Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La crisis de derechos humanos persistía en Nicaragua. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil. Con frecuencia, se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas seguían soportando violencia. El gobierno no proporcionó información precisa sobre la pandemia de COVID-19.
Daniel Ortega fue proclamado presidente por cuarta vez consecutiva tras las elecciones de noviembre, que fueron ampliamente condenadas por la comunidad internacional debido a las graves restricciones que pesaron sobre los derechos civiles y políticos. En noviembre, Nicaragua denunció la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En mayo, las autoridades abrieron una investigación sobre la Fundación Violeta Barrios de Chamorro —una de las principales organizaciones dedicadas a la libertad de prensa— por acusaciones relacionadas con blanqueo de dinero. La directora de la Fundación, aspirante a la presidencia, fue detenida en junio y permanecía bajo custodia al concluir el año.
Las sedes de la revista online Confidencial y el programa de televisión “Esta Semana” fueron allanadas en mayo, y su director se vio obligado a exiliarse de nuevo. Los periodistas Miguel Mora y Miguel Mendoza fueron detenidos en junio y permanecían bajo custodia al concluir el año.
Hasta agosto, el Ministerio Público había citado para su interrogatorio a más de 25 profesionales de los medios de comunicación que habían colaborado con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Varios de estos periodistas denunciaron que, durante los interrogatorios, los habían amenazado con acusaciones penales que incluían las previstas en la Ley Especial de Ciberdelitos.
En agosto, el periódico La Prensa fue objeto de un allanamiento y sus bienes quedaron confiscados. Su gerente fue detenido por cargos relacionados con el blanqueo de dinero. Al concluir el año continuaba en prisión, pese a que la ONG Reporteros sin Fronteras pedía su liberación inmediata.
Durante el año, el entorno hostil y los ataques permanentes de las autoridades provocaron que varios periodistas huyeran del país.
Las personas y ONG que defendían los derechos humanos seguían enfrentándose a un entorno sumamente hostil.
Durante el año se canceló la personería jurídica de al menos 45 ONG. Las organizaciones cuya personería había cancelado la Asamblea Nacional a partir de 2018 no fueron restablecidas ni recuperaron los bienes que se les habían confiscado.
Las personas que defendían los derechos humanos eran criminalizadas y detenidas de forma arbitraria, y algunas permanecían recluidas al finalizar el año. Las defensoras de los derechos humanos sufrían acoso policial, criminalización, campañas de desprestigio y amenazas.
Al menos dos personas que defendían los derechos humanos fueron acusadas en virtud de la Ley Especial de Ciberdelitos, y se tuvo noticia de que otras fueron sometidas a actos de hostigamiento, vigilancia y amenazas.
Las detenciones arbitrarias seguían formando parte de la estrategia de represión del gobierno. Hasta diciembre, las organizaciones locales informaron de que 160 personas detenidas exclusivamente por ejercer sus derechos desde que comenzaron las protestas de 2018 permanecían en prisión. Los familiares de los detenidos, que no podían visitarlos con periodicidad, denunciaron condiciones de reclusión precarias, malos ratos y reclusión en régimen de incomunicación. Las organizaciones de derechos de las mujeres denunciaron que algunas de las mujeres detenidas durante el año habían sido arrestadas con violencia, en ocasiones delante de sus hijos, y permanecían recluidas en condiciones muy precarias. Los familiares de algunos detenidos denunciaron actos de hostigamiento como, por ejemplo, dificultades para viajar al extranjero y acusaciones penales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales en favor de varias personas detenidas y ordenó su liberación, pero las autoridades no cumplieron las sentencias.
Las autoridades sometieron a figuras de la oposición política y a aspirantes a la presidencia a detención arbitraria, desaparición forzada y enjuiciamiento.1 Días antes de las elecciones y en su transcurso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió información en relación con un aumento del acoso policial, las amenazas y las detenciones arbitrarias contra dirigentes de la oposición, activistas de derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y periodistas.2
Entre finales de mayo y noviembre, las autoridades detuvieron al menos a 39 personas a las que consideraban opositoras del gobierno, entre ellas 7 aspirantes a la presidencia. Algunas fueron víctimas de desaparición forzada, sin que se conociera su suerte o paradero durante semanas o meses.3
Las ONG y comunidades locales denunciaron la presencia y los ataques de colonos no indígenas que se asentaban en sus tierras. Algunas de esas agresiones causaron la muerte de personas indígenas.
En agosto, un ataque de colonos no indígenas contra una comunidad del territorio del pueblo Mayangna Sauni As causó la muerte de al menos nueve indígenas.
En septiembre, la CIDH detalló varias denuncias de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte que habían sufrido secuestros, asesinatos, agresiones sexuales, amenazas y ataques incendiarios contra sus viviendas.
En octubre, el Comité de la ONU de Derechos Económicos, Sociales y Culturales expresó su preocupación por unas denuncias que indicaban que las autoridades habían promovido la creación de gobiernos paralelos para suplantar a los representantes elegidos de los pueblos indígenas.
En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la falta de datos desglosados en relación con la infección por COVID-19 entre los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, y por la falta de información sobre las medidas concretas para proteger a estas poblaciones.
En agosto, la Organización Panamericana de la Salud informó de que no podía evaluar la situación de la pandemia en Nicaragua por la falta de datos oficiales.
Nicaragua hizo caso omiso de las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud y no dio prioridad al personal sanitario al principio de su programa de vacunación contra la COVID-19. Algunos medios de comunicación manifestaron que se vacunó primero a simpatizantes del gobierno, con independencia de su perfil de riesgo para la enfermedad.4
Continuaban el hostigamiento y las amenazas contra los profesionales de la salud que criticaban las políticas gubernamentales o informaban a la población sobre la pandemia. En julio, la vicepresidenta los llamó públicamente “falsos médicos”, y algunos se vieron obligados a huir del país por su propia seguridad.
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