Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
El ejército y los grupos armados mataron a cientos de civiles, en algunos casos en ejecuciones extrajudiciales, en el contexto del conflicto armado. Continuaron la violencia y la discriminación por motivos de posición social. Hubo amenazas, intimidación, detención y reclusión arbitrarias y enjuiciamiento contra personas que criticaban al gobierno y periodistas. Se negó tratamiento médico a personas detenidas.
Información general
En enero, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) impuso sanciones a Malí tras tomar unilateralmente este país la decisión de prolongar la fase de transición política posterior al golpe de Estado de 2020. Las sanciones se levantaron en julio después de darse a conocer una nueva hoja de ruta de la transición que preveía la celebración de elecciones para marzo de 2024.
La Unión Europea y otras voces denunciaron el despliegue de personal presuntamente perteneciente al Grupo Wagner, empresa militar privada rusa. Las autoridades malienses calificaron a ese personal de “instructores militares”. La Misión de Formación de la Unión Europea en Malí suspendió sus actividades en mayo, y Malí se retiró del Grupo de los Cinco del Sahel en junio. La operación militar francesa terminó en agosto, después de nueve años de presencia en el país.
En mayo, las autoridades afirmaron que habían frustrado un golpe de Estado y detenido a 10 personalidades políticas y militares. En julio, 49 soldados de Costa de Marfil que apoyaban al contingente alemán de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) fueron detenidos y acusados de “intento de menoscabar la seguridad del Estado”.
En marzo, el Estado Islámico en el Sahel (EIS) lanzó una mortífera ofensiva en las regiones de Ménaka y Gao para combatir a elementos del Movimiento para la Salvación del Azawad (MSA) y del Grupo de Autodefensa Tuareg Imghad y Aliados (GATIA).1 Los ataques indiscriminados del EIS contra las localidades de Tamalat, Inchinane, Emis-Emis y Anderamboukane tuvieron como objetivo tanto a combatientes como a civiles. El EIS mató a cientos de civiles, y en octubre más de 73.000 personas habían huido a la ciudad de Ménaka, según la ONU.
Entre mayo y septiembre, combatientes de Katiba Serma bloquearon la carretera que unía las ciudades de Boni, Douentza, Hombori y Gossi para disuadir a las comunidades locales de “colaborar” con el ejército, y obligaron a los comerciantes a depender de escoltas militares. El 2 de agosto, 19 camiones que transportaban mercancías fueron atacados y quemados por el grupo armado en Hombori, mientras esperaban una escolta armada.
El 18 de junio, presuntos miembros del Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (GSIM, por sus siglas en francés) atacaron las localidades de Diallassagou, Dianweli y Dessagou, en el círculo de Bankass, y causaron aproximadamente 130 muertes, la mayoría de civiles, según el gobierno.
En septiembre, tras desalojar al GATIA y al MSA de Talataye, región de Gao, el EIS mató a decenas de civiles, según informaciones publicadas en medios de comunicación, y quemó casas y el mercado, hechos que constituyeron crímenes de guerra. La ciudad quedó desierta.
La MINUSMA, los medios de comunicación y las ONG documentaron cientos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas armadas y sus aliados en el contexto de la Operación Keletigui desde enero.
El 3 de enero, el ejército mató presuntamente a siete civiles mauritanos en Guiré, región de Nara, durante una operación de “limpieza”. Las autoridades de Malí y de Mauritania establecieron una investigación conjunta sobre el incidente en marzo.
El 27 de enero, unos miembros de las fuerzas armadas detuvieron y ejecutaron extrajudicialmente a 14 residentes de Tonou, región de Moptí, entre ellos el jefe del poblado, tras la explosión de un dispositivo explosivo improvisado a las afueras de la localidad que causó la muerte de 2 soldados y heridas a otros 5.
En febrero, 21 comerciantes fueron sometidos a desaparición forzada durante una patrulla del ejército en la localidad de Niono, región de Segú. Poco después, el 2 de marzo, residentes en la zona encontraron 36 cadáveres quemados en las proximidades de Danguèrè-Wotoro, cerca de Niono. Algunos estaban atados y con los ojos vendados. Asociaciones locales y organizaciones de la sociedad civil culparon al ejército de los homicidios.
