Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las autoridades siguieron aplastando la disidencia, dispersando protestas pacíficas y restringiendo las actividades de varias organizaciones que consideraban opositoras. Se endureció la represión contra activistas saharauis. La penalización del aborto provocó la muerte de al menos una niña como consecuencia de un aborto inseguro tras una violación. Los guardias de fronteras hicieron un uso excesivo de la fuerza contra personas que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla, lo que causó al menos 37 muertes. La legislación nacional seguía siendo inadecuada para proteger y promover el derecho a un medio ambiente limpio y saludable.
Información general
En marzo, el presidente del gobierno de España declaró su apoyo al plan de autonomía del gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental. La respuesta de Argelia fue la suspensión de un tratado de cooperación con España. Las relaciones entre Marruecos y Argelia seguían siendo tensas a pesar de los llamamientos realizados en julio por el rey Mohamed para que se restablecieran los lazos diplomáticos entre ambos países.
En octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental que, no obstante, siguió sin tener un mandato de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos continuaron sin poder acceder al Sáhara Occidental.
Durante 2022, murieron 1.445 personas a causa de la COVID-19. Al concluir el año, el 66,8% de la población había recibido al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad.
Las autoridades seguían atacando a personas críticas y activistas en Marruecos y el Sáhara Occidental. Investigaron, procesaron y encarcelaron al menos a siete periodistas y activistas por criticar al gobierno, así como a personas que hablaban en Internet sobre religión o expresaban su solidaridad con activistas.
En marzo, la policía de la ciudad de Settat citó e interrogó a Brahim Nafai, profesor y miembro de la organización juvenil Vía Democrática, por compartir en las redes sociales publicaciones en las que se hacía un llamamiento al boicot del combustible. Brahim no fue informado de ningún seguimiento, pero el caso seguía abierto.
En abril, un tribunal de la ciudad de Casablanca condenó a la defensora de los derechos humanos Saida Alami a dos años de prisión por unas publicaciones en redes sociales en las que se denunciaba la represión de periodistas y activistas. En septiembre, el tribunal de apelación de Casablanca aumentó la pena a tres años. Saida Alami permanecía en prisión.
En junio, un tribunal de la ciudad de Tánger absolvió en apelación a Fatima Zahra Ould Belaid, activista y miembro de la Asociación por la Tributación de las Transacciones Financieras y la Acción Ciudadana de Marruecos (ATTAC Marruecos) y del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas. La policía la había detenido en noviembre de 2021, acusada de haber organizado protestas “ilegales” en la universidad de Tánger.
En agosto, el tribunal de primera instancia de la ciudad de Oued Zem condenó a la bloguera Fatima Karim a dos años de prisión, en virtud del artículo 267-5 del Código Penal, por “insultar” al islam en publicaciones en las redes sociales.1
En noviembre, un tribunal de Casablanca condenó al defensor de los derechos humanos Rida Benotmane a tres años de prisión por “insultar a un órgano regulado por ley”, “insultar a funcionarios públicos mientras cumplían con su deber” y “difundir y distribuir denuncias falsas” por unas publicaciones en Internet en las que criticaba a las autoridades por ignorar las demandas de justicia social.2 Rida Benotmane permanecía en prisión.
En marzo, el análisis efectuado por el Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional concluyó que dos teléfonos pertenecientes a la defensora de los derechos humanos saharaui Aminatou Haidar habían sido atacados e infectados con el programa espía Pegasus de NSO Group.3 El análisis de Amnistía Internacional mostró que uno de sus teléfonos contenía rastros de ataques de Pegasus que se remontaban a septiembre de 2018, y el otro tenía más rastros de infección en octubre y noviembre de 2021.
Las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas pacíficas en al menos dos ocasiones —entre ellas las organizadas para exigir mejores condiciones de trabajo para el profesorado y las convocadas para defender los derechos saharauis— y detuvieron a algunos participantes.
