Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las comunidades inmigrantes seguían estando entre las más afectadas por la COVID-19. Continuaron los proyectos de explotación de recursos en el norte sin el consentimiento de las comunidades indígenas sami afectadas. El gobierno prometió nueva legislación sobre el reconocimiento legal de la identidad de género basado en la autoidentificación. Suscitaron preocupación las propuestas de aumentar las facultades de vigilancia de la policía y ampliar las atribuciones de las empresas privadas de seguridad para poder emplear la fuerza. Las personas refugiadas y migrantes que solicitaban la reagrupación familiar afrontaron nuevas restricciones. Se presentaron cargos contra representantes de la empresa petrolera Lundin Energy en relación con crímenes de guerra cometidos en Sudán del Sur.
La violencia por arma de fuego que, en particular, implicaba a hombres jóvenes, aumentó en las zonas con elevados índices de delincuencia y exclusión social. En septiembre, mujeres de comunidades afectadas organizaron una protesta para pedir más esfuerzos encaminados a abordar la desigualdad social y la pobreza.
Según unos estudios sobre salud pública, las personas inmigrantes seguían sufriendo de manera desproporcionada altos niveles de enfermedades graves y fallecimientos como consecuencia de la COVID-19; los estudios señalaron factores socioeconómicos, como viviendas atestadas y tasas de vacunación más bajas.
En noviembre, la Comisión sobre el Coronavirus, designada por el gobierno, concluyó que el sistema educativo se había vuelto menos igualitario durante la pandemia, ya que los planteamientos de la enseñanza a distancia eran menos efectivos para el alumnado en situación de vulnerabilidad.
Continuaron en el norte los proyectos de extracción de minerales, el aumento de la tala y el desarrollo de la energía eólica a pesar de que, en muchos casos, no había obtenido el consentimiento de la población indígena sami de las regiones afectadas. Existía el peligro de que varios proyectos tuvieran efectos devastadores en las comunidades sami que criaban renos.
En septiembre, el gobierno presentó una propuesta legislativa sobre el derecho de la población sami a ser consultada sobre cuestiones que pudieran afectarla. La propuesta no incorporaba el principio de consentimiento libre, previo e informado e incluía excepciones a la obligación de consulta.
En noviembre, el gobierno presentó un anteproyecto de ley sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género basado en la autoidentificación. El anteproyecto de ley, que separaba el proceso de cambiar el género legal propio del procedimiento médico, se había revisado a raíz de las críticas del Consejo Legislativo en 2018.
En noviembre, el gobierno anunció unas propuestas que conferían a la policía facultades para utilizar cámaras de vigilancia, interceptación de comunicaciones y registros domiciliarios sin que mediara sospecha de delito. Otra propuesta incluía disposiciones que ampliaban las atribuciones de los guardias de seguridad privada para que pudieran emplear la fuerza en el mantenimiento del orden público. Suscitaba preocupación el hecho de que esta propuesta carecía de salvaguardias de procedimiento para las personas e incrementaba el riesgo de utilización de criterios raciales.
En julio entraron en vigor reformas de la ley de Extranjería que impusieron nuevos requisitos que restringían enormemente la capacidad de las personas refugiadas y migrantes de ejercer su derecho a la reagrupación familiar (una de las pocas vías legales y seguras para recibir protección en Suecia).
También en julio, las autoridades detuvieron las devoluciones a Afganistán. En agosto, el gobierno modificó temporalmente las normas para permitir a las personas de Afganistán formar parte de la cuota de reasentamiento; durante el año, llegaron a Suecia 1.311 personas afganas dentro de la cuota de refugiados
En noviembre, la Fiscalía General de Suecia formuló cargos contra dos representantes de la empresa petrolera Lundin Energy (antigua Lundin Oil AB) por complicidad en crímenes de guerra en Sudán del Sur. El juicio no había comenzado al finalizar el año.
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