Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Se limitó aún más el acceso al aborto. Se actuó por la vía penal para coartar la libertad de expresión y las autoridades continuaron menoscabando la independencia del poder judicial. La libertad de reunión pacífica era restringida. Persistían las violaciones de derechos de las personas LGBTI. Aunque se adoptaron medidas positivas para alojar a entre uno y dos millones de personas refugiadas de Ucrania, persistió la hostilidad oficial hacia las personas refugiadas y migrantes que llegaban al país a través de Bielorrusia desde 2021.
En enero, el acceso al aborto quedó aún más limitado con la entrada en vigor de una sentencia del Tribunal Constitucional que lo declaraba inconstitucional en el supuesto de malformación grave del feto. En abril, especialistas de la ONU volvieron a instar a las autoridades a que despenalizaran el aborto.
La familia de una mujer embarazada fallecida pidió que se investigara cómo había influido en su muerte la negación de los servicios de aborto; a raíz de su caso se convocaron manifestaciones en octubre y noviembre para reclamar justicia y reformas. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó formalmente una respuesta de Polonia sobre otros cinco casos relacionados con la negación del acceso a servicios de aborto.
En julio, el gobierno publicó datos que indicaban que sólo se habían practicado 107 abortos en hospitales en 2021, un brusco descenso respecto a los 1.076 del año anterior. No obstante, según los datos publicados en octubre por Abortion Without Borders, en los 12 meses transcurridos desde octubre de 2021, esta organización había ayudado a 44.000 personas a acceder a servicios de aborto, incluidas 1.515 mujeres que huían de la guerra en Ucrania.
En abril comenzó el juicio de la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzynska, procesada en aplicación de leyes draconianas y discriminatorias por haber facilitado información y ayudado a una embarazada que necesitaba un aborto sin riesgos.1 También en abril, personal experto de la ONU pidió a las autoridades que retiraran todos los cargos contra ella y dejaran de actuar contra quienes defendían los derechos humanos, especialmente contra quienes hacían campaña en contra de la restrictiva legislación nacional sobre el aborto.
Durante el año, el gobierno siguió actuando contra los miembros de la judicatura y la fiscalía que expresaban preocupación en torno a la reforma del poder judicial. Continuaron suspendidos por la Sala Disciplinaria dos jueces. A uno de ellos, Piotr Gąciarek, no se le permitió trabajar a pesar de que una sentencia le había restituido todos sus derechos judiciales. Había numerosos procedimientos disciplinarios en tramitación contra otros miembros de la judicatura independientes, algunos de ellos suspendidos por aplicar sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Persistió la preocupación internacional por el menoscabo de la independencia del poder judicial. En febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que, debido a los cambios introducidos en el procedimiento de designación de los miembros de la Sala Civil del Tribunal Supremo, este tribunal ya no podía considerarse imparcial e independiente. En octubre, en la causa Juszczyszyn v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la suspensión del juez Paweł Juszczyszyn por la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo había violado su derecho a un juicio justo y a la vida privada.
En marzo, varias ONG, entre ellas CIVICUS, criticaron la práctica continuada del gobierno y sus simpatizantes de recurrir a las “reuniones cíclicas” —definidas como reuniones organizadas con carácter periódico— en el mismo lugar y a la misma hora en que se iban a celebrar manifestaciones legítimas y pacíficas, para impedir que éstas pudieran tener lugar. En octubre, miembros del partido Ley y Justicia utilizaron una “reunión cíclica” para evitar que pudiera haber contramanifestaciones durante la conmemoración mensual en la ciudad de Cracovia del accidente de avión en Smolensk en el que había muerto el entonces presidente del país.
Al final del año, 79 unidades administrativas polacas seguían declarándose “zonas sin personas LGBTI”, aunque otras muchas se vieron obligadas a retirar una resolución parecida ante las presiones de la sociedad civil y la Comisión Europea.
