Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las autoridades no garantizaron los principales derechos económicos y sociales que se vieron afectados por la crisis económica del país, por lo que la población se quedó sin acceso adecuado a la sanidad y al agua. La impunidad siguió protegiendo a perpetradores de actos de tortura y otros delitos. Se utilizaron las leyes sobre difamación contra personas críticas con las autoridades. La población trabajadora migrante, especialmente las empleadas domésticas, siguió sufriendo abusos en virtud del discriminatorio sistema de patrocinio laboral (kafala). Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades intensificaron la deportación de personas refugiadas sirias pese a que en Siria corrían peligro de sufrir abusos atroces contra sus derechos humanos. Las autoridades prohibieron los actos públicos de la comunidad LGBTI durante el mes del Orgullo.
Información general
Las autoridades no hicieron frente a la crisis económica debido a un estancamiento político. En noviembre, la inflación del precio de los alimentos permanecía en el 171,2%, según la Administración Central de Estadística, lo que situaba a Líbano en segundo lugar entre los países del mundo con mayor inseguridad alimentaria, según el Banco Mundial. La escasez de energía hizo que la población sólo dispusiera del servicio público de electricidad una o dos horas al día.
El 7 de abril, el Fondo Monetario Internacional anunció un acuerdo de ampliación de la línea de crédito por valor de unos 3.000 millones de dólares estadounidenses con la condición de que el gobierno implementara ocho reformas. Al concluir el año, sólo una de estas reformas se había llevado a efecto mediante la aprobación de la Ley de Presupuestos Públicos de 2022, que había entrado en vigor el 15 de noviembre.
Tras las elecciones parlamentarias del 15 de mayo, en las que los candidatos independientes que apoyaban las protestas de 2019 obtuvieron 13 de los 128 escaños, el nuevo Parlamento nombró primer ministro a Najib Mikati. Sin embargo, éste aún no había conseguido formar gobierno a finales de año.
El 31 de octubre, finalizó el mandato presidencial de Michel Aoun. El Parlamento celebró 10 sesiones para elegir nuevo presidente en noviembre y diciembre, sin lograrlo.
Los medicamentos, incluidos los que trataban el cáncer y otras enfermedades crónicas, seguían sin estar disponibles, y no eran asequibles para la mayor parte de la población, ya que el gobierno no había establecido un plan de seguridad social de emergencia adecuado para reemplazar los subsidios que se habían suprimido en noviembre de 2021. El número de pacientes que solicitaban medicamentos y tratamientos gratuitos o de bajo coste en los centros sanitarios públicos había aumentado un 62% desde el inicio de la crisis económica de 2019. Sin embargo, las autoridades no aumentaron la financiación para satisfacer esas necesidades.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud se manifestaron durante todo el año contra los bajos salarios y la falta de financiación de los hospitales, y los pacientes con cáncer protestaron contra la escasez de medicamentos.
Las autoridades no proporcionaban atención médica adecuada a las personas presas, de modo que sus familias tenían que sufragar todos los gastos médicos, incluidos los de hospitalización. Al menos tres personas presas murieron entre agosto y septiembre por no haber sido trasladadas a tiempo al hospital. Las autoridades anunciaron una investigación sobre dos de estas muertes.
Las autoridades no garantizaron un acceso adecuado al suministro público de agua no contaminada. A lo largo del año, el suministro de agua siguió siendo irregular debido a los cortes de electricidad, lo que obligó a la población a comprar agua cada vez más cara a entidades privadas no supervisadas y a precios seis veces más altos que en 2019, fuera del alcance de la mayoría.
La negligencia del gobierno en el mantenimiento de la infraestructura hídrica provocó que el agua potable se mezclara con las aguas residuales en algunas zonas. En junio se registraron cientos de casos nuevos de hepatitis A, y en octubre el agua contaminada causó al menos 913 casos de cólera.
La impunidad siguió protegiendo a las autoridades y al personal de las fuerzas armadas y de seguridad, que no tuvieron que rendir cuentas por violaciones de derechos humanos.
La investigación sobre la explosión del puerto de la capital, Beirut, en 2020 seguía paralizada desde diciembre de 2021 debido a que los responsables políticos que habían sido citados para interrogatorio presentaron recusaciones contra el juez instructor. Dos de ellos, Ghazi Zeaiter y Ali Hassan Khalil, fueron elegidos en junio para el Comité de Administración y Justicia del Parlamento.1
El 23 de abril, una embarcación que transportaba a unas 80 personas migrantes libanesas, sirias y palestinas que intentaban llegar a Chipre se hundió frente a la costa de la ciudad portuaria libanesa de Trípoli. Las autoridades acusaron a los pasadores de fronteras de sobrecargar deliberadamente la embarcación, pero los supervivientes dijeron que habían sido las fuerzas navales libanesas las que habían provocado el hundimiento al embestir el barco. Los supervivientes y las familias presentaron denuncias ante la fiscalía contra un mando y 12 miembros de la Marina por causar muertes de forma intencionada. A pesar de ello, la fiscalía trasladó la denuncia a la justicia militar, donde permanecía bloqueada al finalizar el año. La Dirección de Inteligencia del Ejército anunció en abril que había abierto una investigación interna y que no había encontrado ninguna infracción por parte del personal de la Marina.2
Según el Colegio de Abogados de Trípoli, las autoridades judiciales no investigaron al menos 21 de las denuncias presentadas al amparo de la ley contra la tortura de 2017 contra distintos miembros de las fuerzas de seguridad y del ejército.
En mayo, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura visitó Líbano y constató que apenas se había avanzado en la prevención de la tortura desde su visita inicial en 2010.
