Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024

Se detuvo a personas que protestaban pacíficamente y se utilizó fuerza excesiva para disolver actos de protesta. Las operaciones del ejército en Papúa se saldaron con homicidios ilegítimos y tortura y otros malos tratos. Se encarceló a activistas independentistas. Era habitual que las fuerzas de seguridad torturaran e infligieran otros malos tratos a personas acusadas de delitos, en algunos casos causándoles la muerte. En Papúa también cometieron homicidios ilegítimos agentes no estatales. El gobierno no sometió controvertidos proyectos de infraestructuras a una consulta significativa entre la población afectada. Indonesia siguió siendo muy dependiente del carbón para generar energía, y los planes de eliminación gradual de los combustibles fósiles eran insuficientes.

Información general

Aumentaron las tensiones en Papúa después de que el Ejército de Liberación Nacional del Movimiento Papúa Libre (TPNPB-OPM, por sus siglas en indonesio) tomara como rehén en febrero a un piloto de nacionalidad neozelandesa en el aeropuerto de Paro, en las remotas tierras altas de la regencia de Nduga (provincia de Papúa de las Tierras Altas). La respuesta del ejército indonesio fue declarar una “alerta de combate” en Nduga y desplegar fuerzas adicionales en la zona, lo que hizo temer por la seguridad de la población civil del lugar y de las áreas circundantes.

Libertad de reunión

Las fuerzas de seguridad detuvieron a manifestantes pacíficos y emplearon fuerza excesiva para disolver protestas, a menudo con resultado de lesiones.

El 5 de agosto, la policía detuvo a 18 personas que descansaban en la Gran Mezquita de Sumatra Occidental —situada en la ciudad de Padang, capital de la provincia de Sumatra Occidental— durante unos actos de protesta contra la construcción de una refinería de petróleo y productos petroquímicos en la localidad de Nagari Air Bangis (regencia de Barat). La policía hizo salir del edificio a otras personas que participaban en la protesta, algunas de los cuales estaban rezando en ese momento, incluidas mujeres a las que sacó a rastras de la mezquita. Agentes de policía agredieron y amenazaron al menos a 5 periodistas que estaban transmitiendo en directo o informando sobre los hechos. Posteriormente todas las personas detenidas, entre las que había líderes y activistas de la comunidad, estudiantes y profesionales del derecho, quedaron en libertad sin cargos. Estos acontecimientos tuvieron lugar tras seis días de protestas protagonizadas por residentes de Nagari Air Bangis, a quienes preocupaba el peligro que suponía la construcción de la refinería para sus medios de vida y para el medioambiente de la zona.

El 14 de agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron a 7 personas y utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes que bloqueaban una vía de la ciudad de Bandung (Java Occidental) en protesta por el desalojo previsto de aproximadamente 300 residentes del barrio de Dago Elos, situado a las afueras de la ciudad. Entre las personas detenidas había residentes de Dago Elos y un abogado que las apoyaba en el conflicto sobre la propiedad de la tierra. Todas quedaron en libertad el 16 de agosto, pero se presentaron cargos contra 3 de ellas por comisión de actos violentos. Según informes, varias personas resultaron heridas por el empleo de fuerza excesiva por parte de la policía.¹

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron procesando a personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión —incluidas las que reivindicaban la independencia de Papúa—, acusándolas de delitos contra la seguridad del Estado. A lo largo del año se encarceló al menos a tres activistas papúes por la expresión de sus opiniones.

El 8 de agosto, el Tribunal de Distrito de Jayapura declaró culpables de traición a Yoseph Ernesto Matuan, Devio Tekege y Ambrosius Fransiskus Elopere en aplicación de los artículos 55 y 106 del Código Penal, y los condenó a 10 meses de prisión cada uno. Los 3 estudiantes habían sido detenidos en noviembre de 2022 cuando participaban en una vigilia celebrada en la Universidad de Tecnología y Ciencias de Jayapura para conmemorar el 21 aniversario del secuestro y asesinato del líder independentista Theys Eluay. En el acto se había izado la bandera del Lucero del Alba, símbolo de la independencia papú. Los 3 quedaron en libertad en septiembre, tras haber cumplido su condena.²

Homicidios ilegítimos

Hubo informes de al menos 26 sucesos que desembocaron en homicidios ilegítimos por las fuerzas de seguridad en Papúa, con un total de 58 personas muertas.

En septiembre, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a 5 indígenas papúes en Dekai, capital de la regencia de Yahukimo (provincia de Papúa de las Tierras Altas). Las fuerzas de seguridad afirmaron que los 5 muchachos, de entre 15 y 18 años, habían muerto en un enfrentamiento armado con el TPNPB-OPM. Otras fuentes negaron que los jóvenes fueran miembros de ese grupo armado, y aseguraron que se dirigían de regreso a su localidad tras haber comprado comida en Dekai. Toda persona que saliera de Dekai tenía que informar de ello en un puesto de seguridad situado a las afueras de la localidad, y de no hacerlo se consideraba automáticamente que pertenecía al TPNPB-OPM. Al concluir el año, las autoridades seguían sin abrir investigaciones sobre estos presuntos homicidios.

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas de seguridad sometieron a tortura y otros malos tratos a personas detenidas para extraerles información o confesiones.

