Tailàndia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades siguieron reprimiendo las libertades de reunión pacífica y de expresión. Entre las personas que fueron llevadas a juicio o se enfrentaron a cargos penales por participar en protestas pacíficas figuraban cientos de menores de edad. También se hostigó por vía judicial y de otras formas a defensores y defensoras de los derechos humanos. Una nueva ley tipificó como delitos la tortura y la desaparición forzada, pero en la práctica la rendición de cuentas siguió siendo difícil de lograr, como en el caso de la desaparición de un defensor de los derechos indígenas en 2014. Se estableció un nuevo mecanismo de análisis de casos de personas refugiadas y solicitantes de asilo, pero muchas de ellas permanecían recluidas por tiempo indefinido en condiciones deficientes, lo que provocó la muerte de dos uigures.

Información general

El Partido Avanzar, favorable a la democracia, fue el que consiguió más escaños en las elecciones nacionales de mayo, pero no recibió los votos necesarios de la cámara para formar gobierno. El 5 de septiembre, la formación que había quedado en segunda posición, el Partido Pheu Thai (Partido Por Tailandia), asumió el poder junto con sus socios de coalición, entre los que figuraban 2 partidos estrechamente vinculados al ejército.

Libertad de expresión y de reunión

El gobierno siguió reprimiendo las protestas —en su inmensa mayoría, pacíficas— en favor de reformas políticas y sociales. Según la ONG local Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, hasta diciembre se habían presentado cargos contra al menos 1.938 personas por su participación en actos de protesta desde 2020. La mayoría de ellas —1.469— habían sido acusadas en aplicación de un decreto de emergencia que prohibía las concentraciones públicas durante la pandemia de COVID-19 y que había quedado sin efecto a finales de 2022. Cientos más fueron acusadas de lesa majestad (difamar, insultar o amenazar al monarca) o de sedición. A fecha de diciembre había 795 causas judiciales en curso.

Entre las personas condenadas se encontraba Anon Nampa, destacado abogado de derechos humanos que el 26 de septiembre fue declarado culpable de lesa majestad y condenado a 4 años de prisión por un discurso que había pronunciado en una manifestación en octubre de 2020, en el que había abogado por un debate nacional sobre el papel de la monarquía. Nampa se enfrentaba a otros 13 cargos de lesa majestad.

Los tribunales denegaron en repetidas ocasiones las solicitudes de libertad bajo fianza de Anon Nampa y de otras 23 personas detenidas por cargos relacionados con protestas. En enero, las activistas en favor de la democracia Tantawan Tuatulanon y Orawan Phuphong fueron hospitalizadas tras haberse declarado en huelga de hambre en protesta por las denegaciones de la libertad bajo fianza. Ambas habían sido acusadas de lesa majestad en 2022 por realizar unos sondeos de opinión sobre las caravanas de vehículos de la realeza.

Asimismo, las autoridades siguieron utilizando la Ley de Delitos Informáticos contra las voces críticas. Según Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, desde 2020 se habían presentado cargos al menos contra 195 personas en aplicación de esa ley. Entre ellas figuraba el activista político Ekachai Hongkangwan, que fue absuelto en junio de la acusación de haber obstaculizado una caravana de automóviles de la realeza durante una protesta en favor de la democracia, pero condenado en julio a un año de prisión en virtud de una ambigua disposición de la ley en cuestión que penalizaba compartir información obscena.¹

Derechos de la infancia

Las investigaciones de Amnistía Internacional pusieron de manifiesto que las autoridades habían restringido los derechos de menores de edad que habían estado en primera línea en actos masivos de protesta multitudinarios, criminalizándolos, vigilándolos, intimidándolos o de otras muchas formas.²

Desde 2020 hasta octubre de 2023 se habían presentado cargos penales contra 286 menores de edad por su participación en protestas. Ése era el caso de Yok, adolescente de 15 años detenida en marzo por haber participado en 2022 en una protesta para pedir la revocación de la ley de lesa majestad.³ Pasó 51 días detenida en espera de juicio hasta que un tribunal ordenó su puesta en libertad.

El 20 de julio, el Tribunal Central de Menores y de la Familia declaró a Noppasin “Sainam” Treelayapewat culpable de lesa majestad y lo condenó a un año de cárcel con suspensión de 2 años por haber participado en 2020 en un simulacro de desfile de moda en el que se ridiculizaba a la monarquía. En el momento del espectáculo, tenía 16 años.⁴

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Preocupaba cada vez más el hostigamiento digital que sufrían los defensores y defensoras de los derechos humanos. En agosto, seis expertos y expertas en derechos humanos de la ONU escribieron al gobierno tailandés para expresar su preocupación por la falta de medidas de protección y la ausencia de rendición de cuentas en relación con la intimidación y el hostigamiento que sufrían en Internet Angkhana Neelapaijit y Anchana Heemmina, destacadas defensoras de los derechos humanos. En febrero, el Tribunal Civil desestimó una demanda interpuesta por las dos mujeres contra el Real Ejército Tailandés y la Oficina del Primer Ministro por —según alegaban— llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ellas a causa de su legítimo trabajo de derechos humanos.