El 30 de agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron al refugiado sirio Bashar Abed al Saud en su domicilio de Beirut. Cuatro días después, la familia recibió una llamada en la que se les pedía que fueran a retirar su cadáver a la Dirección de Seguridad del Estado, en el sur del Líbano. Poco después, un periódico filtró fotos y vídeos en los que se veían hematomas y cortes profundos en el cuerpo de Bashar Abed al Saud, lo que provocó la indignación de la opinión pública. La Dirección General de Seguridad del Estado emitió una declaración afirmando que había “confesado” ser miembro del grupo armado Estado Islámico antes de morir. En septiembre, el sistema de justicia militar inició una investigación y ordenó la detención de cinco agentes de la Dirección de Seguridad del Estado, pero negó al abogado de la familia el acceso a los documentos del caso. La primera sesión del juicio se celebró en diciembre.3
Las leyes sobre difamación continuaron sirviendo de fundamento para que los aparatos de seguridad y de las fuerzas armadas controlaran la expresión de opiniones críticas hacia las autoridades, y en 2022 se produjeron al menos tres citaciones e investigaciones.
El 24 de junio, el tribunal militar declaró a la humorista Shaden Fakih culpable de “insultar” y “dañar la reputación” de las Fuerzas de Seguridad Interna, y la condenó al pago de una multa de 1.858.000 libras libanesas (50-70 dólares al cambio del mercado). La Oficina de Ciberdelincuencia la había interrogado por primera vez en mayo de 2021 a raíz de una denuncia de las Fuerzas de Seguridad Interna por haber hecho una llamada satírica a su línea telefónica de emergencia durante el confinamiento por la COVID-19 para pedir que le llevaran compresas higiénicas a su casa.
Las mujeres siguieron estando discriminadas en la legislación y en la práctica, incluso en el derecho a la igualdad en la custodia de sus hijos e hijas. El 4 de agosto, Liliane Cheaito, que resultó herida en la explosión del puerto de Beirut y se encontraba hospitalizada desde entonces, pudo ver a su hijo de dos años por primera vez desde 2020, tras ordenarlo un tribunal religioso chií pasados dos años del inicio del proceso. Su marido le había impedido ver a su hijo, alegando que no quería que el bebé viera a su madre herida en el hospital, motivo por el cual la familia había presentado una denuncia ante el tribunal.
En la Asamblea General parlamentaria celebrada el 27 de julio, varios parlamentarios, entre ellos el presidente de la cámara, acosaron verbalmente a tres parlamentarias independientes recién elegidas que se mostraron críticas con las autoridades. Una de las tres, Cynthia Zarazir, dijo que la Asamblea General no había tomado medida alguna ni siquiera después de que ella hubiera presentado una denuncia formal por acoso.
A diferencia de años anteriores, el ministro de Trabajo no mantuvo debates para reformar el sistema de kafala, que aumentaba el riesgo de explotación laboral de los trabajadores y trabajadoras migrantes y dejaba a las mujeres sin apenas posibilidad de conseguir reparación.
El 4 de agosto, las autoridades intentaron deportar a su país de origen sin informar a su abogado a una trabajadora migrante keniana empleada en el servicio doméstico, a pesar de que había solicitado la condición de refugiada ante el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La Dirección General de Seguridad General (DGSG) la había detenido el 4 de abril, y aunque la investigación contra ella se había cerrado el 21 de abril, la habían mantenido detenida. La ONG local Movimiento Antirracismo intervino en el aeropuerto para impedir la deportación, y la mujer fue devuelta al centro de detención. En 7 de octubre, tras los llamamientos de organizaciones locales e internacionales, la DGSG la puso en libertad cuando ya había pasado seis meses en detención arbitraria.
Líbano continuaba acogiendo el mayor número de personas refugiadas por habitante del mundo, de las cuales alrededor de 1,5 millones eran sirias. Según informes del ACNUR, en abril, la crisis económica de Líbano y la COVID-19 habían dejado al 88% de esta población refugiada siria viviendo en situación de extrema pobreza.
En septiembre, en lo que constituía una “devolución tácita”, el primer ministro encargó al responsable de la DGSG que reanudara el plan de devolver a Siria a las personas refugiadas de ese país, considerando todas sus regiones como seguras para el retorno, pese a estar documentado el riesgo de que sufrieran graves persecuciones a su regreso. El 26 de octubre, la DGSG organizó el primer traslado de 2022; en él participaron 551 personas refugiadas que se habían inscrito en las listas de la DGSG para el retorno y habían sido aceptadas por el gobierno sirio.
Las autoridades siguieron restringiendo los actos públicos de las personas LGBTI y de las organizaciones que apoyaban sus derechos.
El 24 de junio, el ministro del Interior prohibió todas las reuniones durante el mes del Orgullo que, según dijo, pretendían promover la “perversión sexual”. Dos días después, organizaciones y personas LGBTI convocaron una protesta, pero varios grupos religiosos convocaron una contramanifestación y amenazaron con usar la violencia. Las autoridades no ofrecieron protección a las marchas pacíficas ni tomaron medidas contra quienes incitaban a la violencia, por lo que los grupos LGBTI las cancelaron. En agosto, las organizaciones locales Legal Agenda y Helem impugnaron la prohibición del ministro ante la Asamblea Consultiva, máximo tribunal administrativo del país, argumentando que incitaba a la violencia y al odio contra los grupos marginados y violaba los derechos constitucionales de las personas LGBTI a la igualdad y la libertad de expresión y reunión. El 1 de noviembre, la Asamblea Consultiva aceptó el recurso y suspendió la decisión del ministro.
Aunque el gobierno se había comprometido en marzo de 2021 a cumplir un objetivo condicional de reducción de emisiones del 31% antes de 2030 y a aumentar su objetivo incondicional de reducción de emisiones al 20%, no anunció una nueva contribución determinada a nivel nacional en 2022.
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