Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
El racismo seguía alentando la violencia estatal. Los homicidios en masa a manos de agentes de las fuerzas de seguridad eran frecuentes y afectaban en un grado desproporcionado a la población negra de los barrios marginados. Las mujeres cisgénero y transgénero, sobre todo las negras, fueron objeto de diversas formas de violencia. En un año electoral, la difusión de declaraciones y noticias falsas por el presidente Jair Bolsonaro instigó violencia de motivación política, hizo peligrar las instituciones del Estado y menoscabó el funcionamiento de las instituciones judiciales. Quienes ejercían el periodismo y defendían los derechos humanos eran frecuentemente víctimas de amenazas y homicidio. La situación económica, política y social siguió deteriorándose, lo que dio lugar a violaciones de los derechos a la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo y la asistencia social, entre otros. Se archivaron las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. La inacción histórica del Estado para hacer frente al racismo estructural seguía provocando que los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes sufrieran de forma desproporcionada la insuficiencia de las medidas y acciones institucionales.
Información general
Durante el año, el presidente Jair Bolsonaro atacó sistemáticamente el Estado de derecho y los tribunales superiores. El periodo electoral se caracterizó por la polarización y la violencia política. El vencedor de las elecciones presidenciales fue Luiz Inácio Lula da Silva, cuya toma de posesión estaba prevista para enero de 2023. El nuevo presidente electo anunció la creación de un ministerio de los pueblos indígenas y se comprometió a reducir a cero la deforestación. Quienes simpatizaban con el presidente saliente, Jair Bolsonaro, organizaron protestas y pidieron la intervención de las fuerzas armadas aduciendo un fraude electoral no demostrado. En noviembre, el Partido Liberal, del que Jair Bolsonaro era miembro, interpuso una demanda solicitando la revisión por fraude de más de 250.000 urnas electrónicas. El Tribunal Superior Electoral rechazó la demanda e impuso una multa de 22,9 millones de reales brasileños (aproximadamente 4,3 millones de dólares estadounidenses) a la parte demandante por haber actuado de mala fe. El número de personas beneficiarias de Auxilio Brasil, el programa de transferencia de renta establecido en 2021 en sustitución del programa de ayuda social Bolsa Familia, alcanzó cotas sin precedentes durante el periodo electoral, y lo mismo sucedió con otras prestaciones aprobadas mediante una enmienda a la Constitución basada en la declaración del estado de emergencia. Preocupaba el hecho de que esa ayuda pudiera haber sido utilizada con fines políticos. El número de armas de fuego registradas en manos de la población civil aumentó, y se estimaba que superaba el total de armas en poder de los ejércitos de tierra, mar y aire juntos.
La crisis económica agravó las desigualdades sociales de carácter estructural que persistían en el país. La creciente inflación y el empobrecimiento de la población afectaban de manera desproporcionada a los grupos que habían sufrido históricamente discriminación, como la población negra, los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, las mujeres, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) y quienes vivían en las favelas y los barrios marginados de las ciudades. UNICEF señaló que, entre enero y agosto, 2 millones de personas de entre 11 y 19 años habían abandonado sus estudios sin haber completado la educación básica.
Al concluir el año se habían registrado más de 693.000 muertes por COVID-19 desde el comienzo de la pandemia y, pese a los problemas relacionados con la implementación del programa de vacunación, el 80% de la población había recibido la pauta completa de vacunación.
En septiembre, la Organización Panamericana de la Salud reafirmó que Brasil presentaba un riesgo elevado de resurgimiento de la poliomielitis, que se había erradicado del país en la década de 1990.
El Congreso Nacional aprobó el borrador de la Ley de Directrices Presupuestarias para 2023, que asignaba al Ministerio de Salud el nivel de financiación más bajo de los 10 años anteriores. Los recortes presupuestarios afectaban al sistema de salud pública, conocido como Sistema Único de Salud, y amenazaban con menoscabar el acceso a una atención adecuada —que incluyera suministros de medicamentos y una dotación de personal sanitario suficiente—, así como a los programas de vacunación y de prevención y tratamiento del VIH/sida.
Durante el año, el fiscal general solicitó que el Supremo Tribunal Federal cerrase 7 de las 10 investigaciones abiertas contra el presidente Bolsonaro a raíz del informe que una Comisión Parlamentaria de Investigación había elaborado sobre la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19. En el informe final de la Comisión se había recomendado acusar formalmente al presidente Bolsonaro de 9 delitos, entre ellos charlatanería médica, prevaricación y crímenes contra la humanidad. Al concluir el año, el Supremo Tribunal Federal había autorizado el archivo de al menos tres de las investigaciones cuyo cierre había solicitado el fiscal general.
