Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024
La falta de acceso a derechos económicos y sociales continuaba siendo motivo de honda preocupación, pues la mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave. El sistema público de salud estaba colapsado. El gobierno no aplicó las medidas humanitarias acordadas en 2022 para abordar estas cuestiones. Las fuerzas de seguridad respondieron con fuerza ilegítima y otras medidas represivas a las protestas que reivindicaban derechos económicos y sociales. Quienes criticaban al gobierno del presidente Nicolás Maduro eran objeto de detención arbitraria, desaparición forzada y tortura con la aquiescencia del sistema judicial. El gobierno reconoció 455 casos de desaparición forzada registrados desde 2015, que en su mayoría no se habían resuelto. Persistía la impunidad por las ejecuciones extrajudiciales que seguían cometiendo las fuerzas de seguridad. Aunque al concluir el año se excarceló a algunas personas, las detenciones arbitrarias de motivación política seguían siendo una práctica sistemática. La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, puso de manifiesto los crímenes de lesa humanidad, pidió que se investigaran las políticas restrictivas del Estado y señaló el incumplimiento de las recomendaciones emitidas con anterioridad. La Corte Penal Internacional prosiguió con su investigación sobre los crímenes de lesa humanidad, pese a los intentos del gobierno de suspender el proceso. Siguieron empeorando las condiciones penitenciarias, especialmente la falta de acceso al agua y a la alimentación. La minería ilegal y la violencia amenazaban los derechos de los pueblos indígenas en la zona del Arco Minero del Orinoco. El número de personas venezolanas que huían del país seguía siendo elevado, y las que eran devueltas eran objeto de detención arbitraria. El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se veía seriamente afectado, y el aborto seguía estando penalizado. Persistía la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, y las personas LGBTI seguían sufriendo discriminación.
Información general
La inflación y una alarmante falta de poder adquisitivo para comprar los bienes y servicios básicos seguían provocando una profunda crisis humanitaria que afectaba a la mayoría de la población, especialmente la que vivía fuera de la capital, Caracas.
El gobierno y parte de la oposición iniciaron negociaciones políticas, y en octubre habían acordado ciertas condiciones en relación con las elecciones de 2024.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV), de la ONU, presentó informes sobre la represión selectiva de miembros de la oposición política y la estructura de los organismos policiales responsables de ejecuciones extrajudiciales.
La impugnación por parte del gobierno de los límites territoriales con Guyana dio lugar a un aumento de la presencia militar a lo largo de la frontera y elevó el riesgo de que se cometieran violaciones de derechos humanos. Quienes criticaban esa política se enfrentaban a un mayor riesgo de criminalización.
Derechos económicos, sociales y culturales
La falta de acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica continuó siendo motivo de honda preocupación. Al concluir el año seguía sin implementarse el acuerdo humanitario conocido como “Mesa Social” que el gobierno y la oposición habían firmado en 2022. El acuerdo establecía la creación de un fondo humanitario gestionado por la ONU para atender las cuestiones urgentes relacionadas con la salud, la educación y los servicios de electricidad, con recursos procedentes de los activos venezolanos confiscados en el exterior.
Derecho al trabajo
Persistieron las denuncias de persecución, intimidación, hostigamiento y otros actos de violencia contra sindicalistas y trabajadores. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó de 12 casos de criminalización de líderes sindicales hasta septiembre.
Derecho a la educación
Según la organización de la sociedad civil HumVenezuela, el 18% de la población infantil no asistió a la escuela en 2023 y al menos el 44,8% no lo hizo de forma regular a causa de la infradotación económica y de personal de los centros escolares públicos y de los bajos sueldos del personal docente. El profesorado del sistema escolar público seguía exigiendo mejores condiciones laborales.
Derecho a la salud
Casi tres cuartas partes —el 72,4%— de los centros públicos de salud sufrían escasez de medicamentos, equipos y personal, y el 88,9% de los servicios públicos de salud no funcionaban.
El informe semestral de la Encuesta Nacional de Hospitales, publicado en octubre, reveló que aproximadamente el 55% de los establecimientos públicos de salud carecían de acceso habitual al agua y que los pacientes debían llevar su propio material quirúrgico en el 90% de los casos. Esa misma encuesta concluyó que 127 personas habían muerto entre enero y septiembre de 2023 debido a los cortes de electricidad que afectaban a los hospitales.
La OACNUDH informó sobre el deterioro del sistema de atención médica provocado por la infradotación económica y de personal. Este organismo estimaba que 560.660 niños y niñas de entre 12 y 23 meses aún no habían recibido la vacuna triple vírica contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR).
