Información extraída de nuestro INFORME 2021/22
Durante el Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las elecciones nacionales se reprimió duramente la disidencia tanto dentro como fuera de Internet. Se arrestó y acusó a periodistas independientes, responsables editoriales y otras personas críticas con el gobierno en aplicación de leyes represivas. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento generalizado, vigilancia digital ilegítima, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por motivos políticos. Continuaron denunciándose casos de tortura y otros malos tratos. Las duras medidas de confinamiento impuestas para frenar la propagación de la COVID-19 afectaron de manera desproporcionada a las personas más vulnerables, y las autoridades impusieron duras sanciones a quienes incumplieron las normas relativas a la COVID-19. Las personas que trabajaban en el sector informal hicieron frente a enormes dificultades relacionadas con la pandemia debido a la insuficiencia de las prestaciones sociales, y las personas LGBTI jóvenes corrieron mayor peligro de sufrir discriminación.
En enero de 2021, en el decimotercer Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, fueron elegidos un nuevo Comité Central y un nuevo Comité Político para liderar el partido y el país durante los cinco años siguientes. Los resultados del Congreso supusieron la continuidad del enfoque represivo del partido gobernante contra la disidencia y los derechos humanos. El 23 de mayo se celebraron las elecciones a la Asamblea Nacional, que confirmaron formalmente la elección de los miembros de la legislatura y la reelección del primer ministro Phạm Minh Chính.
Se intensificó todavía más la intolerancia con la disidencia a lo largo del año y continuaron las restricciones del derecho a la libertad de expresión. Aumentaron las detenciones arbitrarias y el enjuiciamiento de periodistas, responsables editoriales y otras personas que criticaron al gobierno o al Partido Comunista de Vietnam.
Antes de las elecciones a la Asamblea Nacional de mayo, las autoridades iniciaron una campaña de represión contra las candidaturas independientes y las personas críticas con el proceso electoral. En marzo, el analista político Trần Quốc Khánh y el periodista ciudadano Lê Trọng Hùng fueron detenidos en aplicación del artículo 117 del Código Penal de 2015, que penalizaba “la elaboración, el almacenamiento o la difusión de información, materiales o artículos con el fin de enfrentarse al Estado de la República Socialista de Vietnam” y disponía penas de hasta 20 años de cárcel. Ambos habían solicitado presentarse como candidatos independientes (o “autodesignados”) a las elecciones a la Asamblea Nacional. El 31 de diciembre, Lê Trọng Hùng fue condenado a cinco años de prisión más cinco de libertad vigilada. En marzo, la policía detuvo al médico Nguyễn Duy Hướng por escribir artículos en su cuenta de Facebook criticando las políticas gubernamentales.1
Las personas que criticaron la respuesta del gobierno a la pandemia de COVID-19 también recibieron duros castigos. A principios de agosto, la policía detuvo a Trần Hoàng Huấn por publicar en Facebook críticas a las medidas gubernamentales relativas a la COVID-19. El 2 de septiembre, la policía impuso una multa de 5 millones de dongs vietnamitas (unos 210 dólares estadounidenses) a Nguyễn Thùy Dương, usuaria de Facebook que publicó unos comentarios online criticando a las autoridades por desatender a los habitantes de Ciudad Ho Chi Minh y permitir que pasaran hambre durante los confinamientos por la COVID-19. En octubre, cuatro hombres fueron detenidos y acusados en aplicación de varios artículos del Código Penal por publicar comentarios en Facebook criticando las medidas gubernamentales relacionadas con la COVID-19. Al concluir el año seguían detenidos.
En febrero, una investigación de Amnistía Internacional descubrió una campaña de vigilancia ilegítima que se había llevado a cabo contra defensores y defensoras de los derechos humanos entre febrero de 2018 y noviembre de 2020. Los ataques con software espía se atribuyeron a un grupo conocido como Ocean Lotus e iban dirigidos contra activistas vietnamitas de dentro y fuera del país, entre los que figuraba el activista en favor de la democracia y bloguero Bùi Thanh Hiếu, residente en Alemania. También sufrió los ataques la Iniciativa Vietnamita en el Extranjero para el Empoderamiento de la Conciencia (VOICE), organización sin ánimo de lucro que respaldaba a personas refugiadas vietnamitas y promovía los derechos humanos en Vietnam a través de sus oficinas en Estados Unidos y Filipinas.2
El 14 de diciembre de 2021, la destacada periodista, escritora y defensora de los derechos humanos Phạm Đoan Trang, que había sido detenida en octubre de 2020, fue condenada a nueve años de prisión por el Tribunal Popular de Hanoi. En aplicación del artículo 88 del Código Penal de 1999, se la acusó de “elaborar, almacenar, distribuir o difundir información, documentos u objetos contra la República Socialista de Vietnam” por unos artículos que había escrito sobre el medioambiente y los derechos humanos, así como por unas entrevistas que había concedido a medios de comunicación extranjeros. Antes del juicio, Phạm Đoan Trang había permanecido recluida en régimen de incomunicación durante más de un año.
