Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades continuaron menoscabando la independencia del poder judicial y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que dos de los altos órganos judiciales de Polonia incumplían las normas sobre juicios justos. Hubo un nuevo retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Se retiraron los cargos utilizados para coartar la libertad de expresión o se absolvió a las personas acusadas. Continuaron las violaciones de derechos LGBTI, aunque varios consejos regionales retiraron declaraciones contra este colectivo. Guardias de fronteras devolvieron sumariamente a solicitantes de asilo a Bielorrusia. Polonia no aplicó la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a Abu Zubaydah, quien permaneció recluido en el centro de detención estadounidense de la bahía de Guantánamo (Cuba).
El gobierno siguió actuando contra los miembros de la judicatura y la fiscalía que expresaban preocupación por la falta de independencia del poder judicial. En enero, la Fiscalía Nacional ordenó el traslado de siete hombres y mujeres fiscales a otros puestos que estaban a cientos de kilómetros de su lugar de residencia, y en un plazo de 48 horas. Seis pertenecían a una asociación que defendía el Estado de derecho. Varias ONG afirmaron que estos traslados eran una medida punitiva.
Persistía la preocupación internacional por el menoscabo de la independencia del poder judicial.1 En marzo, la Comisión Europea remitió a Polonia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su ley sobre el poder judicial de 2020, que impedía a los tribunales nacionales solicitar al Tribunal de Justicia resoluciones preliminares en relación con las actuaciones disciplinarias contra miembros de la judicatura. En julio, el Tribunal de Justicia resolvió que la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia carecía de la independencia e imparcialidad exigidas por el derecho de la Unión Europea (UE).
En respuesta, el Tribunal Constitucional de Polonia sostuvo que tal resolución era incompatible con la Constitución del país y afirmó la primacía del derecho polaco sobre la legislación de la UE. En noviembre, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 6 (derecho a un juicio justo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos era incompatible con la Constitución. En diciembre, la Comisión Europea inició otro procedimiento de infracción contra Polonia en relación con las sentencias del Tribunal Constitucional.
Además, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia incumplían los requisitos sobre juicios justos. En mayo, en la causa Xero Flor v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la actuación de los poderes legislativo y ejecutivo constituía influencia externa ilícita en la elección de tres miembros del Tribunal Constitucional en 2015. En julio, en Reczkowicz v. Poland, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que la Sala Disciplinaria no era un tribunal independiente, ya que las irregularidades en el nombramiento de sus miembros comprometían gravemente su legitimidad.
En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó formalmente una respuesta de Polonia respecto a las presuntas violaciones de derechos humanos en el caso del juez Paweł Juszczyszyn, apartado de la Sala Disciplinaria en 2020 tras haber cuestionado la independencia del Consejo Nacional de la Judicatura.
El juez Igor Tuleya, conocido por sus críticas a la injerencia del gobierno en la independencia judicial, siguió enfrentándose a actuaciones penales después de que la Sala Disciplinaria le retirase la inmunidad en 2020.2
En octubre, el Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO), encargado de velar por la aplicación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), instó a Polonia a incorporar plenamente la noción del consentimiento prestado libremente, como exige el Convenio de Estambul, y a garantizar castigos adecuados para todos los actos sexuales no consentidos. El GREVIO también criticó a Polonia por la falta de medidas para combatir la violencia de género en el ámbito familiar.
Hubo un nuevo retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos.3 En enero, el Tribunal Constitucional declaró en una sentencia que la ley que permitía el aborto en los casos de malformación fetal grave era inconstitucional. Los hospitales polacos dejaron de prestar servicios de aborto en estos casos para evitar que el personal médico se enfrentara a responsabilidad penal. En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitó formalmente una respuesta de Polonia sobre los casos de 12 personas que denunciaban que la legislación polaca sobre el aborto vulneraba su derecho a la vida privada y familiar, así como la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
La publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohibía el aborto en los casos de malformación grave del feto desató protestas en enero y febrero. En las manifestaciones celebradas el 27 de enero en Varsovia, la policía detuvo a 20 manifestantes e inició 250 casos por presuntas faltas administrativas. La policía llevó a las personas detenidas en manifestaciones a comisarías situadas fuera de Varsovia, lo que dificultó su acceso a representación letrada.
En marzo, el Tribunal de Distrito de Płock absolvió a tres activistas contra quienes pesaban cargos de “ofender las creencias religiosas” por poseer y distribuir carteles y pegatinas que retrataban a la Virgen María con un halo de arcoíris, símbolo del movimiento LGBTI. Al final del año estaba pendiente la resolución de un recurso presentado por la fiscalía.
En junio, la policía concluyó su investigación sobre el cargo de “hurto y robo” presuntamente cometidos por dos activistas, un hombre y una mujer, que participaron en una campaña de carteles de 2020 en la que se acusaba al gobierno de manipular los datos estadísticos sobre la COVID-19.
En noviembre, un tribunal de distrito de Varsovia declaró a la periodista Ewa Siedlecka culpable de difamación criminal por unos artículos que había escrito en 2019. La periodista había revelado una campaña de odio vinculada al entonces viceministro de Justicia y dirigida contra los miembros de la judicatura que se oponían a la adopción de “reformas” que menoscababan la independencia judicial.
Ante la persistencia de las violaciones de derechos de las personas LGBTI, la Comisión Europea abrió procedimientos de infracción. En septiembre, solicitó que cinco consejos regionales retiraran las declaraciones antiLGTBI adoptadas en 2019, como condición para recibir fondos de la UE. Ese mismo mes, cuatro de los consejos respondieron retirando tales declaraciones.
Responsables de la guardia de fronteras admitieron que se estaban realizando devoluciones sumarias de solicitantes de asilo a Bielorrusia. Del 18 al 19 de agosto, 32 solicitantes de asilo procedentes de Afganistán que habían entrado en el país desde Bielorrusia fueron objeto de devolución ilegal al lado bielorruso de la frontera. Todas estas personas pretendían solicitar protección internacional en Polonia, pero los guardias de fronteras de este país no les permitieron acceder al territorio. Pese a dos órdenes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Polonia no proporcionó alimentos, agua, cobijo ni asistencia médica o jurídica al grupo.4
En octubre, el Parlamento aprobó enmiendas a la Ley de Extranjería y a la Ley de Protección Internacional de Personas Extranjeras, que establecían que quienes hubieran cruzado “irregularmente” la frontera debían abandonar el territorio de Polonia y tenían prohibido volver a entrar. Por tanto, la legislación impedía en general solicitar asilo en Polonia a quienes entraban “irregularmente” en su territorio.
El 2 de septiembre, el presidente polaco declaró el estado de emergencia en la frontera con Bielorrusia, en virtud del cual periodistas, personal de medios de comunicación y ONG tenían prohibido el acceso a la zona fronteriza y profesionales del derecho no podían acceder a solicitantes de asilo.5 El 1 de diciembre se aprobó una enmienda a la ley sobre protección de fronteras que prohibía la entrada a la zona fronteriza sin límite de tiempo.
En abril, Abu Zubaydah, ciudadano palestino recluido en Guantánamo, presentó una solicitud de libertad al Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria. Abu Zubaydah había estado en un lugar de detención secreta en Polonia entre 2002 y 2003, y Polonia volvió a incumplir la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no llevó a cabo una investigación efectiva sobre el caso.
En diciembre, Ewa Wrzosek, fiscal de distrito de Varsovia y miembro de Lex Super Omnia, asociación en defensa del Estado de derecho, fue avisada por Apple de que su teléfono había sido atacado por el programa espía Pegasus de la empresa de vigilancia NSO Group.
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