Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La respuesta de las autoridades a la crisis económica cada vez más profunda no garantizó el derecho a la salud de la población residente, ni siquiera su derecho a la vida durante los momentos de mayor escasez de combustible y medicamentos, pues se retiraron subvenciones sin desplegar un programa de protección social eficaz que ayudara a mitigar el impacto de esas políticas. La impunidad seguía protegiendo a responsables de asesinato, tortura y de la devastadora explosión ocurrida en el puerto de la capital, Beirut, en 2020. Las autoridades utilizaron cargos de terrorismo para procesar a manifestantes de Trípoli que exigían derechos socioeconómicos. La población trabajadora migrante, especialmente las empleadas domésticas, seguía viendo vulnerados sus derechos en virtud del sistema discriminatorio de kafala (patrocinio). Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en la legislación y en la práctica. Las autoridades siguieron deportando a personas refugiadas sirias pese a que a su regreso a Siria corrían peligro de sufrir abusos atroces contra los derechos humanos. Seguían sin investigarse las denuncias de tortura de refugiados sirios documentadas desde 2014, ni siquiera cuando se presentaban en los tribunales.
El Banco Mundial clasificó la crisis económica de Líbano entre las 10 más graves del mundo desde mediados del siglo XIX. Al concluir el año, la lira libanesa había perdido el 95% de su valor desde finales de 2019 y, en noviembre de 2021, la inflación anual del precio de los alimentos se situaba en el 357,95%. El Programa Mundial de Alimentos declaró en septiembre que el 22% de la población libanesa, el 50% de las personas refugiadas sirias y el 33% de la población refugiada de otras nacionalidades sufrían inseguridad alimentaria. Según un estudio de la ONU, en septiembre, el 82% de la población vivía en situación de pobreza multidimensional.
En enero, el Consejo de Derechos Humanos estudió el historial de derechos humanos de Líbano en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
El 15 de julio dimitió el primer ministro designado, Saad Hariri, y el 26 de ese mismo mes fue sustituido por Najib Mikati, que logró formar un Consejo de Ministros que el Parlamento aprobó el 20 de septiembre. El gobierno de Mikati actuó sólo durante 20 días, tras los cuales el gabinete dejó de reunirse a causa de enfrentamientos políticos en relación con la investigación de la explosión ocurrida en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020.
El 11 de agosto, el Banco Central comenzó a retirar las subvenciones a la importación de combustible, lo que dio lugar a una escasez crítica de gasolina y gasóleo que se vio agravada por el contrabando y el acaparamiento, que a su vez causaron la muerte o lesiones a decenas de personas por las explosiones de combustible almacenado en zonas residenciales.
Tras meses de retrasos, en diciembre el gobierno puso en marcha un programa de “cartillas de racionamiento” para 500.000 familias cuya financiación, no obstante, seguía siendo incierta al concluir el año.
La crisis económica continuó afectando gravemente al acceso a los servicios de salud durante todo el año. Según un estudio de la ONU de septiembre, el porcentaje de hogares que carecía de servicios de atención de la salud aumentó del 9% en 2019 al 33%, lo que equivalía a aproximadamente 400.000 hogares de un total de 1,2 millones, y el número de personas sin acceso a medicamentos aumentó a más del doble.
En julio y agosto, la grave escasez de combustible y medicamentos menoscabó la capacidad de los hospitales para garantizar la atención sanitaria adecuada y puso vidas en peligro. Las autoridades no dieron prioridad a los hospitales ni a otros servicios esenciales en su redistribución del combustible incautado a traficantes y acaparadores. En septiembre, la dirección de tres de los mayores hospitales de Líbano contó a Amnistía Internacional que no habían podido asegurarse el combustible suficiente para mantener su actividad ni siquiera durante un mes, por lo que dependían de las donaciones de la ONU.1
El 26 de agosto, pacientes de cáncer se concentraron ante las oficinas de la ONU en Beirut para protestar contra la escasez de medicamentos a raíz del impago del gobierno a los proveedores de productos farmacéuticos subvencionados. El Ministerio de Sanidad culpó parcialmente de la escasez al acaparamiento de los comerciantes, pero las autoridades no tomaron medidas para impedirlo ni castigarlo.
El 9 de noviembre, el gobierno retiró las subvenciones a los precios de la mayoría de los medicamentos, exceptuando los tratamientos para el cáncer, la diálisis y la salud mental. Los medicamentos fueron inaccesibles e inasequibles para la mayoría de la población durante todo el año.
Al concluir el año, el 35,15% de la población, tanto nacional como extranjera residente, había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, y el 28%, la segunda. Aunque las personas refugiadas tenían acceso a la vacuna a través de equipos desplegados por el ACNUR —la Agencia de la ONU para las personas refugiadas—, el porcentaje de población refugiada vacunada seguía siendo desproporcionadamente bajo.
Altos cargos responsables de violaciones de derechos humanos continuaron disfrutando de impunidad tanto por asesinato y tortura como por la explosión ocurrida en el puerto de Beirut. Las autoridades obstruyeron reiteradamente la investigación de la explosión dando numerosos pasos para impedir que figuras políticas y altos cargos fuesen interrogados por el juez instructor e incluso enjuiciados.2
En junio, 53 grupos de derechos humanos internacionales y libaneses, incluida Amnistía Internacional, así como 62 sobrevivientes y familias de víctimas y bomberos, pidieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que estableciese un mecanismo para investigar la explosión.3 En julio, las autoridades libanesas rechazaron las repetidas solicitudes del segundo juez instructor de retirar la inmunidad a los miembros del Parlamento e interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad. Los miembros del Parlamento presentaron más de una decena de denuncias que acusaban al juez de parcialidad política y provocaron la suspensión de la investigación hasta en 4 ocasiones. La magistratura desestimó la mayoría de ellas, pero en diciembre se interpuso una que suspendió la investigación hasta 2022.
