Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La persistencia del conflicto armado y de la violencia se cobró miles de vidas y causó desplazamientos en gran escala y violencia sexual generalizada. Los tribunales militares enjuiciaron al menos 10 casos de crímenes de derecho internacional, pero la impunidad siguió siendo generalizada. Persistieron las crisis económica, social y humanitaria, agravadas por la COVID-19 y los brotes de otras epidemias. El uso de la detención arbitraria y la reclusión ilegítima estaba muy extendido en toda República Democrática del Congo. Las condiciones de reclusión seguían siendo inhumanas. Con frecuencia, las concentraciones y protestas organizadas por partidos de la oposición o por la sociedad civil, y que se consideraban críticas hacia el gobierno eran prohibidas o reprimidas de forma violenta. Continuaban los ataques y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, y al menos tres periodistas perdieron la vida. Varios proyectos mineros causaron una contaminación grave que tuvo un considerable impacto en los derechos humanos. La educación de los niños y niñas se vio alterada por huelgas de docentes motivadas por los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
El presidente Tshisekedi nombró primer ministro a Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge en febrero, tras poner fin a la coalición que había mantenido durante dos años con su predecesor, Joseph Kabila. En abril se formó un nuevo gobierno con mayoría parlamentaria.
Aparecieron tensiones asociadas a las elecciones previstas para 2023, especialmente en relación con la organización, el funcionamiento y la jefatura de la Comisión Electoral Nacional Independiente.
En mayo se declaró en Kivu Septentrional e Ituri un estado de sitio que permitió al ejército y la policía hacerse cargo de la dirección política, la administración pública y el sistema de justicia penal en las dos provincias.
Continuó la violencia generalizada en la región de los Kasais. En las provincias de Kivu Meridional, Tanganika y Maniema también se observaron niveles persistentes y considerables de violencia.
Continuaron los ataques indiscriminados contra poblaciones civiles, los saqueos y la destrucción de viviendas, cultivos y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, así como los ataques contra infraestructuras, sobre todo en el este y el sur del país. Algunos de estos actos constituían crímenes de guerra.
En las provincias de Kivu Septentrional e Ituri, los ataques y otros abusos y violaciones de derechos humanos contra la población civil perpetrados por grupos armados y fuerzas gubernamentales aumentaron un 10% entre mayo y noviembre, según la ONU. De acuerdo con el Observatorio de la Seguridad de Kivu, al menos 1.137 civiles fueron víctimas de homicidio ilegítimo en las dos provincias entre el 6 de mayo (cuando se declaró el estado de sitio) y el 15 de noviembre. Por ejemplo, al menos 55 civiles murieron durante unos ataques indiscriminados de combatientes de la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO), una alianza de grupos de milicias, que tuvieron lugar en las localidades de Boga y Tchabi (provincia de Ituri) el 30 de mayo. En esa misma provincia, el ejército congoleño mató a 7 civiles en la localidad de Nongo el 2 de mayo y a otros 8 en las localidades de Banikasowa, Ndenge I y Ndenge II el 15 de mayo. Hubo múltiples secuestros y 300.000 personas huyeron de sus poblaciones. Los grupos armados, entre ellos combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo armado que actuaba en República Democrática del Congo y en Uganda, también llevaron a cabo ataques contra escuelas, centros de salud, mercados públicos, iglesias, tropas de mantenimiento de la paz de la ONU y actores humanitarios. Por ejemplo, unos presuntos combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas atacaron durante la noche del 11 al 12 de noviembre el centro de salud de la localidad de Kisunga y la zona circundante, en el territorio de Beni (Kivu Septentrional), y causaron la muerte de al menos 48 civiles, entre los que había profesionales sanitarios y pacientes, según organizaciones locales de derechos humanos.
En la provincia de Kivu Meridional, el prolongado conflicto en el que estaban implicados grupos armados locales y extranjeros en las tierras altas de Uvira y Fizi se cobró la vida de al menos 70 civiles y obligó a miles de personas a huir de sus poblaciones de origen, según la ONU. El ejército congoleño cometió violaciones de derechos humanos contra civiles, entre ellas homicidios ilegítimos, violaciones, saqueos y destrucción de viviendas, equivalentes a los de los grupos armados a los que su despliegue debía combatir.
