Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades continuaron utilizando el decreto ley de emergencia sanitaria de 2020 para restringir arbitrariamente la libertad de expresión y de reunión de periodistas, activistas y trabajadores, entre otros colectivos. Las autoridades siguieron violando los derechos de activistas independentistas saharauis mediante arrestos domiciliarios arbitrarios, malos tratos y hostigamiento. El gobierno introdujo un pasaporte vacunal de la COVID-19, necesario para entrar en lugares de trabajo, administraciones públicas, y privadas y restaurantes, así como para viajar dentro y fuera de Marruecos. En varias ciudades se llevaron a cabo protestas contra el pasaporte vacunal, a las que se respondió con la fuerza en al menos una ocasión. La Unión de Acción Feminista registró aumentos mensuales de los casos de violencia de género en el ámbito familiar en casi todas las ciudades de Marruecos. El Parlamento aprobó una nueva ley que permitía la reasignación de género de las personas nacidas “hermafroditas”, que fue criticada por las comunidades LGBTI por su ambigüedad y falta de referencia a las personas transgénero. Se detuvo arbitrariamente a personas migrantes y solicitantes de asilo y, en zonas cercanas a pasos fronterizos, las autoridades asaltaron los lugares donde se alojaban personas subsaharianas y, en algunos casos, quemaron sus pertenencias o las desalojaron por la fuerza.
Entre las medidas adoptadas por el gobierno para apoyar la economía durante el segundo año de la pandemia figuraba una compensación a las personas que no podían trabajar, aunque sólo se aplicó a quienes tenían un empleo formal.
En octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), pero siguió sin tener un mandato de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos continuaron sin poder acceder al Sáhara Occidental y a los campos del Frente Polisario.
El 21 de octubre, el gobierno anunció la necesidad de un pasaporte vacunal para entrar en centros de trabajo y restaurantes, y para viajar dentro y fuera de Marruecos. El sindicato de propietarios de cafés y restaurantes, el sindicato de profesionales de la abogacía y algunas organizaciones de derechos criticaron la medida y dijeron que el pasaporte era inconstitucional, arbitrario o peligroso para la economía. El 31 de octubre se llevaron a cabo protestas contra esta decisión en todo el país.
Entre enero y diciembre, el rey concedió indultos reales de los que se beneficiaron 4.127 personas presas.
En septiembre, Argelia cortó sus relaciones diplomáticas con Marruecos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, usuarios y usuarias de las redes sociales, intelectuales y activistas siguieron sufriendo la represión del ejercicio legítimo de su libertad de expresión; al menos siete fueron detenidos y/o enjuiciados por delitos relacionados con este derecho. El 23 de marzo, el intelectual y defensor de los derechos humanos Maati Monjib salió en libertad provisional de la prisión de El Arajat, cerca de la capital, Rabat. En octubre se le impidió viajar a Francia para acudir a una cita médica y ver a su familia, debido a la prohibición arbitraria de viajar impuesta desde octubre de 2020.
En julio, Omar Radi, periodista independiente que con frecuencia manifestaba opiniones críticas con las autoridades, fue condenado a seis años de prisión por cargos de espionaje y violación después de un juicio que incumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Entre otras cosas, se le negó el derecho a ver e impugnar cada prueba utilizada en su contra.
En septiembre, el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech condenó a Jamila Saadane a tres meses de prisión por unos vídeos que había publicado en YouTube en los que se acusaba a las autoridades marroquíes de encubrir redes de prostitución y trata de personas en Marrakech. Fue declarada culpable de “insultar a las instituciones” y “difusión de información falsa”.
Durante todo el año, las autoridades marroquíes siguieron violando los derechos de activistas independentistas saharauis mediante malos tratos, detenciones y hostigamiento. En mayo, las autoridades detuvieron a Essabi Yahdih, periodista saharaui y director de la empresa online Algargarat Media, en su lugar de trabajo en el Sáhara Occidental. Lo interrogaron en relación con su labor periodística y lo acusaron de filmar cuarteles militares en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental. El 29 de julio fue condenado a un año de prisión y al pago de una multa. En la prisión de Dajla se le negó atención médica para tratar problemas de la vista y el oído que ya padecía.
