Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Actores armados afines al Estado atacaron, amenazaron, secuestraron y ejecutaron extrajudicialmente a disidentes y activistas y a sus familias, lo que impulsó a quienes sobrevivieron a huir para esconderse. Las autoridades iraquíes practicaron detenciones e incoaron procesamientos por algunos de estos ataques, pero decenas de personas continuaban desaparecidas. El Gobierno Regional del Kurdistán reprimió la disidencia y condenó a activistas y periodistas en virtud de leyes sobre seguridad nacional y ciberdelincuencia por actos relacionados con la libertad de expresión. Fuerzas de seguridad y de inteligencia del Gobierno Regional del Kurdistán dispersaron de forma violenta y detuvieron a manifestantes pacíficos. Las medidas para contener la COVID-19, unidas a las sequías, afectaron negativamente al bienestar económico de la población iraquí. Actores armados siguieron dificultando el acceso de las personas internamente desplazadas a sus derechos humanos, y las autoridades iraquíes cerraron todos los campos excepto dos y sometieron a miles de ellas a desplazamiento secundario y castigo colectivo. La violencia por motivos de género aumentó de forma notable durante la pandemia, y las autoridades centrales y regionales no abordaron la protección de las mujeres y las niñas en el hogar. El grupo armado Estado Islámico siguió atacando y matando a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad iraquíes en el norte y el centro de Irak. Los tribunales de Irak continuaron dictando condenas a muerte por una variedad de actos delictivos y se llevaron a cabo ejecuciones.
Actores humanitarios informaron de una considerable transmisión comunitaria de la COVID-19 en todo el país, pero las autoridades iraquíes optaron por medidas restrictivas como toques de queda, horarios restringidos y cierre de centros comerciales en vez de confinamientos totales debido a los efectos negativos para el bienestar económico de la población.
Los resultados iniciales de las elecciones parlamentarias del 10 de octubre fueron impugnados tras cuestionar facciones de las milicias de las Unidades de Movilización Popular —afines a las autoridades centrales y designadas parte de las fuerzas armadas iraquíes en 2016— unos resultados en los que perdieron 48 escaños. Adujeron fraude electoral, amaño de votos e “injerencias extranjeras”, y formularon amenazas de violencia contra personal del comité electoral y observadores independientes. El 24 de octubre, al menos 1.500 simpatizantes de estas facciones intentaron asaltar la Zona Internacional (Zona Verde) de la capital, Bagdad, pero fueron interceptados por las fuerzas de seguridad iraquíes. Como respuesta, se llevó a cabo un recuento manual de los votos. El 5 de noviembre, simpatizantes de las facciones repitieron su intento de asaltar la Zona Verde y se enfrentaron a las fuerzas de seguridad; al menos 2 personas murieron y más de 100 resultaron heridas. Como aparente represalia, el 7 de noviembre se llevaron a cabo 3 ataques con drones contra el domicilio del primer ministro, Mustafa al Kadhimi, sin que hubiera víctimas mortales. El Tribunal Supremo de Irak confirmó los resultados de las elecciones el 27 de diciembre, pero al terminar el año no se había formado un nuevo gobierno.
En Erbil, capital de la Región del Kurdistán de Irak, se atribuyeron a facciones de las Unidades de Movilización Popular ataques con cohetes contra el aeropuerto donde tenía su base personal de Estados Unidos y contra la embajada estadounidense en la Zona Verde de Bagdad.
Retornaron a Irak desde Siria cientos de familias que habían huido del país durante el conflicto en el que estuvo implicado el Estado Islámico.
Turquía intensificó los ataques aéreos contra zonas de la Región del Kurdistán de Irak, sobre todo en las gobernaciones de Duhok y Erbil, dirigidos contra el Partido de los Trabajadores Kurdos.
En noviembre y diciembre, las lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas que destruyeron al menos cientos de viviendas en Erbil, desplazaron a miles de personas y causaron la muerte de al menos siete.
