Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.

Se reprimía el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Se hostigó e intimidó a miembros de partidos políticos de la oposición y se arrestó a periodistas. Las autoridades hicieron un uso indebido de la Ley de Orden Público para contener las protestas pacíficas. El aumento del costo de la vida y la reducción de la ayuda exterior pusieron en peligro el acceso a servicios esenciales, entre ellos los servicios de ayuda y tratamiento para las personas con VIH. La población LGBTIQ+ y las personas con albinismo sufrían discriminación constante y se encontraban con obstáculos para acceder a la justicia. Se registró un aumento de la violencia de género, con más de 10.000 casos denunciados ante la policía entre enero y marzo. Las mujeres y las niñas seguían infrarrepresentadas en los ámbitos político y educativo pese a que la igualdad de género contaba con un amplio apoyo de la opinión pública.

Información general

En marzo, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó de que hasta ese momento se habían beneficiado de su llamamiento urgente por la sequía para el periodo de mayo de 2024 a junio de 2025 dos de los 4,6 millones de personas a quienes iba dirigido. El llamamiento se había formulado para proporcionar una respuesta coordinada a la población afectada por la sequía causada por el fenómeno meteorológico de El Niño.

Libertad de expresión y de reunión

En junio, la relatora especial de la ONU sobre la libertad de expresión expresó preocupación por el hostigamiento y la intimidación sufrida por activistas y miembros de la oposición política a manos de la policía y personas vinculadas a partidos políticos. La relatora manifestó también preocupación por el hecho de que no se hubiera derogado o reformado la Ley de Orden Público, que databa de la época colonial y se seguía aplicando para reprimir protestas pacíficas.

El 25 de enero, la policía declaró ilegal una concentración de la Alianza Tonse (conformada por varios partidos políticos) alegando que los organizadores no habían presentado la notificación formal requerida por la Ley de Orden Público.

El 16 de mayo, el Partido Socialista organizó una protesta en la capital, Lusaka, para pedir la detención de los responsables del robo de fármacos vitales donados por organismos internacionales de ayuda humanitaria. Stanley Muba’sa, líder juvenil del partido, afirmó que tras la protesta había sido objeto de amenazas, intimidación y vigilancia.

El 11 de julio, la Asociación de Juristas de Zambia presentó ante el Tribunal Superior del país un recurso que impugnaba la Ley de Ciberseguridad núm. 3 de 2025 y la Ley de Seguridad Digital núm. 4 de 2025 alegando que vulneraban derechos y libertades consagrados en la Constitución.

Periodistas

El 7 de marzo, simpatizantes del partido gobernante agredieron al periodista de Wave FM Hope Chooma mientras cubría un evento en la localidad de Mazabuka. La policía arrestó a cuatro presuntos autores de la agresión. No obstante, el 23 de marzo, a raíz de que uno de los presuntos autores presentara una contrademanda, Hope Chooma también fue arrestado y pasó la noche detenido acusado de “agresión con resultado de lesiones corporales voluntarias”.

El 25 de agosto, el periodista Thandizo Banda, del periódico The Mast, fue arrestado y pasó tres horas detenido en la comisaría policial de Chowa, en la ciudad de Kabwe. Había sido aprehendido por tomar una fotografía de un vehículo que llevaba a la presidenta de la Comisión Electoral a visitar a su hija, que estaba bajo custodia policial acusada de asesinato. Thandizo Banda quedó en libertad tras declararse de culpable y pagar una multa.

Derechos económicos y sociales

Aunque el Banco Mundial había previsto que la economía de Zambia iba a crecer un 5,8% tras la sequía de 2024, persistía la preocupación por el elevado costo de la vida, que se vio exacerbado por los cortes de electricidad recurrentes y el aumento del precio de los combustibles.

En mayo, el Centro Jesuita de Reflexión Teológica informó de que el costo de la cesta nutricional y de necesidades básicas (herramienta para evaluar el costo mensual de la vida y de las necesidades de nutrición) era de 11.272 kuachas zambianos (unos 497 dólares estadounidenses), lo que suponía un incremento de cerca del 20% respecto a 2024. Dado que los ingresos medios mensuales eran de 5.369 kuachas zambianos (aproximadamente 233 dólares), la mayoría de las familias no podían cubrir sus necesidades básicas.

