Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023
Las enérgicas medidas tomadas contra la disidencia tanto dentro como fuera de Internet hicieron temer una nueva oleada de represión contra la sociedad civil. Se arrestó y acusó en aplicación de leyes represivas a periodistas independientes, activistas, practicantes de distintas religiones y otras personas críticas con el gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrieron hostigamiento generalizado, vigilancia digital, detenciones arbitrarias y enjuiciamientos por motivos políticos. Los informes de casos de tortura y otros malos tratos continuaron a un ritmo alarmante.
Información general
La sexta reunión del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, celebrada en octubre, afianzó aún más la posición de poder del secretario general, Nguyễn Phú Trọng, lo que indicaba la continuación del control y la represión del espacio cívico. Vietnam fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a pesar de que esa membresía exige aplicar las normas más estrictas de derechos humanos. El gobierno formuló varias promesas en el ámbito de los derechos humanos, pero tras haber presentado la candidatura de Vietnam al Consejo, recluyó, detuvo o condenó a un mínimo de 48 personas entre periodistas, activistas y dirigentes de ONG. En octubre, Vietnam actualizó su contribución determinada a nivel nacional para combatir el cambio climático estableciendo objetivos más ambiciosos de reducción de las emisiones, pero detuvo a destacadas figuras de la observación y el activismo climáticos, lo que hizo dudar de su compromiso con la lucha contra la crisis climática.
Durante todo 2022 siguió sin tolerarse la disidencia, y la libertad de expresión estuvo continuamente sometida a restricciones. Siguieron utilizándose los artículos 117 y 331 del Código Penal de 2015 para detener y enjuiciar de manera arbitraria a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, practicantes de religiones y personas críticas con el gobierno o con el Partido Comunista de Vietnam. En agosto se temió una nueva e inminente oleada de represión tras la publicación del Decreto 53 que, entre otras disposiciones, ordenaba a las empresas tecnológicas almacenar los datos de los usuarios, con la posibilidad de facilitárselos a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones.1 En virtud del Decreto se creaba también un grupo especial de ciberseguridad que contribuiría a garantizar la aplicación de esas y otras medidas represivas consagradas en la Ley de Ciberseguridad de 2019.
Seis fieles del templo de TịnhThất Bồng Lai fueron detenidos en aplicación del artículo 331 del Código Penal por “abusar de las libertades democráticas” al haber publicado vídeos que, según se consideraba, “divulgaban información falsa” y “atentaban contra la dignidad” de la policía local y de un monje de una comunidad budista controlada por el gobierno. El 21 de julio se les impusieron penas de entre 3 y 5 años de prisión.
También fueron detenidos en virtud del artículo 331 Nguyễn Thái Hưng y Vũ Thị Kim Hoàn —un matrimonio— por haber criticado al gobierno en un vídeo emitido en directo, y condenados en noviembre a cuatro años y dos años y medio de prisión, respectivamente.
En julio fue detenido el destacado activista y periodista independiente Nguyễn Lân Thắng en aplicación del artículo 117, que establecía el impreciso delito de “elaborar, almacenar o difundir” información “contra la República Socialista de Vietnam”. En septiembre fueron detenidos 3 activistas más —Bùi Tuấn Lâm, Đặng Đăng Phước y Phan Sơn Tùng— por el mismo cargo. Al concluir el año, los 4 seguían recluidos en espera de juicio y se enfrentaban a penas de hasta 20 años de cárcel en caso de ser declarados culpables.
En agosto se multó a 3 personas, cada una de ellas con 7,5 millones de dongs vietnamitas (unos 300 dólares estadounidenses), por una serie de publicaciones en Facebook: en uno de los casos, por haber formulado comentarios sobre actividades de la policía, y en los otros 2, por “compartir información falsa, engañosa y difamatoria que denigra[ba] la reputación de órganos y organizaciones y falta[ba] al honor y la dignidad personal”. A lo largo del año, los medios de comunicación estatales informaron de un total de 35 multas impuestas por publicaciones de Facebook.
