Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La prohibición de algunas reuniones públicas restringía de manera desproporcionada el derecho a la libertad de reunión pacífica. No se ofreció protección efectiva a denunciantes de irregularidades. El apoyo a las sobrevivientes de violencia de género era insuficiente. Las deportaciones de personas de nacionalidad afgana a su país continuaron hasta poco antes de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán en agosto. El uso de tecnologías de reconocimiento facial en operaciones para hacer cumplir la ley era habitual desde su introducción en agosto de 2020. Seguían sin investigarse eficazmente los casos de presuntos malos tratos policiales. Las prestaciones de asistencia social eran insuficientes en algunos estados. No se protegió el derecho a una vivienda adecuada.
Las autoridades utilizaron la legislación promulgada contra la pandemia de COVID-19 para prohibir algunas reuniones públicas. Los tribunales resolvieron que, en algunos casos, la prohibición constituía una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica.
Varias organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación ante el declive de la libertad de prensa. Quince organizaciones de la sociedad civil calificaron de excesivo el procesamiento de Julian H., quien había tenido un papel fundamental en la filmación del “vídeo de Ibiza”, que denunciaba corrupción en las altas esferas. Su juicio comenzó en septiembre y seguía abierto al final del año.
En febrero, el gobierno presentó su Proyecto de Ley sobre la Libertad de Información, que contenía medidas para mejorar el acceso a la información, entre ellas suprimir el secreto oficial. Persistió la preocupación por la eficacia del procedimiento en caso de que las autoridades decidieran negar el acceso a la información, y también por la ausencia de un comisario de información independiente y un mecanismo efectivo para proteger a quienes denunciaban irregularidades. El proyecto de ley fue remitido al ministerio correspondiente en abril, pero al final del año no se había presentado una propuesta revisada al Parlamento. La reforma del servicio de inteligencia, que entró en vigor el 1 de diciembre, distaba de garantizar protección a las personas que denunciaban irregularidades y no establecía un mecanismo de vigilancia independiente.
El número de feminicidios se mantuvo elevado y las autoridades siguieron sin destinar recursos suficientes a la mejora del acceso a los servicios de apoyo a las mujeres. Persistieron los obstáculos para acceder a unos servicios de aborto asequibles y sin riesgos.
Debido a la discriminación múltiple, las mujeres migrantes que cuidaban de personas ancianas como internas en sus domicilios recibían sueldos bajos, tenían jornadas de trabajo demasiado largas y sin descansos suficientes, y encontraban obstáculos para acceder a las prestaciones de seguridad social. 1
Entre enero y agosto, 64 personas de nacionalidad afgana fueron deportadas a su país pese al peligro real que corrían de sufrir graves violaciones de derechos humanos a su regreso.
El gobierno se opuso en agosto a la evacuación de población afgana que huía del nuevo régimen talibán en Afganistán. Asimismo, continuó oponiéndose a reubicar a solicitantes de asilo procedentes de las islas griegas.
En julio, el Tribunal Administrativo Regional de Estiria resolvió que un grupo de siete solicitantes de asilo había sido objeto de devolución ilegal a Eslovenia y señaló que estas devoluciones sumarias eran una práctica recurrente.
En julio se aprobó la Ley Antiterrorista. Organizaciones de la sociedad civil y expertos de la ONU expresaron preocupación por que el nuevo delito de fundar o dirigir una “organización extremista de motivación religiosa” discriminaría y estigmatizaría a la comunidad musulmana.
El uso habitual de tecnologías de reconocimiento facial en operaciones para hacer cumplir la ley, introducido en agosto de 2020, suscitaba preocupación por sus posibles efectos discriminatorios en las minorías étnicas y raciales y en el ejercicio del derecho a la intimidad, a la libertad de expresión y a la reunión pacífica.
El número de quejas contra la policía por el uso de perfiles raciales seguía siendo elevado.
En mayo, el Ministerio de Justicia propuso varias reformas del sistema de medidas preventivas de detención de personas con enfermedad mental que hubieran cometido un delito. Sin embargo, las reformas previstas no abordaban su acceso a una asistencia médica adecuada.
Seguían sin investigarse eficazmente los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por la policía. Al término del año aún no se había establecido el organismo de investigación independiente anunciado por el gobierno en enero de 2020. La impunidad y la falta de rendición de cuentas también empeoraron debido a que los agentes de policía seguían sin estar obligados a llevar placas de identificación.
En julio, seis de los estados federados implementaron la Ley Fundamental sobre Asistencia Social, que establecía límites en las prestaciones de ayuda social a las personas adultas en lugar de garantizar un nivel mínimo de prestaciones —en efectivo y en especie— que les asegurara una vida digna.
En marzo terminó el aplazamiento de los pagos del alquiler y la prohibición de los desalojos, acordados por las autoridades en abril de 2020 para proteger a quienes no podían pagar el alquiler debido a las medidas de confinamiento por la COVID-19. Ante la ausencia de medidas gubernamentales para que continuara la prohibición de los desalojos, voces expertas anunciaron que habría una oleada de ellos.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
