Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Existía preocupación por las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19 y su inacción respecto a los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades negras y racializadas, las mujeres y las personas refugiadas y migrantes.
En abril, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial pidió a Canadá que investigara unas denuncias de violencia racista contra el pueblo Mi’kmaw.
En junio, el Parlamento aprobó una ley cuyo propósito era armonizar la legislación de Canadá con la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Entre mayo y el final del año se localizaron los restos de más de 1.381 niños y niñas indígenas enterrados en seis antiguas escuelas residenciales. Las escuelas, establecidas por el gobierno de Canadá, habían sido administradas por las iglesias.1
Las autoridades no implementaron plenamente los 94 llamamientos a la acción efectuados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá ni difundieron un calendario público para hacerlo; tampoco aplicaron los 142 llamamientos a la acción formulados por la comisión de investigación pública sobre las relaciones entre los pueblos indígenas y ciertos servicios públicos de Quebec.
En septiembre, el Tribunal Federal confirmó la sentencia del Tribunal Canadiense de Derechos Humanos que ordenaba a Ottawa pagar 40.000 dólares canadienses (alrededor de 32.000 dólares estadounidenses) a cada uno de los aproximadamente 50.000 niños y niñas de las Primeras Naciones separados a la fuerza de sus familias. Al finalizar el año, los partidos llegaron a un acuerdo de principio por el cual se pagarían 20.000 millones de dólares canadienses (alrededor de 15.700 millones de dólares estadounidenses) en concepto de indemnización a los niños y niñas de las Primeras Naciones que hubieran sido apartados de su hogar, y durante cinco años se destinarían alrededor de 20.000 millones de dólares canadienses a la reforma a largo plazo del programa Atención a la Infancia y la Familia de las Primeras Naciones.
En febrero, el ministro de Servicios Indígenas anunció la asignación de 2 millones de dólares canadienses (aproximadamente 1,6 millones de dólares estadounidenses) al Consejo de la Nación Atikamekw y al Consejo del pueblo Atikamekw de Manawan para potenciar su trabajo de incidencia en favor de la aplicación del Principio de Joyce, cuyo objetivo era garantizar a todas las personas indígenas el derecho a la igualdad de acceso a todos los servicios sociales y de salud, sin discriminación. Este principio tomaba su nombre de Joyce Echaquan, una mujer atikamekw que recibió insultos racistas por parte del personal sanitario antes de fallecer en un hospital de Quebec en septiembre de 2020.
En el mes de septiembre, el gobierno de Quebec negó de nuevo la existencia de racismo sistémico en la provincia y siguió negándose a acatar el Principio de Joyce. El informe de la pesquisidora que investigó la muerte de Joyce Echaquan indicaba que el gobierno de la provincia de Quebec debía reconocer la existencia de racismo sistémico y comprometerse a erradicarlo.
Canadá no cumplió su compromiso de garantizar a las comunidades de las Primeras Naciones el acceso a agua potable antes del 31 de marzo de 2021. En octubre se descubrió petróleo en la red hídrica de Iqaluit, lo que obligó a sus residentes a buscar fuentes de suministro alternativas.
Pese a la elevada incidencia de la COVID-19, los pueblos indígenas seguían careciendo de centros y servicios de salud, y vivían en condiciones de hacinamiento e infravivienda.
Las comunidades racializadas seguían sufriendo racismo sistémico, por ejemplo en sus interacciones con las fuerzas policiales. En diciembre de 2020, un grupo de empleados federales negros interpuso una demanda colectiva histórica contra el gobierno federal por los decenios de racismo institucional y sistémico existente en los servicios públicos. Al finalizar el año, la causa seguía pendiente ante el Tribunal Federal de Canadá.
En mayo, varios líderes indígenas pidieron una investigación en relación con la Real Policía Montada de Canadá de la isla de Vancouver tras los disparos efectuados contra dos personas tla-o-qui-aht en la primera mitad de 2021 que causaron la muerte de una de ellas y provocaron heridas graves a la otra. En julio, el Consejo de Líderes de las Primeras Naciones reiteró dicho llamamiento tras la muerte por disparos de un hombre wet’suwet’en en la Columbia Británica.