Nguyễn Thúy Hạnh, otra destacada defensora de los derechos humanos, fue detenida el 7 de abril y acusada en aplicación del artículo 117 del Código Penal. Era la fundadora de 50K Fund, organización de recaudación de fondos para ayudar a las familias de las personas detenidas ilegítimamente en Vietnam, y a menudo trataba cuestiones de derechos humanos en Facebook.
El 5 de mayo, la activista de los derechos sobre las tierras Cấn Thị Thêu, y su hijo Trịnh Bá Tư, también activista, fueron declarados culpables en aplicación del artículo 117 del Código Penal y condenados a ocho años de prisión más tres años de libertad vigilada por su acción pacífica en favor de los derechos sobre las tierras. Habían sido detenidos en junio de 2020, junto con Trịnh Bá Phương —otro hijo de Cấn Thị Thêu— y Nguyễn Thị Tâm, también activista de los derechos sobre las tierras. Los cuatro habían denunciado la notoria disputa de tierras en Đồng Tâm, un pueblo cerca de la capital, Hanoi, donde un enfrentamiento durante una redada policial en enero de 2020 se había saldado con la muerte de un líder comunitario de 84 años y 3 agentes de la policía. En diciembre, Trịnh Bá Phương fue condenado a 10 años de prisión más 5 años de libertad vigilada, y Nguyễn Thị Tâm, a 6 años de prisión más 3 de libertad vigilada. Antes del juicio, Trịnh Bá Phương permaneció recluido en régimen de incomunicación durante 16 meses, y las autoridades rechazaron todas las peticiones de visita de sus familiares.
Las denuncias de tortura y otros malos tratos a reclusos continuaron siendo generalizadas. En marzo, Amnistía Internacional reveló que el activista político Nguyễn Văn Đức Độ, que cumplía una pena de 11 años de prisión, había permanecido en régimen de aislamiento desde mayo de 2020 en condiciones inhumanas en la prisión de Xuân Lộc, en la provincia de Đồng Nai. El régimen de aislamiento prolongado y los malos tratos a manos de guardias de la prisión afectaron gravemente a su salud mental.3
En respuesta a un aumento del número de contagios por COVID-19 a finales de agosto, las autoridades impusieron severas y desproporcionadas medidas de confinamiento en las regiones más afectadas. Se decretaron varios confinamientos en Ciudad Ho Chi Minh que impidieron a sus habitantes salir de casa durante un total de 16 semanas. En uno de ellos, que comenzó a finales de agosto y duró cuatro semanas, se recurrió al ejército para su cumplimiento y se dejó a muchas personas, especialmente las ya de por sí vulnerables, expuestas a una situación de grave inseguridad alimentaria y hambruna, al verse obligadas a depender del ejército para obtener alimentos y otros artículos.4
Las autoridades también impusieron duras sanciones penales a personas que incumplieron las normas de confinamiento. El 6 de septiembre, el Tribunal Popular de la provincia de Cà Mau condenó a Lê Văn Trí a cinco años de prisión por saltarse las normas relativas a la COVID-19 y “propagar el virus”. El 30 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh impuso una pena de dos años de prisión condicional al auxiliar de vuelo Dương Tấn Hậu por el mismo cargo, “propagar enfermedades infecciosas peligrosas”.
La pandemia de COVID-19 afectó a todos los sectores de la sociedad vietnamita, pero algunos grupos se vieron afectados de manera desproporcionada, entre ellos el de las personas LGBTI y el de las trabajadoras migrantes empleadas en el sector informal.
Jóvenes LGBTI denunciaron sufrir graves problemas por tener que recluirse en sus hogares con su familia durante los confinamientos, donde sufrían la discriminación y la violencia de sus familiares a causa de su orientación sexual o identidad de género.
Según una investigación gubernamental, los efectos económicos en las trabajadoras migrantes internas de Vietnam, incluidas las vendedoras ambulantes, fueron particularmente graves. Muchas denunciaron sufrir inseguridad alimentaria y tener problemas para cubrir otras necesidades básicas debido a la falta de oportunidades de empleo y a las insuficientes prestaciones sociales del gobierno.
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