Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las prestaciones de seguridad social eran insuficientes, lo que afectaba especialmente a la población más expuesta a sufrir discriminación. Aumentaron los delitos sexuales. Persistían las dificultades para la reagrupación familiar de personas refugiadas. Se encontraron carencias en la legislación sobre el reconocimiento de la identidad de género.
Debido a la provisión insuficiente de prestaciones de seguridad social, algunas personas vivían sin suficientes alimentos, medicamentos o asistencia médica por falta de recursos económicos. La pandemia de COVID-19 agravó las dificultades económicas de quienes estaban en situación de riesgo y afectó sobre todo a los ingresos de las mujeres jóvenes.
Hubo llamamientos en favor de subir las prestaciones de seguridad social hasta un nivel que garantizara la realización de los derechos humanos, y para que las reformas propuestas se centraran en estos derechos, especialmente los de los grupos más expuestos a sufrir discriminación, como las mujeres, los pueblos sami y romaní, la comunidad LGBTI y las personas con discapacidad.1
El número de delitos sexuales registrados por la policía aumentó más de un 20%. En junio se inauguraron nuevos centros de apoyo a víctimas de agresión sexual en las localidades de Kokkola y Seinäjoki, y en noviembre en la de Vaasa.
La respuesta a la violencia de género seguía careciendo sistemáticamente de recursos suficientes. En abril, el gobierno decidió elaborar un nuevo modelo de financiación del trabajo de las ONG.
En julio entró en vigor una nueva legislación sobre servicios sociales y de salud, pero no incluía disposiciones concretas para prevenir la violencia contra las mujeres.
El Parlamento aprobó en octubre un proyecto de ley que establecía el puesto de relator sobre la violencia contra las mujeres.
En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación por el hecho de que la legislación reformada sobre el reconocimiento de la identidad de género no fuera aplicable a menores de edad.
En junio, el gobierno estableció un grupo de trabajo encargado de proponer cambios legislativos para fortalecer la realización de los derechos de las personas transgénero e intersexuales. En noviembre, el Parlamento empezó a considerar una iniciativa para reformar la ley sobre el reconocimiento de la identidad de género.
Persistían las dificultades para la reagrupación familiar. En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó que Finlandia eliminara los obstáculos para la reagrupación familiar. En septiembre, el Ministerio del Interior publicó un anteproyecto de ley dirigido a eliminar parte de esos obstáculos.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló su sentencia de 2019 en la que establecía que Finlandia había infringido el Convenio Europeo de Derechos Humanos al devolver a un solicitante de asilo iraquí sin evaluar debidamente los riesgos.
En agosto entraron en vigor cambios jurídicos que mejoraban el acceso de las personas solicitantes de asilo al debido proceso. Persistían motivos de preocupación sobre el proceso, por ejemplo sobre las limitaciones para presentar un recurso ante el Tribunal Administrativo Supremo y posteriores solicitudes.
En enero, el Tribunal de Apelación anuló los fallos condenatorios dictados por segunda vez contra tres objetores de conciencia por negarse a prestar un servicio alternativo al militar. En noviembre, el Parlamento aprobó una reforma legislativa para evitar que las personas absueltas fueran llamadas de nuevo a prestar servicio. La duración del servicio alternativo al militar seguía siendo punitiva y discriminatoria.
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