Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se reprimió severamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación. La autoridades actuaron contra defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política y otros activistas mediante citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos, medidas extrajudiciales de libertad condicional, investigaciones penales, enjuiciamientos injustos e inclusión en una “lista de terroristas”. Miles de personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, estudiantes, miembros de la oposición, propietarios y propietarias de empresas, y manifestantes pacíficos, continuaron recluidas arbitrariamente. Decenas de personas fueron declaradas culpables en juicios manifiestamente injustos o fueron juzgadas por tribunales de excepción por cargos derivados del ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Persistieron las desapariciones forzadas y la tortura. Las condiciones de reclusión seguían siendo crueles e inhumanas, y a las personas presas se les negaba atención médica adecuada, lo que dio lugar o contribuyó a la muerte bajo custodia de al menos 56. Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos y se llevaron a cabo ejecuciones, incluso por delitos relacionados con las drogas. Las autoridades no investigaron ni castigaron adecuadamente la violencia sexual y de género, e introdujeron disposiciones legales que menoscababan aún más los derechos y la autonomía de las mujeres. Personas LGBTI fueron detenidas, enjuiciadas y condenadas a largas penas de cárcel por su orientación sexual o identidad de género. Las autoridades restringieron las huelgas, los sindicatos independientes y la expresión de quejas o críticas. La campaña de vacunación contra la COVID-19 estuvo marcada, entre otras cosas, por demoras en la administración de vacunas a la población más expuesta a riesgos. Se llevaron a cabo desalojos forzosos de personas residentes en asentamientos informales, entre las cuales se practicaron detenciones por protestar. Las autoridades discriminaron a la población cristiana en la legislación y en la práctica, y enjuiciaron a miembros de minorías religiosas y a quienes abrazaban opiniones religiosas no autorizadas por el Estado. Se recluyó por tiempo indefinido a personas refugiadas y migrantes por cruzar fronteras de forma irregular, y se las expulsó sin el debido proceso y sin acceso a los procedimiento de asilo.
En octubre, el presidente levantó el estado de excepción vigente en todo el país desde abril de 2017. Días después, el Parlamento aprobó reformas legislativas que ampliaban la jurisdicción de los tribunales militares a la población civil, erosionaban las garantías relativas a juicios justos y penalizaban a quienes informasen sobre las fuerzas armadas.
Continuaron los ataques esporádicos de grupos armados en el norte del Sinaí. Las fuerzas armadas, que anunciaron bajas en sus filas y la muerte de 122 activistas armados en enfrentamientos, publicaron en agosto un vídeo en el que podía verse el homicidio ilegítimo de dos hombres desarmados a manos de las fuerzas armadas. En octubre, el presidente concedió al ministro de Defensa poderes excepcionales para imponer toques de queda, cerrar centros escolares y evacuar a residentes del norte del Sinaí.
El presupuesto nacional adoptado en junio incumplía el mandato constitucional de asignar el 3% y el 6% del producto interno bruto (PIB) a salud y educación, respectivamente, y reducía el gasto en seguro de salud y medicamentos.
En marzo, 32 Estados condenaron en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las violaciones de derechos humanos cometidas en Egipto.
En septiembre, las autoridades lanzaron una estrategia nacional de derechos humanos para un periodo quinquenal en la que se encomiaba el marco jurídico y se pasaban por alto los motivos de preocupación relacionados con violaciones de derechos humanos pasadas y en curso.
Las autoridades continuaron reprimiendo con severidad el derecho a la libertad de expresión y acallando las voces críticas dentro y fuera de Internet.
Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a un mínimo de seis periodistas por su trabajo o sus opiniones críticas. El 19 de julio detuvieron al periodista Abdelnasser Salama por haber pedido la dimisión del presidente. Permaneció en prisión junto con otros 24 periodistas tras ser declarados culpables o mientras se investigaban las acusaciones de “uso indebido de las redes sociales”, “difusión de noticias falsas” y “terrorismo”.
En mayo, Hossam Shaaban, médico comprometido en actividades de ayuda humanitaria, fue detenido tras haber criticado la prohibición por las autoridades de protestas de solidaridad durante la ofensiva israelí en Gaza, y continuaba privado de libertad mientras se investigaban las acusaciones de “terrorismo”.
Las autoridades siguieron bloqueando al menos 600 sitios web de noticias, derechos humanos y otros, según grupos de defensa de estos derechos.
