Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Persistía el prolongado período de inestabilidad y crisis en Brasil. El gobierno federal no asumió el compromiso de coordinar respuestas eficaces en la gestión de la pandemia de COVID-19, lo que afectó a los derechos humanos de la población. Las personas que pertenecían a grupos históricamente discriminados se vieron afectados de forma desproporcionada por la emergencia de salud, que agravó la crisis económica y social y aumentó la precariedad de sus condiciones de vida. El presidente Jair Bolsonaro siguió promoviendo iniciativas contrarias a las necesidades de la mayor parte de la población y perjudiciales para el medioambiente y la justicia climática. Sus declaraciones, que a menudo denigraban a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, menoscabaron también la Constitución y la independencia del poder judicial.
En abril, el Senado Federal creó la Comisión Parlamentaria de Investigación para indagar sobre las acciones y omisiones del gobierno brasileño en la gestión de la pandemia de COVID-19. La investigación sobre la mala gestión de la crisis de salud por parte del gobierno de Jair Bolsonaro incluía casos de corrupción, el hundimiento de los sistemas público y privado de salud, la negligencia en relación con las vacunas y los daños causados por la falta de políticas públicas eficaces para abordar la crisis social, que se intensificó en 2021.
La pandemia de COVID-19 siguió reforzando la desigualdad estructural y persistente y agravando las crisis económica, política, social y de salud pública en el país. El gobierno no garantizó el derecho a la salud ni políticas públicas adecuadas y suficientes de protección social de la población, sobre todo de quienes pertenecían a grupos que habían sufrido históricamente discriminación, como la población negra, los pueblos indígenas, las comunidades quilombolas, las mujeres, las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) y quienes vivían en las favelas y los barrios desfavorecidos en las afueras de las ciudades.
Más de 615.000 personas habían muerto de COVID-19 hasta diciembre. Según el grupo Alerta —una coalición de ONG—, hasta marzo de 2021 habrían podido evitarse 120.000 muertes si el gobierno no hubiera desoído repetidamente la evidencia científica y hubiera coordinado estrategias para abordar la crisis.1
Los índices de pruebas de diagnóstico y seguimiento de los contagios, los medicamentos y suministros médicos, las camas hospitalarias y las unidades de cuidados intensivos eran insuficientes e inadecuados, especialmente en los centros de salud públicos. En enero hubo personas que murieron en el estado de Amazonas por la falta de oxígeno en los hospitales.2 La escasez de los medicamentos necesarios para la intubación de los casos más graves sometió a los pacientes, sus familiares y el personal sanitario a estrés y sufrimiento.
Según el grupo Alerta, la negligencia del gobierno con respecto a la desigualdad territorial y socioeconómica existente, que en Brasil guardaba relación con la inequidad racial, era el motivo de que las personas negras y las que vivían en situación de pobreza presentaran los índices de mortalidad más elevados. Estos grupos de población se vieron especialmente afectados por la escasez de camas en las unidades de cuidados intensivos de los centros públicos, y muchas personas murieron durante la fase de atención prehospitalaria a la espera de ingreso en las unidades de atención especializada.
Las investigaciones emprendidas por la Comisión Parlamentaria de Investigación sugerían que las acciones del gobierno durante las negociaciones sobre las vacunas contra la COVID-19 y la implementación del plan de vacunación habían carecido de coordinación, eficacia y el compromiso de basarse en la evidencia científica. La difusión de desinformación sobre las vacunas y la defensa por parte de las autoridades de fármacos que habían demostrado ser ineficaces violaba el derecho a una información precisa sobre salud pública. La negligencia del gobierno en las negociaciones con las empresas farmacéuticas y respecto a la iniciativa del Mecanismo COVAX retrasó la puesta en marcha de un plan de vacunación eficaz.
Además de la escasez de vacunas, la falta de coordinación entre la planificación a nivel nacional y estatal provocó retrasos e interrupciones en la campaña de vacunación a lo largo del año, así como contradicciones en los calendarios, la distribución de las vacunas y el consenso sobre la cobertura de los grupos prioritarios. En diciembre, el 75% y el 66% de la población brasileña estaba vacunada de forma parcial y completa, respectivamente.