Derecho a la salud

Se asignó al sector de la salud el 10,7% del presupuesto nacional, frente al 11,8% de 2024, con lo que no se llegó al 15% recomendado en la Declaración de Abuya.

En febrero, a raíz de que el gobierno estadounidense recortara la ayuda exterior, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida informó de que se habían cerrado 32 centros de atención sin cita previa en siete de las 10 provincias de Zambia. Esos centros habían proporcionado servicios de asistencia relacionados con el VIH a más de 20.000 personas que pertenecían a grupos clave de población que vivía con el virus y recibía tratamiento con antirretrovirales. Según el director del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en el país, se cerraron todos los programas DREAMS, que recibían apoyo del gobierno de Estados Unidos; estos programas formaban parte de una iniciativa global de ayuda a las adolescentes y las jóvenes que vivían con VIH en 22 distritos. Otros 16 centros que proporcionaban servicios de circuncisión masculina voluntaria dejaron de estar operativos.

Derecho a un medioambiente saludable

En septiembre, 176 residentes de la localidad de Chambishi, provincia de Copperbelt, demandaron a la empresa minera zambiana Sino-Metals Leach Ltd. tras la rotura en febrero de su presa de materiales de desecho, alegando que dicha rotura había provocado el vertido de residuos tóxicos en los ríos Mwambashi y Kafue. La empresa matriz china, por su parte, aseguraba que esa afirmación era “claramente infundada”. La demanda sostenía que se habían visto afectadas aproximadamente 300.000 familias que vivían de la pesca, aunque el gobierno sólo reconocía 449. Había residentes que denunciaban sufrir problemas respiratorios, dolor de estómago, diarrea, erupciones e irritación en los ojos.

Discriminación

Personas LGBTIQ+

Las personas LGBTIQ+ eran objeto de estigmatización, discriminación e intolerancia, especialmente por parte de agentes del Estado y líderes religiosos, lo que contribuía a la exclusión y a un clima de miedo.

En julio, el Tribunal Constitucional rechazó una petición presentada por la Unión por las Libertades Civiles de Zambia en la que se solicitaba que se declarase inconstitucional la sección 155.a.c del Código Penal porque discriminaba por razón de sexo. El Tribunal sostuvo que carecía de competencia para examinar o resolver esa presunta vulneración de la Constitución ya que, para asuntos relacionados con la Declaración de Derechos Fundamentales, los demandantes debían acudir al Tribunal Superior.

Personas con albinismo

Las personas con albinismo seguían sufriendo discriminación y ataques violentos provocados por ideas erróneas, supersticiosas y peligrosas sobre esta afección.

En marzo, un informe elaborado por varias organizaciones zambianas puso de relieve las barreras que encontraban las personas con albinismo para acceder a la justicia cuando sufrían agresiones físicas y violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales. Entre esas barreras figuraba una legislación inadecuada para garantizar la rendición de cuentas y la reparación por los ataques. No había disposición legal alguna que castigara a las personas que estuvieran en posesión de partes del cuerpo de una persona con albinismo. Aunque las víctimas invocaran la legislación aplicable para hacer efectivos sus derechos, los procesos de investigación y enjuiciamiento eran opacos e ineficaces. Las percepciones negativas generalizadas sobre las personas con albinismo también constituían un obstáculo para la justicia y la igualdad.

Violencia por motivos de género

En abril, miembros de la sociedad civil, padres y madres, artistas y personas que se dedicaban a la música celebraron una protesta contra el aumento de las agresiones sexuales a menores de edad. Según la Unidad Nacional de Estadísticas de Criminalidad, en el primer trimestre del año se denunciaron 10.170 casos de violencia por motivos de género, incluidos 685 casos de violación de menores, de los cuales sólo 224 llegaron a los tribunales.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, una encuesta de Afrobarómetro concluyó que, aunque más del 70% de la población de Zambia creía en la igualdad de género, sólo el 39% de las mujeres accedían a educación secundaria frente al 49% de los hombres. Esa brecha se atribuía al gran número de alumnas que abandonaban la escuela debido a un matrimonio a edad temprana o a un embarazo causado por violencia de género. Sólo el 15% de los miembros del Parlamento eran mujeres.