En agosto, la Comisión de Derechos Humanos y Derechos de la Juventud de Quebec publicó un artículo que señalaba que las denuncias por la utilización de perfiles raciales habían aumentado un 87%: de 46 en el periodo 2018-2019 a 86 en 2020-2021.
Entre el 21 de marzo de 2020 y el 21 de junio de 2021, 444 personas solicitantes de asilo fueron devueltas de manera sumaria a Estados Unidos en el marco de las medidas tomadas para contener la pandemia de COVID-19, que se retirarían el 20 de noviembre de 2021.
En abril, el Tribunal Federal de Apelaciones revocó una decisión que establecía que el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Canadá y Estados Unidos era inconstitucional. En diciembre, el Tribunal Supremo de Canadá admitió a trámite el recurso de apelación contra esa resolución.
Las prácticas de detención vinculadas al control de la inmigración siguieron violando el derecho internacional de los derechos humanos, incluidos los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.2
El presupuesto federal para el periodo 2021-2022 incluía el compromiso de asignar 27.000 millones de dólares canadienses (aproximadamente 21.000 millones de dólares estadounidenses) a lo largo de cinco años a la creación de un sistema nacional de atención a la infancia a costes asequibles.
En marzo, la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley sobre el Trabajo Sexual presentó una demanda para anular la legislación canadiense que criminalizaba el trabajo sexual con el argumento de que violaba los derechos de las personas que lo realizaban. El caso estaba pendiente al terminar el año.
En junio, Canadá puso en marcha un plan nacional de acción para abordar las 231 peticiones de justicia formuladas en la investigación nacional sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas, si bien éste no detallaba las medidas de rendición de cuentas ni el calendario de implementación.
En junio, el Comité Permanente sobre Derechos Humanos del Senado publicó un informe sobre la esterilización forzada y obligada, una práctica que afectaba de forma desproporcionada a las personas de dos espíritus, mujeres y niñas indígenas.
El proyecto de ley para penalizar las “terapias de conversión”, un proceso dirigido a cambiar la orientación sexual o suprimir la identidad o expresión de género de una persona, se convirtió en ley el 8 de diciembre.
En enero se tuvo noticia de que el personal de Amazon seguía trabajando a pesar de la preocupación por la salud y la seguridad en relación con la pandemia. La empresa se opuso a los intentos de los trabajadores de formar un sindicato.
Las empresas canadienses de extracción de recursos siguieron operando extraterritorialmente con escasa supervisión en materia medioambiental o de derechos humanos por parte del gobierno canadiense o los de los países anfitriones.
Los promotores del oleoducto de Trans Mountain no obtuvieron el consentimiento libre, previo e informado de todas las comunidades secwepemc afectadas. En abril, varios hombres atacaron en un campamento situado en Blue River (Columbia Británica) a unas defensoras de la tierra del pueblo Secwepemc que protestaban contra la construcción de los campamentos industriales de la empresa.
Entre septiembre y diciembre, agentes armados de la Real Policía Montada de Canadá detuvieron a 36 personas que defendían pacíficamente la tierra y se oponían a la construcción del oleoducto Coastal GasLink en el territorio ancestral Wet’suwet’en, en la Columbia Británica; entre ellas había tres periodistas que informaban sobre las protestas.
Canadá siguió subvencionando el sector de los combustibles fósiles, concretamente los proyectos de prospección y desarrollo, la explotación y el transporte de petróleo y gas.
En junio, el gobierno federal promulgó la Ley de Rendición de Cuentas de Canadá sobre Neutralidad de Carbono, el primer acto legislativo canadiense sobre responsabilidad en materia climática.
Canadá siguió transfiriendo armas a Colombia a pesar de la represión militarizada de las manifestaciones que daba lugar a violaciones de derechos humanos. También siguió exportando armas a Arabia Saudí pese a que las evaluaciones de riesgos de las transferencias no cumplían el Tratado sobre el Comercio de Armas.3
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