Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las fuerzas militares y los grupos armados continuaron cometiendo abusos y violaciones de derechos humanos contra la población civil, incluidos crímenes de guerra. Los servicios de inteligencia eran sospechosos de la desaparición forzada de altos cargos. Hubo algunos avances en las investigaciones sobre el uso de fuerza letal durante las protestas de 2020, pero los progresos en lo relativo a la justicia por violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas fueron limitados. El gobierno no protegió a la ciudadanía de la discriminación por motivos de posición social. La campaña de vacunación contra la COVID-19 era lenta.
Tras la reestructuración del gabinete que tuvo lugar en mayo, las fuerzas armadas detuvieron al presidente y al primer ministro de transición en el segundo golpe de Estado en nueve meses. Se observaron señales claras de que la fase de gobierno de transición podría extenderse más allá de la fecha límite de febrero de 2022. La Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) suspendió a Malí tras el golpe de Estado e impuso sanciones contra varios líderes de transición. En octubre se ordenó al representante especial de la CEDEAO en Malí que saliera del país.
La población civil sufrió las peores consecuencias del persistente conflicto armado en las regiones de Moptí y Segú. En junio, las autoridades francesas anunciaron su intención de reducir gradualmente la Operación Barkhane, su operación antiterrorista regional en la región del Sahel. Los rumores de que una empresa militar privada rusa la sustituiría añadieron tensión a las relaciones entre Francia y Malí.
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes y el Estado Islámico en el Gran Sáhara cometieron crímenes de guerra y otros abusos contra la población civil.
El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes bloqueó muchas poblaciones y comunidades, y restringió la libertad de circulación y el acceso de sus residentes a sus tierras de cultivo y al agua, para obligarles a poner fin a su colaboración con el ejército. La población de Farabougou (región de Segú) estuvo bloqueada durante seis meses hasta abril.
Entre abril y agosto, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes bloqueó Dinagourou (región de Moptí), y negó a la población local el acceso a sus tierras durante la estación de lluvias.
En agosto, los ataques del Estado Islámico en el Gran Sáhara en el círculo de Ansongo causaron la muerte de 51 civiles en las comunas de Ouattagouna, Karou y Daoutegeft (región de Ménaka).
Las operaciones militares en la región de Moptí dieron lugar a violaciones graves de derechos humanos que en algunos casos podrían ser constitutivas de crímenes de derecho internacional.
El 3 de enero, en un ataque aéreo contra la localidad de Bounti, las fuerzas francesas mataron a 22 personas que se habían congregado para celebrar una boda. El ataque tuvo lugar en el contexto de unas operaciones militares franco-malienses que tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de enero. Una investigación llevada a cabo por la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) concluyó que la mayoría de las personas invitadas —incluidas 19 de las víctimas mortales— eran civiles de Bounti y de poblaciones cercanas, en tanto que 3 eran posiblemente miembros de Katiba Serma (grupo afiliado al Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes). La MINUSMA recomendó que las autoridades malienses y francesas llevaran a cabo una investigación independiente, creíble y transparente sobre el ataque y las posibles violaciones del derecho humanitario.
Tras un ataque contra una posición militar maliense en Boni (región de Moptí) en febrero, los residentes de la zona dijeron que las fuerzas armadas malienses habían cometido violaciones de derechos humanos como represalia, entre ellas la desaparición forzada de 17 personas que viajaban en autobús en marzo y la tortura y otros malos tratos infligidos a decenas de personas que se dirigían al mercado en abril.
El 2 de abril, unos soldados malienses ejecutaron extrajudicialmente a cuatro personas a las afueras de la localidad de Diafarabé, según familiares de las víctimas. Los fallecidos, que vivían cerca de un campamento del ejército, fueron acusados de alojar a personas que habían atacado el campamento ese día.
En octubre, unos soldados malienses detuvieron al menos a 30 personas en Sofara en día de mercado. Un vídeo que documentaba las detenciones mostraba a unos soldados torturando a un hombre de edad avanzada para obligarlo a confesar su pertenencia a un grupo armado. Ese mismo mes, el ejército anunció que estaba investigando la tortura y que los soldados responsables habían sido suspendidos de sus puestos. En el mismo comunicado se afirmaba que “22 presuntos terroristas” habían sido detenidos en Sofara y estaban recluidos bajo custodia de la gendarmería.
