Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Persistieron las restricciones graves de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. Al menos un hombre fue ejecutado. La tortura y otros malos tratos eran generalizados y prevalecía la impunidad. Se abusó del sistema de justicia para reprimir la disidencia y los juicios fueron sistemáticamente injustos. Las minorías nacionales y religiosas sufrían discriminación. Personas refugiadas y migrantes fueron objeto de violencia y devolución (refoulement).
Información general
Bielorrusia continuó en gran medida aislada internacionalmente debido a que la Unión Europea y Estados Unidos seguían negándose a reconocer como presidente a Alexander Lukashenko. El país acomodó en líneas generales su política exterior y de defensa a las de Rusia, lo que incluyó apoyar su guerra contra Ucrania.
El producto interno bruto (PIB) se hundió y la inflación aumentó tras la interrupción del comercio con Ucrania y las nuevas sanciones impuestas por los gobiernos occidentales a las empresas bielorrusas.
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. Miles de personas fueron procesadas por expresar su apoyo a Ucrania, criticar al gobierno o informar sobre los movimientos de tropas y materiales militares rusos, entre otros motivos. Se detuvo arbitrariamente a 40 periodistas independientes y se presentaron nuevos cargos contra otros que ya estaban en prisión. Al final del año había 32 periodistas en la cárcel debido a su trabajo.
Cientos de personas fueron juzgadas a puerta cerrada por “insultar” a autoridades, “desacreditar” símbolos e instituciones del Estado o “sembrar animosidad y enemistad en la sociedad”. En julio, la estudiante Danuta Peradnya fue condenada a seis años y medio de prisión por reproducir un mensaje en el que se criticaba la guerra en Ucrania y el papel desempeñado en ella por Alexander Lukashenko.1
Las autoridades continuaron clasificando arbitrariamente a organizaciones, recursos digitales y materiales impresos o de otro tipo como “extremistas”. Miles de personas fueron procesadas por asociación con esa clase de contenidos, por ejemplo, al dar “me gusta” a una publicación en redes sociales o llevar una camiseta con un lema “extremista”. La lista oficial incluía a más de 2.200 personas consideradas “extremistas”, en su mayoría encarceladas por cargos de motivación política.
El periodista Yury Hantsarevich fue condenado en julio a 30 meses de prisión por “facilitar actividades extremistas” al enviar fotos de material militar ruso a medios de comunicación independientes.
En noviembre, el Ministerio del Interior prohibió el uso del saludo tradicional “Viva Bielorrusia” y lo añadió a la lista de “parafernalia y símbolos nazis”.
El gobierno continuó la campaña de represión contra organizaciones de la sociedad civil independientes que había iniciado tras las controvertidas elecciones presidenciales de 2020 y que iba dirigida contra ONG, medios de comunicación, organizaciones profesionales y comunidades étnicas y religiosas.
Las autoridades utilizaron arbitrariamente los cargos de “extremismo” y “terrorismo” para cerrar organizaciones. Más de 250 organizaciones de la sociedad civil e importantes medios de comunicación independientes fueron clausurados, muchos tras ser calificados de “organizaciones extremistas”.
En abril, las autoridades practicaron registros en domicilios y despachos de dirigentes de sindicatos independientes y arrestaron a 16 personas por motivos no revelados. En julio, el Tribunal Supremo disolvió el Congreso de Sindicatos Democráticos de Bielorrusia, lo que significaba en la práctica la prohibición de todos los sindicatos independientes.
Tras la invasión en gran escala de Ucrania por Rusia el 24 de febrero, la policía disolvió con brutalidad manifestaciones pacíficas en todo el país; sólo el 27 de febrero arrestó a al menos 700 manifestantes. Tras juicios a puerta cerrada, muchas de estas personas fueron condenadas a cumplir hasta 30 días de detención por cargos falsos de “organizar, preparar o participar en actividades que alteren gravemente el orden público”, y otras fueron multadas.
Las autoridades continuaron procesando a personas que habían participado pacíficamente en las protestas de 2020 y, en la primera mitad del año, practicaron 280 arrestos.
En mayo se promulgaron reformas legislativas que permitían a los agentes del Ministerio del Interior emplear armas de combate y equipo militar especial para disolver protestas públicas y otras actividades que supuestamente alteraban el orden público.
Al menos un hombre fue ejecutado.
En mayo se reformó la legislación para extender la aplicación de la pena capital al “delito en grado de tentativa” en los casos de terrorismo, en incumplimiento de las obligaciones del país como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.2 En diciembre, el Parlamento aprobó en primera lectura una ley que introducía la pena de muerte para el delito de traición cometido por cargos públicos o personal militar.
La tortura y otros malos tratos aún estaban muy extendidos y sus perpetradores seguían disfrutando de impunidad.
