Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
En un clima de continua inestabilidad política y enfrentamientos esporádicos entre actores armados, decenas de personas fueron asesinadas y miles se sumaron a los 1,2 millones de personas ya desplazadas internamente. Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán reprimieron la libertad de expresión y de reunión pacífica. Persistía la impunidad por los homicidios ilegítimos y la tortura y otros malos tratos cometidos en el pasado. Las denuncias de violencia de género aumentaron, mientras que las medidas de protección proporcionadas por el Estado siguieron siendo mínimas tanto en la región del Kurdistán de Irak como en el centro del país. Hubo iniciativas legislativas que amenazaban aún más los derechos de las personas LGBTI. Cientos de miles de personas desplazadas internamente siguieron encontrando obstáculos para acceder a servicios vitales y regresar dignamente y en condiciones de seguridad a sus zonas de origen. Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte tras juicios injustos. Las autoridades no prestaron el apoyo adecuado a las comunidades marginadas más afectadas por sequías, olas de calor y tormentas de arena prolongadas.
Información general
En octubre, más de un año después de las elecciones parlamentarias, se formó un nuevo gobierno. El retraso se debió a las disputas entre los partidos políticos alineados con las Unidades de Movilización Popular, afines a las autoridades centrales de Irak y designadas como parte de las fuerzas armadas iraquíes en 2016, y el “Bloque Sadr”, formado por los miembros del Parlamento que apoyaban al popular clérigo Muqtada al Sadr, que obtuvo la mayoría de los escaños. El estancamiento político desembocó a veces en enfrentamientos armados entre rivales. Después de que en agosto Muqtada al Sadr pidiera a los miembros del Parlamento del “Bloque Sadr” que dimitieran, sus partidarios y miembros de la milicia afín Saraya al Salam irrumpieron en el Parlamento, en la Zona Verde de Bagdad, y se enfrentaron a combatientes de las Unidades de Movilización Popular empleando cohetes, morteros y granadas propulsadas por cohetes, a consecuencia de lo cual murieron decenas de personas y centenares resultaron heridas. Los enfrentamientos entre los seguidores de Muqtada al Sadr y facciones de las Unidades de Movilización Popular consideradas afines a Irán se propagaron a la ciudad de Basora entre finales de agosto y principios de septiembre y se saldaron con al menos cuatro muertes.
Turquía siguió lanzando ataques aéreos y bombardeos en el marco de su operación militar en curso contra miembros del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK) asentados en zonas del norte de la región del Kurdistán de Irak. La Guardia Revolucionaria Islámica reivindicó la autoría de los ataques contra ubicaciones de partidos de la oposición kurda iraní en la gobernación de Erbil, que causaron muertes y desplazamientos.
Continuaron los ataques esporádicos del Estado Islámico contra cuarteles y puestos de control de las fuerzas de seguridad en Anbar, Kirkuk y otras gobernaciones anteriormente controladas por este grupo armado. Los medios de comunicación informaron de que el Estado Islámico había secuestrado al menos a 10 residentes de las gobernaciones de Kirkuk y Diyala, a quienes liberó después de que sus familias pagaran rescates.
Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán continuaron reprimiendo el derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Estas fuerzas detuvieron, procesaron y encarcelaron arbitrariamente a periodistas, activistas y personas consideradas críticas. Durante el año, 2 periodistas y 3 activistas políticos que habían sido detenidos en agosto de 2020 y declarados culpables en febrero de 2021 de cargos relacionados con la seguridad nacional se declararon en huelga de hambre en 3 ocasiones para protestar porque continuaban recluidos pese a que, en febrero, el presidente del Gobierno Regional del Kurdistán, Nechirvan Barzani, había decretado una reducción de su condena de 5 a 2 años.
El 6 de agosto, en las ciudades de Erbil y Suleimaniya, en la región del Kurdistán de Irak, las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán utilizaron gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar protestas pacíficas contra el retraso en el pago de los salarios públicos y la falta de oportunidades de empleo, y varias personas resultaron heridas. Las fuerzas de la Asayish, principal agencia de seguridad e inteligencia del Gobierno Regional del Kurdistán, detuvieron durante un breve periodo al menos a 20 periodistas en relación con la cobertura de las protestas. El Partido Nueva Generación, partido de la oposición que las había convocado, denunció que las fuerzas de la Asayish habían detenido a decenas de sus miembros, bien en sus domicilios o bien cuando protestaban en Erbil y Suleimaniya. Tras varios días de detención, estas personas quedaron en libertad bajo fianza sin que se las hubiera informado de los cargos que se les imputaban.