La tortura y otros malos tratos siguieron siendo habituales en Papúa, donde se practicaron detenciones arbitrarias y se torturó en el contexto de las operaciones militares realizadas en la regencia de Nduga y sus alrededores. El 6 de abril, el ejército detuvo y torturó a 6 indígenas papúes de la localidad de Kwiyawagi, en la regencia de Lanny Jaya (provincia de Papúa de las Tierras Altas), entre los que había 4 menores de edad. Todos fueron trasladados en helicóptero al cuartel militar de Timika, donde uno de ellos murió, según los informes debido a las lesiones que sufrió a consecuencia de la tortura. Se trataba de Wity Unue, de 17 años. Los demás quedaron en libertad sin cargos el 20 de abril, aunque, según informes, su estado de salud era precario. Al concluir el año, nadie había comparecido ante la justicia en relación con este caso.

En septiembre se señaló a ocho miembros de la división de narcóticos de la policía metropolitana de Yakarta como sospechosos de la mortal paliza propinada en julio a un presunto traficante de drogas durante un interrogatorio. Al concluir el año no se habían presentado cargos contra ninguno de ellos.

En agosto fue hallado el cadáver de Imam Masykur, más de 3 semanas después de su secuestro y tortura a manos de 3 soldados de la fuerza de seguridad presidencial y el ejército indonesio. Según la Comisión Asiática de Derechos Humanos, los 3 soldados detuvieron al joven de 25 años en la capital, Yakarta, tras haberlo acusado de vender drogas ilegales, y pidieron un rescate por su liberación. El cadáver de Imam Masykur apareció en un embalse de Java Occidental. En diciembre, los 3 perpetradores fueron condenados a cadena perpetua y expulsados del ejército.

Abusos cometidos por grupos armados

A lo largo del año se documentaron en Papúa 11 sucesos en los que 24 personas fueron víctimas de homicidios ilegítimos cometidos por el TPNPB-OPM.

El 28 de agosto, un portavoz reivindicó en nombre del grupo armado el asesinato de Michelle Kurisi Doga, perpetrado en Kolawa, en la regencia de Lanny Jaya (provincia de Papúa de las Tierras Altas). En el momento de su muerte, Michelle Kurisi Doga estaba viajando para recabar información sobre los desplazamientos debidos a las operaciones militares realizadas en Nduga, pero, según el portavoz, el grupo sospechaba que pertenecía al cuerpo de inteligencia militar.³

Al concluir el año aún no había sido liberado el ciudadano neozelandés que el TPNPB-OPM había tomado como rehén en febrero.

Derechos económicos, sociales y culturales

Antes de autorizar su puesta en marcha, el gobierno no sometió a consultas significativas el proyecto Rempang Eco-City —de construcción de infraestructuras industriales y turísticas por valor de miles de millones de dólares estadounidenses en la isla de Rempang— ni llevó a cabo los correspondientes procesos efectivos de diligencia debida en materia de derechos humanos. El proyecto en cuestión requería la reubicación de unas 7.500 personas residentes en 16 localidades habitadas fundamentalmente por indígenas tempatan, que dejaban así de tener acceso a sus tierras ancestrales. Tanto las comunidades tempatan como otras comunidades locales se opusieron enérgicamente a este proyecto nacional. En agosto se celebraron consultas con las comunidades afectadas en relación con el proyecto, pero, según informes, en algunas de las reuniones hubo fuertes medidas de seguridad y quienes realizaron tareas de observación en el proceso las describieron como meras sesiones de suministro unidireccional de información por parte del gobierno y la empresa a la población residente.

En agosto y septiembre se sucedieron una serie de protestas contra la adquisición de tierras para el proyecto Rempang Eco-City, que culminaron en enfrentamientos con la fuerzas de seguridad el 7 de septiembre en el transcurso de los cuales algunas de las personas que protestaban lanzaron piedras y botellas de agua, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron utilizando cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de goma. Hubo al menos 20 manifestantes con lesiones, y aproximadamente 25 estudiantes de 2 escuelas situadas en las proximidades del lugar de las protestas necesitaron tratamiento hospitalario a causa del gas lacrimógeno. Tras los hechos del 7 de septiembre, se instalaron en la isla nuevos puestos de seguridad conjuntos de la policía y el ejército. Según la sección de la ONG Instituto de Asistencia Letrada en la zona, al menos 35 personas fueron acusadas de uso o amenazas de violencia contra funcionarios en el desempeño de sus obligaciones, un delito punible con hasta un año y 4 meses de prisión.⁴

Derecho a un medioambiente saludable

Aunque una parte cada vez mayor de la electricidad de Indonesia procedía de energías renovables, el país seguía dependiendo en gran medida del carbón para generar electricidad. Además, el carbón era el producto que más exportaba Indonesia. Los planes de retirada gradual de los combustibles fósiles para la producción de energía —establecidos en la Normativa Presidencial núm. 112 de 2022 sobre la Aceleración del Desarrollo de las Energías Renovables para el Suministro Eléctrico— no eran adecuados, entre otras razones porque, aunque la normativa prohibía nuevas centrales eléctricas de carbón, seguía permitiendo la construcción de las ya previstas. En consecuencia, el gobierno prosiguió con el proyecto previsto de generación de energía de 35.000 megavatios, acordado en 2015, que suponía la construcción de 109 centrales eléctricas por todo el país, la mayoría de carbón.

1. Masyarakat Indonesia belum merdeka dari kekerasan negara, 16 de agosto
2. Bebaskan tiga mahasiswa Papua dari pidana makar, 8 de agosto
3. Usut pelaku pembunuhan Michelle Kurisi dan kekerasan bersenjata atas warga sipil di Tanah Papua, 30 de agosto
4. Jangan paksa masyarakat Batam menerima proyek strategis nasional, 8 de septiembre