Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2026.
La represión de activistas contra el cambio climático por actos de desobediencia civil seguía suscitando preocupación. La legislación nacional era insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Se dejó de usar un discriminatorio modelo de riesgo en el sistema de prestaciones sociales. El gobierno propuso reformas que erosionaban los derechos de las personas migrantes y refugiadas en varios ámbitos.
Libertad de reunión pacífica
En julio, el Tribunal Supremo absolvió a 11 hombres y mujeres activistas contra el cambio climático a quienes se había acusado de sabotaje por cortar una carretera. La sala concluyó que la acción no alcanzaba el grado de desorden social necesario para declararlos culpables. Sin embargo, durante el año se detuvo y enjuició a más activistas por actos de desobediencia civil. En septiembre, seis activistas de Greenpeace declaradas culpables de entrada no autorizada en propiedad privada por protestar contra la ampliación de una refinería de petróleo en 2020 interpusieron una demanda contra Suecia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos alegando que se había vulnerado su derecho a la libertad de expresión.
Derechos de los pueblos indígenas
No quedaban salvaguardias legislativas que obligaran a quienes tomaban decisiones a recabar el consentimiento libre, previo e informado de las instituciones samis —y el Estado no garantizaba unas consultas significativas— antes de iniciar proyectos de explotación de la tierra que pudieran tener repercusiones importantes en los derechos de la población sami. En octubre, la Defensoría de la Igualdad afirmó que Suecia no respetaba los derechos del pueblo sami.
La Ley Europea de Materias Primas Fundamentales permitía la intensificación de la minería en las tierras ancestrales del pueblo sami, lo que socavaba aún más sus derechos.1
Discriminación
En noviembre, la Autoridad para la Protección de la Privacidad anunció que la Agencia del Seguro Social había dejado de utilizar la herramienta de inteligencia artificial que empleaba para elaborar perfiles de riesgo de quienes solicitaban prestaciones en el sistema automatizado de bienestar social. Sus algoritmos intrusivos habían discriminado a personas por su género, su “origen extranjero”, sus ingresos y su nivel de educación.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El gobierno continuó proponiendo reformas de la legislación sobre migración y asilo que perjudicaban a las personas refugiadas y migrantes. Entre los motivos de preocupación figuraban las modificaciones de las normas sobre la residencia permanente, la reunificación familiar, el retorno y las devoluciones, el acceso a las prestaciones sociales, la ciudadanía y la asistencia letrada gratuita en los procedimientos de solicitud de asilo.
En abril, una comisión de investigación creada por el gobierno propuso introducir en la Ley de Extranjería un requisito de “buena conducta” definido en términos imprecisos. Dicha condición conllevaba el riesgo de que se denegaran o revocaran permisos de residencia por comportamientos que, en el caso de la población sueca, no eran ni ilegales ni punibles. La Defensoría de la Igualdad se opuso a las propuestas por considerar que podían ser discriminatorias.
Derechos sexuales y reproductivos
En diciembre, el gobierno presentó un proyecto de ley que consagraba en la Constitución el derecho al aborto.
Derecho a un medioambiente saludable
Según los datos publicados por el Consejo de Política Climática sueco en marzo, las políticas climáticas que se aplicaban en el país eran insuficientes para cumplir los objetivos climáticos y los compromisos adquiridos con la Unión Europea (UE) para 2030. Ese mismo mes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico expresó motivos de preocupación similares.
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