En varias gobernaciones del sur, actores armados, entre ellos miembros de las Unidades de Movilización Popular, mataron extrajudicialmente o intentaron matar a decenas de activistas que se habían significado durante las protestas que habían comenzado en octubre de 2019 contra la corrupción gubernamental y por la mejora de las oportunidades de empleo y de los servicios públicos. La mayoría de las víctimas murieron de noche, en muchos casos cuando regresaban a sus domicilios tras participar en las protestas, principalmente a manos de hombres armados que se desplazaban en motocicletas o en vehículos con las ventanillas laterales tintadas de negro. Por lo general los disparos iban dirigidos a la cabeza o al pecho.
En julio, las autoridades anunciaron la detención de un presunto autor de estos homicidios, pero no se ofreció más información. En octubre y noviembre, amparándose en la Ley Antiterrorista de 2005, los tribunales condenaron a muerte a personas que habían sido declaradas culpables de atacar y matar a activistas y periodistas en Bagdad y Basora en 2019 y 2020. Sin embargo, más allá de la limitada información que se proporcionó sobre estos casos, no se aportaron datos adicionales, ni siquiera acerca de si se habían tomado medidas para resarcir a alguna de las familias de las víctimas.
Miembros de las Unidades de Movilización Popular también amenazaron con violencia a activistas y sus familias y, en algunos casos, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales. Jaseb Hattab, padre del abogado de derechos humanos Ali Jaseb, que fue objeto de desaparición forzada a manos de una facción de las Unidades de Movilización Popular en la ciudad de Amara, en el sureste de Irak, en octubre de 2019, fue asesinado como represalia por una campaña en la que pedía justicia para su hijo.
Miembros de las fuerza de seguridad y facciones de las Unidades de Movilización Popular amenazaron con violencia a activistas y sus familias en Bagdad y las ciudades meridionales de Basora, Nasiriya y Diwaniya, y obligaron a decenas de personas a huir para esconderse. Un grupo de observación local informó de que, en Basora, las fuerzas de seguridad habían torturado hasta la muerte al menos a tres activistas detenidos en julio y agosto.
Seguía sin conocerse la suerte de decenas de activistas y manifestantes secuestrados por hombres armados no identificados y miembros de las Unidades de Movilización Popular en 2019 y 2020.
El Gobierno Regional del Kurdistán alegó motivos de seguridad nacional para justificar el enjuiciamiento sistemático de personas críticas, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas de la sociedad civil. Las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán detuvieron arbitrariamente a decenas de personas por la publicación de materiales en redes sociales o de artículos de prensa, o por informar sobre manifestaciones.
En febrero, un tribunal de Erbil condenó a cinco activistas y periodistas a seis años de prisión por actos relacionados con su uso de las redes sociales y su labor periodística, al considerar que estas actividades eran perjudiciales para la seguridad y la soberanía de la Región del Kurdistán de Irak. Todos los cargos se formularon en virtud de leyes —como la Ley de Seguridad Nacional de 2003, la Ley para Prevenir el Uso Indebido de Equipos de Telecomunicaciones y los artículos 430-433 del Código Penal— que penalizaban acciones definidas de forma imprecisa no reconocidas internacionalmente como delitos. El juicio estuvo marcado por graves violaciones de las normas sobre juicios justos, como basar las sentencias condenatorias en declaraciones o “confesiones” obtenidas bajo coacción, no proporcionar a tiempo los documentos de la causa a los abogados defensores, y no ordenar investigaciones sobre las denuncias de tortura formuladas por las personas encausadas. El Gobierno Regional del Kurdistán negó en una carta a Amnistía Internacional que las sentencias condenatorias guardasen relación con la labor periodística de estas personas, pero el examen de las pruebas que sirvieron de base para declararlas culpables efectuado por Amnistía Internacional reveló que consistían en su integridad en mensajes en redes sociales para el desempeño de trabajo periodístico.
Las protestas continuaron durante todo 2021, aunque la pandemia de COVID-19 interrumpió y atenuó muchas de ellas.
