Jordània

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Las autoridades intensificaron la represión de la libertad de expresión y de asociación de personas dedicadas al activismo político, periodistas, trabajadores y trabajadoras, miembros de partidos políticos y personas LGBTI, entre otras, mediante la aplicación de legislación abusiva y redactada de manera imprecisa. Persistió el encarcelamiento por deudas, lo que contravenía el derecho internacional. Se siguió juzgando a civiles en tribunales militares. Una nueva ley otorgó a las mujeres jordanas casadas con extranjeros el derecho a mantener la nacionalidad, aunque siguieron sin poder transmitírsela a su esposo, hijos e hijas. Las personas LGBTI sufrían hostigamiento y abusos, fomentados por las disposiciones sobre “inmoralidad” del Código Penal y por una campaña contra ellas liderada por algunos miembros del Parlamento.

Información general

En mayo, el rey Abdalá II puso fin al estado de excepción, declarado en Jordania en marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, y que otorgaba a las autoridades facultades para restringir derechos humanos, como el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, en 2023 Jordania acogía a 655.283 personas refugiadas sirias, 66.686 iraquíes, 12.882 yemeníes, y 7.578 sudanesas y somalíes. Había también 2 millones de personas refugiadas palestinas inscritas en la Agencia de la ONU para la Población Refugiada Palestina (UNRWA). En marzo, el ACNUR y el Banco Mundial informaron de que el índice de pobreza de la población refugiada siria había alcanzado el 66%. En julio, el Programa Mundial de Alimentos y el ACNUR anunciaron recortes en las ayudas por falta de financiación.

Detención arbitraria

Los gobernadores locales continuaron aplicando la Ley de Prevención del Delito, de 1954, para detener administrativamente a cualquier persona “considerada un peligro para la sociedad”, sin presentar cargos en su contra ni cumplir las debidas garantías procesales. En febrero y en marzo, por ejemplo, el gobernador de la ciudad de Madaba detuvo arbitrariamente al menos a dos activistas en aplicación de dicha ley, únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión, respectivamente. En junio, el ministro del Interior ordenó a las autoridades locales que liberaran a 503 personas sometidas a detención administrativa en virtud de la Ley de Prevención del Delito. Sin embargo, según abogados relacionados con el asunto, no fueron puestas en libertad.

El 7 de mayo, a petición de Emiratos Árabes Unidos, unos agentes de seguridad del aeropuerto de la capital, Ammán, detuvieron al ciudadano turco-emiratí Khalaf al Rumaithi. Quedó en libertad bajo fianza y se le permitió entrar en Jordania, pero volvieron a arrestarlo el 8 de mayo y lo extraditaron a Emiratos Árabes Unidos en secreto y vulnerando la orden de un tribunal jordano.¹ Khalaf al Rumaithi llevaba un decenio exiliado en Turquía tras haber sido condenado in absentia en Emiratos Árabes Unidos a 15 años de prisión tras el juicio manifiestamente injusto de 94 disidentes.

Encarcelamiento por deudas

El aumento del desempleo y del costo de la vida afectó significativamente al acceso de la población a bienes y servicios esenciales, como alimentos, combustible y agua. La ausencia de un plan de protección social adecuado provocó que cientos de miles de personas se endeudaran para llegar a fin de mes. Al menos 158.000 corrían riesgo de ser encarceladas por deudas en virtud de la Ley de Ejecución, que preveía una pena de 6 meses de prisión por el impago de una deuda de más de 5.000 dinares jordanos (7.049 dólares estadounidenses). El encarcelamiento por tal motivo vulneraba el derecho internacional.

Una mujer de 24 años contó a Amnistía Internacional que había avalado a su padre, de 60 años, para que le concedieran un préstamo con que cubrir sus gastos diarios. El padre no pudo devolver el préstamo y ambos podían ir a la cárcel, porque la deuda excedía los 5.000 dinares jordanos.

Libertad de expresión

Aplicando legislación abusiva e imprecisa, como la Ley de Delitos Informáticos, la Ley Antiterrorista y el Código Penal, las autoridades investigaron o procesaron al menos a 43 personas por expresarse en Internet, entre ellas 8 que hacían activismo político y otra que era periodista. El Tribunal de Seguridad del Estado, de jurisdicción militar, juzgó a 9 por cargos falsos o imprecisos entre los que figuraban “socavar el régimen”, difundir noticias falsas que podrían “socavar el prestigio del Estado” e “instigar conflictos religiosos o sectarios”.

En enero, el Tribunal de Seguridad del Estado acusó a Sofian al Tal, Abed Tawahia y Omar Abu Rassa de “socavar el régimen”, lo que acarreaba penas de hasta 20 años de prisión. Estos tres activistas políticos habían sido arrestados en diciembre de 2022 por pretender criticar públicamente el discurso anual del rey.

