Guinea

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Las autoridades impusieron suspensiones a partidos políticos y medios de comunicación y mantuvieron la prohibición de las protestas. Se sometió a desaparición forzada y secuestro a personas que expresaban opiniones críticas. El indulto concedido a un ex jefe del Estado declarado culpable de crímenes de lesa humanidad ponía en peligro el acceso a justicia y a recursos efectivos para las víctimas de los más graves delitos. Se vulneraron los derechos laborales de quienes trabajaban en una empresa estatal de caucho y aceite de palma. Las autoridades adoptaron medidas para proteger los recursos forestales.

Información general

Se celebró un referéndum en el que, según los resultados anunciados por el Tribunal Supremo el 26 de septiembre, se aprobó, con casi el 90% de los votos a favor, una nueva Constitución que ampliaba el mandato presidencial de cinco a siete años.

Las elecciones presidenciales se celebraron el 28 de diciembre. Los partidos de oposición condenaron el hecho de que el presidente de transición, Mamadi Doumbouya, que había llegado al poder en 2021 a través de un golpe de Estado, se presentara como candidato, ya que eso vulneraba la Carta de Transición.

Libertad de asociación

El 9 de enero, el ministro de Administración Territorial y Descentralización ordenó cesar sus actividades a los movimientos políticos que no tuvieran “autorización administrativa previa”. La decisión se tomó tres días después de la celebración de una manifestación que pedía la salida del gobierno militar.

El 10 de enero, tras cuatro meses de suspensión, las autoridades reanudaron la concesión de licencias a asociaciones y ONG.

El 23 de agosto se suspendió durante tres meses a tres importantes partidos de oposición: la Agrupación del Pueblo Guineano, la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea y el Partido de la Renovación y el Progreso. Según un anuncio del ministro de Administración Territorial y Descentralización, las suspensiones obedecían al incumplimiento de obligaciones por parte de los partidos afectados.

Libertad de expresión

El 7 de enero, el líder opositor Aliou Bah, presidente del partido Movimiento Democrático Liberal, fue condenado a dos años de prisión por “insultar y difamar” al presidente de transición Mamadi Doumbouya. El 28 de mayo, el Tribunal de Apelación de Conakry confirmó su sentencia condenatoria.

El 14 de julio, la Policía Nacional interrogó a Ibrahima Koné, director del periódico gubernamental Horoya, y a Daouda Taban Sylla, periodista de la emisora pública de noticias RTG. Ambos fueron acusados de difundir una versión errónea del borrador de la nueva Constitución. Quedaron en libertad al día siguiente.

El 6 de septiembre, la Autoridad Superior de Comunicación suspendió el servicio de noticias online guineematin.com por “violación de la normativa vigente” y “actividad ilegal e incumplimiento”, entre otros cargos. La suspensión se levantó cuatro días después.

Libertad de reunión pacífica

Las autoridades continuaron aplicando la prohibición dictada en 2022 de todas las protestas y reprimiendo con violencia el derecho a la libertad de reunión pacífica.

El 6 de enero, una coalición de fuerzas de la oposición, conocida como Fuerzas Vivas de Guinea, organizó una manifestación para exigir el fin del gobierno militar. Según la coalición, las fuerzas de seguridad mataron a tres jóvenes durante la protesta.

Desapariciones forzadas

Se secuestró y sometió a desaparición forzada a activistas, periodistas y dirigentes de la oposición.¹

Según informaron los medios de comunicación, el 19 de febrero unos hombres uniformados y encapuchados secuestraron a Abdoul Sacko, coordinador nacional del Foro de las Fuerzas Sociales de Guinea. Los abogados de Abdoul Sacko declararon que había sido hallado ese mismo día “en estado crítico, torturado y abandonado por sus secuestradores en el bosque”.

Mohamed Traoré, expresidente del Colegio de Abogados de Guinea y destacado crítico de las autoridades, fue secuestrado en su casa en junio por un grupo de seis hombres fuertemente armados que lo liberaron horas después. El 23 de junio, la Fiscalía anunció que se había abierto una investigación sobre su secuestro.

El 20 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos compartió su preocupación por la presunta desaparición forzada de varios hijos y otros familiares de la figura de la oposición y artista Elie Kamano a manos de hombres armados el 16 de noviembre.

La suerte y el paradero de Mamadou Billo Bah y Oumar Sylla, dos dirigentes del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución, seguían sin conocerse al terminar el año, a pesar de que había abierta una investigación judicial sobre su desaparición. Según un tercer miembro del Frente Nacional secuestrado con ellos el 9 de julio de 2024 y liberado al día siguiente, las fuerzas especiales se los habían llevado al archipiélago de Loos.

Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de Habib Marouane Camara, director gerente del sitio web de noticias Le Révélateur, secuestrado en diciembre de 2024.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 10 de marzo, al menos 98 familias presentaron denuncias tras la estampida ocurrida en diciembre de 2024 en un estadio de la segunda ciudad más grande del país, Nzérékoré. Según cifras oficiales, en el desastre fallecieron 56 personas; sin embargo, según ONG locales, la cifra de víctimas mortales ascendía a 140. Al terminar el año no se habían atendido las denuncias.

El 28 de marzo, el presidente de transición concedió el indulto al ex jefe del Estado Moussa Dadis Camara aduciendo motivos de salud y el propósito de fomentar la reconciliación nacional. Moussa Dadis Camara había sido declarado culpable y condenado a 20 años de prisión en 2024 por crímenes de lesa humanidad relacionados con una masacre cometida el 28 de septiembre de 2009 en la que al menos 156 personas perdieron la vida y más de 100 mujeres fueron violadas en una concentración de la oposición celebrada en un estadio de la capital, Conakry. La excarcelación de Moussa Dadis Camara tras sólo dos años y medio en prisión y la falta de información pública sobre su estado de salud suscitaron dudas sobre las razones de su puesta en libertad y preocupación por la posibilidad de que se hubiera hecho justicia selectiva.

Derechos económicos, sociales y culturales

Persistieron las violaciones de los derechos laborales en las plantaciones vinculadas a la empresa estatal de caucho y aceite de palma en la región de Nzérékoré, en el sureste del país. Las personas que trabajaban allí percibían un sueldo muy inferior al salario mínimo nacional y soportaban unas condiciones laborales potencialmente peligrosas.²

Derecho a un medioambiente saludable

El 1 de julio, las autoridades guineanas anunciaron la prohibición nacional de las actividades de tala y transporte de madera desde el 7 de julio hasta el 30 de septiembre. El propósito de la prohibición era respetar el periodo de paro biológico para proteger los recursos forestales gravemente amenazados por la tala intensa y a menudo incontrolada. Según la ONG internacional Global Forest Watch, en los anteriores 30 años Guinea había perdido cerca del 30% de su superficie forestal.