Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se disolvieron sistemáticamente las manifestaciones que bloqueaban calles. La acción climática fue insuficiente. Se promulgó una nueva ley sobre violencia sexual y se presentó al Parlamento una reforma de la ley sobre el reconocimiento legal de la identidad de género. Se aprobó legislación que permitía obstaculizar el ejercicio del derecho a solicitar asilo. Se presentó un proyecto de ley para proteger los derechos del pueblo sami.
La policía disolvió sistemáticamente las manifestaciones que bloqueaban calles e interrumpían el tráfico, sin reconocer que estos actos de desobediencia civil no debían ser disueltos sólo por las alteraciones que causaban. Las fuerzas de seguridad adolecían de falta de formación e instrucciones relativas a la actuación policial en las protestas. En agosto, la policía de Estocolmo (Suecia), al parecer basándose en información imprecisa proporcionada por la policía finlandesa, detuvo y expulsó a seis activistas finlandeses que se dirigían a participar en una acción climática pacífica.1
En julio, Finlandia reformó la Ley sobre el Cambio Climático, que establecía el objetivo de alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono antes de 2035. Suscitó preocupación la idoneidad de las medidas y los recursos previstos para su aplicación.2
En junio, una nueva legislación modificó la definición de violación sexual para armonizarla con las normas de derechos humanos y basarla en la ausencia de consentimiento evaluada en función de las circunstancias. Sin embargo, en los casos donde hubiera abuso de una posición de autoridad, el delito seguía definiéndose como abuso sexual y no como violación.
Con el establecimiento de nuevos centros de apoyo a víctimas de agresión sexual, el número total de éstos se elevó a 21.3
En septiembre, el gobierno presentó un proyecto de ley para establecer el reconocimiento legal de la identidad de género de personas adultas previa solicitud por escrito. Aunque la nueva ley abolía los requisitos de la infertilidad forzada y el diagnóstico psiquiátrico, introducía un periodo obligatorio de reflexión para la persona solicitante y no incluía un sistema de reconocimiento legal del género para menores.
En julio se aprobaron reformas a la Ley de la Guardia de Fronteras que permitían centralizar la recepción de solicitudes de asilo en un puesto fronterizo designado aparte —lo que significaba que se podía cerrar la frontera oriental con Rusia a solicitantes de asilo— e incluían la posibilidad de levantar barreras en la zona fronteriza. En varias partes de la frontera oriental, el gobierno empezó a construir una valla que podía obstaculizar el acceso de solicitantes de asilo al territorio para pedir protección internacional y podía dar lugar a devoluciones contrarias al principio de no devolución (non-refoulement). En junio, el gobierno presentó un proyecto de ley que introducía procedimientos fronterizos que incluían alojar a solicitantes de asilo en centros vigilados en la frontera de los que no se les permitía salir. Esto suponía restringir gravemente su libertad de circulación y en la práctica equivalía a una detención.
Durante el año se concedieron más de 45.000 permisos de protección temporal a personas que huían del conflicto en Ucrania. Se otorgó protección a todas las personas ucranianas con independencia del momento de su llegada.
En noviembre, el gobierno presentó un proyecto legislativo para reformar la Ley sobre el Parlamento del Pueblo Sami y reforzar la protección de los derechos de este pueblo indígena.
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