Miembros de la fuerza policial especial denominada Agencia de Seguridad Nacional intimidaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos mediante citaciones ilegales, interrogatorios coercitivos y medidas extrajudiciales de libertad vigilada aplicadas por la policía.1
Las autoridades sometieron a detención arbitraria y enjuiciaron injustamente a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la oposición política por cargos infundados de “terrorismo” y “difusión de noticias falsas”. En julio, Hossam Bahgat, director de una destacada ONG, fue declarado culpable y condenado al pago de una multa por expresar de forma pacífica sus opiniones sobre las elecciones de 2020 en Egipto. También en julio, unos jueces de instrucción interrogaron al menos a 5 directores y directoras de ONG y reactivaron las investigaciones sobre evasión de impuestos por ONG como parte de la investigación penal conocida como Causa 173, abierta por motivos políticos un decenio atrás en relación con las actividades y la financiación de organizaciones de derechos humanos. Las autoridades cerraron las investigaciones contra 12 ONG, pero siguieron imponiendo a quienes las dirigían o trabajaban en ellas la prohibición de viajar y la congelación de activos. Al menos otras 15 continuaban siendo objeto de investigación y de restricciones similares.
Las autoridades incorporaron arbitrariamente a la “lista de terroristas” a 408 personas, entre las que había activistas y miembros de la oposición, lo que de hecho les impedía participar en actividades cívicas o políticas y viajar a otros países durante 5 años. En noviembre, el Tribunal Administrativo Supremo confirmó la resolución de expulsar de la profesión a 6 abogados que figuraban en la “lista de terroristas”.
Las autoridades pusieron en libertad a 13 defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y personas dedicadas a la política que llevaban años detenidos en espera de juicio, pero continuaban recluidas de forma arbitraria miles de personas únicamente por ejercer sus derechos humanos o tras juicios manifiestamente injustos o sin fundamento jurídico. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a cientos de personas por sus críticas, reales o supuestas, al gobierno.
En febrero, las autoridades recluyeron arbitrariamente al destacado empresario Seif Thabet, dos meses después de la detención de su padre, Safwan Thabet, por negarse a entregar activos de su próspera empresa Juhayna. Ambos permanecían recluidos en régimen de aislamiento prolongado sin juicio ni cargos formales.
Fiscales y jueces renovaron la detención previa al juicio de miles de personas recluidas mientras se investigaban cargos infundados relacionados con el terrorismo sin permitirles impugnar la legalidad de la detención. En octubre, el Ministerio de Justicia emitió un decreto que permitía la renovación remota de la detención preventiva sin garantizar el respeto al debido proceso.
La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, sección especial del ministerio público responsable de investigar las amenazas a la seguridad, siguió ignorando las órdenes dictadas por jueces o fiscales de poner en libertad a personas en situación de reclusión prolongada en espera de juicio —entre ellas las detenidas más allá del límite legal de dos años—, para lo cual dictaba nuevas órdenes de reclusión por cargos semejantes basados en investigaciones secretas de la Agencia de Seguridad Nacional, en una práctica conocida como “rotación”. Se emplearon tácticas semejantes para mantener privadas de libertad a personas condenadas que ya habían cumplido las penas que se les habían impuesto. El 15 de junio, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado ordenó la detención del abogado de derechos humanos Mohamed Ramadan mientras se realizaban investigaciones sobre una nueva causa, días después de que un tribunal hubiera ordenado su puesta en libertad tras tres años recluido en espera de juicio.
La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado remitió a juicio ante tribunales de excepción al menos a 28 defensores y defensoras de los derechos humanos, miembros de la oposición política y activistas recluidos arbitrariamente.2 Las actuaciones ante estos tribunales son intrínsecamente injustas, y a las personas procesadas se les niega el derecho a que sus sentencias condenatorias y sus penas sean revisadas por tribunales superiores. Las fuerzas de seguridad impidieron que abogados y abogadas, y clientes se reunieran en privado.
En agosto, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado remitió a los tribunales de excepción a Ezzat Ghoneim, fundador de una ONG, y a la abogada Hoda Abdelmoneim por cargos de “difusión de noticias falsas” o “terrorismo” únicamente por sus actividades pacíficas de derechos humanos o políticas.
Entre junio y diciembre, los tribunales de excepción dictaron sentencias condenatorias contra el estudiante Ahmed Samir Santawy; los políticos de la oposición Zyad el Elaimy, Hossam Moanis y Hisham Fouad; el activista Alaa Abdel Fattah; el abogado y fundador de una ONG Mohamed Baker, y el bloguero Mohamed Ibrahim, conocido como “Oxígeno”, por “difusión de noticias falsas” y les impuso penas de entre tres y cinco años de prisión por criticar el historial de derechos humanos y la política económica de Egipto y el nivel de vida en el país.
Las autoridades sometieron a desaparición forzada a cientos de personas detenidas en dependencias de la Agencia de Seguridad Nacional, comisarías de policía y otros lugares desconocidos. La Agencia de Seguridad Nacional trasladó de sus lugares de reclusión habituales a presos y presas de conciencia y a otras personas recluidas por motivos políticos tras haber ordenado los tribunales su puesta en libertad, y ocultó su suerte y su paradero durante periodos de hasta 84 días.
