Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
En el contexto de las elecciones de enero, con el fin de reprimir a miembros y simpatizantes de la oposición política, las fuerzas de seguridad usaron tácticas intimidatorias tales como detenciones arbitrarias, secuestros, detención prolongada en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas y enjuiciamientos. El derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación fue objeto de graves restricciones, y las autoridades actuaron contra organizaciones que trabajaban en defensa de los derechos humanos y cerraron Internet durante cinco días. El Tribunal Superior levantó el arresto domiciliario del principal líder opositor. La campaña de vacunación se desarrolló con lentitud. El gobierno ordenó a empresas del sector agroindustrial que pusieran fin al desalojo de miles de personas, y el Tribunal Constitucional falló que se había desalojado ilegalmente a personas indígenas de sus tierras ancestrales. El presidente se negó a refrendar unas disposiciones legales que, en caso de ser promulgadas, podrían brindar mayor protección a las personas sobrevivientes de violencia sexual pero criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Uganda seguía albergando a la población refugiada más numerosa de África.
En 2020, decenas de personas habían muerto en el contexto de la campaña electoral previa a las elecciones generales de enero de 2021, la mayoría a manos de la policía o de otras fuerzas de seguridad. El 16 de enero, dos días después de la jornada electoral, la Comisión Electoral de Uganda declaró vencedor de las elecciones presidenciales —con el 58,6% de los votos— a Yoweri Museveni, presidente desde hacía 35 años. Su principal oponente y líder del partido Plataforma de Unidad Nacional, Robert Kyagulanyi, que recibió el 34,8% de los votos, cuestionó los resultados y presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero lo retiró el 22 de febrero aduciendo parcialidad de los jueces.
El 4 de marzo, la Plataforma de Unidad Nacional afirmó que las fuerzas de seguridad habían secuestrado en relación con las elecciones de enero a 458 de sus seguidores, cuyo paradero seguía sin conocerse. El 14 de febrero, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y Orientación Nacional anunció que el presidente Museveni había ordenado a la policía y las Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) que aportaran información actualizada y detallada sobre toda persona a la que hubieran detenido antes, durante y después de las elecciones. El 24 de febrero, la entonces presidenta del Parlamento ordenó al ministro del Interior que presentara ante el Parlamento “una lista completa de todas las personas bajo custodia, tanto de las UPDF como de la policía”. El 4 de marzo, el ministro presentó los nombres de 177 personas presuntamente desaparecidas, de las cuales confirmó que 171 estaban detenidas por cargos tales como participación en disturbios, posesión de material militar y participación en reuniones para planear actos de violencia después de las elecciones, y las otras 6 habían quedado ya en libertad bajo fianza. Al terminar el año, el Estado no había revelado públicamente datos oficiales sobre el número de personas que continuaban detenidas en relación con las elecciones.
El 20 de agosto, la Oficina de ONG, organismo oficial responsable de regular esas entidades, ordenó la suspensión inmediata de 54 organizaciones, de las que afirmó que no habían cumplido con la legislación que las afectaba, por ejemplo al llevar a cabo sus actividades con permisos caducados, no presentar sus cuentas o no inscribirse en el registro de la Oficina. La organización independiente Foro Nacional de ONG de Uganda afirmó que la mayoría de las organizaciones no fueron informadas de la decisión de la Oficina ni tuvieron oportunidad de responder.1
También el 20 de agosto, la Oficina de ONG suspendió las actividades del Instituto para la Gobernanza Energética en África. Entre el 6 y el 13 de octubre, la policía detuvo a cuatro miembros del personal de Instituto en las localidades de Hoima y Buliisa (en el oeste del país), y en la capital, Kampala. Los cuatro quedaron en libertad sin cargos ese mismo día. El 22 de octubre, siguiendo instrucciones de la Oficina de ONG, la policía de Kampala detuvo a otros seis miembros del personal por llevar a cabo actividades sin permiso. Los seis quedaron en libertad tres días después.
El 9 de enero, Facebook cerró decenas de cuentas que, según afirmó, estaban vinculadas al Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación. La empresa dijo que el Ministerio había usado “cuentas falsas y duplicadas” para aumentar su popularidad antes de las elecciones. El 12 de enero, el presidente Museveni acusó a Facebook y otras plataformas de injerencias en el proceso electoral, y la directora ejecutiva de la Comisión de Comunicaciones de Uganda ordenó a las compañías de telecomunicaciones la “suspensión inmediata de todo acceso y uso” relacionado con las redes sociales y las plataformas de mensajería a través de Internet. Algunos proveedores de servicios, como Airtel y MTN Uganda, anunciaron la suspensión a sus suscriptores mediante mensajes de texto.2 El mismo día, el gobierno bloqueó Internet durante cinco días.
El 25 de enero, el Tribunal Superior de Uganda levantó el arresto domiciliario impuesto a Robert Kyagulanyi y su esposa, Barbara, después de que las fuerzas de seguridad rodearan su casa el 14 de enero. El Tribunal falló que si el Estado disponía de pruebas en contra de ambos, debía presentar cargos ante un tribunal en vez de detenerlos “injustificadamente”. El portavoz de la policía afirmó que Robert Kyagulanyi había sido puesto bajo “arresto preventivo” porque había “planeado alterar el orden público”, pero no especificó cuáles eran esos planes.3
Antes del fallo judicial, el personal de seguridad bloqueó el acceso a Robert Kyagulanyi y su familia incluso cuando se les agotaron los alimentos. La embajada de Estados Unidos en Uganda afirmó que el 18 de enero se había impedido a su embajadora visitar a la familia. Ese mismo día, las fuerzas de seguridad hicieron una redada en la sede del partido Plataforma de Unidad Nacional.
