Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Las autoridades continuaron imponiendo cuarentenas obligatorias en asentamientos romaníes a fin de combatir la COVID-19. Persistía la preocupación por una investigación sobre el uso excesivo de la fuerza contra personas romaníes. Miembros del Parlamento intentaron que se adoptaran reformas para restringir el acceso al aborto. Eslovaquia aún no había ratificado el Convenio de Estambul.
En abril, el Tribunal Constitucional decidió llevar a cabo una investigación sobre la legalidad de las restricciones del derecho a la libertad durante la pandemia de COVID-19.
Las autoridades sometían a la comunidad romaní a una discriminación generalizada.
Las autoridades continuaron imponiendo cuarentenas obligatorias en asentamientos romaníes, lo que suscitó preocupación sobre la proporcionalidad y la falta de apoyo socioeconómico. Las autoridades sanitarias de varias regiones de Eslovaquia impusieron cuarentenas obligatorias en decenas de asentamientos romaníes cuando varios de sus residentes dieron positivo en las pruebas de COVID-19. La policía se encargó de hacer cumplir las cuarentenas. El 23 de febrero, la plenipotenciaria gubernamental para las comunidades romaníes planteó diversos motivos de preocupación sobre la práctica generalizada de las cuarentenas obligatorias, que las autoridades no evaluaron de manera adecuada si eran proporcionadas o necesarias. En diciembre, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que establecía la obligatoriedad de las cuarentenas, porque dicha ley no fijaba límites a las restricciones sobre los derechos humanos.
Durante todo el año se expresó preocupación por la desigualdad de acceso de la comunidad romaní a las vacunas contra la COVID-19, que era la causa de los bajos índices de vacunación en sus asentamientos. Al término de agosto sólo se había vacunado al 7% de la población de los asentamientos romaníes, frente al 43% de la población general. Con anterioridad a la entrada en vigor de una reforma de la ley en abril, las personas extranjeras y con atrasos en el pago del seguro médico no tenían acceso a las vacunas contra la COVID-19. Esto afectaba de manera desproporcionada a las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos, incluidas las romaníes.
En abril, en la causa MB. and Others v. Slovakia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Eslovaquia no había investigado las denuncias de malos tratos a seis niños romaníes por agentes de policía en un vehículo policial tras detenerlos en la ciudad de Košice en 2009.
En mayo y junio, el Tribunal de Distrito de Košice archivó las actuaciones penales contra cinco de las seis personas romaníes que habían presentado denuncia por malos tratos durante una operación policial en Moldava nad Bodvou en 2013. La policía alegaba que estos cinco hombres habían acusado en falso de actuación indebida a sus agentes. En diciembre, el Tribunal de Distrito también archivó las actuaciones contra la sexta denunciante. En junio, el gobierno se disculpó por las violaciones de derechos humanos cometidas en el curso de la actuación policial, pero no proporcionó justicia ni reparación a las víctimas.
En abril, la ONG eduRoma publicó un informe donde afirmaba que, según cálculos, nada menos que el 70% de los niños y niñas romaníes de Eslovaquia no habían participado en la educación telemática durante la primera ola de la pandemia de COVID-19 en 2020. La falta de acceso a Internet fue uno de los principales obstáculos para asistir a las clases desde casa.
Eslovaquia seguía enfrentándose a los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por segregar y discriminar sistemáticamente a los niños y niñas romaníes en la educación, incumpliendo la legislación sobre igualdad de la Unión Europea.
En junio, mujeres romaníes que habían sido víctimas de esterilización forzada se reunieron con miembros del Parlamento para pedir al Estado que les garantizase justicia y reparación por el daño que habían sufrido. La defensora pública de los Derechos Humanos (Defensora del Pueblo) y la ONG Centro por los Derechos Humanos y Civiles reiteraron el llamamiento en favor de unas indemnizaciones adecuadas. En noviembre, el gobierno de Eslovaquia se disculpó oficialmente por la esterilización ilegal de miles de mujeres romaníes, pero aún no había puesto en marcha un mecanismo de indemnización efectivo.
Diez años después de firmar el Convenio del Consejo de Europa sobre Violencia contra las Mujeres (Convenio de Estambul), Eslovaquia aún no lo había ratificado. Un informe del Instituto de Investigación sobre Trabajo y Familia, basado en los datos de las líneas de asistencia telefónica a víctimas de violencia de género en el ámbito familiar, señalaba un aumento de los casos durante la pandemia de COVID-19. En 2020, el número de llamadas a estas líneas de ayuda aumentó un 49% respecto a 2019.
En abril, el primer ministro destinó tres millones de euros a los centros para víctimas de violencia de género intrafamiliar para incrementar la financiación de los refugios.
En junio y noviembre, varios miembros del Parlamento intentaron sin éxito que se aprobaran reformas para restringir el acceso al aborto. Las propuestas, que fueron rechazadas en la cámara, tenían por objeto restringir el acceso al aborto legal.
En agosto, Eslovaquia anunció que sólo aceptaría a 10 personas afganas evacuadas. Los dirigentes de los partidos del gobierno de coalición manifestaron que el país no estaba dispuesto a aceptar un “número mayor” de personas refugiadas.
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