En septiembre, las fuerzas de la Asayish detuvieron a un periodista que trabajaba para un medio de comunicación afín a la oposición cuando cubría un ataque turco con drones contra combatientes del Partido de los Trabajadores Kurdos en la gobernación de Erbil. Fue puesto en libertad sin cargos al día siguiente, tras firmar un documento en el que se comprometía a no volver a cubrir incidentes similares. En octubre, las fuerzas de la Asayish detuvieron a dos periodistas cerca de Erbil en aplicación de la imprecisa Ley para Combatir el Uso Indebido de Dispositivos Electrónicos de 2008, que en el pasado se había utilizado para procesar a personas por publicar contenidos considerados críticos con las autoridades. Al terminar el mes fueron puestos en libertad.
El clima de impunidad reinante para los agentes armados que perseguían a manifestantes, activistas y periodistas socavó el derecho a la libertad de expresión en el centro de Irak. En octubre, simpatizantes armados de Muqtada al Sadr asaltaron y destruyeron las instalaciones del canal Al Rabiaa TV en la capital, Bagdad, después de que la presentadora de un programa informara de que sus seguidores habían destruido edificios públicos y criticara a la que fuera su milicia, conocida como Ejército del Mahdi. Las autoridades iraquíes condenaron el ataque y anunciaron una investigación, pero no tomaron nuevas medidas para proteger a quienes trabajaban en los medios de comunicación ni para que los perpetradores rindieran cuentas.
El 5 de diciembre, un tribunal de Bagdad condenó al activista Hayder Hamid al Zaidi a 3 años de cárcel, en aplicación del artículo 226 del Código Penal, por un tuit donde se consideró que se burlaba de un dirigente de las Unidades de Movilización Popular. Hayder Hamid al Zaidi había sido detenido en junio y había quedado en libertad bajo fianza 2 semanas después. El 7 de diciembre, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra las protestas que se habían convocado en la ciudad meridional de Nasiriyah para denunciar la sentencia, causando al menos 2 muertos y más de 17 heridos.
Persistió la impunidad para cientos de homicidios ilegítimos cometidos durante las protestas de octubre de 2019, sin que se hubiera avanzado apenas en la investigación de los presuntos responsables. Las autoridades iraquíes no comunicaron los resultados de las investigaciones de los comités creados tras las protestas para investigar la violencia cometida en ellas, así como los homicidios selectivos y los intentos de homicidio de decenas de activistas cometidos entre 2019 y 2021. Agentes armados siguieron amenazando con matar o hacer desaparecer a activistas y a familiares de manifestantes y activistas que habían muerto o desaparecido, lo que llevó a estas personas a esconderse o a huir al extranjero.
En febrero, un tribunal de instrucción de la ciudad de Nasiriya, en la gobernación de Thi Qar, inició una investigación sobre el papel que había desempeñado un alto mando militar en la represión de las protestas de octubre de 2019 en esa gobernación; no se facilitó más información.
También en febrero se interrogó en un juzgado de instrucción de Bagdad a Ali al Bayati, exmiembro de la Alta Comisión de Derechos Humanos de Irak —institución de ámbito nacional— por cargos de difamación, debido a que en una entrevista concedida a los medios de comunicación en 2020 había expresado preocupación por la tortura y había sido denunciado por funcionarios de la Secretaría General del Consejo de Ministros.
En septiembre, las autoridades iraquíes anunciaron una investigación sobre el tiroteo que causó la muerte de Zainab Essam Majedal Khazali, una chica de 15 años, durante unos ejercicios con fuego real en una base militar estadounidense cercana al aeropuerto internacional de Bagdad. Las autoridades estadounidenses destinadas en Irak no reconocieron el incidente. No se hizo pública ninguna otra información.
