Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica continuaron gravemente restringidos. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos y quedaban impunes. Se abusó sistemáticamente del sistema de justicia para reprimir la disidencia. Los derechos de la infancia se violaban de forma habitual en el sistema de justicia penal. Persistieron las condenas a muerte y las ejecuciones. Las personas migrantes sufrieron abusos a manos de las autoridades. Los despidos y enjuiciamientos arbitrarios de profesionales de la salud afectaron negativamente a la calidad y disponibilidad de la asistencia médica.
Tras las reñidas elecciones presidenciales de agosto de 2020 y la negativa de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos —entre otros— a reconocer como presidente electo al presidente en funciones, Alexander Lukashenko, el país sufrió un aislamiento internacional creciente, con la imposición de nuevas sanciones a sus dirigentes.
Las autoridades bielorrusas facilitaron el tránsito de personas procedentes de países emisores de refugiados y migrantes y las empujaron a dirigirse a la UE, cumpliendo la amenaza de Lukashenko de “dejar de proteger” sus fronteras ante la llegada de refugiados.
Hubo reiteradas denuncias que apuntaban a que las autoridades estaban persiguiendo a voces disidentes en el exilio, incluso con medios letales.
Alrededor de la mitad de la población estaba vacunada contra la COVID-19, el 40% con dos dosis. Las vacunas disponibles superaban la demanda. El número oficial de muertes relacionadas con la pandemia superaba las 5.500, pero el dato real podía ser considerablemente superior, ya que no se notificaban deliberadamente todos los casos, faltaban medios de comunicación libres y observadores de salud independientes, y se represaliaba a quienes denunciaban irregularidades.
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. Se juzgó y encarceló a decenas de periodistas y blogueros independientes. Más de 480 sitios web, incluidos los de importantes medios informativos nacionales e internacionales, y más de 400 grupos de Telegram fueron bloqueados por su labor informativa independiente y algunos fueron prohibidos arbitrariamente por “extremistas”. Decenas de personas críticas con el gobierno fueron encarceladas por insultar a cargos públicos, algo que seguía siendo delito.
En marzo, Katsyaryna Barysevich, periodista de TUT.by, fue condenada por cargos falsos a seis meses de prisión y al pago de una multa abusiva por haber destapado la falsificación oficial de pruebas en relación con el homicidio del artista y manifestante pacífico Raman Bandarenka en noviembre de 2020.
En mayo, las autoridades bloquearon el acceso a TUT.by por supuestas “violaciones múltiples de la Ley de Medios de Comunicación”, registraron sus oficinas en todo el país y detuvieron a 14 miembros de su personal por cargos infundados, entre ellos evasión fiscal. El 13 de agosto, TUT.by y su sitio web espejo, Zerkalo.io, fueron declarados “extremistas”, lo que suponía que la difusión de sus materiales estaba penalizada.
Al final del año, 32 periodistas continuaban en prisión por su trabajo independiente.
El 23 de mayo, el periodista y bloguero exiliado Raman Pratasevich y su compañera Sofia Sapega fueron detenidos después de que el avión en que viajaban de Grecia a Lituania tuviera que aterrizar en la capital bielorrusa, Minsk, por un aviso de bomba manifiestamente falso. Ambos estuvieron varios días recluidos en régimen de incomunicación y fueron acusados arbitrariamente de instigar disturbios multitudinarios y de “grave alteración del orden público”. Raman Pratasevich, acusado además de “incitación al odio hacia grupos sociales”, apareció tres veces en televisión para “confesar” y declarar contra otras personas y para asegurar que no estaba sufriendo malos tratos, a pesar de que en el primer vídeo presentaba posibles lesiones. Él y Sofia Sapega fueron trasladados el 25 de junio a un lugar desconocido bajo arresto domiciliario, y hasta agosto pudieron publicar en Twitter. En diciembre seguían en espera de juicio, aunque se desconocía su paradero y sus abogados tenían prohibido revelar cualquier dato.
Todos los casos de libre expresión de comentarios críticos realizados por personas de diversa condición fueron objeto de actuaciones judiciales injustas.1
Las autoridades intensificaron la represión contra las organizaciones de la sociedad civil independientes, entre las que había ONG, asociaciones de profesionales del derecho, sindicatos, grupos políticos y comunidades étnicas y religiosas autogestionadas.