En marzo, el Tribunal de Apelación de Bamako desestimó por falta de pruebas todos los cargos formulados contra varias personas detenidas arbitrariamente en diciembre de 2020. Los detenidos, entre los que figuraban el popular locutor de radio Mohamed Youssouf Bathily —también conocido como “Ras Bath”— y cinco altos funcionarios, habían sido acusados de conspirar para “desestabilizar las instituciones de la transición” con el ex primer ministro Boubou Cissé (que fue acusado pero no detenido). Dichas personas quedaron en libertad en abril, pero Ras Bath estuvo detenido arbitrariamente de nuevo durante una semana en mayo tras denunciar la complicidad de la judicatura en el “simulacro” de investigación en su contra.
Tras el golpe de Estado de mayo, las fuerzas armadas detuvieron y recluyeron arbitrariamente sin cargos al expresidente Bah Ndaw y al primer ministro Moctar Ouane en el campamento militar de Soundiata Keita, en Kati. Unos días después, Bah Ndaw fue trasladado al Campamento A de Bamako, y Moctar Ouane quedó bajo arresto domiciliario en Bamako. Las fuerzas armadas justificaron la reclusión de ambos por motivos de seguridad. En agosto, los dos fueron puestos en libertad y quedaron autorizados a circular libremente.
Dos funcionarios públicos fueron objeto de desaparición forzada durante dos meses, presuntamente a manos de la Seguridad del Estado antes de ser trasladados a la prisión central de Bamako. Kalilou Doumbia, secretario permanente de la presidencia con Bah Ndaw, fue detenido el 6 de septiembre, según Human Rights Watch, y su familia no pudo obtener información acerca de su paradero o su suerte. El 10 de septiembre, Moustapha Diakité, un comisario de policía radicado en Kayes, también desapareció tras ser convocado a una reunión con el alto mando de la Policía Nacional. El paradero de estos dos hombres no se conoció hasta el 5 de noviembre cuando, junto con el coronel Kassoum Goïta —exjefe de la Seguridad del Estado— y otras cuatro personas fueron acusados de asociación criminal y conspiración contra el gobierno.
En abril, el Tribunal Penal de Bamako celebró 12 juicios por cargos de terrorismo en los que declaró culpables a 28 personas a las que se les impusieron sendas cadenas perpetuas y absolvió a una. En octubre, en otra sesión especial del Tribunal Penal en Bamako se vieron otras 47 causas por cargos de terrorismo. En algunos casos se documentaron violaciones del derecho a un juicio justo, con detención ilegal previa al juicio bajo custodia de los servicios de Inteligencia y falta de asistencia letrada durante las investigaciones preliminares. En junio, el Tribunal Penal de Moptí juzgó a 12 personas por el homicidio ilegítimo de 39 civiles de Koulogon-Peul, cometido en enero de 2019. Los acusados, que habían sido puestos en libertad provisional por el tribunal, fueron declarados culpables in absentia y condenados a cadena perpetua por cargos de asesinato, entre otros.
Se observaron avances limitados en las investigaciones sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas armadas.
En septiembre, el jefe de la Fuerza Especial Antiterrorista, Oumar Samaké, fue detenido y acusado de “asesinato, agresión con agravantes, agresión con resultado de muerte y complicidad en asesinato”, en relación con la muerte de 14 manifestantes en 2020 tras el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Su detención dio origen a protestas espontáneas de agentes de policía, que lo liberaron de la prisión principal de Bamako y lo pasearon por las calles. Oumar Samaké regresó voluntariamente a la detención previa al juicio tras recibir un ultimátum el gobierno.
Continuaron la discriminación y la violencia contra personas por motivos de su posición social derivada de su ascendencia. En septiembre, una persona murió y muchas otras resultaron heridas cuando una muchedumbre atacó en Tomora un desfile del Día de la Independencia protagonizado por personas pertenecientes a una casta considerada inferior.
En febrero, Malí recibió a través de COVAX su primer lote de 396.000 vacunas contra la COVID-19. Hasta diciembre se habían administrado 963.968 dosis, y 349.000 personas (el 1,7% de la población) habían recibido las dos dosis. Las vacunas se concentraron principalmente en los centros urbanos debido a la falta de seguridad en las regiones del centro y el norte del país. Además, la deficiente infraestructura médica dificultaba la conservación de las dosis para su distribución en zonas remotas.
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