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Tanzània

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades reprimían la disidencia pacífica y detuvieron arbitrariamente a personas críticas con el programa de desarrollo de la presidenta, a miembros de la oposición y personas vinculadas con la oposición, profesionales de la abogacía, a indígenas masáis y a activistas. El Parlamento reformó la Ley sobre Servicios de Medios de Comunicación. El Tribunal Superior falló a favor de la población masái de Loliondo en relación con su desalojo forzoso de tierras ancestrales. East African Crude Oil Pipeline Ltd. obtuvo la licencia para construir un oleoducto de 1.443 km. Las autoridades no permitieron el acceso de misiones de investigación internacionales para evaluar violaciones de derechos humanos cometidas contra la población masái en Ngorongoro. Permaneció en vigor la decisión de retirar una declaración judicial que permitía el acceso directo de personas y ONG a la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. A pesar de que hubo mejoras en la impartición de la educación, persistían las bajas tasas de retención escolar de las niñas en las escuelas debido a la pobreza, los embarazos precoces y la violencia de género en las escuelas. Se intensificó el uso de lenguaje incendiario contra las personas LGBTI.

Información general

En octubre de 2022, la presidenta firmó un acuerdo intergubernamental con Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para colaborar en el desarrollo, gestión y explotación de puertos y otras infraestructuras conexas de Tanzania. El 10 de junio, el Parlamento refrendó el acuerdo.

En febrero, las autoridades pusieron en marcha un proceso de consulta pública que serviría para guiar una próxima revisión de la Constitución y otras leyes.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

En enero, la presidenta levantó una prohibición general punitiva, impuesta en 2016 por el entonces presidente, que impedía que los partidos políticos organizaran concentraciones y otras actividades políticas; en el pasado, algunas destacadas figuras políticas de la oposición que habían contravenido esa prohibición habían sido detenidas y recluidas arbitrariamente. No obstante, las autoridades seguían reprimiendo las actividades políticas, a las personas críticas con proyectos gubernamentales y a quienes se oponían a los desalojos forzosos, con medidas tales como detenciones arbitrarias, reclusión e intimidación.

Entre junio y diciembre se detuvo al menos a 12 personas por criticar el acuerdo entre Tanzania y Emiratos Árabes Unidos, aunque todas ellas quedaron en libertad incondicional tras permanecer recluidas durante unos días. Rugemeleza Nshala, activista y expresidente del Colegio de Abogados de Tanganica, que también había criticado el acuerdo, huyó del país en julio tras ser objeto de intimidación policial y recibir en su teléfono amenazas de muerte de origen desconocido.

En junio, el Parlamento aprobó varias reformas positivas de la Ley sobre Servicios de Medios de Comunicación, entre ellas la eliminación de la responsabilidad penal de periodistas en relación con su conducta profesional, la reducción de penas y multas para los autores de delitos de sedición, y la retirada de las competencias judiciales para confiscar equipos de los medios de comunicación.

El 14 de julio, el abogado y activista Boniface Mwabukusi y el activista político Mdude Nyagali fueron detenidos unos días después de haber celebrado una conferencia de prensa en Dar es Salam en la que habían criticado el acuerdo entre Tanzania y Emiratos Árabes Unidos. El 12 de agosto, ambos fueron detenidos de nuevo cuando se dirigían a Dar es Salam, y fueron trasladados a la Comisaría Central de Policía de la ciudad de Mbeya. Al día siguiente, la policía detuvo a Willibrod Slaa, exparlamentario y diplomático, en su domicilio de Dar es Salam y lo trasladó a la comisaría de policía de Mbweni. Los tres hombres, que el 18 de agosto quedaron en libertad bajo estrictas condiciones de presentarse ante la policía, se enfrentaban a cargos de traición.