Según la Confederación Nacional de Municipios, se necesitaban 5,8 millones de viviendas nuevas para familias que vivían en condiciones inadecuadas, y unos 24,8 millones de alojamientos requerían mejoras.
En marzo, el Supremo Tribunal Federal amplió la Ley No 14.216/2021, que suspendía los desalojos urbanos durante la pandemia. El juez Luis Roberto Barroso justificó esa decisión afirmando que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el derecho a la vivienda estaba directamente relacionado con la protección de la salud y era preciso evitar en lo posible que aumentara el número de personas que vivían en la calle. En octubre, ese mismo tribunal aprobó un programa transitorio de reanudación de los desalojos que habían sido suspendidos durante la pandemia.
En 2022 aumentó el número de personas que vivían en la calle. Según un estudio publicado en junio por la Universidad Federal de Minas Gerais, en el país había más de 180.000 personas que carecían vivienda, de las cuales el 68% eran negras (la población negra en Brasil ascendía aproximadamente a 119 millones de personas) y el 84% recibía ayuda social a través del programa Auxilio Brasil.
Pese a que el desempleo había alcanzado su nivel más bajo desde 2015, la pobreza aumentó. La Fundación Getulio Vargas señaló que, en 2021 —último año del que se disponía de datos— había 62,9 millones de personas cuyos ingresos mensuales per cápita no superaban los 497 reales brasileños (aproximadamente 90 dólares estadounidenses), lo que correspondía al 41% del salario mínimo. Esa cifra representaba el 29,6% de la población total del país, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Más de la mitad de la población carecía de acceso seguro y en cantidad suficiente a alimentos. El número de personas que padecía inseguridad alimentaria grave (hambre) alcanzó los 33,1 millones, el 15% de la población. La situación era especialmente difícil entre las familias campesinas de pequeña escala, de las cuales el 21,8% padecía hambre. Las familias encabezadas por mujeres y personas negras eran las más afectadas por la inseguridad alimentaria. El 70% del total de la población que se encontraba en situación de inseguridad alimentaria grave eran personas negras.
Los incidentes de intimidación y violencia de motivación política contra activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y votantes que ejercían su derecho a la libertad de expresión, pensamiento y creencia aumentaron exponencialmente durante el periodo electoral. Según una encuesta realizada por el instituto demoscópico DataFolha, 7 de cada 10 personas afirmaban sentir temor a expresarse políticamente en el país.
En octubre, entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, se registraron al menos 59 casos de violencia de motivación política. Varios de esos episodios implicaron amenazas con arma de fuego, incluida la ocasión en que la diputada Carla Zamebelli apuntó con una pistola a un opositor político. Se registraron agresiones físicas contra periodistas, como, por ejemplo, la que un diputado cometió contra Vera Magalhães después de un debate político.
La reportera Aline Porcina sufrió actos de intimidación durante las celebraciones del Día de la Independencia, y el cámara Rogério de Paula fue agredido. El hostigamiento de miembros de mesas electorales y de líderes religiosos que no se alineaban con el discurso contra los derechos humanos que mantenía el presidente también se intensificó y dio lugar al menos a seis homicidios. La violencia política también afectó a personas menores de edad; una niña de 12 años murió por disparos en la ciudad de Belo Horizonte durante una celebración de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.
La lógica y la aplicación de la “guerra contra las drogas” que había regido las políticas de seguridad pública de Brasil durante decenios seguían alimentando el ciclo de violencia y homicidios cometidos por la policía en el país.
Las operaciones realizadas por agentes policiales fuertemente armados provocaban intensos tiroteos que se prolongaban durante horas en las favelas y los barrios marginados. El uso excesivo de la fuerza por parte del Estado se manifestó también en forma de redadas domiciliarias, destrucción de bienes, tortura psicológica, restricciones a la libertad de circulación de las personas y suspensión de servicios básicos tales como los colegios y los centros de salud.