No se ordenó que se abriera investigación alguna sobre la desaparición forzada durante 23 meses de Manar Adel Abu el Naga con su hijo, casi un bebé, antes de ser interrogada en febrero por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado por cargos relacionados con terrorismo. Su esposo, Omar Abdelhamid, continuaba en situación de desaparición forzada desde marzo de 2019.
Las fuerzas de seguridad sometieron a personas detenidas a tortura y otros malos tratos como palizas, descargas eléctricas, suspensión en posturas forzadas y reclusión indefinida en régimen de aislamiento en pésimas condiciones. Al menos 56 personas detenidas murieron bajo custodia debido a complicaciones médicas y otras 4 fallecieron después de denuncias de tortura. Las autoridades no investigaron las causas ni las circunstancias de estas muertes.
En marzo, la fiscalía no investigó las denuncias según las cuales un agente de policía había matado a golpes a Mohamed Abdelaziz en su lugar de trabajo en Shebin el Qanater, gobernación de Qalyubia.
Las condiciones de reclusión en las cárceles y otros centros de detención seguían siendo crueles e inhumanas,3 y personas privadas de libertad denunciaron hacinamiento, ventilación deficiente y falta de higiene y de acceso a instalaciones de saneamiento, así como a comida, agua potable, aire fresco y ejercicio suficientes.
Las autoridades siguieron restringiendo o prohibiendo las visitas de familiares y la correspondencia, y negando a las personas presas el acceso a atención de la salud adecuada, en algunos casos de forma deliberada con la aparente finalidad de castigar la disidencia.
Los tribunales, incluidas las secciones especializadas en causas de terrorismo de los tribunales penales y los tribunales de excepción, dictaron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos.
El 29 de julio, un tribunal de excepción, cuyas sentencias condenatorias no podían ser recurridas, condenó a muerte a 16 hombres tras un juicio manifiestamente injusto en una causa relacionada con un atentado con víctimas mortales.4
Se llevaron a cabo ejecuciones, con frecuencia en secreto y sin que las personas que iban a ser ajusticiadas recibieran la última visita de sus familiares. El 26 de abril, las autoridades ejecutaron a Abd al Rahim Jibril, de 82 años, y a otras 8 personas condenadas por el homicidio de agentes de policía en agosto de 2013. Su juicio colectivo estuvo marcado por “confesiones” obtenidas mediante tortura. En otras causas, varios hombres fueron ejecutados por delitos que no cumplían el criterio de los más graves delitos, como el tráfico de drogas.
Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica.
En febrero, el gabinete remitió al Parlamento un nuevo anteproyecto de ley sobre la condición jurídica de las personas que mantenía disposiciones discriminatorias contra las mujeres en materia de matrimonio, divorcio, y custodia y educación de los hijos, y concedía a los tutores varones la facultad de anular judicialmente el matrimonio de las mujeres sin su consentimiento. En abril, el Parlamento endureció las sanciones por mutilación genital femenina.
En octubre, 98 mujeres fueron designadas juezas del Consejo de Estado, pero las mujeres seguían estando insuficientemente representadas o excluidas de la mayoría de los órganos judiciales y fiscales.
Las autoridades siguieron enjuiciando a las influencers de las redes sociales por su manera de actuar, vestir o ganar dinero en aplicaciones de estas redes. En junio, Hanin Hossam y Mawada el Adham fueron condenadas a 10 y 6 años de prisión, respectivamente, por incitar a contenidos “indecentes” y “trata de personas”. Al menos 7 de estas influencers continuaban encarceladas por cargos relacionados con la moralidad y otro cargos falsos.
Las autoridades no impidieron ni investigaron la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas. En mayo, en un caso relacionado con una violación en grupo perpetrada en un hotel de El Cairo en 2014, las autoridades pusieron en libertad a todos los sospechosos por “falta de pruebas”. Al menos dos testigos denunciaron presiones de agentes de seguridad para que modificaran sus testimonios.
Las autoridades siguieron realizando arrestos e incoando procesamientos por la orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, de las personas. En agosto, un tribunal declaró a cuatro hombres culpables de mantener relaciones homosexuales y los condenó a penas de entre seis y nueve años de prisión.
Las autoridades reprimieron el derecho de la población trabajadora a la huelga y a formar sindicatos independientes, y penalizaron a trabajadores por expresar sus opiniones o reivindicaciones. No protegieron a decenas de personas despedidas injustamente de su trabajo, castigadas y hostigadas por empresas privadas por su participación en huelgas pacíficas.5
En septiembre, un tribunal de Alejandría confirmó el despido sin indemnización de un trabajador de una empresa del sector público por “expresar públicamente sus opiniones políticas”. Ese mismo mes las autoridades detuvieron arbitrariamente durante dos días a tres trabajadores de Universal Company por ejercer su derecho a la huelga.
