Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Suecia no adoptó medidas adecuadas para descarbonizar su economía. Se declaró culpables de un delito grave a activistas que habían recurrido a la desobediencia civil. Continuaron aumentando las desigualdades en el mercado de la vivienda. Un proyecto minero amenazaba tierras samis dedicadas al pastoreo de renos. Un anteproyecto de ley sobre el reconocimiento de género no se ajustaba a las normas de derechos humanos. Un grupo de expertos de la ONU expresó preocupación por la justicia racial en el contexto de la aplicación de la ley. Comenzó el juicio contra dos representantes de una empresa petrolera por su presunta complicidad en crímenes de guerra.
Suecia no sólo no adoptó medidas adecuadas para descarbonizar su economía, sino que dio pasos atrás en la lucha contra la crisis climática. Durante el año, el gobierno estableció reducciones fiscales a la gasolina y el gasóleo, redujo fondos dedicados a la protección del medioambiente y recortó presupuestos y fondos de la cooperación internacional relacionada con el clima.
En octubre, el Tribunal de Distrito de Solna declaró culpables de sabotaje a 12 activistas por el clima que habían realizado un acto de desobediencia civil. La gravedad de la acusación suscitó preocupación por la proporcionalidad de las restricciones del derecho a la libertad de reunión, ya que en ocasiones anteriores se habían formulado cargos menos graves por actos similares.
En agosto, la policía detuvo y deportó a seis activistas por el clima provenientes de Finlandia que se habían desplazado a Suecia para participar en una manifestación. A uno de ellos lo recluyeron cuatro días y se le prohibió entrar en Suecia durante dos años. La prohibición se anuló en apelación.
En marzo, una investigación encargada por el gobierno puso de relieve la desigualdad en el mercado inmobiliario, con un número creciente de personas condenadas a vivir en viviendas inadecuadas y/o en condiciones de hacinamiento, o que se quedaban sin hogar.
En marzo entró en vigor una nueva ley sobre el derecho de la población indígena sami a ser consultada que, sin embargo, no incorporaba adecuadamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de que se adoptaran y aplicaran medidas legislativas o administrativas que pudieran afectarla.
En marzo, el gobierno otorgó concesiones a una mina de mineral de hierro en Gállok/Kallak, en Norrbotten, en tierras samis dedicadas a la cría de renos a pesar de la oposición masiva de las aldeas samis afectadas, del Parlamento del Pueblo Sami, del organismo ambiental sueco y de dos relatores especiales de la ONU. En julio, el gobierno encargó al Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia un estudio sobre el odio y las amenazas que sufría la población sami.
En julio, el gobierno propuso reformar la ley sobre el reconocimiento legal de la identidad de género. En contraste con la propuesta presentada el año anterior, el nuevo anteproyecto de ley no se ajustaba a las normas de derechos humanos, ya que requería un examen médico de una junta nacional y no se basaba en la autoidentificación.
En noviembre, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley, de la ONU, expresó preocupación por que los retos en materia de seguridad se abordaban mediante una respuesta centrada en el control policial excesivo, la vigilancia, y las paradas y registros arbitrarios.
En febrero, en el Tribunal de Distrito de Estocolmo comenzó el juicio contra dos representantes de Lundin Energy (antigua Lundin Oil AB) por complicidad en crímenes de guerra en Sudán del Sur. No obstante, el juicio se suspendió posteriormente, ya que uno de los acusados recurrió contra la aplicación del principio de jurisdicción universal. En noviembre, el recurso fue rechazado y se iba a reanudar el juicio.
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