Sólo el 22 de julio, las autoridades ordenaron el cierre de 53 ONG. Al final del año, más de 270 organizaciones de la sociedad civil habían sido arbitrariamente disueltas o estaban en proceso de cierre forzoso. Cientos y posiblemente miles de activistas civiles huyeron de Bielorrusia por miedo a represalias. En una entrevista a la BBC en noviembre, Alexander Lukashenko vinculó las ONG a la oposición política en respuesta a una pregunta relacionada con el cierre masivo de estas organizaciones, y prometió “masacrar toda la escoria a la que ustedes [Occidente] han estado financiando”.
En febrero, las autoridades asaltaron la sede del destacado grupo de derechos humanos Viasna en Minsk, y en marzo se emprendieron actuaciones penales infundadas contra el grupo. Durante el año fueron detenidos cinco miembros de su personal, incluido su fundador, Ales Bialiatski. En noviembre, Leanid Sudalenka y Tatsyana Lasitsa fueron condenados a tres años y dos años y medio de prisión, respectivamente, por su supuesta implicación en una “alteración del orden público”. Otros miembros de Viasna, como Marfa Rabkova y Andrei Chapiuk, detenidos anteriormente, estaban en espera de juicio al final del año.
Las autoridades mantuvieron en la práctica la prohibición de las protestas pacíficas, imponiendo hasta 15 días de detención o fuertes multas a quienes participaban en ellas. Según Viasna, más de 900 personas fueron detenidas y procesadas en actuaciones de motivación política. A muchas de ellas se les impusieron largas penas de prisión por “disturbios masivos” y otros cargos falsos relacionados con protestas.
En enero salió a la luz una grabación de audio filtrada en la que un alto cargo policial daba instrucciones a los agentes bajo su mando para que hicieran caso omiso del derecho internacional de los derechos humanos al tratar con los manifestantes y consentía que dispararan balas de goma en sus órganos vitales, dando a entender que sus muertes se considerarían aceptables.2
En julio se promulgaron reformas de “las leyes de protección de la soberanía y el orden constitucional”. Dichas reformas, claramente basadas en la experiencia de la represión de protestas pacíficas en 2020, ampliaban el ámbito de aplicación de las medidas del estado de emergencia, incrementando la autoridad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y encomendando a las fuerzas armadas la “represión de disturbios masivos”.
La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y endémicos, y sus autores continuaban disfrutando de impunidad absoluta. En una entrevista ofrecida a la BBC en noviembre, Alexander Lukashenko admitió que se había infligido violencia a las personas recluidas en el centro de detención de Akrestsina de Minsk en agosto de 2020. Anteriormente, él y sus altos cargos habían rechazado las pruebas de estos hechos calificándolas de “falsas”. Este reconocimiento no fue seguido de medidas para procesar a los responsables.
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley que usaban la tortura y otros malos tratos, incluida fuerza excesiva contra manifestantes, gozaron de impunidad total. A las personas procesadas por participar en las protestas de 2020 se les impusieron unas condiciones de reclusión y un trato particularmente duros.
En mayo, Vitold Ashurak, activista de oposición pacífico, murió repentinamente en la prisión de Shklou, donde estaba cumpliendo una condena de cinco años de cárcel. Había escrito una carta en la que se quejaba de que las autoridades penitenciarias lo obligaban, como a otros presos “políticos”, a llevar distintivos de color amarillo en su ropa de prisión. Las autoridades se negaron a tratar su muerte como sospechosa y publicaron un vídeo, aparentemente manipulado, en el que Vitold Ashurak iba caminando y se desplomaba de repente en una celda vacía.
Las autoridades abusaron sistemáticamente del sistema de justicia para reprimir la disidencia, encarcelar a opositores políticos y defensores de los derechos humanos y acallar e intimidar a sus abogados. Los miembros de la judicatura eran manifiestamente favorables a la fiscalía y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que fueron objeto de un amplio despliegue para iniciar actuaciones administrativas y penales infundadas y aportar las “pruebas” necesarias para los juicios. Las vistas a puerta cerrada de las causas penales se convirtieron en la norma en los casos de motivación política; de este modo, toda la documentación del caso se clasificaba como secreta y se obligaba por sistema a firmar compromisos de confidencialidad a los abogados, que se exponían a graves penas si no lo hacían.