Derecho a la privacidad

En abril, 3 relatoras y un relator especiales de la ONU escribieron al primer ministro para expresar su preocupación por el empleo del programa espía Pegasus, de la empresa de cibervigilancia NSO, en dispositivos pertenecientes a 35 personas —entre ellas defensores o defensoras de los derechos humanos, figuras políticas y activistas de la sociedad civil— durante las protestas que habían tenido lugar en todo el país en 2020 y 2021, y por la pasividad del gobierno a la hora de proteger a quienes presuntamente habían sufrido vigilancia ilegítima. El 13 de junio, el defensor de los derechos humanos Jatupat Boonpattararaksa, cuyo teléfono había estado infectado con el programa espía, presentó una demanda contra la empresa NSO Group, a la que pedía una indemnización económica por haber violado su derecho a la privacidad.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

En febrero, tras años de presión por parte de la sociedad civil y las víctimas, entró en vigor la Ley de Prevención y Represión de la Tortura y las Desapariciones Forzadas, que tipificaba como delito la tortura, otros malos tratos y las desapariciones forzadas por primera vez y establecía salvaguardias de procedimiento contra dichas prácticas. Sin embargo, la ley no contenía ninguna disposición que impidiera presentar como pruebas en acciones judiciales declaraciones obtenidas mediante tortura o durante periodos de desaparición forzada.⁵

El 28 de septiembre, un tribunal absolvió a 4 agentes de un parque nacional del secuestro y asesinato del defensor de los derechos humanos Pholachi “Billy” Rakchongcharoen, indígena de la etnia karen. En abril de 2014, cuando desapareció en el parque nacional de Kaeng Krachan —tras haber sido detenido por estar supuestamente en posesión de miel silvestre— Billy era parte en una demanda contra agentes del parque en cuestión por el desalojo forzoso de comunidades locales y la quema de viviendas karen.⁶ Uno de los acusados fue hallado culpable de no haber comunicado la detención de Billy a la policía y, en consecuencia, condenado a tres años de prisión, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El 22 de septiembre entró en vigor una normativa por la que se establecía un mecanismo de análisis de casos a fin de decidir si conceder o no protección a solicitantes de asilo que huían de la persecución. Las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la exclusión de los trabajadores y trabajadoras migrantes de Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam del acceso a protección, y por las disposiciones que permitían a las autoridades negar protección por motivos de “seguridad nacional”, sin obligación de explicar a qué se debía la decisión.

Se recluyó arbitrariamente y por tiempo indefinido a migrantes en situación irregular, incluidas personas solicitantes de asilo, en míseros centros de detención para inmigrantes. En febrero y abril, respectivamente, murieron Aziz Abdullah y Mattohti Mattursun, ambos de etnia uigur, en el centro de detención para inmigrantes de Suan Phlu en Bangkok. Formaban parte de un grupo de unas 50 personas uigures procedentes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (China) que permanecían detenidas desde su llegada a Tailandia, en 2014.

El 13 de abril, el youtuber vietnamita Đường Văn Thái desapareció de su residencia de Bangkok en circunstancias que apuntaban a la participación de agentes del Estado de Vietnam. Posteriormente fue detenido en Vietnam y acusado de “difundir propaganda contra el Estado”.

En un panorama de ataques reiterados contra personas vinculadas a la red de defensores y defensoras laosianos de los derechos humanos, el 17 de mayo un hombre no identificado mató a tiros a Bounsuan Kitiyano, reconocido como refugiado por el ACNUR, en la provincia tailandesa de Ubon Ratchathani, en el noreste del país.⁷

El 7 de julio, las autoridades detuvieron a Thol Samnang, activista político camboyano afiliado al Partido de la Luz de las Velas. En el momento de su detención se dirigía a la oficina del ACNUR en Bangkok para solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 21 de diciembre, en el Parlamento tailandés se debatió un paquete de proyectos de ley para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.⁸ El proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario recibió un rotundo apoyo en la Cámara de Representantes y se inició el proceso de lecturas y fases de aprobación sucesivas hasta su futura conversión en ley.

Impunidad

Siguió sin haber rendición de cuentas por la muerte en 2004 de 85 personas por disparos o tras haber sido detenidas durante las protestas en las que se exigía la puesta en libertad de seis musulmanes malayos que se encontraban en la comisaría de policía de Tak Bai, en la provincia de Narathiwat, una de las provincias fronterizas del sur de Tailandia.⁹