Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Quedaron en libertad decenas de personas detenidas arbitrariamente en el contexto de las protestas de 2020 contra la candidatura del expresidente Alpha Condé y su reelección para un tercer mandato. Varias personas resultaron muertas durante las protestas relacionadas con la explotación minera. Nadie compareció ante la justicia por la masacre del 28 de septiembre de 2009. Persistía la violencia sexual.
Después de la detención de Alpha Condé el 5 de septiembre tras un asalto encabezado por las fuerzas especiales de Guinea, el Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo (CNRD), liderado por Mamadi Doumbouya, desechó la Constitución y defenestró al gobierno. El 27 de septiembre se emitió una Carta de Transición que anunciaba la elaboración de una nueva Constitución y la organización de elecciones. Mamadi Doumbouya tomó posesión como nuevo presidente ante el Tribunal Supremo el 1 de octubre. Alpha Condé pasó 12 semanas detenido sin cargos formales en su contra, tras lo cual se le permitió residir en la vivienda de su esposa.
Un brote de ébola que comenzó a mediados de febrero se declaró extinguido en junio. El toque de queda impuesto para luchar contra la pandemia de COVID-19 se levantó el 21 de octubre.
Tras varios meses sometidos a detención arbitraria, se excarceló a decenas de miembros de la oposición y simpatizantes y activistas de la sociedad civil que habían denunciado la candidatura o la reelección del expresidente Alpha Condé para un tercer mandato.
El 8 de mayo, más de 40 personas que habían convocado o participado en las manifestaciones de 2020 para denunciar la candidatura o la reelección de Alpha Condé para un tercer mandato quedaron en libertad tras retirarse todos los cargos contra ellas. El 7 de septiembre, por orden del CNRD, se excarceló a 79 activistas y miembros y simpatizantes de la oposición que también habían sido arrestados. Entre ellos figuraba Oumar Sylla, uno de los dirigentes del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución, que el 28 de enero había sido condenado a 11 meses de cárcel por “participar en una reunión prohibida que podría alterar el orden público”. Oumar Sylla había permanecido recluido en la prisión principal de Conakry desde su detención el 29 de septiembre de 2020, cuando estaba movilizando a la gente contra la candidatura de Alpha Condé para un tercer mandato. El 10 de junio, en un caso distinto, el Tribunal de Apelación de Conakry condenó a Oumar Sylla a tres años de prisión por “comunicación y difusión de información falsa” y “amenazas de muerte y violencia”, después de que éste denunciara en la radio detenciones arbitrarias.
Amadou Diouldé Diallo, periodista de una radio pública y de la cadena de televisión Radio Télévision Guinéenne, pasó casi tres meses detenido en espera de juicio acusado de insultar al expresidente Alpha Condé. Fue liberado el 19 de mayo después de que un tribunal de Conakry le impusiera una multa de 5 millones de francos guineanos (420 euros) por “insultar al jefe del Estado”.
Según informes, varias personas murieron a manos de las fuerzas de defensa y de seguridad en al menos tres localidades durante unas manifestaciones, algunas de las cuales se tornaron violentas, por cuestiones relacionadas con la explotación minera.
El 22 de abril, al menos dos personas murieron por disparos de las fuerzas de defensa y de seguridad y varias resultaron heridas en la localidad de Kouroussa (región de Kankan) después de que una multitud atacara el ayuntamiento y la residencia del prefecto. Se había estado fraguando un conflicto entre mineros de extracción de oro en pequeña escala y una empresa minera por la explotación de una mina de oro.
El 22 de junio, en la localidad de Gaoual (región de Boké), al menos dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas cuando se desplegó al ejército durante unas manifestaciones y disturbios contra la presunta implicación de miembros de las fuerzas de defensa y de seguridad en la gestión de minas de oro en pequeña escala. Según testimonios, los soldados arrojaron intencionadamente a una de las víctimas desde un puente.