La violencia sexual relacionada con los conflictos seguía siendo generalizada, sobre todo en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional, Ituri, Tanganika y Kasai Central, a pesar de algunos esfuerzos alentadores de las autoridades para hacer rendir cuentas a los responsables. Según la ONU, entre enero y septiembre al menos 1.100 mujeres fueron violadas sólo en Kivu Septentrional e Ituri.
Se emprendieron varias iniciativas con el objetivo de establecer un fondo de reparaciones para víctimas de violencia sexual relacionada con los conflictos, con la implicación del presidente Tshisekedi y de la primera dama, aunque al terminar el año no habían llegado a buen término.
Al terminar el año, 5 millones de personas continuaban desplazadas internamente, de las que 1,5 millones se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia sólo en 2021, según la ONU. La mayoría de ellas vivían en pésimas condiciones, sin acceso a ayuda humanitaria.
En marzo y abril, el conflicto intercomunitario entre los grupos étnicos luba y kuba en Bakwakenge (provincia de Kasai Central) causó la destrucción de 190 casas y el desplazamiento de 21.000 personas, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. En el territorio de Beni, los reiterados ataques —presuntamente de miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas y grupos locales mayi-mayi— obligaron a 10 organizaciones humanitarias a suspender su labor de ayuda, y 116.000 personas internamente desplazadas se quedaron sin una ayuda fundamental, según la ONU. La ONU también informó de que presuntos combatientes de la CODECO llevaron a cabo varios ataques contra emplazamientos de personas internamente desplazadas, mataron a decenas de personas e incendiaron asentamientos, lo que dio lugar al desplazamiento adicional de 50.000 personas en la provincia de Ituri.
Según la ONU, más de 19,6 millones de personas, la mitad de ellas niños y niñas, necesitaban asistencia humanitaria urgente. Más de 26 millones de personas hacían frente a elevados niveles de inseguridad alimentaria aguda. Pese a ello, según el coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, David McLachlan-Karr, en octubre continuaba disminuyendo el apoyo económico para aliviar la crisis de República Democrática del Congo, y en 2021 sólo se recaudó el 25% de los 1.980 millones de dólares estadounidenses necesarios.
La mayoría de los autores de crímenes de derecho internacional, como actos de violación y otros tipos de violencia de género, disfrutaban de impunidad. Sin embargo, se observaron algunos avances, como el enjuiciamiento de al menos 10 casos de delitos graves. Al menos 80 efectivos del ejército y la policía fueron enjuiciados en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional, Ituri, Tanganika y Kasai por delitos graves, entre ellos violencia sexual. En la región de los Kasais, y con la ayuda de un equipo de investigación desplegado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se concluyeron las investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas en Mulombodi, Nganza y Tshisuku en 2017 y 2018. Los juicios no habían comenzado todavía.
El juicio de los presuntos autores del asesinato en febrero de 2017 de un experto y una experta de la ONU seguía en curso. Los acusados y los abogados de las víctimas continuaron quejándose de la lentitud de su desarrollo y de la intimidación de algunos testigos. No se sabía con certeza la causa de la muerte en octubre de uno de los acusados, el tercero que moría desde que se inició el juicio.
El ex señor de la guerra congoleño Roger Lumbala, detenido en Francia en diciembre de 2020 por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en República Democrática del Congo, continuó bajo custodia.
No hubo novedades dignas de mención respecto a la situación en República Democrática del Congo ante la Corte Penal Internacional.
En abril, tras los llamamientos de organizaciones de derechos humanos —entre ellas Amnistía Internacional—, el gobierno comenzó a desarrollar una estrategia integral para abordar los delitos graves cometidos durante los últimos tres decenios, en colaboración con la ONU y representantes de organizaciones de la sociedad civil congoleña.1
El uso frecuente de la detención y la reclusión arbitrarias persistió en todo el territorio de República Democrática del Congo. La situación revestía especial gravedad en las provincias de Kivu Septentrional e Ituri, donde el estado de sitio concedió poderes excesivos al ejército y la policía, así como al sistema de justicia militar. Las fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron a cientos de civiles sin el debido proceso, en muchos casos por actos no constitutivos de delito tales como deudas o disputas sobre la tierra.