El 6 de septiembre, el jefe de policía del distrito de Ngorongoro, región de Arusha, advirtió al Partido por la Democracia y el Progreso (Chadema), principal partido opositor, que no celebrara una serie de concentraciones políticas programadas en la división de Loliondo para los días 8 y 9 de septiembre. Las autoridades utilizaron la seguridad como justificación, pero no aportaron más detalles, y sostuvieron que la advertencia era conforme a las reglas del Área de Conservación del Ngorongoro.

El 10 de septiembre, la policía detuvo al líder opositor Tundu Lissu por celebrar una “reunión ilegal” tras haber asistido a una concentración política en la división de Loliondo. La detención tuvo lugar cuando Tundu Lissu intentaba acceder al Área de Conservación del Ngorongoro para hablar ante personas masáis que participaban en otra concentración. El líder opositor quedó en libertad sin cargos ese mismo día.

Desalojos forzosos

Durante el año se detuvo al menos a 67 personas masáis, principalmente en la localidad de Endulen, división de Ngorongoro, por negarse a abandonar sus tierras ancestrales en aplicación de los planes de reubicación forzosa en curso para crear un espacio natural protegido en el Área de Conservación del Ngorongoro. Algunas de estas personas estuvieron recluidas durante unas horas, y otras durante unos días.

El 7 de agosto, el Tribunal Superior de Mbeya dictó una resolución por la que se revocaba una directiva gubernamental que disponía el desalojo de sus tierras de unas 21.000 personas en 5 de las 39 localidades limítrofes con el Parque Nacional de Ruaha, en el distrito de Mbarali, región de Mbeya. El gobierno afirmó que su intención era incorporar la tierra con fines de conservación de la naturaleza dentro del parque nacional. La demanda ante el tribunal superior había sido interpuesta en enero por 852 agricultores en pequeña escala de Marili, tras un aviso de desalojo emitido en octubre de 2022 por el ministro de Tierras, Vivienda y Desarrollo de Asentamientos Humanos en el que se declaraba que las localidades afectadas estaban dentro del parque nacional. Poco antes del fallo del tribunal superior, el comisionado adjunto de Tierras para Mbeya declaró ante la Comisión Permanente del Parlamento sobre Tierras, Recursos Naturales y Turismo que, de hecho, el gobierno había devuelto 744,32 km² de la tierra a la comunidad de Mbarali.

El 19 de septiembre, el Tribunal Superior de la región de Arusha falló que la Zona de Caza Controlada de Pololeti, en la división de Loliondo, se había establecido de forma ilegal. El 17 de junio de 2022, el ministro de Recursos Naturales y Turismo había declarado Pololeti “zona de caza controlada” —espacio destinado a la conservación de la naturaleza— para justificar los desalojos forzosos de masáis de 1.500 km² de sus tierras. La comunidad había impugnado esa declaración en una revisión judicial presentada en noviembre de 2022. El tribunal superior resolvió que el gobierno no había consultado a la población residente al realizar la declaración, lo que invalidaba el proceso.

Al terminar el año, cerca de un centenar de familias masáis continuaban en condiciones de pobreza, con escaso acceso a medios de vida en las localidades de Oloolaimutia y Olpusimoru, condado de Narok (Kenia). Habían huido allí con su ganado después de que sus granjas fueran destruidas durante los desalojos forzosos de junio de 2022 en la división de Loliondo.

Derecho a un medioambiente saludable

El Fondo Monetario Internacional informó de que Tanzania, aunque era “muy vulnerable al cambio climático”, estaba “menos preparada que la mayoría de los países para abordar sus efectos”.

El 24 de enero se concedió a la empresa de combustibles fósiles East African Crude Oil Pipeline (EACOP) Ltd. una licencia que le permitía comenzar la explotación del Oleoducto de Crudo de África Oriental, de 1.443 km de longitud, a fin de transportar crudo desde los yacimientos petrolíferos del lago Alberto —en el oeste de Uganda— hasta el puerto de Tanga —en la costa septentrional de Tanzania— para su exportación (véase el apartado sobre Uganda). El proyecto suponía la construcción de un oleoducto calentado de 61 centímetros de diámetro.