Según las organizaciones de la sociedad civil, el personal sanitario que denunciaba las deficiencias existentes y el bajo nivel salarial era objeto de actos de intimidación por parte de las autoridades. En agosto, 10 niños y niñas desarrollaron meningitis tras recibir tratamiento para la leucemia; el medicamento utilizado para combatir la infección había sido importado y distribuido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en el hospital pediátrico J.M. de los Ríos de Caracas. En septiembre, las autoridades sanitarias se negaron a realizar un análisis del medicamento. En noviembre se tuvo noticia de que una niña de ese grupo había fallecido, y no había información oficial sobre las investigaciones para determinar la responsabilidad de su muerte. Los medios de comunicación informaron de que varias asociaciones habían solicitado una investigación oficial del caso.
Derecho a la alimentación y al agua
Según el Centro de Documentación y Análisis Social, el costo de la canasta alimentaria para una familia venezolana de 5 miembros equivalía en octubre a unos 494 dólares estadounidenses al mes, y el salario mínimo mensual era de 3,67 dólares, con lo que la mayoría de la población sufría una grave inseguridad alimentaria. El salario mínimo no se había reajustado desde marzo de 2022. Al concluir 2023, la situación había empeorado aún más debido a un incremento brusco de la inflación y a la devaluación de la moneda nacional. Según el Banco Mundial, Venezuela presentaba en agosto la tercera mayor tasa de inflación alimentaria del mundo.
HumVenezuela señaló que el 25,7% de las familias hacían menos de 3 comidas al día y el 22,8% pasaban días enteros sin comer. Además, el 74,5% de las familias carecían de acceso regular a agua potable.
Represión de la disidencia
Continuó la política de represión aplicada por el gobierno. Quienes pertenecían —o se consideraba que pertenecían— a la oposición política sufrían ataques continuamente y corrían peligro de ser objeto de detención arbitraria, tortura y otras violaciones de derechos humanos. Según la organización de derechos humanos Foro Penal, aproximadamente 9.000 personas estaban sometidas a medidas restrictivas de la libertad debido a procedimientos judiciales de motivación política, pasados o en curso.
Las autoridades continuaron restringiendo la participación política. La lideresa de la oposición María Corina Machado, que ganó las elecciones primarias en octubre, fue al parecer inhabilitada para presentarse a la presidencia en las elecciones que iban a celebrarse posteriormente.
El espacio de la sociedad civil estaba constantemente bajo ataque. En enero, la cámara legislativa entabló un debate sobre un proyecto de ley para auditar y regular el funcionamiento de las ONG y supervisar su actuación y financiación. El texto propuesto, que restringía aún más las actividades de las organizaciones y permitía al gobierno disolver las asociaciones de forma unilateral, seguía pendiente al concluir el año.
En agosto, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia destituyó al completo a la junta directiva de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja y designó un nuevo director al que ordenó reestructurar la organización.
En octubre, la Fiscalía anunció una investigación penal sobre los miembros de la Comisión Nacional de Primaria (iniciativa no gubernamental para elegir una candidatura de la oposición), en un intento de impedir la participación política. En diciembre, Roberto Abdul, miembro de la Comisión y presidente de la ONG Súmate, fue detenido arbitrariamente y puesto en libertad al cabo de dos semanas. La situación legal de los miembros de esa entidad seguía siendo confusa al concluir el año.
Libertad de expresión y de reunión
Persistían las tácticas represivas de las autoridades, como la utilización del sistema judicial para silenciar la disidencia y criminalizar a quienes defendían los derechos humanos.
Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2023 tuvieron lugar 6.956 protestas, lo que equivalía a 19 protestas diarias, de las cuales el 80% reivindicaba derechos económicos y sociales. Muchas de ellas estaban encabezadas por colectivos de sindicalistas que reclamaban sus derechos laborales. Las autoridades respondieron con frecuencia empleando fuerza excesiva y llevando a cabo detenciones arbitrarias.
En julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos denunció demoras prolongadas e impunidad en la investigación sobre las muertes que habían tenido lugar durante las protestas de 2014, 2017 y 2019.
La organización local Espacio Público documentó entre enero y noviembre 349 ataques a la libertad de expresión en forma de censura, agresiones verbales y actos de intimidación contra periodistas y otro personal de medios de comunicación. En septiembre, el periodista Luis Alejandro Acosta fue detenido de forma arbitraria y enjuiciado por promover e incitar la minería ilegal, ocupar una área protegida e instigar actos delictivos, presuntamente, mientras informaba sobre la extracción ilegal de oro en el estado Amazonas, en el sur del país; quedó en libertad al cabo de 14 días.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
Se determinó que el uso por parte del gobierno de la detención arbitraria contra civiles podía constituir crimen de lesa humanidad. Según las organizaciones de la sociedad civil, entre 2014 y 2023 se habían llevado a cabo aproximadamente 15.700 detenciones arbitrarias.
