Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
El historial de Turkmenistán en materia de derechos humanos seguía siendo pésimo. Personas que habían criticado al gobierno fueron detenidas arbitrariamente y declaradas culpables de cargos de motivación política. Tanto la libertad de expresión como la libertad religiosa estaban gravemente restringidas. Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían siendo delito. Persistió el trabajo forzoso durante la cosecha del algodón. Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 120 personas presas que habían sido objeto de desaparición forzada.
Turkmenistán permanecía cerrado en la práctica para observadores internacionales de derechos humanos y de otras cuestiones. Las autoridades siguieron negando que hubiera casos de COVID-19 en el país; sin embargo, en julio aprobaron un programa de vacunación obligatoria para toda la población adulta. Persistió la crisis económica de los últimos tres años, que ocasionó una subida de los precios de los alimentos y escasez de alimentos básicos. Para atenuar los efectos de la crisis, el gobierno distribuyó lotes de comida subvencionados a todas las unidades familiares. En septiembre se redujo la frecuencia de reparto de estos lotes de tres a una vez al mes, lo que resultaba insuficiente para la población más necesitada.
Las autoridades continuaron reprimiendo la expresión pacífica de la disidencia y las críticas.
A finales de junio, el bloguero Murat Dushemov grabó una entrevista con una doctora de un centro de salud estatal en la que le preguntaba por la situación real de la COVID-19 en el país. El 7 de julio, la policía lo interceptó en un puesto de control y le exigió que mostrara una prueba diagnóstica de COVID-19 con resultado negativo. Tras preguntar por los motivos legales del requerimiento, estuvo cuatro horas retenido en el puesto de control, y posteriormente fue condenado a cumplir 15 días de detención administrativa por haber bloqueado la carretera con su automóvil a modo de protesta. También fue acusado de agresión por atacar supuestamente a sus compañeros de celda, cargo que él negó. El 16 de agosto fue condenado a cuatro años de prisión por “lesiones intencionadas moderadas” e “intimidación con intención de extorsión”, y por intento de soborno a una doctora.
Las autoridades trataron de poner fin a las protestas en el extranjero ejerciendo presión sobre las personas que se manifestaban. El 1 de agosto, la policía acudió a una llamada del personal del Consulado de Turkmenistán en Estambul (Turquía) para disolver una protesta frente al edificio. El personal había asegurado que quienes se manifestaban eran terroristas. Una decena de manifestantes estuvieron cinco días en detención. Farhad Durdiev, bloguero y activista, contó que dos hombres se habían ofrecido a llevarlo hasta el lugar de la protesta en un vehículo con matrícula turcomana pero que luego lo habían amenazado y llevado a la entrada posterior del consulado, donde había sido golpeado por ellos y por personal diplomático turcomano. Al cabo de unas horas quedó en libertad tras la intervención de la policía turca.
El 15 de julio, el caso de la doctora Khursanai Ismatullaeva —que llevaba tiempo reclamando una indemnización por su injusto despido de una clínica neonatal de la capital, Asjabad, en 2017— se mencionó en un acto organizado por el Parlamento Europeo. Al día siguiente fue detenida y sometida a desaparición forzada durante 15 días, hasta que se supo que estaba en un centro de detención preventiva. Fue acusada de fraude en relación con la venta del piso de un hombre a quien había cuidado y cuya familia había aceptado pagarle 600 dólares estadounidenses por dicho trabajo.
Persistieron las restricciones graves del acceso a Internet y las autoridades bloquearon numerosos sitios, entre ellos Facebook, YouTube, Twitter y los que ofrecían redes privadas virtuales (VPN). Usuarios de Internet denunciaron en agosto que habían tenido que jurar sobre el Corán que no iban a usar VPN para acceder a la red.
Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían siendo un delito punible con hasta dos años de prisión y se tuvo noticia de al menos un caso de un hombre detenido y acusado en agosto en la ciudad de Turkmenabat.
En el tercer informe periódico de Turkmenistán ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, publicado en 2020, el gobierno se había comprometido a estudiar si despenalizaba las relaciones sexuales consentidas entre hombres, pero no se había hecho ningún avance al respecto.
La libertad religiosa continuaba sometida a graves restricciones, y las personas objetoras de conciencia se exponían a ser procesadas penalmente. En enero, seis miembros de la confesión Testigos de Jehová fueron declarados culpables y encarcelados. Otra condena dictada en marzo elevó a 16 el número total de testigos de Jehová en prisión por su objeción de conciencia. El 8 de mayo, estas 16 personas, que estaban cumpliendo de uno a cuatro años de cárcel, quedaron en libertad en aplicación de una amnistía. Seguía sin haber un verdadero servicio civil alternativo al servicio militar.
La ONG Forum 18 informó de que el 21 julio, primer día de la fiesta musulmana de Eid al Adha, agentes de seguridad del Estado habían registrado domicilios en al menos cuatro localidades de la provincia oriental de Lebap y habían confiscado todas las publicaciones religiosas musulmanas excepto el Corán.
En la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en mayo y junio, la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expresó su “profunda preocupación por las prácticas de trabajo forzoso en la producción de algodón” y pidió al gobierno que las eliminara. La respuesta del gobierno fue negar la existencia de tales prácticas.
Sin embargo, turkmen.news y la ONG Iniciativa Turcomana de Derechos Humanos, en un informe conjunto publicado en marzo, documentaban el uso del trabajo forzoso (incluido trabajo infantil) durante la cosecha del algodón de 2020. Las mujeres corrían especial peligro ya que tenían más probabilidades de estar en empleos mal remunerados y no podían participar en la práctica de pagar a otras personas para que ocuparan su lugar. Era frecuente la contratación de menores de entre 10 y 16 años en lugar de personas adultas. Más aún, según información publicada en medios de comunicación en septiembre, escolares, docentes, personal del sector público y otras personas fueron enviadas a la fuerza a recoger algodón en la cosecha de 2021.
Seguían sin conocerse la suerte y el paradero de al menos 120 personas presas que habían sido objeto de desaparición forzada. Algunas habían sido encarceladas tras un presunto intento de asesinato del entonces presidente Saparmurat Niyazov en noviembre de 2002.
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