Tres operaciones policiales, en las que participó la Policía Federal de Carreteras, causaron la muerte de 37 personas. Una operación policial realizada en marzo en el barrio Complexo do Chapadão de la ciudad de Río de Janeiro se saldó con la muerte de 6 personas, y otra efectuada en mayo en el barrio de Vila Cruzeiro de la misma ciudad causó 23 muertes. Esas operaciones policiales no siguieron las normas establecidas por el Supremo Tribunal Federal, y se llevaron a cabo pese al plan para reducir los homicidios cometidos por la policía que el gobernador de Río de Janeiro había presentado en marzo.
En mayo, Genivaldo de Jesus dos Santos, que era negro y sufría discapacidad mental, fue ejecutado de manera extrajudicial bajo custodia de la Policía Federal de Carreteras tras haber sido inmovilizado en un automóvil con un gas indeterminado en Umbaúba (estado de Sergipe). Se acusó formalmente de abuso de autoridad y asesinato en primer grado con factores agravantes a tres policías implicados en el incidente.
El Ministerio Público Federal solicitó la suspensión de la Ordenanza del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de 2021 que permitía a la Policía Federal de Carreteras participar en operaciones en otros lugares aparte de las carreteras federales. En junio, un tribunal federal de Río de Janeiro la suspendió parcialmente, pero una cámara federal de apelaciones revocó esa decisión dos días después.
En 2022, la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública señaló que, en 2021, el 99% de las víctimas de homicidios policiales eran varones, el 84% eran personas negras y el 52% tenían menos de 25 años.
La cronicidad del elevado número de víctimas letales durante las operaciones policiales demostraba la incapacidad del Estado de cumplir eficazmente sus obligaciones relativas a la supervisión externa de la conducta policial. El hecho de que las personas negras representaran un porcentaje desproporcionadamente elevado de las víctimas constituía otra prueba de que el racismo institucional y sistémico seguía alentando la criminalización y el uso excesivo de la fuerza contra ese grupo de población. La persistencia y la magnitud de los homicidios cometidos por la policía también ponían de relieve la impunidad de la que disfrutaban las personas directamente responsables y la falta de rendición de cuentas del personal de la cadena de mando que facilitaba o toleraba el uso excesivo de la fuerza.
Las autoridades no investigaron suficientemente los casos de uso excesivo de la fuerza ni garantizaron que las personas directamente responsables o de la cadena de mando comparecieran ante la justicia.
En junio, el grupo de trabajo establecido para investigar las circunstancias que habían dado lugar a la masacre de Jacarezinho de mayo de 2021, en la que habían muerto 28 personas, concluyó su labor. Se acusó a 4 agentes de la policía civil del asesinato de 3 personas, y, a 2 presuntos traficantes de drogas, de participar en la muerte de un agente de la policía civil. Se archivaron las causas de otros 24 homicidios, según informes, debido a la falta de pruebas, sin determinar la responsabilidad.
Al terminar 2022 aún no se había llevado ante la justicia a las personas presuntamente responsables penalmente de la desaparición forzada en octubre de 2014 de Davi Fiuza, que entonces tenía 16 años. El adolescente había sido visto por última vez cuando lo introducían en un automóvil sin distintivo alguno durante una operación policial en la ciudad de Salvador (estado de Bahía). Solamente 7 de los 17 agentes policiales acusados se enfrentaban a cargos, incluido el secuestro. En octubre se celebró la primera vista de la causa en el deficiente sistema de justicia militar. Al concluir el año no se había dictado sentencia condenatoria contra ninguno de los agentes acusados, que seguían en libertad.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el ritmo de deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó entre enero y octubre su nivel más alto desde 2015; un total de 9.277 kilómetros cuadrados de bosque fueron devastados en lo que se conocía como la “Amazonía Legal”, zona que comprendía 9 estados pertenecientes a la cuenca amazónica del país.
Los desastres provocados por los efectos del cambio climático y por la inacción del Estado para adoptar medidas de mitigación suficientes y adecuadas seguían teniendo consecuencias desproporcionadas para las comunidades marginadas, las más afectadas por la falta de políticas públicas en materia de vivienda, saneamiento básico e infraestructuras.
Según un estudio de la Confederación Nacional de Municipios, sólo en los primeros 5 meses del año ya se había registrado el mayor número de muertes provocadas por lluvias extremas de los 10 años anteriores. En febrero y marzo, al menos 238 personas murieron en el municipio de Petrópolis (estado de Río de Janeiro) a causa de los aludes de lodo y las inundaciones; y, en junio, 128 personas perdieron la vida en los deslizamientos de tierra y las inundaciones que tuvieron lugar en Recife, la capital del estado de Pernambuco. En ambos casos, la mayoría de las personas afectadas eran mujeres negras que vivían en las favelas y los barrios marginados y se encontraban en su vivienda cuando se produjeron los deslizamientos de tierra y las inundaciones.
