Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
No hubo rendición de cuentas ni se hizo justicia a las víctimas de las violaciones sexuales cometidas durante y después del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020. Más de 100 personas resultaron muertas o heridas por la explosión de minas colocadas por fuerzas armenias en zonas cedidas a Azerbaiyán. Unas 36.000 personas de etnia armenia continuaron internamente desplazadas. Tras el levantamiento de las restricciones por la COVID-19 y la ley marcial se permitieron en gran medida las protestas pacíficas, pero la libertad de expresión y el acceso a la información continuaron restringidos. Siguieron sin abordarse los motivos de preocupación por el medioambiente en relación con la mina de oro de Amulsar. La violencia de género en el ámbito familiar continuó siendo un problema generalizado, agravado por la pandemia de COVID-19.
La tensión política se mantuvo alta durante todo el año. El primer ministro dimitió en abril tras varios meses de protestas contra el gobierno por su gestión del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, pero volvió a ser nombrado para el cargo cuando su partido ganó las elecciones anticipadas en junio.
Persistió la inestabilidad en materia de seguridad a lo largo de la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, cuyas líneas de demarcación no eran claras. Los combates transfronterizos ocasionales causaron víctimas mortales, tanto militares como civiles.
La pandemia de COVID-19 y los sucesos posteriores al conflicto de 2020 agravaron las dificultades económicas que atravesaba el país. Según el Banco Mundial, Armenia sufrió una contracción del producto interno bruto (PIB) del 8%, lo que causó el empobrecimiento de 70.000 personas y el empeoramiento del bienestar social de otras 720.000. La pandemia afectó de manera desproporcionada a la población con menos recursos y la de avanzada edad, que encontraron mayores obstáculos para acceder a la asistencia médica debido a las restricciones del confinamiento y a la redistribución de los recursos para los servicios de salud pública. También vieron considerablemente reducida su capacidad para cubrir gastos habituales, sobre todo en alimentación, medicamentos y servicios domésticos, médicos y de suministro.
La aceptación de las vacunas se mantuvo en niveles bajos; sólo el 23% de la población había recibido la dosis completa en diciembre, en medio de una campaña generalizada contra la vacunación. En agosto, el gobierno respondió imponiendo la vacunación contra la COVID-19 a todo el personal del sector público y al de muchas empresas privadas.
No hubo avances en la investigación de los crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto de 2020 y el periodo inmediatamente posterior, y tampoco se avanzó en llevar a los presuntos responsables penales ante la justicia.
Hubo informes sobre más de 100 personas muertas o heridas por la explosión de minas colocadas por las fuerzas armenias en territorios cuyo control habían cedido a Azerbaiyán. Armenia facilitó mapas con la ubicación de campos minados a cambio de que Azerbaiyán liberara a prisioneros armenios. En diciembre, el presidente del Consejo Europeo informó de que Armenia había entregado todos los mapas de campos minados. No obstante, Azerbaiyán cuestionó la precisión de dichos mapas.
Muchas de las aproximadamente 91.000 personas desplazadas en el peor momento de los combates en 2020 volvieron a Stepanakert/Jankendi y otras partes de la región de Nagorno Karabaj, que seguían bajo el control de Armenia. Unas 36.000 personas continuaban desplazadas dentro de Armenia y en la parte de Nagorno Karabaj bajo control de este país, de las que 24.000 procedentes de zonas controladas por Azerbaiyán se enfrentaban a un desplazamiento a largo plazo. Las que regresaron tuvieron dificultades de acceso a medios de vida, educación y asistencia médica.
A lo largo del año se permitieron en gran medida las manifestaciones y protestas pacíficas. En enero, el gobierno ya había levantado la mayoría de las restricciones relativas a la salud pública y el estado de emergencia —impuestas por motivos de seguridad y por la pandemia de COVID-19—, entre ellas las que afectaban a las reuniones públicas.
El derecho a la libertad de expresión continuó sometido a restricciones indebidas.
El gobierno introdujo varias reformas legislativas que coartaban a los medios de comunicación independientes y otras voces críticas. En marzo, la Asamblea Nacional elevó el importe máximo de la multa por injurias y difamación a 6 millones de drams armenios (unos 12.000 dólares estadounidenses). En agosto se aprobó otro conjunto de reformas legislativas que penalizaban las injurias a cargos públicos y castigaban las injurias reiteradas con hasta tres meses de prisión. En septiembre, con arreglo a esta nueva legislación, la policía emprendió acciones penales contra un usuario de Facebook por insultar al primer ministro en un comentario al pie de una foto de éste.
Continuó el enjuiciamiento del defensor de derechos humanos Sashik Sultanian por cargos falsos presentados por las autoridades en represalia por sus críticas sobre el trato infligido a la minoría étnica yazidí en Armenia. En octubre de 2020 se había abierto una investigación contra él por presunta incitación al odio nacional, a raíz de una entrevista que había publicado en Internet sobre los problemas que afrontaba la población yazidí. Su juicio comenzó en agosto y continuaba abierto al final del año. En caso de ser declarado culpable, podía ser condenado a entre tres y seis años de prisión.
Ni la Fiscalía General ni los órganos de investigación del Estado investigaron eficazmente los ataques y amenazas contra ONG y medios de comunicación, que incluían el saqueo de las oficinas de Radio Free Europe/Radio Liberty y Open Society Foundations al término del conflicto en 2020.
El proyecto minero de Amulsar para extraer oro en el sur de Armenia continuó paralizado en espera de las conclusiones de una investigación penal abierta sobre la ocultación intencionada de información relativa a su impacto ambiental. La investigación se inició a raíz de las protestas que residentes locales y activistas ambientales llevaban realizando desde 2018.
Las mujeres continuaron viéndose afectadas por el aumento de los niveles de violencia de género en el ámbito familiar durante la pandemia de COVID-19, y el acceso a servicios y protección seguía siendo insuficiente. La pandemia también agravó la pesada carga que representaba el trabajo no remunerado de los cuidados, que seguía recayendo principalmente en mujeres y niñas.
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