Según un estudio realizado por la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria —entidad independiente de investigación de ámbito nacional— la inseguridad alimentaria en Brasil había aumentado un 54% desde 2018. Más de la mitad de la población carecía de acceso pleno y permanente a alimentos. La inseguridad alimentaria grave, o situación de hambre, afectaba en 2021 a 19 millones de personas, el 9% de la población. Entre las familias de pequeños campesinos y las comunidades quilombolas, indígenas y ribereñas, la proporción de hogares afectados aumentaba hasta el 12%. Las familias encabezadas por mujeres y personas negras fueron las más afectadas por la falta de alimentos.
Una parte importante de la población seguía viviendo en condiciones precarias y sin servicios básicos. Según el Instituto Trata Brasil, casi 35 millones de personas carecían de acceso a agua potable y 100, de servicio de alcantarillado.
Las personas más afectadas por la falta o la insuficiencia de infraestructura de saneamiento eran las que vivían en territorios tradicionales y rurales y en barrios desfavorecidos. Un estudio realizado por la ONG Criola concluyó que el porcentaje de población negra cuya vivienda era inadecuada superaba de manera significativa al de la población blanca. Además de la falta del servicio de saneamiento básico, las viviendas de la población negra presentaban un mayor hacinamiento. Según la campaña Cero Desalojos, más de 23.500 familias fueron desalojadas de sus hogares durante la pandemia, entre marzo de 2020 y octubre de 2021. En octubre, tras las presiones de la movilización social, el Congreso Nacional aprobó legislación que prohibía los desalojos en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2021.
El gobierno federal utilizó la falsa dicotomía de la defensa de la economía o la de la vida para justificar la falta de promoción de medidas para prevenir el contagio entre quienes no podían trabajar a distancia durante la pandemia.
La ayuda de emergencia se interrumpió durante los tres primeros meses de 2021 y se reanudó después en menor cantidad y para un grupo de personas más restringido. Esto aceleró el empobrecimiento de la población afectada por las crisis social y económica que la pandemia había agravado. Un estudio de la Universidad de São Paulo concluyó que, en 2021, la reducción de la ayuda de emergencia había provocado el aumento del número de personas que vivían en situación de pobreza. Las mujeres negras eran las más afectadas: el 38% y el 12,3% de ellas vivían en situación de pobreza o pobreza extrema, respectivamente.
Los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística indicaban que, en el primer trimestre de 2021, el desempleo había alcanzado su tasa más elevada desde 2012 (14,7%). El porcentaje de población que trabajaba en la economía informal sin seguridad de ingresos ni protección social alcanzó el 39,6% durante el año.
La educación pública siguió impartiéndose a distancia en gran parte de Brasil hasta mayo de 2021. Los problemas relacionados con la falta de acceso a Internet y los equipos electrónicos necesarios para realizar actividades online fueron algunos de los motivos del aumento del índice de abandono escolar durante 2021, especialmente entre el alumnado de la educación pública, que atendía a los sectores de población más desfavorecidos.
Todos los estados empezaron a vacunar al personal educativo en junio, con la reapertura de los colegios públicos. Sin embargo, la infraestructura de muchos centros educativos no garantizaba un regreso en condiciones de seguridad basado en protocolos sanitarios. No todos los colegios públicos de Brasil disponían de suministro de agua y acceso a saneamiento básico y a Internet. El Examen Nacional de Enseñanza Media —la principal forma de acceso a las instituciones de educación superior— recibió en 2021 el menor número de solicitudes de los últimos 13 años.
Durante la pandemia, el Estado no garantizó adecuadamente el derecho a la información de la población. Las declaraciones públicas inexactas o deliberadamente engañosas sobre la prevención, los tratamientos y las vacunas contra la COVID-19 trataban de menoscabar las recomendaciones científicas y las voces discrepantes, lo que fomentó la desinformación y redujo el espacio de la sociedad civil.
Las restricciones a la participación de la sociedad civil en el debate público se intensificaron debido a la hostilidad que el gobierno federal mostraba frente a la prensa, los movimientos sociales, las ONG y otras voces críticas.
En 2021, la organización Human Rights Watch identificó 176 cuentas de periodistas, miembros del Congreso Nacional, influencers, medios de comunicación y ONG —entre ellas Amnistía Internacional Brasil— bloqueadas en las redes sociales del presidente Bolsonaro.
Las autoridades federales promovieron discursos y manifestaciones que ponían en peligro el Estado de derecho. En varias ocasiones, como durante la celebración oficial del Día de la Independencia, el presidente Bolsonaro trató de menoscabar al Supremo Tribunal Federal y cuestionó el sistema electoral.