En agosto, el presidente ratificó una nueva ley que permitía el despido automático e injusto de las personas empleadas en el sector público que figuraran en la “lista de terroristas”. Esta disposición se adoptó después de declaraciones oficiales en las que se pidió el despido de trabajadores ferroviarios afiliados al grupo ilegalizado Hermandad Musulmana, a los que se culpaba de los frecuentes accidentes ferroviarios con víctimas mortales.
El sistema de salud continuó lidiando con los brotes de COVID-19, y el gobierno no abordó los motivos de preocupación planteados por el personal sanitario en relación con la inseguridad de sus condiciones de trabajo, que incluían deficiencias en materia de instalaciones de salud, formación y equipos de protección. En noviembre, el presidente ratificó una ley que penalizaba la publicación de información sobre la pandemia estableciendo motivos redactados de forma imprecisa.
En enero se anunció un programa nacional de vacunación contra la COVID-19, pero al terminar el año se había vacunado con la pauta completa a menos del 22% de la población. La campaña estuvo marcada por la falta de transparencia, las demoras en la vacunación del personal sanitario y otros grupos de riesgo, la no concesión de prioridad a la población marginada y la falta de sensibilización en zonas rurales remotas y zonas urbanas pobres para hacer frente a la reticencia a la vacunación.6
Algunas personas presas por motivos políticos quedaron excluidas de la campaña de vacunación en las prisiones. Las autoridades rechazaron las peticiones de vacunación de Abdelmonim Aboulfotoh, político opositor de 69 años enfermo. Al menos 8 detenidos murieron bajo custodia tras mostrar síntomas de COVID-19.
Las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos en asentamientos informales y recluyeron arbitrariamente a decenas de personas por protestar contra la demolición de viviendas.
El 4 de junio, las fuerzas de seguridad usaron gas lacrimógeno para dispersar una protesta en el barrio de Ezbet Nady al Seid, en Alejandría, contra los planes de reubicar a sus residentes sin consulta ni indemnización adecuada. Al menos 40 manifestantes fueron detenidos y recluidos en un campamento de la policía antidisturbios. Quedaron en libertad 9 días después, pero 13 de ellos fueron juzgados por cargos de “participar en protestas no autorizadas”, “matonismo” y “sabotaje de una instalación pública” por un tribunal de excepción, que los absolvió en diciembre.
La población cristiana seguía estando discriminada en la legislación y en la práctica. Su derecho a practicar su religión continuaba restringido por una ley discriminatoria de 2016 que regulaba la construcción y reparación de iglesias y que exigía la aprobación de agencias de seguridad y otros organismos estatales en procedimientos prolongados, complicados y opacos. Según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, desde la promulgación de la ley se había concedido la inscripción completa en registro a menos del 20% de quienes la solicitaron, y un mínimo de 25 iglesias permanecían cerradas por su situación de ilegalidad o con el pretexto de evitar tensiones sectarias.
Las autoridades no protegieron a la población cristiana del norte del Sinaí de la violencia de grupos armados. En abril, la organización Provincia del Sinaí, afiliada al grupo armado Estado Islámico, publicó un vídeo en el que se mostraba la muerte, mediante un disparo a modo de ejecución, de un cristiano, Nabil Habashy, en represalia por su participación en el establecimiento de una iglesia local. Las autoridades no aseguraron el retorno seguro de su familia y de cientos de cristianos sometidos a desplazamiento forzoso del norte del Sinaí tras los ataques violentos de 2017 ni les proporcionaron indemnización alguna por la pérdida de bienes y medios de vida.
Miembros de minorías religiosas y musulmanes que no abrazaban las creencias religiosas autorizadas por el Estado fueron enjuiciados y encarcelados por cargos de “difamación de la religión” y otros cargos falsos. En noviembre, un tribunal de excepción condenó al abogado Ahmed Maher a cinco años de prisión por “difamación de la religión” por su libro sobre jurisprudencia islámica.
Las autoridades continuaron arrestando arbitrariamente a decenas de personas refugiadas y migrantes y recluyéndolas indefinidamente en condiciones crueles e inhumanas por entrar o intentar salir de forma irregular de Egipto. Algunas llevaban años recluidas sin acceso a procedimientos de asilo ni al debido proceso.
Desde octubre y hasta que concluyó el año, las autoridades devolvieron a su país a 40 personas de nacionalidad eritrea detenidas desde octubre de 2019, sin permitirles impugnar la decisión de expulsarlas ni acceder a los procedimientos de asilo.
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