Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Personas refugiadas y solicitantes de asilo denunciaron que habían sido objeto de devolución sumaria a Líbano. El Tribunal Supremo de Chipre anuló el fallo condenatorio dictado contra una estudiante británica en 2019 por una denuncia falsa de violación.
Información general
No hubo avances hacia la reanudación de unas negociaciones completas entre los líderes grecochipriotas y turcochipriotas respecto al problema de Chipre (la disputa aún no resuelta sobre la administración de la isla).
La ONG KISA denunció casos de violencia y apología del odio durante dos manifestaciones antinmigración celebradas en enero contra las personas refugiadas sirias que vivían en un complejo residencial en el pueblo de Chlorakas así como la posterior inacción de la policía, que no intervino. También denunció amenazas e insultos racistas contra Doros Polykarpou, miembro de la ONG, durante la segunda manifestación. Al concluir el año no se conocía el resultado de una investigación sobre los incidentes a cargo de la autoridad independiente de denuncias contra la policía.
En junio, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU expresó motivos de preocupación relacionados con las personas menores refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, entre ellos las deficientes condiciones de vida en los centros de acogida y el acceso insuficiente a educación y asistencia médica. El Comité expresó también su preocupación ante las expulsiones y devoluciones sumarias.
En agosto, las organizaciones de derechos humanos denunciaron dos nuevas tandas de devoluciones sumarias a Líbano, incluida la de 52 sobrevivientes de un naufragio en julio. Según denunciaron éstas, las autoridades chipriotas las habían sometido a condiciones inhumanas y malos tratos antes de devolverlas. En una causa pendiente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 2 ciudadanos sirios denunciaron haber sufrido diversas violaciones de derechos humanos a manos de las autoridades chipriotas, incluida su devolución sumaria a Líbano, con riesgo de devolución en cadena a Siria.
En septiembre, había más de 27.000 solicitudes de asilo pendientes en primera instancia frente a las 16.994 que había al concluir 2021.
En septiembre, un informe presentado por el fiscal general de Chipre concluyó que la muerte en 2005 del recluta Athanasios Nikolaou había sido un asesinato y señaló graves deficiencias en la investigación policial. En octubre se ordenó una nueva investigación policial sobre el caso. La familia de Athanasios Nikolaou manifestó preocupación por no haber recibido acceso suficiente a las conclusiones y expresiones de inquietud del informe sobre los progresos de la nueva investigación. En 2020 se había resuelto que Chipre había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al negarse a investigar eficazmente el caso.
En enero, el Tribunal Supremo de Chipre anuló el fallo condenatorio dictado contra una estudiante británica en 2019 por denuncia falsa de violación y encontró graves deficiencias en la investigación realizada por el ministerio fiscal sobre la denuncia inicial de violación. Después de que el fiscal general rechazara la solicitud de reabrir la investigación, se presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Entre 2006 y diciembre de 2022, en su misión de determinar la suerte y el paradero de las personas sometidas a desaparición forzada durante los combates entre comunidades de 1963 y 1964 y los sucesos de 1974, el Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre había identificado los restos de 1.028 personas desaparecidas (736 grecochipriotas y 292 turcochipriotas).
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