En abril, las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán habían detenido a más de 100 personas en la zona de Badinan, gobernación de Duhok, en el noroeste del país, por participar en protestas contra la corrupción gubernamental y el impago de salarios a funcionarios públicos, incluidos docentes y personal sanitario. Muchas quedaron en libertad poco después de su detención, pero decenas de ellas continuaban detenidas al terminar el año. Las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán también dictaron órdenes de detención contra familiares de activistas y personas críticas, lo que impulsó a muchas personas a huir de sus ciudades de origen con sus familias. Entre finales de noviembre y principios de diciembre, las fuerzas de seguridad de la gobernación de Suleimaniya, en la Región del Kurdistán de Irak, respondieron a protestas estudiantiles con gas lacrimógeno, cañones de agua, balas de goma y munición real y mataron al menos a 8 manifestantes.
En febrero, las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán y fuerzas de inteligencia de la Parastin (división de las fuerzas de seguridad bajo el mando único del partido político gobernante en el Gobierno Regional del Kurdistán) detuvieron a decenas de hombres que protestaban frente a la oficina de la ONU en Erbil para reclamar la liberación de sus familiares. Todos los detenidos estuvieron recluidos entre 7 y 10 horas en celdas abarrotadas, sin acceso a alimentos ni agua.1
Entre enero y mayo, las fuerzas de seguridad iraquíes usaron fuerza excesiva, incluidos gas lacrimógeno y munición real, en Nasiriya, Babilonia y Nayaf para dispersar a manifestantes que reclamaban la liberación de activistas y justicia para otras personas muertas o heridas en el contexto de las protestas.
Irak fue uno de los países más afectados por la pandemia de COVID-19, con más de dos millones de casos registrados al terminar el año. En marzo, el país puso en marcha su plan nacional de vacunación, que designó grupos prioritarios como el personal sanitario, las fuerzas de seguridad de primera línea, las personas mayores y las personas internamente desplazadas. Sin embargo, la ejecución del plan fue lenta y estuvo mal organizada, excepto en lo relativo a las personas internamente desplazadas, ya que esta parte fue supervisada por organizaciones humanitarias. Esto, unido a la reticencia a la vacunación y a que algunas personas pagaban por la vacuna al margen del plan, dio lugar a fluctuaciones en las tasas de vacunación. Al terminar el año, sólo algo más del 20% de la población había recibido dos dosis de la vacuna.
Las medidas para contener la COVID-19, como las restricciones de la circulación y los confinamientos, afectaron negativamente al bienestar económico de las familias, entre otras cosas por el aumento de los niveles de desempleo y de pobreza extrema. La pandemia también agravó los efectos de los niveles de lluvia en Irak más bajos en cuatro decenios que, unidos a los cortes de suministro eléctrico, especialmente en Erbil, Bagdad y varias ciudades y poblaciones del sur del país, aumentaron la inseguridad alimentaria y la escasez de agua potable, y provocaron nuevas protestas en estas zonas.
Se declararon sendos incendios en los pabellones dedicados a la COVID-19 de un hospital de Bagdad en abril y de otro de la ciudad de Nasiriya, en el sur del país, en julio, que causaron la muerte o heridas a decenas de personas. Los incendios, que se atribuyeron a la deficiente gestión de unos tanques de oxígeno que explotaron, dieron lugar a protestas para reclamar el fin de la corrupción.
Al terminar marzo, las autoridades iraquíes habían cerrado y concentrado todos los campos para personas internamente desplazadas, y sólo dejaron operativo uno en Nínive y uno en Anbar, mientras que continuaron abiertos 26 campos en la Región del Kurdistán de Irak. La medida adoptada por las autoridades centrales dejó a miles de mujeres, hombres, niñas y niños internamente desplazados sin hogar o en situación de desplazamiento secundario y sin acceso a vivienda y servicios esenciales como atención de la salud y educación. Al terminar el año, más de un millón de personas seguían estando desplazadas.
