos y las condiciones inhumanas y degradantes.
En diciembre, periodistas y personal de medios de comunicación instaron al gobierno a adoptar las medidas anunciadas en julio para elevar las penas por agresiones a periodistas, cada vez más numerosas, y reducir las multas por difamación.
Durante una protesta para exigir rendición de cuentas por la muerte de 14 personas en el incendio de una unidad de COVID-19 en el hospital de Tetovo el 8 de septiembre, cinco hombres de etnia albanesa fueron detenidos por delitos de orden público, dos de ellos por “participación en un tumulto”. Tras permanecer 38 días en detención, fueron condenados a un año de libertad vigilada.
En enero se aprobó la Ley de Prevención y Protección frente a la Violencia contra las Mujeres y la Violencia de Género en el Ámbito Familiar.
Creció el discurso de odio misógino. La policía no investigó las denuncias de mujeres y niñas cuya imagen se había difundido sin su consentimiento a 7.000 hombres a través de la plataforma de mensajería instantánea Telegram. Se iniciaron actuaciones penales contra dos hombres por pornografía infantil en julio. En abril, varias ONG recomendaron un conjunto de medidas de apoyo a las mujeres que sufrían violencia de género intrafamiliar y pidieron que el feminicidio fuera un delito diferenciado.
Casi 19.000 personas refugiadas y migrantes transitaron por el país. De enero a septiembre, 388 personas entre las que había menores de edad fueron recluidas arbitrariamente en centros de detención migratoria para ser testigos en 24 actuaciones contra traficantes de personas. Según cálculos, sólo de enero a marzo, 4.000 personas refugiadas y migrantes fueron objeto de devolución sumaria a Grecia, a menudo tras haberse inscrito en registro, y muchas denunciaron abusos y malos tratos. Se concedió protección subsidiaria a un solicitante de asilo.
A partir de septiembre, 407 personas de nacionalidad afgana evacuadas de Kabul llegaron a Macedonia del Norte para su posterior reasentamiento en Estados Unidos o Canadá. Se les concedió un visado de tres meses y alojamiento en hotel. En diciembre, 76 personas afganas habían sido reasentadas en Grecia, Francia e Irlanda.
En junio, el Comité de Helsinki para los Derechos Humanos informó de un incremento del 49% en el número de incidentes y de enjuiciamientos por discurso de odio de motivación étnica. La Comisión para la Prevención y Protección frente a la Discriminación aún no estaba plenamente operativa.
En abril se destinó un ginecólogo al centro de salud de Šuto Orizari, barrio marginal romaní de la capital, Skopie, a raíz de una denuncia presentada —con ayuda del Centro Europeo de Derechos de los Romaníes— por 58 mujeres romaníes a las que se había privado de asistencia a la salud reproductiva durante más de un año.
En junio, el Juzgado de Primera Instancia de Skopie resolvió que el Ministerio de Salud había discriminado a las personas romaníes drogadictas menores de edad y ordenó que una unidad especial de salud les proporcionara tratamiento y rehabilitación adecuados.
En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades no habían investigado una agresión racista a un hombre romaní por varios agentes de policía durante una redada en Topana (Skopie) en 2013, y resolvió que Macedonia debía pagar una indemnización de 3.000 euros.
La reforma propuesta de la Ley de Registro del Estado Civil permitía a las personas transgénero inscribirse en el registro con la identidad de género de su elección. El Comité de Helsinki comunicó que el discurso de odio homófobo había aumentado un 31% antes de la celebración del Orgullo de Skopie en junio.
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