En marzo, la policía dispersó por la fuerza protestas de docentes en todo Marruecos. En la ciudad de Taunat, la policía golpeó con tal brutalidad a un profesor que éste necesitó tratamiento hospitalario. La policía de la capital, Rabat, detuvo a la profesora Hajar Belhouari por participar en una protesta pacífica.
Las protestas de activistas saharauis en el Sáhara Occidental fueron reprimidas de forma aún más violenta. En abril, unos agentes de policía golpearon y propinaron patadas al estudiante de periodismo Abdelmounaim Naceri hasta que perdió el conocimiento. El estudiante había estado filmando una sentada ante la prefectura de Esmara, ciudad del Sáhara Occidental, organizada por jóvenes saharauis para protestar contra las condiciones sociales. El mismo mes, las autoridades locales de la ciudad de El Aaiún, también en el Sáhara Occidental, denegaron la inscripción en registro a la recién elegida oficina ejecutiva de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), alegando que obstaculizaba el trabajo de las administraciones públicas. El 2 de julio, la policía rodeó la sede de la ASVDH en El Aaiún e impidió con violencia la entrada a sus miembros, lo que provocó lesiones al menos a 10 personas a las que golpeó con las manos y propinó patadas, además de someterlas a insultos racistas.
A lo largo de 2022, las autoridades restringieron arbitrariamente la autorización y las actividades de al menos siete organizaciones consideradas de oposición y hostigaron a miembros de algunas asociaciones. Las autoridades se negaron a aceptar la solicitud de la Red Amazigh por la Ciudadanía - Azetta Amazigh para registrarse como organización oficial alegando que no se habían cumplido las condiciones legales.
Los tribunales infringieron los procedimientos de un juicio justo, entre otras cosas al utilizar fichas policiales idénticas para varios acusados y limitar el acceso de éstos a asistencia letrada. Además, no investigaron las denuncias de los acusados de que las “confesiones” se habían obtenido bajo tortura.
El 3 de marzo, el Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó una condena de seis años de prisión impuesta a Omar Radi por cargos de espionaje y violación. Durante sus juicios, Omar Radi tuvo acceso limitado a sus representantes legales, se negó a su equipo de defensa el derecho a interrogar a los testigos de la acusación y se excluyó a varios testigos de la defensa.
El 21 de julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que las autoridades habían violado el derecho del periodista Suleiman Raissouni a un juicio justo de forma tan flagrante que su detención era arbitraria.
En abril, Marruecos ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Sin embargo, la legislación nacional seguía afianzando la desigualdad de género, incluso en relación con la herencia y la custodia de los hijos e hijas.
En junio, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación por las elevadas tasas de mortalidad materna y de analfabetismo femenino en las zonas rurales de Marruecos.
Las investigaciones realizadas en 2022 por la ONG Mobilising for Rights Associates (MRA) constataron que las disposiciones de los artículos 490-493 del Código Penal, que tipificaban como delito las relaciones sexuales fuera del matrimonio, así como el adulterio, impedían que las mujeres sobrevivientes de violencia la denunciaran, lo que les privaba de protección, prevención, vías de recurso adecuadas y reparación. También constataron que las disposiciones permitían a los agresores cometer actos de violencia contra las mujeres con impunidad.
El aborto seguía siendo ilegal a menos que se considerara necesario para proteger la salud de la mujer embarazada, y se castigaba con penas de entre seis meses y cinco años de prisión a quienes se sometieran a un aborto ilegal o lo practicaran. El proyecto de ley 10-16, que despenalizaba el aborto en un número limitado de casos, seguía estancado en el Parlamento desde 2016. En septiembre, una niña de 14 años de un pueblo cerca de Midelt, en el centro de Marruecos, murió a causa de un aborto inseguro que le practicaron tras haber sido violada. Varias organizaciones de defensa de los derechos de la mujer culparon de su muerte a la estricta legislación sobre el aborto.
En marzo y abril, la policía y agentes de seguridad ejercieron violencia física, verbal y sexual contra 12 mujeres activistas saharauis que expresaban su solidaridad con la activista Sultana Khaya (véase infra). No se llevaron a cabo investigaciones sobre las supuestas agresiones. En abril, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos denunció a las autoridades marroquíes por utilizar la violencia sexual para intimidar a las defensoras saharauis de estos derechos.
