Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Se investigó, detuvo y procesó a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, dirigentes de la oposición y otras personas por criticar al gobierno. El gobierno aprovechó las medidas implantadas contra la COVID-19 para restringir los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Se registraron nuevas muertes bajo custodia, aunque nadie rindió cuentas por ellas. Continuaron las redadas de inmigración, las detenciones y otras formas de persecución contra personas refugiadas y solicitantes de asilo y contra la mano de obra migrante. Aumentó la discriminación contra la población LGBTI.
La gestión que hizo el gobierno de la pandemia de COVID-19 dio lugar a protestas públicas e inestabilidad política. Desde el mes de enero hasta el 1 de agosto de 2021 permaneció en vigor el estado de emergencia, en virtud del cual quedaron suspendidos tanto el Parlamento federal como las asambleas legislativas de los estados. El 16 de mayo, tras haber perdido la mayoría, dimitió el primer ministro, Muhyiddin Yassin. Una semana más tarde juró el cargo su sustituto, Ismail Sabri Yaakob.
En febrero, el portal de noticias Malaysiakini fue multado por desacato con 500.000 ringgits (aproximadamente 119.000 dólares estadounidenses) por unos comentarios publicados por sus lectores en los que se criticaba una sentencia judicial. Se utilizaron la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia y la Ley contra la Sedición para criminalizar las voces discrepantes. En marzo, el gobierno promulgó una ordenanza para combatir las “noticias falsas” relacionadas con la COVID-19 que expiró con el levantamiento del estado de emergencia en agosto. 1
Se investigó, procesó y hostigó a activistas, periodistas y otras personas por criticar a las autoridades. En julio, en aplicación de la Ley sobre Comunicaciones y Materiales Multimedia, se presentaron cargos contra Heidy Quah, activista de los derechos de las personas refugiadas, por un comentario publicado en las redes sociales en 2020 que ponía en evidencia las deficientes condiciones de un centro de detención para inmigrantes.
También en julio, la policía irrumpió en las oficinas de los autores de una película de animación sobre la violencia policial. El 29 de julio, la activista estudiantil Sarah Irdina Arif fue detenida en aplicación de la Ley contra la Sedición e interrogada por unos comentarios a favor de “Lawan”, movimiento de protesta contra la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19, aparecidos en las redes sociales.
Se utilizaron la Ley de Reunión Pacífica y las leyes y normas de control de la COVID-19 para impedir y dispersar protestas pacíficas. En marzo, la policía interrogó a manifestantes tras un acto de protesta en el que se pedía rebajar la edad para votar a los 18 años.2 En mayo, en virtud de la Ley de Reunión Pacífica, se investigó a una serie de manifestantes que pedían la reapertura del Parlamento. En julio, la policía amenazó con detener a médicos de un centro de salud que participaban en una huelga nacional, de una hora de duración, para pedir más seguridad laboral. A consecuencia de ello, la huelga fue desconvocada.
Durante las semanas previas a la dimisión del primer ministro, Muhyiddin Yassin, se intensificó la represión del derecho de reunión pacífica.3 Decenas de personas fueron investigadas por un acto de protesta del movimiento “Lawan”, celebrado el 31 de julio en la capital, Kuala Lumpur. Además, otras muchas denunciaron haber sido hostigadas por la policía en sus domicilios.
El 2 de agosto, una barrera formada por agentes de policía antidisturbios impidió a 107 diputados y diputadas de la oposición entrar en el Parlamento, que había sido clausurado tras haber comunicado el gobierno que se habían detectado casos de COVID-19. La mencionada barrera había sido creada en repuesta a una manifestación en la que participaron los parlamentarios y parlamentarias, que más tarde fueron citados por la policía para ser interrogados y multados por infringir la legislación impuesta para controlar la COVID-19.
