Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Persistieron las denuncias sobre expulsiones ilegales de personas refugiadas y migrantes. Una destacada asociación contra el racismo corría peligro de disolución. La policía hizo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que protestaban por la corrupción.
No hubo avances en las conversaciones entre los líderes grecochipriota y turcochipriota celebradas en abril en Ginebra para la reanudación de las negociaciones formales respecto a la resolución del problema de Chipre (la disputa aún no resuelta por la administración de la isla).
Continuaron los informes sobre devoluciones sumarias en el mar de personas migrantes y refugiadas a Líbano, que desde 2019 había devuelto sistemáticamente a personas sirias a su país, donde su seguridad peligraba. En agosto llegaron informes de que las autoridades habían interceptado dos barcos que transportaban a 89 personas, a las que habían devuelto a Siria, excepto dos personas con problemas de salud a las que habían separado de sus familias y trasladado a Chipre.
Organismos de derechos humanos y otros expresaron preocupación por las condiciones de vida en los centros de acogida, incluidas las restricciones impuestas para combatir la pandemia de COVID-19.
En noviembre, el presidente pidió apoyo urgente a la UE para controlar la migración, incluida la suspensión temporal de nuevas solicitudes de asilo.
KISA, destacada organización contra el racismo, continuó enfrentándose a un procedimiento de disolución como consecuencia de una reforma legislativa introducida en 2020, que ocasionó su retirada del registro de asociaciones en diciembre de ese año debido a un ligero retraso en el cumplimiento de los nuevos requisitos. KISA presentó un recurso ante el Tribunal Supremo del país. Mientras, la organización seguía funcionando con graves limitaciones.
En septiembre, el Tribunal Supremo examinó un recurso de apelación de una joven británica contra una sentencia de un tribunal de distrito que la declaraba culpable de denuncias falsas por haber denunciado que había sufrido una violación en grupo en julio de 2019. Existía una gran preocupación respecto a los informes que señalaban deficiencias en la investigación policial del caso y la falta de imparcialidad en su juicio en primera instancia.
En febrero, según informes, la policía usó fuerza ilegítima contra manifestantes pacíficos durante una protesta contra la corrupción celebrada en Nicosia. La Autoridad Independiente para la Investigación de Denuncias contra la Policía puso en marcha una investigación. Aunque la investigación había terminado según los informes, sus conclusiones se desconocían al término del año.
Las autoridades chipriotas mantuvieron la prohibición general de todas las manifestaciones, que era desproporcionada e ilegal y había sido introducida en marzo de 2020 como parte de las restricciones asociadas a la COVID-19.
Durante el año, en su misión de determinar lo sucedido a las víctimas de desaparición forzada durante los combates entre comunidades de 1963 y 1964 y los sucesos de 1974, el Comité de Personas Desaparecidas en Chipre identificó los restos de 1.023 personas desaparecidas (732 grecochipriotas y 291 turcochipriotas).
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