Según el proyecto Defenders.by, de febrero a agosto, más de 30 abogados que habían defendido a personas procesadas por motivos políticos o que habían participado en protestas pacíficas fueron inhabilitados para ejercer su profesión o vieron denegada la renovación de sus licencias. En noviembre se aprobó una ley que ampliaba aún más las competencias del Ministerio de Justicia para controlar a la profesión jurídica; el número de profesionales con licencia había disminuido un 7% de enero a noviembre a raíz de la aprobación de otras normas.
En julio, el Tribunal Supremo condenó a Víktor Babariko, exbanquero que había intentado presentarse a las elecciones presidenciales de 2020, a 14 años de prisión por cargos falsos de soborno y blanqueo de dinero. Además, se le impuso una multa equivalente a 57.000 dólares estadounidenses y se le ordenó pagar más de 18 millones en concepto de “indemnización por los daños causados”.
En septiembre, Maria Kalesnikava y Maksim Znak, los dos miembros de la oposición más destacados que quedaban en Bielorrusia, fueron declarados culpables en un juicio rápido a puerta cerrada y condenados a 11 y 10 años de prisión, respectivamente, por cargos falsos de conspiración, “extremismo” y delitos relacionados con la seguridad nacional.
Los derechos de la infancia se violaron sistemáticamente en el contexto de la justicia penal.
Un bloguero y al menos 10 manifestantes, todos menores de edad, fueron detenidos tras las protestas postelectorales. Todos fueron declarados culpables y condenados a prisión en 2021 en juicios de motivación política celebrados a puerta cerrada. Tres de ellos cumplieron 18 años en 2021 mientras estaban en espera de juicio y fueron juzgados como adultos. Muchos denunciaron tortura bajo custodia.
Mikita Zalatarou, que tenía 16 años cuando fue detenido en 2020, fue privado de su medicación para la epilepsia y sometido a reiteradas palizas y descargas eléctricas. Fue condenado a cinco años de prisión y más tarde acusado de violencia contra un guardia penitenciario y condenado a otros 18 meses de cárcel.
Se siguió recluyendo a menores e imponiéndoles penas de entre 7 y 12 años de prisión por delitos leves y no violentos relacionados con drogas. Se desconocía el número de sentencias condenatorias de este tipo dictadas en 2021, pero las autoridades señalaron que los enjuiciamientos de menores iban en aumento.3
Continuaron imponiéndose condenas a muerte y realizándose ejecuciones en secreto. Dos hermanos veinteañeros que habían sido condenados a muerte en 2020, Stanislau e Ilya Kostseu, fueron indultados. Desde la independencia de Bielorrusia sólo se había concedido otro indulto más.
Las autoridades bielorrusas facilitaron la entrada en el país de miles de personas procedentes de países emisores de refugiados y migrantes, que habían sido atraídas con la falsa promesa de que podrían entrar sin complicaciones en la UE y después se encontraron con su expulsión sumaria desde Polonia, Lituania y Letonia.4 Migrantes que fueron objeto de devolución o no pudieron entrar en Polonia sufrieron golpes y otras formas de violencia, privación de alimentos, agua, refugio y saneamiento, y apropiación de teléfonos y extorsión a manos de las fuerzas bielorrusas. La guardia fronteriza bielorrusa impidió sistemáticamente que la gente atrapada en el área fronteriza saliera de la zona vallada. Varias personas murieron de hipotermia, una de ellas, al menos, menor de edad.
Un ciudadano iraquí, Rebin Sirwan, fue expulsado de Bielorrusia tras intentar solicitar asilo en el país.
La permanente falta de capacidad causada por la pandemia en el sector sanitario se vio agravada por las duras represalias tomadas contra profesionales médicos, incluidos despidos y procesos penales arbitrarios, por apoyar las protestas pacíficas de 2020 o poner al descubierto la intensidad y magnitud de la violencia policial contra los manifestantes.5
Tales medidas afectaron a la calidad y disponibilidad de la asistencia médica. En Grodno se cerró un hospicio infantil independiente financiado con donaciones particulares en respuesta a las expresiones de solidaridad de su directora con las protestas postelectorales.
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