En octubre, la Plataforma Unitaria y representantes del presidente Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo negociado, con el apoyo de Estados Unidos y otros países, que dio lugar a la excarcelación de 26 personas al concluir el año. Las condiciones de la puesta en libertad no quedaron claras. Según las organizaciones locales, aproximadamente 280 personas seguían detenidas de forma arbitraria por motivos políticos.
La desaparición forzada y la tortura, entre otras violaciones de derechos humanos, seguían formando parte de la política de represión ejercida por el gobierno. Amnistía Internacional denunció que, tras ser arrestadas, las víctimas comparecían sistemáticamente ante un tribunal —a menudo con competencia especial en materia de terrorismo— y eran acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo, y posteriormente eran trasladadas a un centro militar o policial donde permanecían meses o incluso años en espera de juicio. Muchas víctimas expresaban haber sufrido tortura y otros malos tratos, procedimiento que incumple las garantías procesales y vulnera otros derechos humanos.1
Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, las autoridades venezolanas sostuvieron que el hecho de que una persona pasara horas o días detenida sin que su familia fuera informada de su paradero no constituía desaparición forzada. En el marco de ese examen, las autoridades reconocieron que, entre 2015 y 2022, solamente 10 de 455 presuntas desapariciones forzadas habían llegado a juicio, sin que se informara sobre el paradero de las víctimas ni se sancionara a nadie.
En julio, los activistas y líderes sindicales Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron enjuiciados y condenados a 16 años de cárcel por un tribunal con competencia especial en materia de terrorismo; habían sido acusados de forma arbitraria de conspiración y asociación para delinquir por participar en manifestaciones pacíficas. Todos ellos quedaron en libertad en diciembre a raíz de unas negociaciones políticas.
El 30 de agosto, el estudiante y activista John Álvarez fue detenido de forma arbitraria. Su familia denunció que unos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar lo habían torturado y obligado a incriminar a un líder sindical y a un periodista. El joven fue también una de las personas excarceladas en diciembre. En octubre, el periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde 2020, fue puesto en libertad tras conversaciones entre el gobierno y la oposición. El sindicalista Guillermo Zárraga también quedó en libertad en diciembre.
Al concluir el año, varias personas detenidas de forma arbitraria por razones políticas —entre las que figuraban Robert Franco y Darío Estrada— seguían esperando que se reanudaran sus juicios. En julio, esos procesos se habían aplazado y la competencia especial sobre terrorismo se había trasladado de repente de un juzgado a otro, lo que implicaba que los juicios debían empezar de nuevo.
Ejecuciones extrajudiciales
Aunque la OACNUDH había informado en 2022 de que las autoridades habían disuelto las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, este cuerpo estuvo implicado en varios centenares de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 2023. La MIIV concluyó que las Fuerzas de Acciones Especiales habían sido reemplazadas por la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas y que varios de sus altos cargos seguían activos en la policía nacional.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En junio, un fiscal federal de Argentina abrió una investigación penal contra varios agentes de la Guardia Nacional Bolivariana por la ejecución extrajudicial de dos personas en el contexto de la represión ejercida en Venezuela en 2014.
Las violaciones de derechos humanos quedaban impunes. La MIIV señaló el incumplimiento de las recomendaciones que había formulado en informes anteriores y el uso del sistema judicial para proteger a los organismos de seguridad implicados en violaciones graves de derechos humanos.
En junio, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional autorizó al fiscal a reanudar la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Tras la apelación presentada por el país, la decisión de la Sala seguía pendiente al concluir el año.
A finales de 2023, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación anunció que realizaría una visita a Venezuela. Otras relatorías y órganos creados en virtud de tratados de la ONU seguían esperando que el gobierno cursara las invitaciones oficiales, tal como se había comprometido a hacer en 2019. Al concluir el año, la MIIV seguía sin haber obtenido permiso de entrada al país.
Condiciones de reclusión inhumanas
Las condiciones de las prisiones y los centros de detención siguieron empeorando, especialmente el hacinamiento y la provisión insuficiente de comida y agua. La población reclusa dependía de que sus familiares les proporcionaran los recursos básicos para sobrevivir. Continuó la detención prolongada en las comisarías de policía y otros centros de detención ilegal.
Se señaló que la falta de servicios de salud y tratamientos médicos en los centros de detención ponía en peligro la vida de quienes se hallaban bajo custodia. Emirlendris Benítez, que seguía detenida de forma arbitraria por motivos políticos, sufrió problemas graves de salud sin que se le prestara atención médica.2
Las mujeres privadas de libertad sufrían condiciones inhumanas, y faltaban centros diferenciados por género.
Durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el Estado reconoció que no tenía control alguno sobre seis prisiones que estaban gobernadas por personas presas. Tras una operación de seguridad que se llevó a cabo en septiembre, el gobierno empezó a recuperar el mando de los centros penitenciarios de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, Trujillo, La Pica, Vista Hermosa y San Felipe.
Derechos de los pueblos indígenas
La minería ilegal practicada en la zona del Arco Minero del Orinoco seguía teniendo consecuencias graves para los derechos humanos en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y afectaba de forma desproporcionada al derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, al consentimiento libre, previo e informado, y a un medioambiente saludable.
Persistía la impunidad por el asesinato el año anterior de Virgilio Trujillo Arana, defensor indígena de los derechos humanos y de la tierra. Sus familiares denunciaron haber recibido amenazas de personas no identificadas.
En septiembre, varias entidades de defensa de los derechos humanos señalaron que las fuerzas armadas habían tomado el control del parque natural Yapacana, en el sur del país, y expulsado —al parecer haciendo uso excesivo de la fuerza— a quienes ejercían la minería ilegal y a la población campesina. El Ministerio de Defensa reconoció que 2 personas habían muerto, 3 habían resultado heridas y unas 12.000 —muchas de las cuales eran indígenas— habían sido desalojadas de la zona. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos 10 personas habían muerto durante la operación.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Javier Tarazona, director de la ONG FUNDAREDES, seguía detenido de forma arbitraria tras haber sido arrestado en 2021 por cargos relacionados con el terrorismo.
El Centro para los Defensores y la Justicia registró entre enero y noviembre 524 amenazas contra personas defensoras de los derechos humanos, incluidas campañas de desprestigio y estigmatización llevadas a cabo por los medios de comunicación afines al gobierno y en las redes sociales.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Al concluir el año, más de 7,72 millones de personas venezolanas se habían marchado del país. En octubre se reanudaron los vuelos de deportación de Estados Unidos a Venezuela, y hasta finales de diciembre se llevaron a cabo 928 expulsiones. En noviembre, al menos 155 personas fueron expulsadas de Islandia, al parecer después de que se hubieran denegado sus solicitudes de asilo; según los informes, fueron detenidas al llegar a Venezuela.
En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a los países de la región que ofrecieran protección y otorgaran la condición de refugiado a quienes huían de Venezuela.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las mujeres y las niñas de Venezuela seguían teniendo problemas para acceder a alimentación, agua y saneamiento adecuados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) declaró que la compleja situación humanitaria que se prolongaba desde 2015 había afectado de forma diferenciada a las mujeres —que se habían visto abocadas a la dependencia económica en relaciones de malos tratos y a un mayor riesgo de sufrir violencia de género— y a las niñas.
Derechos sexuales y reproductivos
El CEDAW señaló con preocupación la penalización del aborto, las denuncias de esterilización forzada, el acceso limitado a anticonceptivos modernos y a los servicios de salud sexual y reproductiva, y los índices altos de mortalidad materna debido a esas limitaciones.
Las repercusiones de la prolongada emergencia humanitaria sobre los servicios de salud sexual y reproductiva seguían obstaculizando el acceso de las mujeres y las niñas a esos derechos.
Violencia contra mujeres y niñas
El CEDAW expresó preocupación por la alta incidencia de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, especialmente la persistencia de femicidios, las desapariciones forzadas y la violencia sexual y psicológica que sufrían. Además, hizo hincapié en la falta de un protocolo con perspectiva de género para la investigación de los femicidios, el hecho de que hubiera solamente cinco centros de acogida para víctimas de violencia de género y la falta de datos estadísticos sobre los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
En octubre, durante el examen ante el Comité de Derechos Humanos, el representante de Venezuela señaló que el 95% de las investigaciones sobre casos de femicidio habían dado lugar a una declaración de culpabilidad y que entre 2016 y 2023 se habían procesado casi 1.700 acusaciones de femicidio.
La organización de la sociedad civil local Centro de Justicia y Paz registró 201 presuntos femicidios entre enero y septiembre.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las personas LGBTI continuaban sufriendo discriminación. En julio, la policía detuvo arbitrariamente a 33 hombres por su orientación sexual y cometió abusos contra sus derechos humanos. Los medios de comunicación publicaron los nombres de las víctimas. Treinta de los hombres quedaron en libertad 3 días más tarde; los demás pasaron 10 días detenidos, tras los cuales quedaron en libertad bajo supervisión judicial, acusados de “ultraje al pudor” y “contaminación sónica”.
Derecho a un medioambiente saludable
Al concluir el año, Venezuela no había firmado ni ratificado el Acuerdo de Escazú, y la pretensión del gobierno de aumentar la producción de petróleo contradecía sus compromisos internacionales de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
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