Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
La situación de los derechos humanos siguió deteriorándose y el gobierno manifestó hostilidad hacia defensores y defensoras de los derechos humanos, manifestantes, activistas del ámbito político y periodistas. Estas personas fueron objeto de hostigamiento, arresto, enjuiciamiento y detención prolongada en espera de juicio, y un activista murió presuntamente a manos de simpatizantes del partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). El Estado utilizó los confinamientos asociados a la COVID-19 para restringir la actividad política. Las fuerzas de seguridad cometieron homicidios ilegítimos. El Tribunal Supremo anuló una condena a 20 años de prisión impuesta a dos simpatizantes de la oposición. Miles de personas fueron desalojadas forzosamente de sus tierras. Los hospitales públicos continuaron sin contar con financiación adecuada, y las deficientes infraestructuras médicas ponían en peligro la salud de las mujeres y las niñas. Muchas personas corrían el riesgo de convertirse en apátridas.
El gobierno promulgó dos enmiendas constitucionales que fueron muy criticadas por menoscabar la independencia de la judicatura. En abril, el Parlamento aprobó la Enmienda Constitucional 1 de 2017, que permitía al presidente del país nombrar al presidente y el vicepresidente de la Judicatura y del Tribunal Supremo, así como al presidente del Tribunal Superior, sin necesidad de seguir procesos de selección abiertos. En mayo, el Parlamento aprobó la Enmienda 2, que facultaba al presidente para nombrar a jueces titulares para cubrir vacantes en los tribunales superiores, también sin necesidad de abrir procesos de selección.
El costo de la vida aumentó y el gobierno no cumplió su objetivo de brindar protección social a un millón de personas, y dejó de aplicar su paquete de medidas de bienestar social contra la COVID-19 durante la tercera ola de la enfermedad que tuvo lugar entre junio y agosto.
Las autoridades intensificaron su hostilidad hacia las personas que expresaban opiniones discrepantes. En octubre, Spenser Chiteera, un agente de policía de Mount Darwin, fue sometido a medidas disciplinarias por respaldar en Internet a Nelson Chamisa, presidente del opositor Movimiento por el Cambio Democrático-Alianza (MDC-A), con la consigna de campaña “Ngaapinde Hake Mukomana” (“Dejen entrar al chico”).
Ese mismo mes, la policía detuvo a Maxwell Guvava, también agente de policía, por insultar al presidente o menoscabar su autoridad tras afirmar ante partidarios de ZANU-PF que “el país est[aba] podrido” (“nyika yaora”).
En agosto se presentó de nuevo en el Parlamento el Proyecto de Ley de Ciberseguridad y Protección de Datos tras haberse detectado errores en el texto. El Proyecto de Ley presentaba diferencias sustanciales respecto a la versión publicada en el boletín oficial que se había dado a conocer a la ciudadanía durante las audiencias públicas. El gobierno recibió críticas por no haber tenido en cuenta el proceso de consulta pública en la formulación de la disposición legal.
Al menos 15 periodistas fueron objeto de arresto, detención o agresión por parte de las fuerzas de seguridad mientras desempeñaban su trabajo. En enero, Michael Magoronga fue detenido en Kwekwe por usar una acreditación caducada emitida por la Comisión de Medios de Comunicación de Zimbabue. Samuel Takawira, del foro de medios de comunicación online 263Chat, fue agredido en abril por policías antidisturbios cuando cubría la vista de determinación de la pena en la causa de Makomborero Haruzivishe, activista juvenil de MDC-A (véase infra, “Detención y reclusión arbitrarias”), en el tribunal de primera instancia. El periodista autónomo Jeffrey Moyo fue detenido el 26 de mayo por infringir la Ley de Inmigración al ayudar a dos periodistas de The New York Times a obtener acreditaciones de medios de comunicación. Jeffrey Moyo no obtuvo la libertad bajo fianza, pero fue excarcelado el 15 de junio. En septiembre, nueve periodistas fueron detenidos por cubrir una manifestación de MDC-A en las oficinas de la Comisión Electoral de Zimbabue. Tras la intervención de un abogado, quedaron en libertad sin cargos.
También en septiembre, Gilbert Munetsi fue detenido y recluido por violar el toque de queda asociado a la COVID-19 cuando regresaba a su domicilio desde el trabajo. Quedó en libertad al día siguiente tras la intervención de su abogado. Ese mismo mes, dos periodistas fueron detenidos cuando cubrían las conmemoraciones del aniversario de MDC-A en Bulawayo.
En septiembre se concedieron licencias de actividad a ocho emisoras de radio comunitarias.