El 5 de abril, el Tribunal de Justicia de África Oriental revocó el fallo dictado en la demanda interpuesta 3 años antes por grupos de la sociedad civil de Kenia, Uganda y Tanzania que solicitaban un mandamiento judicial temporal con miras a impedir la construcción del oleoducto. El Tribunal escuchó los argumentos del secretario general de la Comunidad de África Oriental y de los gobiernos de Tanzania y Uganda, que sostuvieron, entre otras cosas, que el asunto no era competencia del tribunal. Los grupos de la sociedad civil habían interpuesto la demanda como respuesta a motivos de preocupación relativos al impacto negativo del oleoducto en el medioambiente y al desplazamiento de la población local, incluidos pueblos indígenas, cuyo derecho a medios de vida, alimentación y salud se veía amenazado por el proyecto. El 29 de noviembre, el tribunal desestimó la demanda por considerarla prescrita y resolvió que los demandantes deberían haber presentado la causa en 2017, no en 2020. Los grupos de la sociedad civil apelaron contra esta decisión el 11 de diciembre.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades negaron los informes generalizados sobre desalojos forzosos violentos de población masái de sus tierras en Ngorongoro. Asimismo, denegaron las peticiones de organizaciones intergubernamentales para llevar a cabo misiones de investigación en Ngorongoro. Sin embargo, el gobierno permitió que una delegación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos realizara una misión de apoyo entre el 23 y el 28 de enero. La delegación planteó su preocupación por los desalojos forzosos de personas masáis y señaló la ausencia de una consulta adecuada y de inclusión de las comunidades locales en las labores de demarcación de las tierras que reclamaban, y por los informes sobre uso de la fuerza y amenazas contra miembros de la comunidad que habían cuestionado la demarcación. El 25 de agosto, el gobierno impidió que una misión de investigación de la UNESCO visitara la zona. De nuevo, el 2 de septiembre se impidió el acceso a una delegación de miembros del Parlamento Europeo, aunque el gobierno había aceptado previamente que se llevara a cabo su visita para investigar abusos contra los derechos humanos de la población masái.

Seguían sin hacerse efectivos los anuncios que el gobierno había efectuado en 2022 señalando que revisaría su decisión de retirar la declaración realizada en virtud del artículo 34.6 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo al Establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Por tanto, las personas y las ONG a las que el ordenamiento jurídico nacional había fallado seguían sin poder disfrutar de acceso directo a la Corte. El gobierno había firmado su notificación de retirada en 2019.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La Encuesta Panel Nacional reveló que, aunque se habían producido avances en cuanto a proporcionar educación de calidad, era necesario introducir mejoras, en concreto en relación con las bajas tasas de retención escolar de las niñas. Pese a que en febrero de 2022 se había levantado la prohibición que impedía que las niñas embarazadas y las madres adolescentes asistieran a las escuelas de educación general, persistían las bajas tasas de retención escolar debido a la pobreza, los embarazos precoces y la violencia de género en las escuelas. No obstante, se observó un aumento general de los índices de matriculación y alfabetización, así como una disminución de los obstáculos para la escolarización infantil. El Banco Mundial concluyó que las políticas e intervenciones del gobierno permitían que el país avanzara en la mejora del acceso a la educación, especialmente en las zonas más desatendidas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En febrero, el ministro de Educación prohibió la presencia en las escuelas públicas y privadas de libros con contenidos LGBTI e instó a la ciudadanía a denunciar cualquier libro que incluyera ese tipo de contenidos.

En marzo, la jefa de la organización de mujeres de Chadema instó al gobierno a aprobar leyes que establecieran la castración de toda persona declarada culpable de mantener relaciones homosexuales consentidas. El 12 de abril, un miembro del Parlamento planteó un debate parlamentario, y afirmó que, si no se tomaban medidas, Tanzania “corría el riesgo de que personas gays ocuparan puestos de poder o autoridad”. Otro parlamentario propuso la pena de muerte para las personas declaradas culpables de mantener relaciones homosexuales consentidas.