La lógica y la aplicación de la “guerra contra el narcotráfico” que había estructurado las políticas de seguridad pública de Brasil durante muchos años seguían alimentando el ciclo de violencia y homicidios en el país.
En 2020, la policía había matado a 6.416 personas. Más de la mitad de las víctimas eran varones negros jóvenes.
Aunque el Supremo Tribunal Federal había ordenado la suspensión de las operaciones policiales en las favelas de Río de Janeiro en junio de 2020, una encuesta del Grupo de Estudios sobre Nuevos Ilegalismos concluyó que las muertes causadas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley había aumentado un 185% en enero y febrero de 2021 respecto a los primeros cuatro meses posteriores a la orden del Tribunal. Las operaciones policiales con armamento pesado provocaron intensos tiroteos que se prolongaban durante horas en las favelas y otros barrios marginados.
El uso excesivo de la fuerza consistió también en redadas domiciliarias, destrucción de bienes, violencia sexual, tortura psicológica, restricciones a la libertad de circulación y suspensión de servicios básicos tales como los colegios y los centros de salud.
El 6 de mayo, una operación policial que tuvo lugar en la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, se saldó con la muerte de 27 vecinos y un agente policial. La operación se puso en marcha a partir de unas fotografías de presuntos sospechosos publicadas en las redes sociales. Las imágenes y las investigaciones preliminares apuntaban a ejecuciones sumarias y manipulación de pruebas en los lugares de los hechos. Las investigaciones sobre las muertes no habían concluido al finalizar el año.
Kathlen Romeu, que estaba embarazada de cuatro meses, murió tras recibir un disparo durante una operación de la Policía Militar en la comunidad de Lins de Vasconcelos (norte de Río de Janeiro) el 8 de junio. La investigación sobre las circunstancias de su muerte continuaba al concluir el año.
El 22 de noviembre, nueve personas fueron halladas muertas en circunstancias que sugerían que habían sido ejecutadas sumariamente en la favela de Complexo do Salgueiro, en Río de Janeiro. Dos días antes, un policía había muerto durante una operación policial y las investigaciones preliminares indicaban que los nueve homicidios habían sido un acto de venganza por su muerte. Las investigaciones proseguían al finalizar el año.
En agosto, cinco agentes policiales acusados de los homicidios de 13 personas —cometidos casi tres decenios antes, durante la masacre de 1994 en la favela de Nova Brasilia, en Río de Janeiro— fueron absueltos por falta de pruebas. Después de que el caso tardara 27 años en llegar a juicio, las víctimas y las organizaciones de derechos humanos consideraron deficiente su resultado. El uso excesivo y letal de la fuerza por parte de la policía no había sido investigado de forma efectiva e inmediata con arreglo a las normas internacionales. En el momento en que tuvieron lugar los hechos, los policías involucrados habían sido absueltos de responsabilidad sin que se llevaran a cabo las debidas investigaciones. La absolución era un ejemplo de la impunidad histórica que venía perpetuando el ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos por parte de los agentes del Estado, especialmente en las favelas y los barrios desfavorecidos. En 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había condenado al Estado brasileño por la violencia policial cometida en el caso de Nova Brasilia.
Seguían sin resolverse los homicidios de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco y de su chófer, Anderson Gomes, cometidos en marzo de 2018. Las familias y la sociedad civil seguían pidiendo justicia. En julio de 2021, las fiscales de Río de Janeiro encargadas de las investigaciones desde 2018 pidieron ser apartadas del cargo, lo que generó preocupación por los avances y resultados de la investigación y el caso. Los dos hombres acusados de ambas muertes permanecían en prisión y, al concluir al año, aún no se había fijado la fecha del juicio. Seguía sin determinarse la identidad de quienes estaban detrás de estos homicidios.
Según la ONG Global Witness, Brasil era el cuarto país del mundo con mayor número de homicidios de líderes ambientales y defensores y defensoras del derecho a la tierra. En enero, el activista y trabajador rural Fernando dos Santos Araújo fue asesinado en el estado de Pará. Como sobreviviente, era uno de los principales testigos de la masacre de Pau D’Arco, ocurrida en mayo de 2017, y en la que policías civiles y militares habían matado a 10 activistas del derecho a la tierra.
En mayo, Lindolfo Kosmaski, activista de la diversidad sexual y de género vinculado al Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, apareció muerto a tiros en un automóvil incendiado en el estado de Paraná.