La investigación de los disparos letales efectuados el 4 de febrero contra el activista Lokman Slim en su coche en el sur de Líbano no había arrojado conclusiones al terminar el año.
A lo largo del año se celebraron pequeñas protestas en todo el país como reacción a la escasez de combustible y medicamentos y contra el creciente coste de la vida y la inacción del gobierno ante la crisis económica.
Las autoridades permitieron la celebración de la mayoría de las protestas; no obstante, en enero, las fuerzas de seguridad emplearon munición real, gas lacrimógeno y cañones de agua contra una manifestación en la ciudad septentrional de Trípoli tras producirse enfrentamientos con manifestantes que habían incendiado edificios municipales. Un manifestante murió y otros 300 resultaron heridos, y las fuerzas de seguridad declararon que hubo más de 40 de agentes heridos. Entre el 25 y el 31 de enero se recluyó a 35 hombres en régimen de incomunicación en relación con las protestas. Tras quedar en libertad, uno de ellos presentaba marcas de graves palizas en todo el cuerpo, con lesiones significativas en la cabeza, los hombros y el cuello, y denunció haber sido sometido a tortura u otros malos tratos. El 19 de febrero, la fiscalía militar presentó cargos de terrorismo contra al menos 23 de ellos, incluidos dos menores de edad, en lo que Amnistía Internacional consideraba un intento de hostigar a quienes se manifestaban.4 De ser declarados culpables, podrían ser condenados a muerte. Tras semanas de reclusión, salieron en libertad provisional bajo fianza.5
El 11 de agosto, la policía del Parlamento y unos hombres armados no identificados atacaron a familiares de las víctimas de la explosión del puerto de Beirut y a periodistas.6
Los servicios de seguridad continuaron citando para interrogatorio a activistas, artistas y periodistas que habían expresado opiniones críticas hacia las autoridades en Internet. El 4 de octubre, la Dirección de Seguridad General citó al director teatral Awad para interrogarlo sobre una obra improvisada, acusándolo de criticar al presidente y de carecer de la autorización de la oficina de censura de esa entidad para representar la obra, tal como exigía la ley libanesa. Quedó en libertad posteriormente.
Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres continuaron propugnando diversos derechos políticos y sobre la condición jurídica de la persona, incluido el derecho a la igualdad en la custodia de los hijos e hijas y en la transmisión de la nacionalidad a su esposo y descendencia en caso de estar casadas con extranjeros.
En su tercer examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Líbano rechazó varias recomendaciones de retirar sus reservas a la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), incluida la de adoptar una ley unificada sobre la condición jurídica de la persona, pero aceptó parcialmente una recomendación de reformar su ley de nacionalidad, que era discriminatoria.
Las personas migrantes empleadas en el sector doméstico en Líbano, el 99% de las cuales eran mujeres, seguían sometidas a prácticas discriminatorias en virtud del sistema de patrocinio laboral (kafala). A raíz de la crisis económica, unida a la pandemia, muchas de estas personas fueron despedidas sin salario, sus pertenencias o el pasaporte. En octubre, la Organización Internacional para las Migraciones afirmó que alrededor de 400.000 personas migrantes y empleadas en el sector doméstico, la mayoría asiáticas y africanas, estaban atrapadas en Líbano sin trabajo ni medios para regresar a su hogar.
En su Examen Periódico Universal, Líbano no se comprometió a abolir el sistema de kafala y rechazó la recomendación de firmar y ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Líbano continuaba acogiendo el mayor número de personas refugiadas por habitante del mundo, con alrededor de 1,5 millones de personas refugiadas sirias, incluidas las 879.529 que figuraban inscritas en el registro del ACNUR en septiembre.
En marzo, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba una serie de violaciones de derechos humanos cometidas principalmente por los servicios de Inteligencia Militar libaneses contra 26 refugiados sirios, 4 de ellos menores de edad, recluidos por cargos de terrorismo entre 2014 y principios de 2021. El informe mencionaba, entre otras, la violación del derecho a un juicio justo y la tortura, que incluía palizas con barras de metal, cables eléctricos y tuberías de plástico. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura ni siquiera en los casos en que los reclusos o sus abogados contaron a quien presidía la vista judicial que habían sido torturados.7
Líbano siguió deportando a personas refugiadas sirias a su país pese a que a su regreso a Siria corrían peligro de sufrir violaciones atroces de derechos humanos. El 28 de agosto, unos agentes de los servicios de inteligencia del ejército libanés detuvieron a 6 sirios delante de la embajada de Siria, en el distrito de Baabda, que acudían a recoger sus pasaportes tras haber recibido una invitación telefónica de la embajada. Los hombres fueron acusados de entrar ilegalmente en el país y entregados a la Dirección de Seguridad General, que emitió una orden de deportación el 5 de septiembre. Tras permanecer 46 días recluidos en régimen de incomunicación, a raíz de la presión ejercida para que los liberaran, la Dirección de Seguridad General anuló la orden de deportación el 8 de septiembre y los dejó en libertad el 12 de octubre.8
En septiembre, la Dirección de Seguridad General detuvo a tres sirios en el aeropuerto internacional de Beirut. Tras la presión creciente para detener su deportación, los dejó en libertad en octubre. Los hombres habían huido de las hostilidades en la gobernación de Deraa, en el sur de Siria.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones. En el proceso del EPU, Líbano rechazó las recomendaciones de abolir la pena de muerte.
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