Finlàndia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Los servicios públicos de salud carecían de recursos suficientes. Una nueva ley permitía el aborto previa solicitud en las primeras 12 semanas de gestación. El gobierno hizo recortes en la seguridad social. Hubo incoherencias en el control policial de las protestas. Las medidas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles seguían siendo insuficientes. Las personas transgénero adultas ya podían obtener el reconocimiento legal de su identidad de género, pero no así los niños, niñas y adolescentes trans. El gobierno anunció su intención de endurecer las políticas de inmigración.

Derecho a la salud

Debido a la provisión insuficiente de asistencia médica primaria pública, quienes dependían de ella encontraban barreras de acceso a estos servicios, mientras que quienes tenían acceso a un sistema de asistencia médica privado o en el trabajo no afrontaban obstáculos similares.¹

En junio, el gobierno anunció planes para lograr un ahorro sustancial en la financiación de la sanidad pública y que subiría las tarifas de usuario de los servicios de salud y los impuestos sobre los medicamentos.²

El gobierno propuso eliminar el derecho de las personas residentes en Finlandia en situación irregular a recibir la asistencia médica necesaria.

En septiembre entró en vigor una ley que permitía el aborto previa solicitud en las primeras 12 semanas de gestación.

Derecho a la seguridad social

En diciembre, el Parlamento aprobó recortes significativos y generalizados en la seguridad social. Según varias propuestas legislativas, el gobierno preveía que, como consecuencia, aumentarían el riesgo de desalojo y la inseguridad alimentaria. Se pronosticó que los recortes afectarían a muchos grupos que ya estaban en situación de riesgo, como mujeres, migrantes, personas con discapacidad y familias con hijos.

Libertad de reunión

La policía disolvió varias protestas que alteraban el tráfico. Hubo diferencias regionales en el control policial de las protestas. La policía no protegió a manifestantes de la conducción agresiva y otros actos en Kuusankoski (barrio de Kouvola) y en Jyväskylä en mayo y agosto, respectivamente.

En febrero, la policía prohibió ilegalmente grabar imágenes durante una protesta en Aalistunturi y ante la Embajada de Turquía en Helsinki, donde se detuvo a un reportero gráfico a quien se le confiscó la tarjeta de memoria de su cámara. En agosto, al menos una manifestante fue objeto de detención arbitraria en Jyväskylä.

Derecho a un medioambiente saludable

Las medidas enfocadas al abandono gradual de los combustibles fósiles de forma equitativa, y a la conservación y mejora de los bosques y otros sumideros de carbono seguían siendo insuficientes para alcanzar el objetivo del gobierno de la neutralidad en carbono en 2035. La biodiversidad continuó menguando debido a la explotación forestal intensiva y otros usos de la tierra. Finlandia incrementó la financiación climática a países en desarrollo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En abril entró en vigor una ley que permitía a las personas transgénero adultas obtener el reconocimiento legal de su identidad de género previa solicitud por escrito. No se aprobó ningún sistema para niños, niñas y adolescentes.³ En noviembre, grupos de la sociedad civil criticaron al gobierno por la falta de medidas específicas para reforzar los derechos LGBTI; la discriminación de las personas trans e intersexuales seguía siendo generalizada.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El programa gubernamental para 2023 confirmó un apoyo amplio a la población refugiada ucraniana y, al mismo tiempo, introdujo planes de endurecer las políticas de inmigración y asilo, incluso para las personas en busca de protección procedentes de otras partes del mundo. Algunos de estos planes eran dar carácter temporal a la protección internacional, impedir que solicitantes de asilo solicitaran el permiso de residencia por motivos de trabajo, aumentar el uso de la detención por motivos de inmigración y endurecer los requisitos para conseguir la reagrupación familiar, la residencia permanente y la nacionalidad.

Se denunciaron problemas para presentar la solicitud de asilo, concretamente por personas que ya tenían el permiso de residencia por otros motivos.

En noviembre, el gobierno cerró gradualmente todos los pasos fronterizos con Rusia asegurando que lo hacía en respuesta a un presunto intento por parte de ese país de “instrumentalizar” los movimientos migratorios. Al concluir el año seguían cerrados.

Derechos de los pueblos indígenas

En diciembre, el gobierno presentó un proyecto legislativo para reformar la Ley sobre el Parlamento del Pueblo Sami y reforzar así la protección de los derechos de ese pueblo indígena. La propuesta era el cuarto intento de reformar la Ley tras los fracasos en tres legislaturas anteriores.