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Eritrea

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

Las autoridades continuaron sometiendo a periodistas, disidentes sobre cuestiones políticas, y líderes y miembros de congregaciones religiosas a detención arbitraria, en algunos casos constitutiva de desaparición forzada. Las personas reclutadas para el servicio nacional obligatorio eran forzadas a servir durante periodos indefinidos. Persistieron las denuncias de violencia sexual cometida por jefes militares contra reclutas en el campamento de instrucción de Sawa. Eritrea no proporcionó información sobre su programa de vacunación contra la COVID-19.

Información general

A pesar de ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Eritrea persistió en no colaborar con mecanismos internacionales de derechos humanos. No respondió a las solicitudes para visitar el país cursadas por el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, un mandato establecido en 2012, ni legisló para proteger los derechos humanos de conformidad con los tratados de derechos humanos que había ratificado.

Las fuerzas eritreas desplegadas desde 2020 en el norte de Etiopía, sobre todo en la zona de Tigré occidental, fueron cómplices en la campaña de limpieza étnica contra residentes de etnia tigriña, y llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones y otras formas de violencia sexual, y desplazamiento forzado (véase el apartado sobre Etiopía).

Desapariciones forzadas

Las autoridades continuaron sometiendo a periodistas, disidentes sobre cuestiones políticas, y líderes y miembros de congregaciones religiosas a detención arbitraria, en algunos casos constitutiva de desaparición forzada. Seguía sin conocerse la suerte y el paradero de 11 miembros del G-15 —un grupo de 15 veteranos políticos que se oponían al presidente Afwerki— desde su detención por las fuerzas de seguridad en septiembre de 2001. Las 11 personas en cuestión fueron detenidas tras escribir una carta abierta al presidente en la que le reclamaban la implementación del borrador de Constitución y la celebración de elecciones abiertas. También seguía sin conocerse la suerte y el paradero de un periodista sueco, Dawit Isaak, y de otras 16 personas que supuestamente habían colaborado con el G-15.

Ciham Ali y Berhane Abrehe desaparecieron tras ser detenidos en 2012 y 2018, respectivamente. Ciham Ali, de doble nacionalidad eritrea y estadounidense, tenía 15 años cuando fue detenida en 2012 en la frontera con Sudán mientras intentaba huir de Eritrea, tras la deserción y el exilio de su padre, Ali Abdu, entonces ministro de Información. Berhane Abrehe, exministro de Hacienda, fue detenido en septiembre de 2018, unos días después de publicar un libro, titulado Hagerey Eritrea (Eritrea, mi país), en el que criticaba al gobierno. Poco antes de la publicación del libro, había desafiado al presidente a un debate televisado.

Detención y reclusión arbitrarias

Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente. Abune Antonios, patriarca de la iglesia ortodoxa eritrea, murió en febrero a los 94 años de edad. Llevaba recluido bajo arresto domiciliario ilegítimo desde 2006, tras ser apartado por las autoridades de su cargo en la iglesia por criticar abiertamente políticas gubernamentales. Nunca fue acusado ni condenado por un delito común reconocible. Al día siguiente de su funeral, celebrado el 10 de febrero, las autoridades detuvieron a 11 personas que habían asistido a sus exequias; todas ellas quedaron en libertad sin cargos cuatro días después.

En octubre, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres clérigos católicos de alto rango. El 11 de octubre se detuvo a dos sacerdotes: Mihretab Stefanos, de la iglesia parroquial de San Miguel (en Segeneity, localidad del sur del país), y el abad Abraham, de la localidad de Teseney (en el oeste de Eritrea). El 15 de octubre, el obispo Fikremariam Hagos, también de Segeneity, fue detenido en el aeropuerto internacional de Asmara a su llegada de Europa. Según múltiples fuentes, los religiosos fueron recluidos sin cargos en la prisión de Adi-Abieto. Fikremariam Hagos y Mihretab Stefanos fueron puestos en libertad el 28 de diciembre.

Trabajo forzoso

El gobierno siguió reclutando a estudiantes de enseñanza secundaria para el programa de servicio nacional militar obligatorio. Las personas reclutadas servían durante periodos indefinidos que sobrepasaban el límite legal de 18 meses.

Las fuerzas gubernamentales realizaron múltiples operaciones, conocidas en lengua tigriña como giffa, en las que aprehendían a jóvenes en las calles para el servicio militar. Al parecer, hubo funcionarios del Estado que obligaron a los progenitores a llevar a sus hijos e hijas que habían eludido el reclutamiento a registrarse para cumplir el servicio nacional. En julio trasladaron a miles de estudiantes de secundaria, en muchos casos menores de 18 años, para que cursaran su último año de enseñanza en la escuela de Warsai-Yikealo, en el Centro de Instrucción Militar de Sawa. Una vez realizados sus exámenes de fin de ciclo escolar, a los estudiantes se les obligaba a continuar la instrucción militar en el centro de instrucción de Sawa. Los estudiantes acusados de infracciones leves en la escuela de Warsai-Yikealo y los reclutas del centro de instrucción eran sometidos habitualmente a castigos físicos que constituían tortura y otros malos tratos. Las denuncias de violencia sexual cometida por jefes militares en el centro también eran habituales. Las autoridades no permitían la objeción de conciencia al servicio militar.

Derecho a la salud

Eritrea siguió siendo el único país de África, y uno de los pocos del mundo, que no informó sobre la administración de la vacuna contra la COVID-19. No accedió a las vacunas a través de COVAX, el mecanismo global de reparto de riesgos para la adquisición conjunta y la distribución equitativa de vacunas contra la COVID-19.

Estado de Eritrea
Jefe del Estado y del gobierno: Isaias Afwerki