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Tanzània

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

El gobierno mantuvo la prohibición general, impuesta a los partidos políticos por el difunto presidente John Pombe Magufuli en 2016, de organizar concentraciones y otras actividades políticas. El Estado continuó atacando a los medios de comunicación digitales a través de normativas represivas y a pesar de anteriores promesas de reformar la legislación sobre medios de comunicación. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva en la división de Loliondo, en la región septentrional de Arusha, durante los desalojos forzosos de la comunidad indígena masái, e intimidaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. No se cumplió la promesa de levantar la prohibición de asistir a la escuela que pesaba sobre las niñas embarazadas o que habían sido madres y las discriminaba. Siguieron adelante los planes de construir el oleoducto de crudo de África Oriental a pesar del riesgo que éste suponía para el medioambiente y para los medios de vida y la salud de la población local. Se impedía buscar justicia directamente ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos a personas y organizaciones a quienes el sistema de justicia nacional había fallado.

Información general

En su primer año como presidenta, Samia Suluhu Hassan realizó al menos 21 viajes regionales e internacionales para mejorar las relaciones internacionales y movilizar fondos para el desarrollo, lo que contrastaba marcadamente con la postura de su predecesor, el presidente Magufuli, que había desalentado viajar al extranjero y había aislado a Tanzania de sus países vecinos y de la comunidad internacional.

En marzo, Tanzania colaboró con el Examen Periódico Universal de la ONU y aceptó 187 de las 252 recomendaciones formuladas por 92 Estados, entre ellas la de implementar un marco nacional de derechos humanos. El país tomó nota de las recomendaciones sobre poner fin a la intimidación y el hostigamiento que sufrían defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, actores de la sociedad civil y periodistas.

Libertad de expresión

El 10 de febrero, las autoridades restablecieron las licencias de los periódicos Tanzania Daima, Mawio, Mwanahalisi y Mseto, cuya publicación había sido prohibida entre 2016 y 2017, y la del periódico Raia Mwema, que había sido suspendida durante tres meses en 2017 y durante otro mes más en 2021.

Pese a esta medida positiva y a las promesas realizadas en años anteriores respecto a reformar la legislación sobre medios de comunicación, las autoridades continuaron utilizando la represiva Ley sobre Servicios de Medios de Comunicación, de 2016, para restringir la libertad de los medios; y la legislación sobre el ciberespacio, como la normativa sobre las comunicaciones electrónicas y postales (contenido online), de 2020, para reprimir la libertad de expresión en Internet.

El 1 de julio, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones en Tanzania (TCRA, por sus siglas en inglés) suspendió temporalmente al medio de comunicación digital DarMpya tras lo que había considerado como “quejas […] por el contenido” publicado en su sitio web. Dicho contenido estaba relacionado con las manifestaciones del pueblo indígena masái contra el papel que desempeñaba Kenia en los planes del gobierno de desalojarlo de sus tierras. No obstante, el 14 de julio, la TCRA retiró los cargos relacionados con la publicación y declaró que iba a permitir a este medio de comunicación seguir funcionando en cuanto se renovara su licencia caducada. Al concluir el año, la TCRA no había respondido a las solicitudes de renovación de licencia de DarMpya.

El 9 de septiembre, la TCRA ordenó a ZamaMpya TV Online pagar una multa de 2 millones de chelines tanzanos (unos 855 dólares estadounidenses) por publicar las opiniones del popular músico Seleman Msindi, quien había criticado la normativa tributaria y el modo en que los dirigentes del gobierno gastaban los ingresos fiscales.

El pastor Julius Kuyioni, periodista keniano, fue arrestado el 7 de julio cuando se dirigía a Loliondo y fue acusado de entrada ilegal en el país. Su arresto coincidió con los intentos de las autoridades de impedir a los periodistas cubrir las protestas de la comunidad masái en Loliondo (véase infra, “Desalojos forzosos”). La policía lo dejó en libertad el 5 de agosto y lo escoltó a Namanga, localidad situada en la frontera con Kenia.