Se recurrió a la imposición de largas condenas como táctica para silenciar a las figuras más notables del activismo en el país. Un tribunal de apelación confirmó la condena de 9 años de prisión impuesta a la periodista Phạm Đoan Trang, así como las penas de entre 6 y 10 años de prisión y entre 3 y 5 años de libertad vigilada impuestas a 4 activistas de los derechos a la tierra.2 Los activistas —2 hombres y 2 mujeres— se habían pronunciado sobre una mediática disputa de tierras en la localidad de Dong Tam —cercana a la capital, Hanoi—, en la que durante una batida realizada por la policía en enero de 2020 había estallado un enfrentamiento que se había saldado con la muerte de un líder comunitario de 84 años y de 3 agentes de policía.
Otros 2 activistas —el defensor de los derechos humanos Đỗ Nam Trung y el periodista Lê Văn Dũng—, condenados en aplicación del artículo 117 por haber informado y compartido información en redes sociales sobre abusos contra los derechos humanos y corrupción, perdieron los recursos de apelación que habían interpuesto contra sus condenas, de 10 y 5 años de prisión y 4 y 5 años de libertad vigilada, respectivamente.
En abril de 2022, la destacada defensora de los derechos humanos Nguyễn Thuý Hạnh, —fundadora de 50K Fund, organización de ayuda a familias de personas detenidas ilegítimamente en Vietnam— fue trasladada de la cárcel a un hospital de salud mental, para ser sometida a la fuerza a tratamiento, cuando había transcurrido ya un año desde su detención en virtud del artículo 117 y seguían sin notificarle la fecha de su juicio.
La detención de los líderes y lideresas de tres importantes ONG medioambientales3 mostró cómo las autoridades socavaban activamente el derecho a la libertad de asociación. Asimismo, la legislación reflejaba la intención del gobierno de restringir aún más o suprimir las actividades de las ONG.
El 31 de agosto, las autoridades emitieron el Decreto 58 para regular las ONG extranjeras. También se redactaron normativas sobre la organización, el funcionamiento y la gestión de las ONG nacionales. Ambas normas permitirían clausurar ONG por motivos imprecisos tales como la protección del “interés nacional” y el “orden social”, proporcionando a las autoridades una capacidad de acción casi ilimitada para silenciar las opiniones críticas y a quienes llevaran a cabo actividades no aprobadas. Además, se redactó otro decreto para prohibir a las ONG locales “socavar” el Estado.
Las denuncias de tortura y otros malos tratos a personas presas y detenidas continuaron siendo generalizadas.
En septiembre, el activista de los derechos a la tierra Trịnh Bá Tư4 denunció haber sido golpeado y mantenido en régimen de aislamiento y con grilletes durante varios días mientras cumplía parte de una condena de 8 años por difundir “propaganda contra el Estado”. Pese a los llamamientos de las ONG, no se efectuó ninguna investigación independiente. Su familia lo visitó en la prisión núm. 6, y comunicó que se estaba recuperando tras una huelga de hambre de 22 días. La periodista Huỳnh Thục Vy denunció también haber sido golpeada y sometida a estrangulamiento cuando cumplía una condena de 2 años y 9 meses de prisión en aplicación del artículo 276 del Código Penal por haber rociado con pintura una bandera nacional.
El 9 de agosto, días después de la muerte en prisión del periodista Đỗ Công Đương —quien, según informes, gozaba de buena salud antes de ser condenado por “perturbar el orden público”—, las familias de 24 presos y presas escribieron una carta abierta a las autoridades en la que expresaban su preocupación por el trato que éstos recibían. Pese a las reiteradas peticiones de su familia, a Đương no se le había permitido acceder a atención médica en su debido momento mientras se encontraba en la cárcel. Seguía sin conocerse la causa de su muerte.
Las autoridades penitenciarias negaron también tratamiento médico al periodista Nguyễn Tường Thuỵ, de 72 años y condenado en 2020 a 11 años de prisión por “propaganda contra el Estado”, pese a que, según informes, su estado de salud era precario. De igual forma, se comunicó que se había deteriorado la salud de Lê Hữu Minh Tuấn, miembro de la Asociación de Periodistas Independientes, declarado culpable del mismo cargo. Su hermana, que llevaba más de 2 años sin poder visitarlo en prisión a causa de las restricciones por la COVID-19, informó en mayo de que había perdido audición y se encontraba desnutrido. También se negó atención médica al activista Trần Văn Bang —detenido desde marzo en aplicación del artículo 117 y en espera de juicio— pese a la posibilidad de que tuviera un tumor de gran tamaño.
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