La tortura y otros malos tratos continuaron impunes tanto dentro como fuera de las prisiones, especialmente contra activistas saharauis.
En marzo, los guardias penitenciarios golpearon en varias ocasiones al activista saharaui Mohamed Lamine Haddi, miembro del campamento de protesta Gdeim Izik del Sáhara Occidental, que llevaba recluido desde 2017 en régimen de aislamiento en la prisión de Tiflet II, en el noroeste de Marruecos.
En mayo, la destacada activista saharaui Sultana Khaya huyó de su arresto domiciliario y viajó a España para recibir tratamiento médico por las torturas que había sufrido durante varias agresiones policiales desde que fue sometida a arresto domiciliario en 2020.4 No se investigaron ni la violación ni otras violaciones graves de derechos humanos cometidas contra ella y su familia.
En junio, la policía detuvo a Labbas Sbai y lo recluyó en la prisión de Zagora, en el sur de Marruecos, por haber denunciado la corrupción. Los guardias penitenciarios lo golpearon reiteradamente, abuso que el director de la prisión defendió. Labbas Sbai fue puesto en libertad en julio.
En junio, el índice LGBTQ+ Travel Safety de Asher & Lyric clasificó a Marruecos como el 30 país más inseguro del mundo para viajeros LGBTI. El índice mencionaba el artículo 489 del Código Penal marroquí, que castigaba la conducta sexual entre personas del mismo sexo o los actos “contra natura” con penas de seis meses a tres años de prisión, además de multas.
En junio, el Ministerio de Cultura se negó a incluir el libro de Fatima Zahra Amzka Lesbian Diaries en la Feria Internacional del Libro de Rabat 2022 después de que se lanzara una campaña con etiquetas como #NoToHomosexuality. El ministro de Cultura dijo que el libro jamás había sido autorizado para la Feria.
La campaña #Fetrah (“primitivo”, “naturaleza” o “instinto” en árabe), que promovía la idea de que sólo hay dos géneros y se oponía a quienes defendían los derechos LGBTI, se hizo viral en Marruecos. Facebook cerró su página en julio, pero las autoridades marroquíes no la denunciaron.
En julio, el Comité de la CEDAW pidió a Marruecos que derogara los artículos del Código Penal que criminalizaban a las personas LGBTI.
En junio, unas 2.000 personas, en su mayoría procedentes de Sudán, intentaron cruzar la frontera entre la ciudad de Nador, en el norte de Marruecos, y el enclave español de Melilla. Las fuerzas de seguridad de ambos lados respondieron con fuerza excesiva, lo que provocó la muerte de 37 personas subsaharianas y la desaparición de otras 77. El Consejo Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos de Marruecos comunicó que habían resultado heridas 217 personas, entre ellas 140 miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes. Éstas lanzaron piedras y golpearon a la gente, y dispararon gas lacrimógeno en espacios cerrados. Se negó asistencia médica a las personas migrantes heridas por las fuerzas de seguridad y muchas fueron trasladadas a la fuerza en autobuses a diversos destinos en Marruecos.5 La fiscalía local anunció que había abierto una investigación, pero no tomó medidas para interrogar a testigos, personas migrantes heridas entre ellos. En cambio, las autoridades procesaron al menos a 79 migrantes por entrada irregular.
Marruecos aún no había actualizado su objetivo de emisiones para 2030 para garantizar su total compatibilidad con el imperativo de 1,5 °C. Tampoco había adoptado medidas de adaptación respetuosas con los derechos humanos ni medidas de reducción del riesgo de catástrofes para proteger adecuadamente a la población de los efectos previsibles e inevitables de la crisis climática.
En febrero, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático afirmó que, en 2070, las tierras aptas para el cultivo de árboles de argán en Marruecos podrían haberse reducido hasta un 32%, lo que supondría una amenaza para los medios de subsistencia y la biodiversidad del país.
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