Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Continuaron sin cesar las violaciones graves de derechos humanos en todos los ámbitos, incluidas las detenciones arbitrarias y sentencias condenatorias de motivación política contra quienes se atrevían a criticar o a cuestionar las políticas oficiales. Las autoridades continuaron ejerciendo un estricto control sobre la difusión de la información y sobre todos los medios de comunicación. Turkmenistán no adoptó medidas significativas para abordar el cambio climático. Las mujeres y las niñas vieron aún más restringidos sus derechos y libertades, incluida su autonomía corporal. Se prohibió de hecho el aborto. Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían siendo delito.
Información general
En marzo, Serdar Berdymukhamedov sucedió a su padre Gurbanguly Berdymukhamedov como presidente tras unas elecciones que los observadores internacionales no consideraron justas ni libres. El nuevo presidente no adoptó ninguna medida significativa para abordar las crisis socioeconómica, de salud pública y climática, cada vez más graves.
Las autoridades continuaron con su implacable campaña para acallar toda forma de disidencia pacífica y de crítica pública.
En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que la auténtica razón para la detención en 2020 del abogado Pygamberdy Allaberdyev y su posterior condena a seis años de prisión por vandalismo era únicamente el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de asociación. Pygamberdy Allaberdyev estaba organizando una manifestación cuando la policía lo detuvo por una presunta agresión a un cliente en una panadería. Su juicio secreto había durado sólo dos horas y permaneció recluido en régimen de incomunicación hasta su excarcelación en diciembre gracias a un indulto presidencial.
Las autoridades también insistieron en tratar de impedir una protesta pacífica de activistas y de ciudadanos que vivían en el extranjero. En agosto, miembros del personal del consulado de Turkmenistán en Estambul (Turquía) agredieron verbal y físicamente a cinco hombres y mujeres turcomanos exiliados que ejercían el activismo, a su abogada turca y a un activista de derechos humanos turco cuando trataban de entregar una carta que expresaba su preocupación por la situación de los derechos humanos en Turkmenistán. La policía turca recluyó brevemente a Atamurat Saparov, que sufrió lesiones en la cabeza y necesitó primeros auxilios, y a Dursoltan Taganova.
El Estado controlaba la difusión de la información censurando cualquier denuncia de acontecimientos negativos, como las penurias económicas, la escasez de productos alimentarios esenciales, el impacto del cambio climático y la COVID-19. El acceso a Internet estaba estrictamente restringido para impedir que la población accediera a información alternativa del extranjero. Fergana Media denunció en octubre que las autoridades habían bloqueado 1.200 millones de direcciones IP. Los servicios de seguridad vigilaban estrechamente el uso de redes privadas virtuales (VPN) y de servidores proxy para reprimir a quienes trataran de eludir el control estatal, que se arriesgaban a ser objeto de multas, detención y posible enjuiciamiento penal.
La periodista independiente Soltan Achilova, que había trabajado con Radio Free Europe/Radio Liberty, denunció que los servicios de seguridad la estaban sometiendo a estrecha vigilancia y estaban advirtiendo a las personas a las que había entrevistado para preguntarles sobre problemas económicos y sociales de que trabajaba con organizaciones que trataban de socavar al Estado.
El 14 de julio, miembros del Parlamento Europeo, personas defensoras de los derechos humanos y periodistas independientes conmemoraron el primer aniversario de la detención de la doctora Khursanai Ismatullaeva —que había protestado públicamente contra su despido injusto— con una declaración conjunta que pedía su liberación inmediata. Khursanai Ismatullaeva había sido condenada a nueve años de prisión por cargos falsos de fraude en 2021 tras un juicio manifiestamente injusto. Fue castigada después de buscar la ayuda de personas que defendían los derechos humanos y de periodistas independientes para denunciar su despido injusto. Khursanai Ismatullaeva quedó en libertad en diciembre al beneficiarse de una amnistía.
Pese a la existencia de una muy cacareada Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático establecida en 2012, Turkmenistán no aplicó leyes ni políticas para eliminar gradualmente los combustibles fósiles de manera oportuna y efectiva, y no aprobó las nuevas contribuciones determinadas a nivel nacional hasta mayo. Turkmenistán continuaba siendo uno de los mayores emisores de gas metano del mundo y siguió haciendo poco por arreglar fugas o abordar prácticas deficientes en la extracción de petróleo y gas. Datos recabados por la Estación Espacial Internacional entre julio y octubre mostraron que Turkmenistán seguía siendo un país “superemisor”.
Aunque Turkmenistán seguía siendo uno de los países del mundo más afectados por el aumento de las temperaturas y la consiguiente desertificación de las escasas tierras cultivables, no se aprobaron medidas significativas de mitigación y adaptación compatibles con los derechos humanos para abordar de manera específica el impacto de la crisis del cambio climático en los grupos vulnerables. En noviembre, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señaló que las mujeres que vivían en las zonas rurales de Turkmenistán se hallaban entre las personas que corrían mayor peligro de verse desproporcionadamente afectadas por el cambio climático.
Las autoridades continuaron discriminando a las mujeres, las niñas y las personas LGBTI al restringir arbitrariamente sus derechos, sus libertades y su autonomía corporal en aras de las tradiciones culturales y de la identidad nacional turcomana (Turkmeniçilik).
En abril, la policía comenzó a aplicar unas normas nuevas que impedían a las mujeres sentarse en el asiento del copiloto de un automóvil; también hizo redadas en salones de belleza tras recibir directrices internas del gobierno que prohibían a las mujeres y las niñas recibir determinados servicios, como la extensión de pestañas y de uñas, y las inyecciones de bótox. Estas instrucciones carecían de claridad jurídica, discriminaban por motivos de género y eran aplicadas arbitrariamente por la policía.
En virtud del artículo 133 (anteriormente artículo 135) del Código Penal, las relaciones sexuales consentidas entre hombres continuaban siendo un delito punible con hasta dos años de prisión. No se registró ningún avance relativo al compromiso de revisar dicho artículo con miras a la despenalización, formulado por Turkmenistán en 2020 en su tercer informe periódico ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En abril, las autoridades publicaron una ley, que se había aprobado en 2015 pero nunca se había hecho pública, que reducía el plazo para acceder a un aborto de las 12 a las 5 primeras semanas del embarazo, lo que suponía la prohibición de facto del aborto, ya que rara vez se detectaba un embarazo en una etapa tan temprana. Las personas que hacían campaña en favor de la salud reproductiva expresaron el temor de que las mujeres y las niñas se vieran obligadas a tener embarazos no deseados o a someterse a abortos ilegales e inseguros. Un estudio de 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre derechos reproductivos en Turkmenistán concluyó que el 60% de las mujeres no podía tomar decisiones autónomas sobre contracepción y embarazo. Los medios de comunicación nacionales continuaron reforzando los estereotipos de género, ensalzando el papel de las mujeres como esposas y madres subordinadas a su esposo.
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