En abril, Brasil presentó la segunda actualización de su contribución determinada a nivel nacional. Según Climate Action Tracker, la contribución actualizada era inferior a la inicial en cuanto a la reducción de las emisiones absolutas, con lo que incumplía el objetivo del Acuerdo de París de presentar contribuciones determinadas a nivel nacional más ambiciosas con cada actualización.
En marzo se cumplieron cuatro años de los homicidios de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y de su chófer, Anderson Gomes. No se había procesado a nadie por estas muertes, pese a la insistencia continuada de las familias en que se hiciera justicia y en participar de forma efectiva en las investigaciones. Los dos hombres acusados de los homicidios seguían en prisión, pero al concluir el año no se había fijado fecha para el juicio ni se había determinado la identidad de quienes estaban detrás de esos delitos.
En enero, tres activistas ambientales integrantes de una misma familia que protegían a las tortugas en la Amazonía fueron asesinados en el estado de Pará. Al final del año no se había procesado a nadie por los homicidios.
En junio, el periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, desaparecieron en una zona cercana a las tierras indígenas del Valle del Yavarí (estado de Amazonas). Sus cadáveres aparecieron 11 días después. Se detuvo a 3 hombres que, al final del año, estaban en espera de juicio por los cargos de asesinato y ocultación de cadáveres. Las investigaciones sobre la autoría intelectual de los homicidios estaban en curso.
En noviembre, el obispo defensor de los derechos humanos Vicente de Paula Ferreira fue amenazado por un grupo de personas no identificadas, algunas de ellas armadas, según informes. El prelado era conocido por su apoyo a las causas sociales y la defensa de la democracia y el medioambiente.
En diciembre, Raimundo de Oliveira, activista del movimiento por los derechos a la tierra Movimiento de los Sin Tierra (MST), murió por disparos en su casa de la región del Pico del Papagayo (estado de Tocantins).
Entre enero y julio, la Comisión Pastoral de la Tierra documentó 759 incidentes violentos, que afectaron a un total de 113.654 familias, y 33 homicidios en conflictos relacionados con la tierra que tuvieron lugar en las zonas rurales del país, cifra que suponía un aumento del 150% con respecto al primer semestre de 2021. Más de la mitad de los conflictos se produjeron en la zona de la “Amazonía Legal” y afectaron principalmente a los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas.
En abril, el líder quilombola Edvaldo Pereira Rocha murió por disparos en el estado de Maranhão. Se detuvo a una persona sospechosa, y las investigaciones sobre los motivos y la identidad de quienes estaban detrás del asesinato continuaban al concluir el año.
Alex Lopes —de 17 años— y Vítor Fernandes, ambos de la etnia Guaraní Kaiowá, fueron asesinados en el estado de Mato Grosso del Sur en mayo y junio, respectivamente. En septiembre, Gustavo da Conceição, de 14 años e integrante del pueblo Patoxó, fue asesinado en el estado de Bahía. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia por estos homicidios.
Además de constantes ataques contra tierras indígenas en el estado de Rondonia, la Asociación Yanomami Hutukara denunció que la presencia de la minería ilegal en la zona afectaba a la salud de los pueblos indígenas. La Asociación documentó la muerte de nueve niños y niñas debido a enfermedades que podrían haberse tratado de haber tenido éstos un acceso adecuado a los servicios de salud.
Según los datos publicados en enero de 2022 por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, al menos 140 personas transgénero habían sido asesinadas en 2021, y Brasil presentaba por decimotercer año consecutivo la cifra de homicidios de personas transgénero más elevada de todos los países del mundo.
Las personas transgénero candidatas a las elecciones fueron objeto de intimidación y amenazas durante el proceso electoral; no obstante, dos mujeres transgénero fueron elegidas diputadas federales por primera vez en la historia del país.
Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, en 2022 hubo 699 mujeres víctimas de feminicidio, el 62% de las cuales eran negras.
Aunque la legislación brasileña preveía el aborto en los casos de violación, quienes acudían a los servicios de aborto eran objeto de intimidación y estigma por parte de las autoridades.
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