Según la ONG Imazon, la Amazonía brasileña presentaba en agosto la mayor tasa de deforestación de ese mismo mes en los 10 años anteriores. Entre enero y diciembre se destruyeron 10.362 km² de selva, un 29% más que en 2020.
Los incendios aumentaron también en la Amazonía y otros biomas ricos en biodiversidad a medida que el Estado seguía desmantelando agencias y mecanismos de protección medioambiental. El Programa de Uso Sostenible de la Biodiversidad y los Recursos Naturales perdió parte de su financiación y la inversión en prevención y control de la deforestación y los incendios de los biomas brasileños se redujo.
El derecho a un medioambiente sano también se vio atacado en iniciativas legislativas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley 3.729/2004 que, de ser aprobado por el Senado, facilitaría la concesión de licencias de actividades de exploración. El proyecto de ley 2.633/2020 también pasó por la Cámara de Diputados y, de refrendarse, permitiría la regularización de la tenencia de la tierra en el caso de las ocupaciones ilegales de terrenos públicos.
Los derechos de los pueblos indígenas, la población quilombola y las comunidades tradicionales se violaron sistemáticamente. La deforestación y los incendios —a menudo consecuencia de la apropiación ilegal de la tierra por los sectores de la agroindustria, la ganadería, la tala y la minería— afectaban a los derechos a la tierra y el territorio, a un medioambiente sano y a los medios de vida de los pueblos indígenas, la población quilombola y las comunidades tradicionales.
Los datos más actualizados de la Comisión Pastoral de la Tierra indicaban que en 2020 se había registrado el más alto número de conflictos registrado en zonas rurales desde 1985. La invasión de tierras —que tenía lugar pese a la legislación que regulaba territorios y derechos— había aumentado un 102% entre 2019 y 2020, y el 71% de las familias afectadas eran indígenas. Entre enero y noviembre de 2021, 26 personas habían muerto en conflictos rurales, lo que suponía un incremento del 30% respecto a 2020; ocho de las personas muertas eran indígenas.
En agosto, el movimiento Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Bolsonaro por el crimen de genocidio. También en agosto, 6.000 personas indígenas de 176 grupos étnicos se manifestaron en la capital, Brasilia, para intentar detener la agenda antiindígena que promovía el Congreso Nacional; asimismo, reiteraron su oposición a la propuesta “Marco Temporal”, que se encontraba sometida a consideración del Supremo Tribunal Federal y que, de aprobarse, pondría en peligro la demarcación de los territorios indígenas.
La inadecuada gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno siguió afectando al derecho a la vida y la salud de los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas, que en 2020 habían solicitado al Supremo Tribunal Federal el apoyo prioritario y especializado del Estado. Pese a contar con una decisión del Tribunal en su favor, siguieron denunciando que se les negaba el apoyo que los ayudaría a hacer frente a la pandemia en 2021. La COVID-19 siguió propagándose entre los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas al no establecer las autoridades barreras sanitarias, ni promover la expulsión de las personas que invadían sus territorios o aplicar medidas adecuadas de salud, seguimiento y asistencia social.
Los pueblos indígenas y las comunidades quilombolas denunciaron varias deficiencias del proceso de vacunación, como la falta de información, el racismo institucional, la discriminación contra los miembros de esos grupos que vivían en las zonas urbanas o fuera de los territorios asignados oficialmente y la falta de coordinación entre la planificación a nivel municipal y estatal y el Plan Nacional de Vacunación.
La falta de asistencia, protección social y políticas públicas adecuadas dejó a las personas LGBTI aún más expuestas durante la crisis de salud. La Asociación Nacional de Travestis y Transexuales denunció que en Brasil habían muerto de forma violenta 80 personas transgénero sólo en el primer semestre de 2021. Además, las agresiones físicas, las amenazas, la discriminación y la marginación social fomentaban un ciclo de violencia que impedía a las personas LGBTI gozar de sus derechos en condiciones de seguridad.
Brasil registró el 75% de las muertes maternas por COVID-19 de todo el mundo. Según el Observatorio Obstétrico Brasileño de COVID-19, el número de muertes maternas de mujeres negras era, hasta mayo, un 77% más elevado que el de mujeres blancas.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública informó de que el número de violaciones en el primer semestre de 2021 fue un 8,3% superior al del mismo periodo en 2020. Entre enero y junio de 2021 se registraron 666 casos de mujeres víctimas de feminicidio, la cifra más alta desde que comenzaran los registros en 2017.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