Las autoridades restringieron el derecho a la protesta al utilizar la normativa asociada a la COVID-19 para actuar contra activistas políticos, defensores de los derechos humanos y otras personas que mantenían opiniones discrepantes.
El 2 de febrero, las activistas de MDC-A Cecilia Chimbiri y Joanah Mamombe fueron detenidas y recluidas en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi, acusadas de menoscabar la autoridad de la policía durante un confinamiento nacional en virtud de la sección 11 del Instrumento Legislativo 83 de 2020. Quedaron en libertad bajo fianza el 8 de febrero.
Makomborero Haruzivishe fue detenido el 17 de febrero después de que unos hombres vestidos de civil efectuaran disparos contra él. Fue acusado de incitar a la violencia pública por hacer sonar un silbato durante una protesta celebrada en febrero de 2020 ante la Comisión Electoral de Zimbabue en la capital, Harare. En abril fue condenado a 36 meses de prisión, 16 de ellos con suspensión de la pena. Apeló contra la condena y en julio se le concedió la libertad bajo fianza, que fue revocada de inmediato por un magistrado que ordenó que continuara detenido en espera de la sustanciación de otros cargos formulados en su contra. Joanah Mamombe y Cecilia Chimbiri fueron detenidas de nuevo el 6 de marzo tras intervenir en una conferencia en solidaridad con Makomborero Haruzivishe. La detención tuvo lugar en una comisaría de policía en la que se habían personado en cumplimiento de las condiciones de su libertad bajo fianza, y las dos mujeres fueron acusadas de infringir la normativa asociada a la COVID-19. No obtuvieron la libertad bajo fianza, pero fueron excarceladas el 5 de mayo.
En marzo, la policía registró la casa del activista de la sociedad civil Prosper Tiringindi en Masvingo en busca de pruebas de su implicación en una pintada de grafitis con mensajes que pedían la reversión del aumento del 500% de la inflación. Prosper Tiringindi fue detenido y quedó en libertad sin cargos más tarde. El 6 de abril, cuatro agentes de seguridad armados registraron de nuevo su casa en su busca.
El 23 de abril, nueve miembros del Foro de Residentes de Masvingo fueron detenidos por protestar por la escasez de agua que afectaba a esa ciudad desde hacía dos meses. Fueron acusados, en virtud del artículo 37 de la Codificación de Derecho Penal, de participar en una concentración ilícita con la intención de promover violencia pública, y el 24 de septiembre fueron absueltos.
Alice Kuvheya, directora de la fundación de residentes denominada Chitrest, fue detenida el 14 de junio y acusada de “incitar a participar en una concentración con la intención de promover violencia pública” e “incitación para cometer violencia pública”, tras haber acusado a la autoridad local de connivencia con la policía para desalojar a comerciantes informales. Poco antes, había ganado una causa judicial que bloqueó la demolición de locales pertenecientes a comerciantes informales. Un tribunal desestimó los cargos el 28 de junio y en noviembre, respectivamente.
Un total de 40 veteranos de guerra, detenidos el 26 de octubre en Harare por protestar por las exiguas pensiones mensuales que percibían (menos de 100 dólares estadounidenses), fueron acusados de alterar la paz. Quedaron en libertad bajo fianza cuatro días más tarde.
El 30 de junio, el coordinador provincial de desarrollo para la provincia metropolitana de Harare emitió una directiva que exigía a las ONG la presentación de sus planes de trabajo antes de llevar a cabo actividades en esa entidad administrativa. El 3 de agosto, el Tribunal Superior falló que la directiva era inconstitucional.
El 5 de noviembre se publicó en el boletín oficial una enmienda a la normativa de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas que contemplaba el cierre de las organizaciones sospechosas de financiar a políticos durante las elecciones o de hacer campaña en favor de ellos.
Tras el levantamiento de las restricciones asociadas a la COVID-19 en septiembre, Nelson Chamisa (véase supra, “Libertad de expresión”) inició en octubre su gira de encuentros con la gente. En la provincia de Masvingo y otros lugares, unos simpatizantes de ZANU-PF perturbaron la gira, causaron daños en vehículos y golpearon a unos residentes que habían salido a mostrar su apoyo al político. Además, obligaron a algunos simpatizantes, incluidas personas mayores, a denunciar a Nelson Chamisa públicamente. El 20 de octubre, el automóvil del político fue alcanzado por disparos en la provincia de Manicaland.
El 16 de enero, seis soldados dispararon contra cuatro habitantes de Gweru en las afueras de la localidad, causando la muerte de uno de ellos y heridas a los demás, después de que la población local les hiciera frente por agredir a residentes durante un registro en busca de ladrones de cable de cobre. Los seis soldados fueron detenidos y acusados de asesinato, y quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio.