El 14 de junio, un tribunal militar de Kampala puso en libertad a 17 simpatizantes y asociados de la Plataforma de Unidad Nacional bajo fianza de 20 millones de chelines ugandeses (unos 5.670 dólares estadounidenses) tras haber pasado 166 días bajo custodia militar. Los liberados formaban parte del grupo de 126 simpatizantes y miembros del personal del partido detenidos en diciembre de 2020 en la localidad de Kalangala, en el centro de Uganda. El magistrado principal les había concedido la libertad bajo fianza el 4 de enero, pero 17 de ellos fueron detenidos de nuevo el mismo día y estuvieron recluidos durante varios días más. Fueron acusados de posesión ilegal de munición y enviados a la prisión de Kitalya (distrito de Wakiso).
El 10 de septiembre, la directora de la Fiscalía retiró los cargos falsos de blanqueo de dinero formulados contra Nicholas Opiyo, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Capítulo Cuatro Uganda. Éste había sido detenido el 22 de diciembre de 2020, recluido en la Unidad de Investigaciones Especiales de la policía en Kireka (Kampala), y después enviado a la prisión de Kitalya.4 Quedó en libertad bajo fianza ocho días después.
El 28 de diciembre, unos operativos de seguridad armados detuvieron en Kampala al escritor Kakwenza Rukirabashaija después de que éste publicara en Internet unos comentarios sobre el jefe de las Fuerzas Terrestres de las UPDF, que era hijo del presidente. Al terminar el año, el escritor continuaba recluido en régimen de incomunicación.
El 5 de marzo, el Ministerio de Salud recibió de COVAX el primer lote de vacunas de AstraZeneca contra la COVID-19. Su objetivo era vacunar al 49,6% de la población —es decir, a aproximadamente 22 millones de personas— de forma escalonada antes de terminar el año, pero hasta el 31 de diciembre sólo se habían administrado 9.763.030 dosis. En octubre, la ministra de Salud dijo que lo limitado del acceso a las zonas rurales había impedido avanzar en el programa de vacunación. El 23 de diciembre, el gobierno anunció que había aprobado el uso de una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19.
Los confinamientos intermitentes a causa de la COVID-19 provocaron el cierre total o parcial de las escuelas. En febrero se inició una reapertura gradual para algunos cursos, pero las escuelas se cerraron de nuevo en junio, aunque el gobierno anunció planes de reabrirlas en enero de 2022. La Autoridad Nacional de Planificación pronosticó que más del 30% del alumnado no regresaría a la escuela.5
Entre 2017 y enero de 2021, las fuerzas de seguridad habían desalojado por la fuerza a más de 35.000 personas (más de 2.300 familias) de sus viviendas en el distrito occidental de Kiryandongo para dejar espacio a proyectos de agricultura industrial.6 Entre el 12 de febrero y el final del año, al menos 22 residentes fueron detenidos y puestos en libertad bajo fianza en relación con protestas contra los desalojos y con disputas sobre la tierra. En abril, la ministra de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano ordenó a dos empresas multinacionales del sector agroindustrial que suspendiera todo desalojo adicional que afectara a las 10.000 personas que vivían en un terreno de 5.155 hectáreas situado en la localidad de Ndoi (Kiryandongo), en espera de una decisión acerca de si se había seguido el debido proceso.
En agosto, el Tribunal Constitucional de Uganda falló que la Autoridad para la Naturaleza de Uganda había desalojado ilegalmente a las personas indígenas batwa de sus tierras ancestrales del bosque de Mgahinga (suroeste del país). El tribunal resolvió que el pueblo batwa era el propietario en todo o en parte de la zona en la que estaba situado el bosque “de acuerdo con sus costumbres y/o prácticas” y con el hecho de que llevaban habitando el bosque desde hacía muchas generaciones. Además, el Tribunal ordenó que se concediera a las personas batwa desalojadas una indemnización adecuada para mejorar su situación tras los desalojos, y afirmó que el gobierno no las había indemnizado de forma adecuada y las había convertido en un “pueblo sin tierras, en la indigencia [...] desfavorecido y marginado”.
En agosto, el presidente Museveni se negó a refrendar el Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021 aduciendo que debía ser revisado para abordar unas disposiciones redundantes que ya figuraban en otros textos legales. El Proyecto de Ley, que fue aprobado por el Parlamento en mayo, proponía varias disposiciones para la prevención de la violencia sexual, como unas penas más severas para los autores de delitos sexuales y la protección de las personas sobrevivientes durante los juicios relacionados con delitos sexuales y de otro tipo. Sin embargo, la ley propuesta criminalizaba las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y la transmisión del VIH, y también establecía un registro de delincuentes sexuales en el que se incluiría a las personas acusadas —incluso de forma retrospectiva— de relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, y de realizar trabajo sexual.
En septiembre, Cleopatra Kambugu anunció en las redes sociales que era la primera mujer transexual que obtenía un documento de identidad nacional y un pasaporte de Uganda en los que se reconocía su género femenino.
Según la Oficina del Primer Ministro y el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, al terminar el año Uganda albergaba a la mayor población refugiada de África, conformada por 1.563.604 personas. Entre ellas había 953.630 personas de Sudán del Sur —aproximadamente el 61% de la población refugiada del país— y 452.287 —casi el 29%— de República Democrática del Congo. Las personas de otros países tales como Burundi, Eritrea, Etiopía, Ruanda, Somalia y Sudán representaban aproximadamente el 10%.
El 17 de agosto, el gobierno anunció planes para acoger a 2.000 personas refugiadas de Afganistán tras la toma del poder por los talibanes en agosto (véase el apartado sobre Afganistán).
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