En los últimos esfuerzos para cerrar campos en febrero y marzo, las fuerzas de seguridad iraquíes amenazaron y obligaron a personas internamente desplazadas a evacuar campos en Nínive sin especificar adónde debían ir, al tiempo que les prohibían retornar a cualquier lugar fuera de su gobernación de origen. Las personas internamente desplazadas que regresaban a sus zonas de origen seguían haciendo frente a bloqueos, desalojos y confiscación y destrucción de sus viviendas por su supuesta afinidad con el Estado Islámico. Las fuerzas de seguridad les negaban deliberadamente el derecho a acceder a documentos de estado civil, imprescindibles para la libertad de circulación y para acceder a los servicios de salud y educación.
Combatientes de las Unidades de Movilización Popular impidieron que miles de personas internamente desplazadas retornaran a sus zonas de origen en Jurf al Sakhr, al sur de Bagdad, aduciendo como motivo presuntas “simpatías hacia el Estado Islámico”. En particular, en mayo, después de varios ataques del Estado Islámico, un líder de las Unidades de Movilización Popular en la gobernación de Diala pidió el desplazamiento forzado de personas retornadas suníes.
A finales de octubre, las autoridades iraquíes informaron de que al menos 227 familias se habían visto desplazadas de su localidad en la gobernación de Diala. Esto ocurrió después de que unos individuos que se trasladaban en automóviles que llevaban el distintivo de las Unidades de Movilización Popular atacaran la población e incendiaran varios edificios en aparente represalia por un ataque del Estado Islámico ese mismo mes en el que murieron al menos 11 personas. Aunque las autoridades iraquíes asignaron ayuda económica a las familias afectadas, esto no dio lugar a retornos. En la primera semana de noviembre, el número de familias desplazadas había llegado a 300 al pedir los jefes de las Unidades de Movilización Popular que se aplicase “el ejemplo de Jurf al Sakhr”.
La violencia por motivos de género en las esferas intrafamiliar y pública aumentó, según ONG internacionales y nacionales. En marzo, una ONG internacional de defensa de los derechos de las mujeres calculó que, durante los confinamientos a causa de la COVID-19, la violencia de género aumentó al menos un 75% en Irak. También hubo un aumento de los matrimonios precoces, favorecido por el deterioro de la situación económica.
Aunque las autoridades centrales iraquíes y las del Gobierno Regional del Kurdistán detuvieron a algunos hombres que habían matado o maltratado a mujeres de su familia, ninguna de estas autoridades tomó medidas adecuadas para abordar toda la magnitud de las violaciones de derechos humanos ni el notable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar durante los confinamientos. El Parlamento iraquí tampoco concedió prioridad a la aprobación de una ley para combatir la violencia de género intrafamiliar a pesar de la presión y del trabajo de incidencia crecientes de la sociedad civil.
Unos atacantes desconocidos sometieron a campañas difamatorias y amenazas de violencia a candidatas en las elecciones parlamentarias de Irak de octubre y destruyeron y dañaron sus materiales de campaña con impunidad.
Durante todo el año, el Estado Islámico cometió abusos graves contra los derechos humanos en varias gobernaciones, en particular en las de Kirkuk, Diala, Saladino, Nínive y Anbar. Entre estas acciones se contaban ataques deliberados contra civiles, secuestros y homicidios sumarios de personas cautivas, uso de artefactos explosivos improvisados y granadas propulsadas por cohetes contra civiles, disparos contra civiles e incendios de tierras agrícolas.
Las autoridades iraquíes concluyeron la excavación de una fosa común en la gobernación de Anbar e identificaron a las víctimas como personas a las que el Estado Islámico había matado sumariamente en 2014.
Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte en casos de personas sospechosas de mantener vínculos con el Estado Islámico o de matar extrajudicialmente a activistas, y por delitos relacionados con el uso y distribución de sustancias prohibidas, secuestros y asesinatos.
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