El 19 de agosto, la policía dispersó una vigilia del movimiento “Lawan” por las víctimas de la COVID-19, y detuvo y multó a 13 personas por incumplimiento de la legislación contra la COVID-19. En aplicación de la Ley de Policía, dos participantes fueron acusadas de comportamiento “alborotador, indecente, desordenado o insultante”. Los organizadores cancelaron otro acto de protesta del movimiento “Lawan” que iba a celebrarse con posterioridad. Aun así, la policía consiguió un mandato judicial que prohibía la entrada en Kuala Lumpur a 34 activistas y bloqueó las vías de acceso a la ciudad.
Se continuó tratando con dureza a las personas refugiadas y solicitantes de asilo y a la mano de obra migrante, con redadas de inmigración, detenciones, reclusiones y deportaciones a países donde estas personas corrían peligro real de sufrir violaciones de derechos humanos. En febrero, en contravención de una resolución judicial, el gobierno deportó a 1.086 migrantes y solicitantes de asilo a Myanmar, pese al recrudecimiento de la violencia en ese país y a las amenazas de persecución en él tras el golpe militar.
En junio, cientos de personas fueron detenidas en una serie de redadas efectuadas en zonas con alta concentración de población migrante indocumentada. Dada la masificación de los centros de detención para inmigrantes, las personas que eran recluidas en ellos corrían especial riesgo de contraer la COVID-19.4 Asimismo, el gobierno difundió por Internet carteles contra la población rohinyá y otros mensajes contra la inmigración.
En mayo, el gobierno canadiense comunicó que estaba investigando varias denuncias de trabajo forzoso en plantaciones de aceite de palma y fábricas de guantes de Malasia.
A lo largo del año, al menos 19 personas murieron bajo custodia policial o poco después de haber quedado en libertad. En abril murió un hombre de 40 años que, tras haber permanecido bajo custodia policial, había sido hospitalizado el mes anterior inmediatamente después de haber quedado en libertad. Según noticias aparecidas en los medios de comunicación, la autopsia confirmó que A Ganapathy había muerto a consecuencia de las lesiones sufridas bajo custodia. El gobierno aseguró que se estaban efectuando investigaciones al respecto, pero no se presentaron cargos contra nadie. Según cifras del gobierno, entre enero de 2020 y septiembre de 2021, 105 personas habían muerto bajo custodia policial, en cárceles o en centros de detención para inmigrantes.
Continuó la persecución de personas y activistas LGBTI. En enero, el gobierno afirmó estar considerando la posibilidad de endurecer las penas para castigar las “infracciones” cometidas por personas LGBTI. En junio, el “grupo de trabajo anti-LGBTI” del gobierno advirtió de que se emprenderían acciones contra toda aquella persona que “promoviera el estilo de vida LGBTI”. Hasta junio, 1.733 personas habían sido enviadas a campos de “rehabilitación” del gobierno, gestionados por el Departamento de Desarrollo Islámico (Jakim), cuya función era cambiar el “estilo de vida” y la “orientación sexual” de las personas LGBTI. En octubre, Nur Sajat, mujer transgénero, solicitó y recibió asilo en Australia. Sajat denunció haber sido agredida sexualmente cuando se encontraba bajo custodia policial, en enero.
Los pueblos indígenas del estado de Kelantan protestaron contra el proyecto de construcción de una presa, y los líderes comunitarios denunciaron que no se había solicitado previamente su consentimiento libre e informado. En julio, una comunidad indígena solicitó oficialmente la revisión judicial de un aviso de desalojo de sus tierras, expedido por el gobierno del estado de Selangor, para llevar a cabo en ellas un proyecto de desarrollo turístico.
Se detuvo el avance hacia la abolición de la pena de muerte, pero siguió en vigor la moratoria de las ejecuciones. Se siguieron dictando condenas a muerte preceptivas para castigar, entre otros delitos, algunos relacionados con drogas.
A continuació pots veure continguts relacionats amb aquest país.
Anàlisi, opinió, històries personals i d'altres