En julio, junto con la coalición Forbidden Stories, Amnistía Internacional reveló que las autoridades marroquíes usaban ampliamente el software espía Pegasus de NSO Group, del que habían sido blanco periodistas, activistas y figuras políticas de origen francés y marroquí. Los dispositivos de Hicham Mansouri, periodista marroquí que vivía exiliado en Francia; Claude Mangin, pareja de Naama Asfari, activista saharaui encarcelado en Marruecos; y Mahjoub Maliha, defensor de los derechos humanos saharaui, estaban infectados con el software Pegasus, lo que violaba su derecho a la privacidad y a la libertad de expresión.
Al menos en cuatro ocasiones, las autoridades reprimieron protestas pacíficas que reclamaban mejores condiciones de trabajo y usaron el decreto ley de emergencia sanitaria para reprimir reivindicaciones laborales.
En abril, la policía detuvo arbitrariamente a 33 docentes que protestaban pacíficamente en Rabat contra políticas educativas que consideraban perjudiciales para la educación pública y dispersó por la fuerza a quienes se manifestaban a pesar de que respetaban las medidas de seguridad asociadas a la COVID-19, como el distanciamiento físico. El grupo de docentes quedó en libertad provisional al cabo de 48 horas, pero siguieron haciendo frente a cargos de “incitación a reunión no armada sin autorización”, “violación de la situación de emergencia sanitaria” y “ofensas a funcionarios públicos”. Al terminar el año su juicio estaba en curso.1
En julio, Noureddine Aouaj, activista y defensor de los derechos humanos, fue condenado a dos años de prisión. Había sido detenido en junio tras unirse a una concentración pacífica en apoyo de los periodistas encarcelados Omar Radi y Suleiman Raissouni, y acusado de “insultos a las instituciones constitucionales, a los principios y a los símbolos del reino”, “denuncia de delitos ficticios” y “menoscabo de la autoridad judicial”.
Algunas personas presas estaban sometidas a duras condiciones, parte de las cuales, como la reclusión prolongada e indefinida en régimen de aislamiento, violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos.
Suleiman Raissouni, periodista y director del periódico Akhbar Al Yaoum, continuaba recluido en régimen de aislamiento desde que fue encarcelado en mayo de 2020. Llevó a cabo una huelga de hambre de 118 días desde el 8 de abril para protestar contra la reclusión en dicho régimen.
Mohamed Lamine Haddi, condenado en relación con la protesta de Gdeim Izik, seguía recluido en régimen de aislamiento desde 2017. En marzo, guardias penitenciarios pusieron fin a la huelga de hambre que llevaba a cabo para protestar por los malos tratos recibidos alimentándolo por la fuerza, una medida constitutiva de tortura en virtud del derecho internacional.
Durante el año, miembros de las fuerzas de seguridad asaltaron la casa de la activista saharaui Sultana Khaya en Bojador al menos tres veces. Según su testimonio, durante un allanamiento que tuvo lugar en mayo, miembros de las fuerzas de seguridad la golpearon e intentaron violarla con sus porras, y atacaron y violaron a su hermana. El 15 de noviembre, miembros de las fuerzas de seguridad irrumpieron en su casa, la violaron y abusaron sexualmente de sus dos hermanas y de su madre de 80 años.2
En mayo, el Sindicato Independiente de Médicos del Sector Público llevó a cabo una huelga de 48 horas en todo el país, que no afectó a los servicios de urgencia, para protestar por la inacción de las autoridades ante las reivindicaciones planteadas desde hacía tiempo de mejoras en cuanto a salarios, condiciones de trabajo y recursos para los hospitales públicos.
Al terminar el año, Marruecos había vacunado contra la COVID-19, con la pauta completa, a aproximadamente el 67% de la población del país.
En 2020 se creó un fondo nacional para la pandemia con el fin de compensar a las personas que se vieran obligadas a dejar su trabajo. Sin embargo, la ONG marroquí Unión de Acción Feminista concluyó que las mujeres tenían menos posibilidades que los hombres de beneficiarse del programa al ser menos probable que desempeñasen trabajos regulares.