En febrero, tres activistas del movimiento ciudadano Ojo del Pueblo fueron detenidos en Kivu Septentrional por organizar una sentada pacífica para protestar contra presuntos impuestos ilegales a las carreteras y contra la presunta mala gestión de una zona de salud local. Al terminar el año continuaban recluidos arbitrariamente en la ciudad de Goma. Dos activistas del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio (Lutte pour le Changement, LUCHA) fueron detenidos en Goma en julio y septiembre, respectivamente, por decir que las autoridades locales y el personal de la Fundación Denise Nyakeru Tshisekedi —establecida por la primera dama— desviaban ayuda humanitaria destinada a la población desplazada por una erupción volcánica que había tenido lugar cerca de Goma en mayo. Tras presentar la fundación una denuncia por difamación ante el fiscal de la justicia militar, los dos activistas estuvieron recluidos arbitrariamente durante varios meses. Quedaron en libertad bajo fianza en noviembre, pero no se retiraron los cargos falsos formulados en su contra. Otros 13 activistas de LUCHA fueron detenidos y recluidos ilegalmente en Beni en noviembre por celebrar una manifestación pacífica contra el estado de sitio. Decenas de activistas también estuvieron recluidos arbitrariamente en todo el país por ejercer sus derechos humanos.
En la provincia de Ituri, cientos de personas estuvieron recluidas de forma ilegítima durante varios meses en los territorios de Aru, Djugu, Mahagi, Mambasa e Irumu y en la ciudad de Bunia, debido a la escasez de magistrados para ocuparse de sus casos.
En septiembre, el parlamentario provincial Hubert Berocan fue condenado a 12 meses de prisión en un juicio sin las debidas garantías ante un tribunal militar de Bunia, por el solo hecho de cuestionar al ejecutivo local por la distribución injusta de ordenadores en las escuelas. En junio, otro parlamentario local estuvo detenido de forma ilegítima durante 48 horas por orden de un fiscal militar tras haber criticado al presidente por no restablecer la paz y cumplir sus compromisos.
Según grupos locales de derechos humanos, al menos 220 personas murieron bajo custodia a causa del hacinamiento, las deficiencias en cuanto a condiciones y atención de la salud, y la falta de alimentos, entre otros factores que podrían ser constitutivos de tortura u otros malos tratos cometidos por el Estado. Algunos centros penitenciarios y de detención albergaban a un número de personas que superaba hasta en un 500% su capacidad prevista, como consecuencia de disfunciones en el sistema de justicia penal. Esta situación afectaba especialmente a las provincias de Kivu Septentrional e Ituri, donde la capacidad de los tribunales militares —que se hicieron cargo de la jurisdicción penal sobre la población civil en virtud del estado de sitio— se vio aún más limitada en cuanto a acceso geográfico y dotación de personal.
La prohibición de las manifestaciones pacíficas, o su represión por otros medios, volvió a ser habitual. Con frecuencia las autoridades prohibieron las concentraciones y protestas de líderes y activistas de la oposición, sindicatos y grupos de la sociedad civil, y las fuerzas de seguridad reprimieron de forma violenta a quienes no acataron la prohibición. En abril, el ejército y la policía dispersaron violentamente manifestaciones contra el homicidio de civiles en Kivu Septentrional, entre ellas una sentada pacífica de escolares y una marcha de mujeres en Beni. También se usaron tácticas semejantes en otros contextos, en particular contra las manifestaciones pacíficas de estudiantes de la Universidad de Kinshasa que tuvieron lugar en julio y agosto, una reunión pacífica convocada por la plataforma opositora Lamuka en septiembre, y, a partir de octubre, las protestas de estudiantes y docentes en apoyo de la huelga de docentes (véase infra, “Derecho a la educación”). No hubo casi ningún caso en el que se hiciera rendir cuentas a los responsables de prohibir ilegalmente o reprimir las manifestaciones.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las personas que denunciaban irregularidades siguieron siendo blanco de ataques y amenazas por parte de las instituciones públicas que se suponía que debían protegerlos. Decenas de activistas en favor de la democracia y en contra de la corrupción, activistas ambientales, líderes sindicales y defensores y defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fueron detenidos arbitrariamente, hostigados e incluso condenados por los tribunales en juicios sin garantías. El anteproyecto de ley sobre protección de las personas defensoras de los derechos humanos, propuesto por primera vez en 2017, no registró avance alguno en 2021.
En marzo, dos denunciantes de irregularidades fueron condenados a muerte in absentia tras haber revelado transacciones financieras realizadas en beneficio de personas y entidades sujetas a sanciones internacionales. Cuando los dos denunciantes huyeron del país, las autoridades hostigaron a sus colegas y familiares.