Quienes defendían los derechos LGBTI se enfrentaron a continuas acciones civiles y penales. Activistas del mapa interactivo Atlas Nienawiści (Atlas del odio), por ejemplo, fueron objeto de demandas estratégicas contra la participación pública (demandas intimidatorias o SLAPP, por sus siglas en inglés).2
En enero, durante las actuaciones judiciales abiertas a raíz de la denuncia de un activista que había estado 24 horas en detención arbitraria tras la protesta de la “Noche Arcoíris” en 2020, el agente de policía que había practicado su arresto reconoció: “Teníamos instrucciones de dar el alto a todas las personas que llevaran los colores del movimiento LGBTI al margen de lo que hicieran”.
En marzo, el Tribunal de Distrito de Gdansk falló a favor de la ONG Tolerado en una causa penal iniciada a instancia de ésta para impugnar el uso de los llamados “homofobuses”, que circulaban por las ciudades polacas con eslóganes homófobos.
En febrero se organizó una operación de ayuda humanitaria urgente en la frontera y, gracias a la generosidad de la sociedad civil y la buena disposición de las autoridades, Polonia recibió a más de siete millones de personas que huían de Ucrania tras el ataque de Rusia. En julio, el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes elogió la respuesta y recomendó que las autoridades polacas garantizaran la sostenibilidad de la ayuda ofrecida a las personas refugiadas ucranianas, dada la presión que implicaba la repentina y enorme afluencia de personas necesitadas de acceso a vivienda, atención médica y educación. Al final del año aún residían en Polonia entre uno y dos millones, y preocupaba el derecho a la educación de los menores de edad ucranianos debido a la barrera idiomática, entre otros problemas.
Este trato contrastaba enormemente con el recibido por las personas refugiadas y migrantes que llegaban al país cruzando la frontera con Bielorrusia desde julio de 2021, que seguían encontrándose con la hostilidad oficial y contra quienes la guardia de fronteras empleó violencia y fuerza ilegítima para obligarlas a salir de territorio polaco y volver a manos de los agentes bielorrusos, que las sometían a más abusos graves.
La mayoría de quienes solicitaban asilo permanecían bajo custodia de las autoridades polacas en centros masificados e inadecuados, sin acceso a procedimientos justos de asilo y sufriendo el trato abusivo de los guardias. Muchas de estas personas fueron devueltas a sus países de origen, y algunas fueron sedadas por los agentes para que no opusieran resistencia.3 En marzo, cinco activistas fueron arrestados y acusados de “facilitar la entrada ilegal” a un grupo de personas —entre las que había menores de edad— que estaban abandonadas a su suerte en un bosque en la frontera de Polonia con Bielorrusia y tenían graves dificultades para sobrevivir sin agua, comida, alojamiento ni acceso a asistencia médica, por prestarles ayuda humanitaria.
Además, la ayuda económica estatal para quienes acogían a personas refugiadas en su casa sólo cubría 120 días. La Ley de Asistencia a las Personas Refugiadas de Ucrania que, entre otras cosas, facilitaba el acceso al mercado laboral y a los servicios médicos, no se aplicaba de igual modo a todas las personas que huían del conflicto. El relator especial de la ONU señaló “un doble rasero” en el trato dado a los ciudadanos de terceros países excluidos de este marco.
Asimismo, varias ONG expresaron especial preocupación por el trato discriminatorio dispensado por las autoridades a las personas romaníes llegadas de Ucrania.4 También hubo racismo y ataques contra personas no ucranianas en el país.5
Amnistía Internacional reveló que se había utilizado el software espía Pegasus, de la empresa de vigilancia NSO Group, contra el jefe de personal del principal partido de la oposición durante las elecciones parlamentarias y contra varios miembros más de la oposición y su personal.6 Las autoridades rehusaron emprender investigaciones adicionales hasta que, en septiembre, un tribunal ordenó una investigación sobre el uso de software espía contra una fiscal.
En agosto, el Ministerio de Justicia propuso nuevas reformas jurídicas sobre las órdenes de protección para sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar a fin de avanzar en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Sin embargo, no se adoptaron reformas para definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento ni para reconocer la violencia económica, de conformidad con las obligaciones contraídas en virtud del Convenio.
En octubre se reveló que la fiscalía había interrumpido la investigación sobre el exdirector del servicio secreto, Zbigniew Siemiątkowski, relacionada con el centro de detención secreta de la CIA en Stare Kiejkuty. La decisión se había tomado en 2020 pero no se hizo pública hasta entonces.
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