Nyasha Mawere, simpatizante de MDC-A, murió en noviembre tras haber sido golpeado en Gutu por presuntos simpatizantes de ZANU-PF en octubre. Su esposa y otros familiares fueron acusados de difamación tras haber acusado a miembros de ZANU-PF de ser los responsables. No se detuvo a nadie por el homicidio.
El 4 de junio, el Tribunal Supremo absolvió a Last Tamai Maengahama y Tungamirai Madzokere, dos simpatizantes de MDC-A, y ordenó que fueran liberados inmediatamente de la prisión de máxima seguridad de Chikurubi. Los dos habían sido condenados a 20 años de prisión en 2016 por el asesinato de un agente de la Policía de la República de Zimbabue.
Miles de personas se quedaron sin hogar como consecuencia de la demolición por parte de las autoridades de viviendas construidas en lo que el gobierno calificó de “asentamientos ilegales”.
En las zonas rurales, muchas comunidades estaban amenazadas de desalojo forzoso o fueron desalojadas por oponerse a iniciativas de “inversión económica”. Por ejemplo, miles de personas fueron expulsadas de sus tierras en Chisumbanje (provincia de Manicaland), y sus cultivos fueron destruidos para que una empresa del sector de los combustibles pudiera ampliar su plantación de caña de azúcar.
En marzo, el gobierno publicó el Instrumento Legislativo 72A de 2021, por el que retiró sus planes de llevar a cabo el desalojo inminente de 12.000 personas de sus tierras en Chilonga para que una empresa produjera alfalfa. La medida se introdujo la víspera del día en que debía celebrarse la vista ante el Tribunal Superior de la impugnación de los desalojos interpuesta por la comunidad. El gobierno presentó ante el tribunal documentación en la que se oponía a la disposición y en la que reconocía que no había consultado de forma adecuada a la comunidad y que no llevaría a cabo desalojos hasta que encontrase formas de indemnizar a esas personas y proporcionarles tierras alternativas.
En enero, la sección de Zimbabue del Instituto para los Medios de Comunicación del África Austral llevó al gobierno ante los tribunales por no difundir información completa sobre la COVID-19 en lo relativo a pruebas diagnósticas privadas y públicas, medidas de aislamiento y tratamiento.
Continuó la insuficiencia de vacunas derivada de la escasez mundial. Aunque India donó 35.000 dosis de la vacuna Covaxin, la continuada insuficiencia impidió que algunas personas recibieran una segunda inyección. En junio, al comenzar la tercera ola, el gobierno envió una comunicación al Banco Africano de Exportación e Importación para rechazar la recepción de 3 millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson, aduciendo preocupaciones relativas a posibles efectos secundarios y problemas de almacenamiento. Mientras tanto, las autoridades implementaron una política de atención domiciliaria alegando que la mayoría de la población aquejada de COVID-19 no necesitaba hospitalización. En consecuencia, los hospitales públicos no atendieron a personas con síntomas de COVID-19 y los tratamientos se privatizaron gradualmente. Los hospitales privados cobraban entre 2.000 y 5.000 dólares estadounidenses por la atención necesaria y un promedio de 3.500 dólares por cada ingreso, cifras muy superiores a los salarios mensuales medios, que eran de entre 130 y 300 dólares.
En agosto, 78 profesionales de la salud habían muerto tras contraer la COVID-19. El gobierno instituyó en septiembre una política de “vacunarse para poder trabajar” y, un mes más tarde, emitió una circular en la que se prohibía al personal de la administración pública no vacunado presentarse en su lugar de trabajo. Esas personas podían ser objeto de medidas disciplinarias y suspensiones de salario si incumplían la orden.
El gobierno hizo público en marzo que, en los primeros dos meses del año, 4.959 niñas habían quedado embarazadas, y al menos 1.774 se habían casado antes de cumplir 18 años. En julio, una niña de 14 años murió tras dar a luz en una iglesia de la provincia de Manicaland. Tras las protestas públicas, su esposo y su padre fueron detenidos y acusados de violación y de obstrucción de la justicia.
Las mujeres y niñas embarazadas seguían corriendo el riesgo de sufrir lesiones relacionadas con el parto que podían cambiar su vida, como la fístula obstétrica, ya que muchas evitaban los centros de salud públicos en favor del parto domiciliario debido a las inadecuadas infraestructuras de salud, las prácticas culturales y los elevados costos hospitalarios.
Cientos de miles de zimbabuenses corrían el riesgo de convertirse en apátridas. Debido a la enorme acumulación de solicitudes, la Oficina del Registro General tardaba meses en entregar los documentos de registro nacional.
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