En octubre, Kifah al Kuraiti, exmiembro de Saraya al Salam, facción de Muqtada al Sadr, fue condenado a muerte por un tribunal de Diwaniya, gobernación de Al Qadsiya, por el asesinato del destacado activista Thaer al Tayeb en diciembre de 2019.
En sus conclusiones finales publicadas el 15 de junio, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por el uso generalizado de la tortura, especialmente durante las fases de investigación, en lugares de detención oficiales y no oficiales de todo Irak, y por la falta de imparcialidad de las autoridades judiciales encargadas de investigar las denuncias de tortura.
Las condiciones de reclusión de los presos condenados a muerte en la prisión de Nasiriya (gobernación de Thi Qar) violaban la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Algunas fuentes informaron de que los presos eran sometidos a palizas frecuentes, estaban hacinados en celdas mugrientas y se les negaba atención médica adecuada, alimentos suficientes y agua potable a menos que pagaran por ello; tampoco les permitían recibir visitas familiares periódicas.
En Irak, incluida la región del Kurdistán de Irak, continuaron los juicios contra centenares de presuntos miembros y simpatizantes del Estado Islámico, entre los que había niños, en un clima de grave preocupación por sus derechos a un juicio justo, incluido el derecho a una defensa adecuada. Se impusieron largas penas de prisión y condenas a muerte tras sentencias condenatorias basadas principalmente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.
Más de 200 niños iraquíes fueron detenidos en Bagdad tras su traslado desde el norte de Siria y permanecieron recluidos sin cargos ni juicio como sospechosos de pertenecer al Estado Islámico.
El Parlamento iraquí siguió sin tipificar como delito la violencia de género en el ámbito familiar, pese al aumento de los homicidios cometidos por motivos de “honor” y otras formas de violencia de género documentadas por ONG nacionales.
Las vías efectivas de protección frente a la violencia de género proporcionadas por el Estado seguían siendo muy limitadas en la región del Kurdistán de Irak y el centro de Irak. En las ciudades de la región del Kurdistán de Irak funcionaba un número limitado de refugios supervisados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Regional del Kurdistán, pero ONG nacionales señalaron la insuficiencia de los servicios de rehabilitación para las sobrevivientes. En el centro de Irak sólo funcionaba un refugio, con capacidad para albergar a unas 100 sobrevivientes, que contaba con el respaldo del Fondo de Población de la ONU. Las ONG de Bagdad continuaron sufriendo hostigamiento por mantener refugios no oficiales para mujeres, llegando a ser citadas para interrogatorio a raíz de las denuncias presentadas por miembros del Parlamento vinculados a partidos conservadores.
En la región del Kurdistán de Irak hubo un aumento de las denuncias de casos de mujeres y niñas asesinadas por sus familiares varones por convertirse a una religión diferente o identificarse como mujeres transgénero, entre otros motivos. Sólo entre enero y marzo, una coalición de organizaciones de mujeres documentó la muerte de al menos 16 mujeres y una niña de 15 años a manos de familiares varones, y se creía que la cifra real era mucho mayor. Las autoridades no llevaron a cabo investigaciones independientes e imparciales en la mayoría de estos asesinatos, debido al clima social de culpabilización de las víctimas, incluso en las redes sociales, y a la apatía de los legisladores.
En septiembre, el Ministerio del Interior de Irak señaló que la “policía comunitaria” —fuerza creada en 2016 dependiente del Ministerio del Interior con un amplio mandato de apoyo a la policía local en una serie de tareas— había recibido más de 1.100 llamadas de sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar. Según las ONG de defensa de los derechos de las mujeres, esta fuerza funcionaba simplemente como una “línea telefónica de emergencia” y no actuaba de forma efectiva para proteger a las sobrevivientes ni investigaba las denuncias de violencia de género intrafamiliar.
En julio, varios miembros del Parlamento del centro de Irak anunciaron una iniciativa para elaborar un anteproyecto de ley que criminalizara la homosexualidad. En septiembre se presentó un proyecto de ley en el Parlamento de la región del Kurdistán de Irak para tipificar como delito el apoyo explícito a los derechos de las personas LGBTI.