El 9 de agosto, el Tribunal de Primera Instancia de Ammán decidió en apelación aumentar de tres meses a un año la pena de prisión impuesta al periodista Ahmad al Zobi, que había sido declarado culpable de “instigación de conflictos sectarios y raciales, así como al conflicto entre los componentes de la nación”, por una publicación en Facebook en la que había criticado a un funcionario durante una huelga de transportistas contra la subida del precio del combustible. El 21 de agosto, el ministro de Justicia rechazó una solicitud presentada por Ahmad al Zobi para recurrir ante el Tribunal de Casación.

El 12 de agosto, el rey aprobó una nueva ley de delitos informáticos que restringía aún más el derecho a expresar libremente opiniones en Internet. La ley introducía penas más severas de prisión, de un mínimo de 3 meses, y multas de hasta 32.000 dinares jordanos (45.115 dólares).² Dos plataformas independientes de noticias contaron a Amnistía Internacional que habían eliminado la sección de comentarios porque el artículo 33 de la ley permitía al “fiscal o el tribunal ordenar a cualquier sitio web, plataforma de redes sociales o persona responsable de una cuenta pública eliminar o bloquear el contenido considerado contrario a la ley, bloquear al usuario o al editor y entregar la información pertinente, incluidos datos personales de los usuarios”.

En noviembre, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a tres hombres en aplicación de la nueva ley de delitos informáticos por sus opiniones en Internet sobre el conflicto de Gaza, Palestina, en las que, entre otras cosas, defendían los derechos palestinos. La fiscalía los acusó de “incitar a la sedición, el conflicto y el odio”, “enviar, reenviar o publicar información difamatoria o calumniosa”, “difamar a un organismo oficial” y “publicar imágenes, información o noticias de agentes encargados de hacer cumplir la ley”.

Libertad de asociación

En mayo, las autoridades intimidaron a decenas de miembros del Partido Jordano de la Asociación y la Salvación para que dimitieran de sus cargos en él, con objeto de que el número de miembros fundadores fuera menor de 1.000, que era el mínimo requerido para inscribirlo en aplicación de la Ley de Partidos Políticos de 2022. Un abogado miembro del partido explicó a Amnistía Internacional que éste cumplía todas las condiciones para su inscripción, incluido el número mínimo de miembros que nunca hubieran sido declarados culpables de delitos que vulneraran “el honor, la moral y la seguridad”. Sin embargo, una semana después de que el partido celebrara su primera reunión anual, el comité electoral independiente lo disolvió, afirmando que 130 de sus miembros habían sido declarados culpables de violar la Ley de Partidos Políticos. El partido llevó el caso ante un tribunal administrativo después de que los acusados presentaran pruebas de su inocencia al comité electoral.

Las autoridades no convocaron elecciones para una nueva junta directiva del sindicato de docentes después de que un tribunal hubiera ordenado la disolución de la anterior en 2020. Una abogada contó a Amnistía Internacional que las autoridades habían obligado a varios miembros de la junta anterior a jubilarse anticipadamente para evitar que participaran en las elecciones.

Derechos de las mujeres

En enero, el Parlamento aprobó una ley que otorgaba a las jordanas casadas con extranjeros el derecho a conservar la nacionalidad. Anteriormente, las mujeres tenían que renunciar a la nacionalidad jordana si contraían matrimonio con un extranjero y sólo la recuperaban al enviudar o divorciarse. Las mujeres jordanas seguían sin poder transmitir la nacionalidad a su esposo, hijos e hijas.

En marzo, el Parlamento aprobó reformas de la Ley del Trabajo que incluían la imposición de multas de entre 2.000 y 5.000 dinares jordanos (2.820 y 7.049 dólares) a los responsables de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las autoridades continuaron utilizando contra personas LGBTI disposiciones sobre “inmoralidad” enunciadas de manera imprecisa en el Código Penal, aunque la legislación no penalizaba las relaciones homosexuales.

En julio, algunos miembros del Parlamento impulsaron en las redes sociales una campaña contra las personas LGBTI, pidiendo la tipificación como delito de las relaciones homosexuales, que desencadenó una ola de discursos de odio y amenazas de ciudadanos contra ellas y contra sus simpatizantes. Dos activistas contaron a Amnistía Internacional que los servicios de seguridad habían intimidado y acosado a las personas encargadas de organizar la proyección de una película de temática LGBTI para que la cancelaran.

Derecho a un medioambiente saludable

Jordania continuaba siendo uno de los países del mundo con mayor estrés hídrico. Informó de que estaba empleando más recursos hídricos de los que se reponían y que el cambio climático iba a reducir significativamente la cantidad de agua disponible.

En septiembre, Jordania anunció un recorte de las subvenciones al agua para los hogares que consumieran más de 6 metros cúbicos al mes.

El gobierno no anunció una nueva contribución determinada a nivel nacional; en 2021 había elevado su objetivo macroeconómico de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 14% al 31% para 2030. Las autoridades dijeron que no iban a poder cumplir ese objetivo ni implementar las medidas de adaptación necesarias si no recibían ayudas económicas significativas.