Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Los guardias de fronteras emplearon la fuerza para expulsar sin el debido procedimiento a personas refugiadas y migrantes a Bielorrusia. Las mujeres y las niñas encontraban dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Seguía sin haber ningún tipo de restricción jurídica a la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Los índices de apatridia continuaron siendo elevados. Algunos niños y niñas sufrían discriminación en el acceso a la educación.
El estado de emergencia decretado para responder a la pandemia de COVID-19 finalizó en abril, pero continuaron en vigor numerosas restricciones.
Letonia se adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura en diciembre.
Durante el estado de excepción que comenzó en agosto, los guardias de fronteras letones emplearon la fuerza para devolver sumariamente a las personas que llegaban a la frontera con Bielorrusia en busca de asilo en Letonia. Aunque la Ley del Estado de Excepción preveía la provisión de alimentos y asistencia médica de conformidad con las medidas ordenadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, suscitaba preocupación que no se estuvieran cubriendo las necesidades de las personas solicitantes de asilo. En noviembre, Letonia instaló una valla temporal de 37 kilómetros en su frontera con Bielorrusia. En diciembre, la Comisión de la Unión Europea propuso permitir a Letonia, Lituania y Polonia plazos de registro y tramitación de las solicitudes de asilo ampliados, así como procedimientos de devolución simplificados y más rápidos, lo que debilitaba los procedimientos de asilo de la Unión Europea. Al terminar el año, unas 4.045 personas habían sido interceptadas en la frontera y devueltas a Bielorrusia, y aproximadamente 446 habían sido detenidas por entrar en el país de manera irregular.
En junio, el Tribunal Constitucional falló que el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) se ajustaba a la Constitución de Letonia, pero no hubo más avances para su ratificación.
Las mujeres y las niñas tenían dificultades para acceder a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva y otros tipos de información y servicios de salud esenciales. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló en particular el acceso limitado a anticonceptivos gratuitos para mujeres adolescentes y jóvenes.
Tras ser cancelado en 2020 a causa de la pandemia de COVID-19, el Orgullo Báltico se celebró en agosto. En marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó preocupación por que el marco legislativo continuaba omitiendo como motivos de discriminación la orientación sexual y la identidad de género. El Parlamento no legisló para reconocer y proteger los derechos de las parejas del mismo sexo a pesar de las sucesivas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional que confirmaban que dicha obligación estaba consagrada en la Constitución. En diciembre, el Tribunal Supremo resolvió que los tribunales administrativos podían conceder temporalmente dichos reconocimiento y protección hasta que se promulgara legislación a tal efecto.
El índice de la sección europea de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA-Europa) clasificó a Letonia como el segundo peor país de la Unión Europea para ser una persona LGBTI, haciendo referencia a los discursos sesgados, la violencia y otras formas de discriminación.
Pese a los cambios legislativos realizados en 2020, los índices de apatridia continuaron siendo elevados. Aproximadamente 200.000 personas tenían la condición de “no ciudadanas” y afrontaban discriminación a la hora de acceder a derechos económicos, sociales y culturales, entre otros.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales observó un aumento del alumnado romaní que completaba la educación primaria, pero expresó preocupación por la discriminación de niños y niñas de grupos minoritarios y de niños y niñas migrantes en situación irregular, por la exclusión de personas con discapacidad del sistema educativo general, y por el número desproporcionadamente elevado de niños y niñas romaníes matriculados en programas de necesidades especiales.
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