Al menos 1,2 millones de personas seguían desplazadas internamente, según la Organización Internacional para las Migraciones. Después de que las autoridades iraquíes cerraran los campos para personas internamente desplazadas en 2021, alrededor del 75% de estas personas quedaron abandonadas a su suerte; alrededor del 15% fueron alojadas en 14 campos que permanecían abiertos en la región del Kurdistán de Irak y partes de la gobernación de Nínive controlados por el Gobierno Regional del Kurdistán; y el 10% restante pudieron regresar a sus zonas de origen.
Miles de personas desplazadas internamente se enfrentaron a obstáculos para regresar en condiciones dignas y seguras a sus zonas de origen en las gobernaciones de Anbar, Diyala, Nínive y Saladino, pues corrían el riesgo de sufrir detenciones arbitrarias y otros tipos de hostigamiento por parte de actores armados y fuerzas de seguridad, además de carecer de oportunidades para ganarse la vida y no tener acceso a servicios. Los niños y niñas desplazados anteriormente en las gobernaciones de Anbar, Diyala, Dohuk, Kirkuk, Nínive y Saladino se enfrentaban a grandes obstáculos para acceder a la educación formal debido a la falta de documentos de identidad de los menores nacidos en territorios bajo control del Estado Islámico. Desde 2016, el aparato civil y el aparato de seguridad iraquíes habían sometido a miles de personas a castigos colectivos por su presunta vinculación con el Estado Islámico, negándoles los documentos de estado civil necesarios para tener acceso a servicios esenciales y circular libremente.
Cientos de familias regresaron a Irak desde Siria, adonde habían huido por el conflicto con el Estado Islámico. La mayoría quedaron estancadas en una situación de incertidumbre en “centros de acogida” mal equipados en la gobernación de Nínive. El gobierno no diseñó ningún plan para que regresaran de forma segura y digna a sus zonas de origen y se reintegraran.
En mayo, los enfrentamientos entre las fuerzas iraquíes y una facción yazidí de las Unidades de Movilización Popular desplazaron al menos a 3.000 personas del distrito de Sinyar, en la gobernación de Nínive, a establecimientos privados en la gobernación de Duhok y a campamentos en la región del Kurdistán de Irak.
Las consecuencias del cambio climático, como sequías, olas de calor y tormentas de arena, afectaron a la vida de millones de personas en todo Irak. La Organización Internacional para las Migraciones informó de que, a fecha de septiembre, más de 10.000 familias seguían desplazadas a causa de la sequía, la degradación de las tierras y el aumento de la salinidad de los ríos en 10 gobernaciones.
La infraestructura sanitaria de Irak, ya al borde del colapso debido a la pandemia de COVID-19 y a años de abandono y corrupción, no pudo satisfacer las necesidades de las personas afectadas por las fuertes y persistentes tormentas de arena.
Las personas que trabajaban a jornal se vieron desproporcionadamente afectadas por el cierre de las instituciones públicas durante las tormentas de arena, especialmente fuertes entre abril y junio, ya que perdieron sus medios de subsistencia y no había ningún sistema de seguridad social.
En octubre, el Ministerio de Recursos Hídricos de Iraq afirmó que 2022 había sido el año más seco desde 1930. La escasez de agua provocada por la sequía, los fallos de las plantas desalinizadoras atribuibles a la corrupción y la desecación de los cauces fluviales y las zonas pantanosas tuvieron consecuencias devastadoras para los derechos humanos, especialmente para los derechos a la salud, al trabajo, al agua y al saneamiento de millones de iraquíes. Las autoridades no prestaron el apoyo adecuado a la población más afectada ni a las comunidades rurales marginadas, incluidas las personas habitantes de las marismas, que se trasladaron por miles a zonas urbanas ante la amenaza a sus medios de vida.
Irak se comprometió a recortar voluntariamente entre un 1% y un 2% sus emisiones totales de dióxido de carbono para 2030 con respecto al nivel de 2021, cuando se convirtió en Estado Parte del Acuerdo de París, y manifestó su objetivo de elevar su compromiso a un 15% supeditado al apoyo financiero y técnico internacional.
Los tribunales iraquíes impusieron condenas a muerte por asesinato, violación de menores y actos relacionados con el “terrorismo”, a menudo tras juicios que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Hubo un notable descenso en el número de ejecuciones, pero miles de personas seguían condenadas a muerte.
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