La aplicación de la Ley 103-13 de 2018 para la prevención de la violencia contra las mujeres seguía siendo deficiente. Aunque la Fiscalía sostuvo que los casos de violencia de género en el ámbito familiar habían disminuido un 10% en comparación con años anteriores, la Unión de Acción Feminista registró aumentos de los casos de violencia de género intrafamiliar cada mes desde enero hasta abril en casi todas las ciudades de Marruecos.
En mayo, el ministro de Justicia anunció que el número de matrimonios precoces se había reducido desde 2019. ONU Mujeres rebatió esta afirmación y dijo que las cifras no aportaban información sobre las formas de matrimonio consuetudinario que afectaban a niños y niñas, ni tenían en cuenta las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la movilidad y el acceso a las administraciones públicas. El artículo 19 del Código de Familia establece la edad para contraer matrimonio en 18 años, pero los artículos 20 y 21 conceden a los jueces de familia el derecho de autorizar las solicitudes de matrimonios precoces.
En enero, la exagente de policía Wahiba Kharchich trasladó su residencia a Estados Unidos después de sufrir difamación cuando la empresa de medios de comunicación ChoufTV publicó un vídeo en el que presuntamente aparecía manteniendo una aventura extraconyugal en diciembre de 2020. Había presentado una queja en 2016 por acoso sexual de su superior, Aziz Boumehdi, jefe de la unidad policial de El Jadida, a la que nunca se dio curso.
El artículo 489 del Código Penal seguía penalizando las relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo.
En julio, el Parlamento aprobó el artículo 28 del Proyecto de Ley 36.21 sobre el Estado Civil, que establece que el género asignado a una persona que nace “hermafrodita” puede cambiarse más tarde. Aunque se presentó como un avance de los derechos de las personas LGBTI en Marruecos, la reforma fue criticada por organizaciones de derechos trans, que sostuvieron que no se las había consultado y que muchas consideraban ofensivo el término “hermafrodita”. Además, la ley sigue atribuyendo a las personas intersexuales el género masculino o femenino, no llega a permitir la transición de las personas transgénero y se centra en el aspecto de los genitales sin hacer referencia a cromosomas u hormonas. Seguía sin haber mención alguna a las personas transgénero en la legislación.
En febrero, Abdelatif Nhaila, artista que no se ajustaba a las convenciones de género, salió en libertad tras cumplir una condena de cuatro meses de prisión impuesta en 2020. La policía lo detuvo después de que acudiera a una comisaría de policía para denunciar las amenazas de muerte y el acoso homófobo que había sufrido en el marco de una campaña difamatoria generalizada en los medios de comunicación que se inició en abril de 2020, y después lo encausó por “violar el estado de emergencia sanitaria” y por “insultar a un funcionario”.
Durante todo el año, las autoridades detuvieron y recluyeron arbitrariamente a personas migrantes y solicitantes de asilo, deportaron a algunas a su país de origen y expulsaron a otras a zonas del sur de Marruecos y el Sáhara Occidental. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en zonas cercanas a los pasos fronterizos o en rutas migratorias a Europa como Nador, Ujda y El Aaiún, las autoridades allanaron las viviendas y los campamentos de ciudadanos y ciudadanas subsaharianos; en algunos casos, quemaron sus pertenencias o los desalojaron por la fuerza de sus refugios improvisados.
Además de personas refugiadas y migrantes de países del África subsahariana o de Oriente Medio y el Norte de África, la mayoría de las 8.000 o más personas que pasaron de Marruecos al enclave español de Ceuta a finales de mayo (véase el apartado sobre España) eran marroquíes y entre ellas había, como mínimo, 2.000 menores no acompañados.3 Entre abril y mayo, al menos 3 migrantes no identificados y 9 hombres marroquíes murieron en intentos de llegar a los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde territorio marroquí.
Marruecos siguió cooperando con la Unión Europea para impedir la entrada irregular en Europa desde su territorio de personas migrantes. En junio, un grupo de 15 solicitantes de asilo de nacionalidad sudanesa y chadiana, entre los que había 2 menores de edad, fueron condenados a 6 meses de prisión por intentar entrar en Melilla desde Marruecos.
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