En julio, en la región de Siguiri, presuntos cazadores donzo (tradicionales) dispararon contra unos gendarmes que habían acudido para ejecutar una orden judicial sobre una disputa entre dos pueblos por la operación de una mina en pequeña escala. Según las autoridades, 13 gendarmes resultaron heridos.
El 17 de agosto, en la localidad de Foulata (región de Kankan), las fuerzas de defensa y de seguridad presuntamente dispararon e hirieron a varias personas y quemaron sus hogares y almacenes, tras unas protestas contra una empresa minera porque al parecer ésta no cumplía con sus compromisos de emplear a habitantes de la zona.
El 11 de septiembre, el CNRD prohibió todas las manifestaciones hasta nuevo aviso.
Mamadou Oury Barry, que desde el 5 de agosto de 2020 permanecía detenido en espera de juicio en la prisión principal de Conakry por “agresión y lesiones”, murió el 16 de enero. Según el Ministerio de Justicia, murió en el hospital “por causas naturales relacionadas con una obstrucción intestinal y anemia”. La Fiscalía no permitió que se entregara el cadáver a su familia hasta el 2 de febrero, después de que un abogado presentara una solicitud el 19 de enero. En las semanas previas, otros tres detenidos, entre los que figuraban simpatizantes del partido de oposición Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea, murieron poco después de la excarcelación de uno de ellos y de la hospitalización de los otros dos, en muy mal estado de salud. Las autoridades atribuyeron las muertes a causas naturales sin llevar a cabo investigaciones exhaustivas. Las familias de los detenidos no pudieron visitarlos en prisión ni en el hospital.
Aunque la pena de muerte se había eliminado del Código Penal en 2016, seguían condenados a la pena capital varios presos, incluidos algunos de los condenados a muerte en 2011 tras los enfrentamientos intercomunitarios ocurridos en la localidad de Galakpaye (región de N’Zérékoré).
Pese a los anuncios de investigaciones sobre los homicidios de manifestantes en 2019 y 2020 durante las protestas contra la reforma de la Constitución y la elección del expresidente Alpha Condé para un tercer mandato, se hizo pública muy poca información al respecto. El ministro de Justicia informó en junio de que, debido a la falta de pruebas, el juzgado de primera instancia de Mamou había absuelto a los acusados del homicidio de un joven de 20 años en la localidad de Kégnéko (región de Mamou), cometido el 22 de marzo de 2020. El 23 de octubre, una delegación del CNRD se reunió con familias de personas muertas a manos de las fuerzas de defensa y de seguridad durante el gobierno de Alpha Condé, y les dijo que se haría justicia.
Doce años después de que, el 28 de septiembre de 2009, 157 personas murieran a manos de las fuerzas de defensa y de seguridad en un estadio de Conakry, y más de un centenar fueran sometidas a violencia sexual, el juicio todavía no había comenzado, aunque la investigación había concluido en noviembre de 2017.
La Oficina para la Protección del Género, la Infancia y la Moral registró 331 casos de violación hasta mediados de diciembre, frente a los 393 casos de 2019 y los 374 de 2020. A pesar de los esfuerzos realizados en años recientes por las autoridades y las ONG para promover el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual, la práctica de negociar acuerdos extrajudiciales entre los presuntos perpetradores y las víctimas continuó obstaculizando los enjuiciamientos.1
La campaña de vacunación contra la COVID-19 comenzó el 5 de marzo e iba dirigida principalmente al personal sanitario, las personas de más de 60 años, los trabajadores y trabajadoras esenciales, y los líderes religiosos.
El 10 de agosto, el presidente Alpha Condé ordenó al gobierno que garantizara la vacunación contra la COVID-19 de todo el funcionariado público. Según la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria, hasta el 29 de diciembre, 1.983.124 personas habían recibido la primera dosis, y 911.780 habían recibido la segunda (de una población estimada de aproximadamente 13 millones de personas).
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