Después de una escaramuza con el GSIM, las fuerzas armadas, con el apoyo de personal militar extranjero, asediaron Moura, en la región de Moptí, entre el 27 y el 31 de marzo. Varios cientos de hombres de Moura y poblados vecinos que habían acudido al mercado semanal fueron divididos en grupos para su interrogatorio, y cientos de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente.2 El 1 de abril, el gobierno anunció, refiriéndose al incidente, que 203 “yihadistas” habían muerto y 51 personas habían sido detenidas durante una operación en Moura. Varios días después anunciaron que el tribunal militar de Moptí investigaría el incidente. El ejército negó a investigadores de la MINUSMA el acceso a Moura.
El 19 de abril, el ejército, acompañado de personal militar extranjero, mató al menos a 50 civiles y detuvo a aproximadamente otros 611 el día de mercado en Hombori, después de que un dispositivo explosivo improvisado hubiera matado a un soldado y herido a otros 2. Según la MINUSMA, las personas detenidas estuvieron en el campamento militar de Hombori y fueron presuntamente sometidas a tortura y otros malos tratos. Días más tarde, el ejército puso en libertad a 548 de ellas y trasladó a otras 36 al campamento militar de Sévaré. Después de que grupos armados atacaran campamentos de las fuerzas armadas en Sévaré, Niono y Bapho, 20 de los 27 detenidos que permanecían en Hombori fueron ejecutados extrajudicialmente por un soldado, según fuerzas gubernamentales y de la ONU.
En septiembre, el ejército, acompañado por presunto personal militar extranjero y cazadores dozos, atacó los poblados de Nia Ouro, Tandiama y Kankele, en la región de Moptí. Al menos 12 mujeres de Nia Ouro fueron violadas, según la MINUSMA, mientras que, a otras, los combatientes extranjeros las obligaron a desvestirse y después las fotografiaron desnudas.
Las investigaciones sobre los delitos cometidos por el ejército contra civiles desde 2019 continuaban estancadas en la mayoría de los casos.3
En julio se encontró el cuerpo mutilado de Diogou Sidibé, de 69 años, en su granja del poblado de Lany Mody, región de Kayes. El asesinato de esta mujer estuvo relacionado con su negativa a someterse a las prácticas discriminatorias que se ejercían contra ciertas personas por razón de su trabajo y ascendencia. En agosto se detuvo a 18 personas por esta muerte.
Continuó la detención de los funcionarios públicos de alto rango Kalilou Doumbia y Moustapha Diakité a pesar de que un juez de instrucción había desestimado en junio todos los cargos formulados en su contra. Ambos llevaban privados de libertad desde septiembre de 2021, incluidos dos meses en lugares de detención ilegal, presuntamente bajo custodia de la Dirección General de Seguridad del Estado.
En enero, Étienne Fakaba Sissoko, economista que mantenía una postura crítica hacia las autoridades de transición, fue detenido tras hablar en la televisión sobre las sanciones de la CEDEAO a Malí. Quedó en libertad provisional en junio y se le prohibió salir del país.
En marzo, las autoridades suspendieron Radio France Internationale y France 24 después de publicar ambos medios artículos sobre tortura y homicidios ilegítimos cometidos por el ejército.
En abril, las autoridades acusaron al político Oumar Mariko de difamar a las fuerzas armadas tras denunciar ejecuciones extrajudiciales en Moura. Después de pasar meses oculto, Oumar Mariko reapareció en Moscú, desde donde denunció los intentos del gobierno de asesinarlo.
En mayo, Sara Yara y las hermanas Faty y Amy Cissé fueron detenidas y acusadas de hacer comentarios difamatorios en Facebook sobre el director de la Agencia Nacional de Seguridad del Estado. Salieron en libertad provisional de la prisión de Bollé el 3 de septiembre.
En junio y noviembre, el periodista Malick Konaté fue objeto de amenazas, intimidación y daños a sus propiedades a manos de hombres no identificados, al parecer en relación con sus opiniones sobre el gobierno de transición y con su trabajo sobre abusos cometidos por agentes del Grupo Wagner.
En noviembre, la Autoridad Superior de la Comunicación suspendió durante dos meses la emisora Joliba TV por “incumplimientos y violaciones graves y reiterados del código deontológico del periodista”. La emisora había criticado tanto al gobierno de transición como la falta de respuesta de la Autoridad al hostigamiento y la intimidación de periodistas.
En marzo, el ex primer ministro Soumeylou Boubeye Maiga, detenido en agosto de 2021 por presunta corrupción, murió bajo custodia tras no atenderse varias peticiones de su familia y de un doctor para que se procediera a su evacuación médica. Las autoridades se negaron a llevar a cabo una autopsia.
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