Las personas declaradas culpables de cargos de motivación política con frecuencia recibían un trato más duro y sufrían peores condiciones de detención. Normalmente eran recluidas en régimen de aislamiento soportando condiciones inhumanas, o se las privaba del derecho a hacer llamadas telefónicas, ver a familiares, recibir paquetes de comida o hacer ejercicio al aire libre. El destacado activista político Syarhei Tsikhanouski, quien cumplía 18 años de prisión por cargos falsos, sufrió repetidamente estas restricciones arbitrarias y pasó más de 2 meses aislado en una celda de castigo.3
Las autoridades impidieron realizar su trabajo a quienes defendían los derechos humanos y sometieron a estas personas a detención arbitraria, violencia e intimidación. Entre sus objetivos estaban los miembros de la destacada organización de derechos humanos Viasna, varios de los cuales estaban en prisión preventiva o cumpliendo penas de cárcel. En septiembre, los líderes encarcelados Ales Bialiatski, Valyantsin Stefanovich y Uladzimir Labkovich se enfrentaron a nuevos cargos falsos de desórdenes públicos. El 7 de octubre, Ales Bialiatski fue distinguido ex aequo con el premio Nobel de la Paz.
Marfa Rabkova y Andrey Chapyuk, en detención desde 2020, fueron condenados a 15 y 6 años de prisión, respectivamente, en un juicio a puerta cerrada.4
Nasta Loika cumplió al menos 6 periodos de 15 días de detención administrativa por cargos falsos de “vandalismo menor”, durante los cuales se le negaron medicamentos y otros productos de primera necesidad, como ropa de abrigo y agua potable. En diciembre fue acusada del delito de “organizar actividades que alteran gravemente el orden público” y sometida a detención en espera de juicio.
Las autoridades continuaron abusando ampliamente del sistema de justicia para reprimir toda disidencia y encarcelar a quienes criticaban al gobierno, así como para intimidar y silenciar a quienes se ocupaban de la defensa jurídica de estas personas. Al menos 7 profesionales del derecho se enfrentaron a cargos arbitrarios, y al menos 5 fueron arrestados. Se retiró la licencia para ejercer su profesión a al menos 17 más que habían trabajado en casos de motivación política.
Las vistas de los procesos iniciados por motivos políticos normalmente se celebraban a puerta cerrada y estaban plagadas de irregularidades. En julio se promulgó legislación que ampliaba el uso de las investigaciones y los juicios in absentia, que se utilizó más adelante en el año.
Las autoridades intensificaron los ataques contra algunas minorías étnicas, como la polaca y la lituana, al parecer en represalia contra Polonia y Lituania por acoger a activistas de la oposición bielorrusa en el exilio y criticar al gobierno bielorruso.
Se cometieron reiterados actos vandálicos en cementerios militares de soldados polacos y nadie rindió cuentas por ellos. El gobierno prohibió arbitrariamente enseñar en polaco a dos escuelas del oeste de Bielorrusia, donde residía una importante minoría polaca, y cerró una escuela en la región de Grodno que impartía las clases en lituano. Las autoridades actuaron contra escuelas y editoriales que enseñaban o publicaban en bielorruso, a pesar de que éste era un idioma oficial, por considerar que era la lengua de la oposición política. Se cerraron librerías bielorrusas, y fueron objeto de arresto arbitrario activistas; figuras académicas, literarias y culturales; y guías turísticos de habla bielorrusa.
Las autoridades actuaron contra activistas y líderes cristianos locales que habían denunciado la violencia policial durante las protestas de 2020 y el papel de Bielorrusia en la guerra de Rusia en Ucrania. En marzo, la policía registró el domicilio de varios sacerdotes católicos; arrestó arbitrariamente a uno de ellos, Aliaksandr Baran, y lo sometió a 10 días de detención administrativa; y multó a otro, Vasil Yahorau, en ambos casos por mostrar solidaridad con Ucrania.
Tras un incendio ocurrido en circunstancias sospechosas el 26 de septiembre, las autoridades rescindieron el acuerdo que permitía a una parroquia católica utilizar la histórica iglesia de los Santos Simón y Elena de la capital, Minsk. Durante las manifestaciones de 2020, la congregación se había atrevido a ofrecer refugio en la iglesia a manifestantes que huían de la violencia policial.
La calidad y disponibilidad de la asistencia médica continuó gravemente comprometida por varias razones, como el éxodo continuado de personal sanitario despedido por motivos políticos y la escasez de ciertos medicamentos y materiales médicos a causa de las sanciones internacionales. Se negó arbitrariamente la recontratación a profesionales de la salud despedidos por apoyar protestas pacíficas en 2020. Las autoridades suspendieron la licencia de al menos siete grandes centros médicos privados en lo que parecía una campaña coordinada contra la prestación independiente de servicios sanitarios.
Las autoridades continuaron obligando a las personas refugiadas y migrantes, incluidas las procedentes de Siria, Irak y Afganistán, a cruzar la frontera hacia Polonia, Lituania y Letonia. Muchas de ellas fueron devueltas ilegalmente a Bielorrusia, donde sufrieron tortura y otros malos tratos a manos de guardias de fronteras y otros agentes, encontraron trabas para solicitar asilo o fueron objeto de devolución (refoulement). En marzo, según informes, las autoridades desalojaron a las personas refugiadas y migrantes que vivían en un campamento improvisado en el pueblo de Bruzgi, dejando sin alojamiento ni apoyo a casi 700, entre las que había muchas menores de edad y personas con enfermedades graves y discapacidades.5
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