Libertad de asociación

El 4 de marzo, tras pasar más de siete meses detenido, las autoridades dejaron en libertad a Freeman Mbowe, dirigente de la oposición comúnmente conocido como Chadema, perteneciente al Partido por la Democracia y el Progreso. La División de Corrupción y Delitos Económicos del Tribunal Supremo ordenó su liberación y la de tres de las personas acusadas junto con él, Halfan Bwire Hassan, Adam Hassan Kasekwa y Mohammed Abdillahi Ling’wenya, después de que el director de la Fiscalía retirara los cargos de terrorismo formulados contra ellos. Freeman Mbowe había sido arrestado en 2021 en la localidad de Mwanza en vísperas de una concentración pública para exigir reformas constitucionales.1

Las autoridades continuaron vulnerando el derecho a la libertad de asociación prohibiendo a los partidos políticos organizar concentraciones y otras actividades hasta las elecciones de 2025. La policía empleó esa prohibición —establecida por el anterior presidente en 2016—, junto con la legislación sobre reuniones públicas, para restringir las concentraciones de la oposición.

Desalojos forzosos

El 7 de junio, fuerzas de seguridad de varios organismos del Estado, entre ellas las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Tanzania, la Policía de Tanzania y la Autoridad del Área de Conservación del Ngorongoro, llegaron a la división de Loliondo, en la región de Arusha, para llevar a cabo los planes de desalojo forzoso de miembros de la comunidad masái. Las autoridades no habían realizado consultas auténticas con la comunidad ni habían proporcionado notificación o indemnización adecuadas antes de ejecutar sus planes de apropiarse de 1.500 kilómetros cuadrados de tierras ancestrales de más de 70.000 masáis para hacer sitio a una operación turística.

El 9 de junio, miembros de la comunidad masái de las localidades de Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo y Arash, en Loliondo, que limitaban con el Parque Nacional del Serengueti, se reunieron para protestar contra las labores de demarcación. Retiraron las balizas que las fuerzas de seguridad habían colocado para señalar los límites de las tierras que el pueblo masái reclamaba. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno y armas de fuego contra quienes se manifestaban; un agente de policía murió de un flechazo y al menos 32 personas de la comunidad masái resultaron heridas por arma de fuego.2 Durante los días y las semanas que siguieron a los desalojos forzosos, las fuerzas de seguridad también se llevaron cientos de cabezas de ganado (vacas y ovejas) pertenecientes a la comunidad. Según informes, al pueblo masái le pidieron que pagara entre 100.000 chelines (unos 43 dólares estadounidenses) y 25.000 chelines (unos 11 dólares) para devolverle sus animales.

El 30 de septiembre, el Tribunal de Justicia de África Oriental se pronunció sobre una causa iniciada por los masáis en 2017 en la que éstos alegaban que eran los dueños legalmente registrados de las tierras y que el gobierno había empleado la violencia para desalojarlos por la fuerza en agosto de 2017. El tribunal resolvió que los demandantes no habían proporcionado suficientes pruebas que demostraran que el Estado los había desalojado de tierras de residencia y no del Parque Nacional del Serengueti. Algunas personas de la comunidad masái y varias ONG consideraban que el fallo del tribunal reforzaba el uso de la violencia por parte del Estado y los desalojos forzosos.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

El 16 de junio, las autoridades arrestaron a 20 personas de la comunidad masái de Loliondo y presentaron cargos contra ellas por el asesinato de un agente de policía que había muerto durante los desalojos forzosos violentos (véase supra). Nueve de estas personas eran dirigentes de la comunidad a quienes la policía había arrestado un día antes de la muerte del agente. El 22 de junio, la fiscalía modificó el acta de acusación formal y añadió a 5 personas más y el cargo adicional de “conspiración para asesinar”. Posteriormente se añadieron otras 2 personas más al acta de acusación formal. El 28 de julio, el director de la Fiscalía dejó en libertad por razones humanitarias a 3 de las 27 personas detenidas. Las demás permanecieron en la prisión de Kisongo, en Arusha, hasta el 22 de noviembre, cuando el Tribunal de Magistrados Residentes de Arusha retiró los cargos incondicionalmente y las dejó a todas en libertad.3