Al menos tres periodistas murieron durante el estado de sitio en Kivu Septentrional e Ituri, aparentemente en relación con su labor informativa, según la organización de defensa de los derechos de los profesionales del periodismo Periodista en Peligro. Al menos 11 periodistas fueron detenidos arbitrariamente, en algunos casos con violencia, cuando intentaban llevar a cabo su trabajo. Varios periodistas fueron amenazados o intimidados por agentes estatales, líderes políticos y miembros de grupos armados. Al menos tres medios de comunicación fueron prohibidos arbitrariamente, dos de ellos en la provincia de Équateur y uno en la de Mai-Ndombe. De nuevo, la mayoría de las violaciones de derechos humanos contra medios de comunicación y periodistas no fueron enjuiciadas.
En agosto, los ríos Tshikapa y Kasai y sus afluentes en el sur de República Democrática del Congo sufrieron una extensa contaminación que, según el gobierno congoleño, había sido causada por un vertido aguas arriba de una empresa de minería y procesamiento de diamantes radicada en el norte de Angola. Según el gobierno de República Democrática del Congo, el desastre provocó al menos 40 muertes y cientos de casos de diarrea grave, y arrasó la vida acuática. La respuesta de las autoridades fue lenta e ineficaz. Las autoridades de República Democrática del Congo anunciaron una investigación conjunta con Angola sobre las causas y las consecuencias ambientales, pero no se hizo ninguna comunicación adicional sobre sus avances, posibles indemnizaciones o garantías de medidas para evitar catástrofes semejantes en el futuro.
Se informó de otros casos de grave contaminación ambiental en minas de oro y zonas circundantes de las provincias de Ituri, Haut-Uele, Kivu Meridional y Maniema, y en minas de cobre y cobalto en las provincias de Alto Katanga y Lualaba. Continuó la extracción maderera ilegal en los bosques de la cuenca del Congo, y el desarrollo de proyectos petrolíferos y de otras fuentes de energía potencialmente perjudiciales para el medioambiente prosiguió en los parques nacionales de Virunga, Maiko, Upemba y Kundelungu o zonas aledañas.
El número de víctimas de la COVID-19 alcanzó valores máximos entre julio y agosto, y la aparición de la variante delta causó un aumento exponencial de los fallecimientos en varias ciudades. En marzo se recibió el primer lote de 1,7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a través de la iniciativa COVAX. Sin embargo, las demoras en la campaña de vacunación debido a la renuencia de la población a vacunarse y a la deficiente planificación dieron lugar a la devolución de 1,3 millones de dosis y su redistribución a otros países africanos, según la Alianza para la Vacunación (Gavi). República Democrática del Congo recibió otros 2 millones de dosis entre mayo y octubre, y al terminar el año había vacunado con la pauta completa a 131.000 personas (que representaban el 0,1% de la población), según la OMS.2
En octubre se declaró el decimotercer brote de ébola en Kivu Septentrional. Otras epidemias, como las de malaria, cólera, sarampión y fiebre bubónica, se cobraron miles de vidas en todo el país, especialmente entre la población joven, a pesar de los esfuerzos del gobierno y la comunidad internacional para contener los brotes. Los profesionales sanitarios de la primera línea de respuesta siguieron trabajando sin salarios adecuados o regulares, lo que motivó manifestaciones que con frecuencia fueron dispersadas de forma violenta por la policía. El personal médico y de enfermería de todo el país se declaró en huelga durante varios meses para reclamar mejores condiciones laborales, mejores salarios y el reconocimiento de su categoría profesional. La financiación internacional para el sector de la salud se vio afectada negativamente por la ineficiencia causada por la falta de implicación, transparencia, rendición de cuentas y coordinación de las partes interesadas, tanto nacionales como internacionales.
La implementación del programa insignia de educación primaria gratuita del presidente Tshisekedi se vio gravemente menoscabada al comienzo del curso escolar en octubre al declararse en huelga el personal docente. Las reivindicaciones incluían la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo, incluidos edificios escolares adecuados y bien equipados para abordar la masificación en las aulas y en algunos casos la ausencia de aulas. Docentes y miles de estudiantes salieron a las calles para protestar por las limitaciones del programa, que incluían la planificación deficiente de las autoridades educativas, demoras en el pago de salarios y una desigualdad de recursos que favorecía a las escuelas urbanas en detrimento de las rurales. Las escuelas públicas estuvieron cerradas durante varias semanas y se abrieron de nuevo a finales de noviembre tras un acuerdo entre el gobierno y el principal sindicato de docentes.
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