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades continuaron manteniendo la prohibición de asistir a centros escolares ordinarios que pesaba sobre las niñas embarazadas o que habían sido madres, pese a que en 2021 el gobierno había anunciado que levantaba dicha prohibición. Con todo, se permitió a 3.333 niñas embarazadas o que habían sido madres proseguir sus estudios a través de programas de educación informal, como el del Instituto para la Educación de Adultos y el Programa de Mejora de la Calidad de la Educación Secundaria.

Desde 2017, las autoridades aplicaban la prohibición en virtud de la Ley sobre Normativa de Educación de 2002, que establecía que las personas que estudiaban podían ser expulsadas si “comet[ía]n un delito contra la moral”. El Banco Mundial estimaba que cada año se obligaba a abandonar la escuela a casi 8.000 niñas. El gobierno todavía no había reflejado en políticas el levantamiento de la prohibición.

Degradación ambiental

Tanzania continuó participando en los planes de construcción del oleoducto de África Oriental, de 1.443 kilómetros de longitud, para transportar crudo desde los yacimientos petrolíferos del lago Alberto, en Uganda occidental, hasta el puerto de Tanga, en la costa septentrional de Tanzania, para su exportación. El 1 de febrero, los accionistas del oleoducto —entre los que figuraban TotalEnergies, Uganda National Oil Company, Tanzania Petroleum Development Corporation y China National Offshore Oil Corporation— anunciaron su decisión sobre la inversión final y el inicio del proyecto. La iniciativa representaba una inversión total de aproximadamente 23,4 billones de chelines tanzanos (unos 10.000 millones de dólares estadounidenses) (véase el apartado sobre Uganda).

Los gobiernos de Uganda y de Tanzania defendían que el proyecto era necesario para el desarrollo de ambos países, a pesar de los varios recursos interpuestos por activistas nacionales e internacionales en favor de la justicia climática y grupos de la sociedad civil que alegaban que el oleoducto no resultaría seguro para el medioambiente y causaría daños en los medios de vida, la seguridad alimentaria y la salud pública de las comunidades afectadas, entre ellas pueblos indígenas. Asimismo, quienes se oponían al proyecto sostenían que el oleoducto afectaría desproporcionadamente a las mujeres y desplazaría a la población residente, ya que atravesaría asentamientos humanos, reservas de vida silvestre, tierras de cultivo, fuentes de agua y acuíferos.

En 2017, World Wide Fund (WWF) realizó un análisis preliminar de las amenazas socioeconómicas y ambientales de los posibles impactos del proyecto, y concluyó que éste planteaba una amenaza importante y en ocasiones grave para el patrimonio ambiental y, por lo tanto, para la población de la región. Tras dos años, seguía pendiente ante el Tribunal de Justicia de África Oriental una demanda interpuesta por grupos kenianos, ugandeses y tanzanos de la sociedad civil, que trataba de lograr una orden temporal que impidiera la construcción del oleoducto.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Continuó sin hacerse efectiva la promesa del gobierno de revisar su decisión de 2019 de retirarse de la declaración realizada en virtud del artículo 34.6 del Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo al Establecimiento de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. De ese modo se impedía el acceso directo a la Corte por parte de ONG y personas a título individual a quienes el sistema jurídico nacional había fallado.

  1. Tanzania: President Hassan should do more to guarantee human rights after Mbowe’s release, 7 de marzo
  2. Tanzania: Detengan los violentos desalojos forzosos del pueblo masái, 13 de julio
  3. Tanzania: Prosecutors drop murder charges against 24 members of the Maasai, 23 de noviembre

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República Unida de Tanzania
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